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Justicia pendiente

Periodistas en Tijuana exigen investigar a Jaime Bonilla por las denuncias de Lourdes Maldonado

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Por Guadalupe Lizárraga

En Tijuana, unas 300 personas, entre periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanía, fueron parte de la movilización nacional para manifestar su dolor e indignación por el asesinato de sus colegas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, en los últimos 15 días, y exigieron que se investigue al exgobernador Jaime Bonilla por las denuncias que ya había hecho Lourdes Maldonado.

Reunidos en el monumento de Las Tijeras, sobre la Avenida de los Héroes, de la Zona Río, en torno a las 4 de la tarde empezaron a llegar los periodistas con pancartas. Una hora después, con el apoyo de la Policía municipal, cerraron la calle para emprender la marcha en silencio hacia la Delegación de la Fiscalía General de la República, donde se turnaron para expresar su indignación. Drones, policías en motocicletas y militares vestidos de civil fueron parte del acompañamiento de la marcha.

Tras el asesinato de Lourdes Maldonado ocurrido el domingo, durante la manifestación se cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya pronunciado en favor del exgobernador Jaime Bonilla, sin mediar la correspondiente indagatoria del Ministerio Público. No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ninguno juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados”, dijo el lunes, el mandatario.

Sin embargo, en reacción, los periodistas exigieron justicia, y que se debía investigar a Jaime Bonilla porque fue el que la puso en riesgo, con una disputa laboral de nueve años, y amenazas de muerte de por medio, denunciadas por la misma periodista Lourdes Maldonado en conferencia del presidente el 26 de marzo de 2019.

Maldonado le dijo en ese momento: “vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida. Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su súper coordinador de delegaciones y su candidato, su próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla, por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo”. Y tras ganar la demanda laboral, reveló en video que Bonilla no pagaba ningún impuesto ni nómina a sus trabajadores, que les pagaba en efectivo en “sobrecitos”.

Los periodistas, a lo largo y ancho del país, gritaron consignas de “¡Justicia! ¡No al silencio! ¡Somos prensa, no disparen! ¡Sin periodismo no hay democracia!” y que debían ser atendidos por las autoridades federales y estatales para que esta labor fundamental para la sociedad cuente con las garantías de la libertad de expresión y el acceso a la información, en vez de que sea el Estado mismo el que azuza a atacar a comunicadores o encubre a los atacantes.

Manifestación de periodistas en Tijuana, Baja California. Foto: GL/Los Ángeles Press

 

Entre las manifestaciones piden prisión preventiva a Jaime Bonilla: Foto: GL/Los Ángeles Press

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Justicia pendiente

Pandemia de Covid-19 incrementó 16% la trata de personas en México

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La contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 en 2020 provocó un crecimiento del 16 por ciento en el número de víctimas de trata de personas en México, informó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

El organismo internacional reveló que en América del Norte que incluye a México, Estados Unidos y Canadá este ilícito incrementó de forma exponencial en el primer año de la pandemia, caso contrario a la tasa global que presentó una reducción del 11 por ciento.

El titular del Programa Crimen Organizado y Drogas de la UNODC México, Mario Cordero Véjar, expuso que entre los hallazgos que identificaron en América Latina se identificó que incrementó en 26 por ciento el número de hombres víctimas de trata de personas.

Agregó que este delito para las mujeres creció 14 por ciento en 2020 con respecto a 2019, por lo cual se trató de una actividad ilícita que no se redujo y mantuvo indicadores al alza en el caso mexicano, pues operaron en la clandestinidad.

Agregó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha indicado que este delito se ha mantenido al alza desde entonces, por lo cual en 2022 se reportó un crecimiento del 23 por ciento de estas prácticas que ocurren fundamentalmente en la modalidad de explotación sexual.

En el total de las víctimas el 63 por ciento fueron mujeres, siendo las personas de entre 15 y 29 años de edad el grupo social más vulnerable, por lo cual se han identificado otras modalidades como explotación sexual, explotación laboral, o trabajo y servicios forzados.

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Justicia pendiente

Congreso de Nuevo León inicia juicio político contra Samuel García

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Los integrantes de la comisión Anticorrupción del Congreso local de Nuevo León aprobaron el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador de esa entidad, Samuel García Ruíz, por no haber presentado antes del 20 de noviembre el Presupuesto de Egresos de 2023.

El organismo legislativo local determinó que el mandatario estatal tiene hasta el próximo 10 de febrero para que comparezca ante la comisión o responda por escrito sobre las irregularidades en el cumplimiento de las disposiciones legales.

En el acuerdo avalado por los legisladores locales se establece que el gobernador de Nuevo León deberá comparecer para explicar sobre las irregularidades conformadas en el cumplimiento de la disposición de las instancias.

De la misma manera, solicitaron al jefe del Ejecutivo de la entidad que informe sobre su defensor o si será designado uno del Instituto de la Defensoría Pública, aunado a que reclamó al gobernador de Nuevo León no publicar 56 decretos en el Diario Oficial del Estado que fueron aprobados por el Congreso local.

La propuesta fue avalada por los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), aunque fue rechazada por Movimiento Ciudadano (MC) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena.

Los legisladores de MC acusaron revanchismo político de la oposición en contra del gobernador, ya que aseveraron que los decretos ya fueron publicados en el Diario Oficial del Estado, aunado a que la constitución local establece que al no entregarse el Presupuesto se aprobará el mismo un año antes.

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