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Justicia pendiente

Periodistas independientes convocan a integrar comisión de observadores por la liberación de presos

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Por Ignacio García

Periodistas de Los Ángeles Press lanzan convocatoria a las personas interesadas en formar parte de la Comisión Independiente de Observación en la Liberación de Presos, a raíz del Acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario de la Federación, el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con la convocatoria de los periodistas, podrán participar integrantes de institutos de investigaciones jurídicas, asociaciones independientes de derechos humanos, colegios de abogados, facultades de Derecho, Medicina e Instituciones Universitarias que podrán nombrar a un representante para participar a título individual o realizar una declaración firmada de no tener vínculo con alguno con instancias de gobierno o acusadores de las personas privadas de libertad.

La convocatoria especifica que no podrán participar notarios públicos, funcionarios o ex servidores públicos de la administración pública federal, estatal y municipales, por lo que los resolutivos serán enviados a la Comisión Nacional, las comisiones estatales de Derechos Humanos y otras instancias internacionales.

En caso de que la comisión independiente de observación emita acusaciones de corrupción de jueces o funcionarios del poder judicial, serán enviadas al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunado a que se dará a conocer a la opinión pública.

De la misma manera, la convocatoria invita a participar a personas expertas en diferentes áreas como médicos especialistas en Protocolos de Estambul, periodistas de investigación, médicos legistas, criminólogos, posgraduados en Derecho Penal, entre otros.

La convocatoria estará abierta a partir del 15 de septiembre y se cerrará el jueves 30 de septiembre de 2021, por lo que los interesados deberán enviar su solicitud de participación al correo electrónico falsosculpablesdemx@gmail.com, en donde adjunten un documento oficial que acredite su identidad, el cual será únicamente utilizado para validar la identidad del participante.

Asimismo, debe incluir una breve semblanza curricular de no más de diez líneas y los resultados de los integrantes de la comisión serán dados a conocer el 5 de octubre de 2021, por lo que dependiendo del número de integrantes se abrirá un foro virtual, mismo que admitirá propuestas y testimonios sobre la organización de acuerdos que serán entregados a un secretario de la comisión elegido por los integrantes de la misma.

Convocatoria abierta

a formar parte de la

Comisión Independiente de Observación

por la Liberación de Presos

Considerandos

  1. El ACUERDO presidencial publicado el pasado 25 de agosto del 2021 por el que se instruye “a realizar acciones para gestionar, ante las autoridades competentes, las solicitudes de pre liberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, adolece de distintas condiciones indispensables de considerar.
  2. Que la mayoría de las condiciones para la liberación de presos en el ACUERDO, YA ESTÁN ESTABLECIDAS EN DIVERSOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS como es el caso del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y el Artículo 20, Apartado B, fracción IX, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dice que “La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares; En la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal y la Ley Federal de Amnistía; así como en las legislaciones estatales correspondientes.”
  • Que de acuerdo con el principio de progresividad de los derechos humanos, las normas deben ser interpretadas expandiendo la protección de los derechos de la persona. En atención a este principio, el marco jurídico de la duración de privación de libertad favorece a las personas sentenciadas más que a las personas procesadas. Mientras que a las personas procesadas les aplica el máximo de la pena que la ley fija para el delito de que se trate, a la mayoría de las personas sentenciadas, el plazo de privación de libertad es del cincuenta o del setenta por ciento de la pena[1] por la aplicación de las medidas preliberacionales de libertad condicionada o anticipada. Esta situación genera una diferencia irracional y desproporcionada basada en la situación jurídica, que como se señaló favorece a las personas sentenciadas más que a las procesadas, lo que no resulta lógico ni jurídico.
  1. Que el artículo 1 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
  2. “Que el artículo 52 del referido ordenamiento legal establece que procederá el reconocimiento de inocencia de la persona sentenciada” … “en virtud de haberse obtenido a través de una violación de derechos humanos o fundamentales”.
  3. Que a pesar de estar en vigor el Título Quinto, Capítulo V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal denominado «Pre liberación por criterios de política penitenciaria» donde se establece “Cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia, o bien cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia”, en la práctica NO SE CUMPLE.
  • Que hay suficientes testimonios de abogados penalistas que dan cuenta de la violación de derechos humanos y parcialidad de jueces en la aplicación de las leyes, a los que se les identifica como “jueces de consigna”.
  • Que más de 112 mil personas en México (INEGI, 2019) permanecen por más de dos años de prisión preventiva bajo el argumento de sobre carga de trabajo en los juzgados o la suspensión de labores por motivos de la pandemia, violando derechos constitucionales.
  1. Que el Comité a formarse conforme al Acuerdo Presidencial, “deberá de estar integrado por servidores públicos que se encuentren adscritos a las dependencias previstas en el artículo Primero de este Acuerdo, a fin de que den seguimiento a la implementación de este instrumento, cuyos acuerdos serán vinculantes y remitidos a la persona Titular del Ejecutivo Federal.
  2. Que hay una tendencia natural a que los integrantes de los poderes públicos, en general, y del Poder Judicial, en particular, se protejan entre sí, porque la liberación de personas privadas de su libertad por estas causas revela errores, actos de corrupción y actos ilícitos de servidores públicos.
  3. Que la mayoría de las personas privadas de libertad que alegan tortura no cuentan con el Protocolo de Estambul que acredite estos hechos, y en miles de casos se ha sentenciado con confesiones bajo tortura y sin evidencia científica por delitos de alto impacto, negándoles la aplicación del protocolo por estar sentenciados.
  • Que aun cuando está en vigor el principio constitucional de publicidad, que permite que las personas periodistas puedan presenciar audiencias, las autoridades siguen impidiendo el cumplimiento de este principio lo que favorece la opacidad en las resoluciones judiciales, por lo que se necesita socializar la información necesaria para que se ejerza el control comunitario de los procesos judiciales por medio de la labor periodística.
  • Que se siguen fabricando culpables y cometiendo actos de tortura para simular la resolución de investigaciones sobre todo tipo de delitos y, en particular asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos y ambientales, y que a la fecha representan un promedio de cuatro crímenes al mes, los abajo firmantes nos permitimos publicar la siguiente:

Convocatoria a integrar la Comisión Independiente de Observadores de Derechos humanos para vigilar, dar seguimiento e incluso impugnar públicamente las resoluciones de los servidores públicos en torno a las omisiones para la liberación masiva de personas privadas de su libertad, por los considerandos arriba mencionados:

  1. Esta convocatoria está abierta a los integrantes de institutos de investigaciones jurídicas, asociaciones independientes de Derechos Humanos, Colegios de abogados, facultades de derecho y medicina e instituciones universitarias, quienes tendrán el derecho preferente de nombrar un representante por colectivo o asociación; sin embargo, los integrantes deberán participar a título individual y hacer una declaración firmada de no tener vínculo alguno con instituciones o personas que hayan sido vinculadas, mencionadas en expedientes judiciales o en la opinión pública como participantes de manera directa o indirecta de violaciones al debido proceso de personas privadas de libertad. Para garantizar la autonomía de criterios no se admitirá la participación de notarios, funcionarios o ex funcionarios públicos de ninguno de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tanto del fuero común como federal, ni integrantes de partidos políticos.
  2. Los resolutivos serán entregados a las Comisiones Nacional y estatales de Derechos humanos, Las Cámaras de Diputados y Senadores, para la creación de las iniciativas de ley que de ella emanen, la Suprema Corte de Justicia y la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de la Función Pública, así como a los diversos Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que promueven la liberación de víctimas de derechos humanos privadas de libertad.
  3. En caso de que en la Comisión Independiente de Observación se desprendan acusaciones de corrupción de jueces o funcionarios públicos del poder judicial o federal, se entregará la información correspondiente al Consejo de la Judicatura de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, y será puesta al conocimiento de la opinión pública.
  4. Se alienta en particular la participación, mencionada pero no exclusiva de expertos en otras materias de médicos especialistas en Protocolo de Estambul, Periodistas de Investigación, Médicos legistas, criminólogos; postgraduados en Derecho penal, sin detrimento de la inscripción de profesionales en otras materias no contempladas en este primer borrador.

Se abre un primer plazo para inscripciones a la

Comisión Independiente de Observación por la Liberación de Presos

Bases

Se abre un plazo para la inscripción de las personas interesadas a partir de la publicación y hasta las 00:00 del jueves 30 de septiembre de 2021, hora Ciudad de México, a través del correo electrónico falsosculpablesdemx@gmail.com

Es requisito indispensable acompañar la solicitud de inscripción de un documento oficial que acredite la identidad de los participantes. Los documentos se utilizarán exclusivamente para la identificación de los ponentes y estarán sujetos a las disposiciones de ley que garantizan la protección de datos personales.

Junto a la solicitud de inscripción se debe incluir una breve semblanza o perfil biográfico no más de 10 líneas.

La dirección de esta Comisión Independiente informará el jueves 23 de septiembre de 2021, las personas aceptadas como miembros de esta comisión y organizará itinerario de sus participaciones.

De acuerdo con el número de inscripciones y espacialidad de los miembros se abrirá un foro virtual, con diversas mesas que se programarán en fechas sucesivas, en las diferentes redes sociales de Los Ángeles Press y la Nueva Unión de Periodistas Democráticos.

El Foro virtual promovido por la Comisión Independiente de Observación por la Liberación de Presos admitirá testimonios y propuestas sobre los procesos de organización para los acuerdos que se tomen, los cuales serán entregados a un secretario de acuerdos designado por los propios participantes, para su publicación.

Las participaciones tendrán como objetivo central la exposición de motivos sobre los temas que no están previstos en el Acuerdo presidencial y la manera de subsanar estos fallos; dar seguimiento a los casos y generar propuestas para su solución.

Los materiales resultantes podrán ser utilizados, sin fines de lucro, exclusivamente para su publicación respondiendo al interés público con apego estricto a principios éticos y de derechos de autor.

Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el mismo Comité integrado.

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[1] Los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas; así como el delito de tortura no admiten medidas de preliberación.

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UIF suma más de 380 denuncias ante la FGR contra más de 2 mil personas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 386 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 2 mil 505 personas desde diciembre de 2018, así lo informó la directora de asuntos normativos de la dependencia federal, Mireya Valverde.

La funcionaria federal explicó que la UIF ha bloqueado 41 mil 646 cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas y morales que son investigadas por la comisión de diferentes delitos financieros y cuyo monto asciende a 6 mil 516 millones 617 mil 91 pesos.

De acuerdo con la representante de la UIF, la institución ha dado vista 260 hechos posiblemente constitutivos de irregularidades administrativas o fiscales a autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Agregó que han implementado diferentes estrategias de combate a la corrupción y el lavado de dinero en el país con organizaciones del crimen organizado, por lo que han logrado detener las operaciones financieras de las principales agrupaciones delictivas de México.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México, mencionó que el gobierno federal ha avanzado en el combate a los delitos financieros cometidos en el país que representan la principal forma de obtención recursos económicos para continuar con sus operaciones criminales.

Asimismo, refirió que son necesarias las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos para combatir los principales delitos financieros cometidos en los dos países y por lo cual es fundamental la inteligencia financiera como la de la UIF para alcanzar determinados objetivos.

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Padres de familia de normalistas de Ayotzinapa denuncian que no existen respuestas sobre desaparición

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Padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014, denunciaron que no existen respuestas sobre la desaparición de los normalistas por parte de las autoridades federales.

Tras participar en la marcha por el séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los familiares de los normalistas reconocieron que han existido deficiencias en las investigaciones que han efectuado las autoridades federales para conocer la verdad sobre lo que ocurrió hace siete años.

Dijeron que han pasado tres años desde el inicio de la actual administración federal y la comisión de la verdad no ha dado a conocer los resultados de las indagatorias, ya que sólo se han identificado los restos óseos de tres de los estudiantes desaparecidos, pero el resto se encuentra desconocido.

Indicaron que persisten las preguntas sobre el paradero de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y qué sucedió con ellos, así como las razones y los responsables de su desaparición y por ello el gobierno federal no ha entregado información adecuada.

Asimismo, indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no han entregado indagatorias serias sobre los resultados, pues tiene seis meses sin poder ejecutar órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, aunado a que tampoco ha citado a declarar Tomás Zerón, ex director de la Agencia Federal de Investigación, quien pudo tener conocimiento sobre la desaparición.

El 26 de septiembre de 2014 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron presuntamente por presuntos integrantes del crimen organizado asociados a “Guerreros Unidos”, que los acusaron supuestamente de haber formado parte de una organización delictiva rival, pero su paradero aún es desconocido.

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UIF bloquea más de 100 cuentas bancarias de narcotraficantes

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de 100 cuentas bancarias vinculadas a diferentes cárteles de la droga como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo, Tláhuac, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que implementaron estas acciones a personas relacionadas con organizaciones delictivas que operan en Jalisco y el Estado de México, por lo que destacó que el gobierno federal optó por la inteligencia financiera para combatir al crimen organizado.

El funcionario federal mencionó que en Jalisco bloquearon 57 personas vinculadas al CJNG, Los Cuinis, La Nueva Plaza, Cártel del Pacífico, Los Matazetas y el Cártel de Juárez, aunado a que en 2020 bloquearon las cuentas de mil 478 personas relacionadas con el CJNG.

En el Estado de México la dependencia federal bloqueó cuentas a 129 personas relacionadas al Cártel de Tláhuac, Cártel del Golfo, Cártel Nuevo Imperio, Célula de los Beltrán Leyva, Guerreros Unidos, CJNG, La Familia Michoacana, La Nueva Empresa, La Nueva Familia, La Unión Tepito, Los Caballeros Templarios, Los Cano, Los Peñafiel, Los Popoca y Los Mutiladores.

Agregó que estas estrategias de inteligencia financiera continuarán en los siguientes meses para combatir a los grupos del crimen organizado que siguen operando en el país, por lo cual se analizarán las medidas específicas particulares de la UIF.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado está basada en la inteligencia, por lo que han bloqueado las cuentas bancarias de los criminales, debido a que es una de las formas de reducir su capacidad de operación.

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