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Justicia pendiente

Periodistas de Guerrero exigen investigar crimen de Jorge Torres

Con una marcha silenciosa, periodistas de Guerrero piden que un fiscal especial investigue asesinato de su colega Jorge Torres

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Silencio para exigir justicia por el periodista Jorge Torres Palacios. Foto: Flor Miranda

Silencio para exigir justicia por el periodista Jorge Torres Palacios. Foto: Flor Miranda

*** Periodistas piden que se designe a un fiscal especial que investigue el asesinato de Jorge Torres

*** A la alza los casos de agresiones a periodistas mientras el gobierno promete que “se va a investigar”

Por Flor Miranda/API

CHILPANCINGO, Guerrero. Apenas se escuchaba el ruido de los pasos, voz no había. Sus bocas estaban en silencio como la de Jorge Torres Palacios, a quien le quitaron la vida después de ser “levantado” por varios hombres armados.

Ya no pedían la “presentación con vida”, como lo hicieron los días anteriores. Ahora en sus brazos lucían moños negros mientras su boca estaba sellada con cinta canela y, sus manos sostenían cartulinas donde plasmaron la principal: “¡Justicia!”.

Esto era muestra de que su compañero ya había muerto, como se informó desde la tarde del 2 de junio.

Un caminar lento, miradas tristes, indignación y la sed de justicia, fue la característica principal de un centenar de periodistas y fotógrafos que marcharon desde la conocida plaza de la Libertad de Expresión, hasta las instalaciones de la PGR y Palacio de Gobierno. Pedían cese a las intimidaciones y “basta de más muertes”.

Sin embargo, lo único que el gobierno hizo fue intimidar la protesta con elementos de la Marina y Policías Ministeriales grabando y fotografiando a los asistentes.

En esta ocasión, los periodistas no caminaron bajo el sol para cubrir una protesta de uno de los tantos sectores que casi a diario marchan para expresar su hartazgo de pobreza, violencia, discriminación, malos gobiernos… Ahora lo hicieron para exigir justicia. Ellos fueron su propia nota.

Con pancartas en mano, la boca cerrada y tapada con cinta canela y un lento caminar, los periodistas marcharon para exigir castigo a los responsables del asesinato perpetrado contra su compañero Jorge Torres Palacios, quien fue encontrado sin vida este lunes en la comunidad de Plan de los Amates, municipio del puerto de Acapulco.

A la exigencia de “presentación con vida de Jorge” que habían realizado durante los días anteriores, nadie les hizo caso… eso quedo atrás. Es demasiado tarde, pues Jorge ya está muerto y como en cientos de casos, las autoridades tampoco tienen detenido a algún responsable.

“Que tu trabajo no te mate”, “No se mata la verdad matando periodistas”, “Justicia #JorgeTorres”, “Nuestro trabajo es informar, no callar” y “¡No nos callarán!”. Son algunas de las consignas que se leían en las pancartas que eran sostenidas por los periodistas, en Chilpancingo.

De manera simultánea en otros municipios de la entidad, reporteros y fotógrafos también marcharon en exigencia de justicia.

La primera parada que realizaron fue en las instalaciones de la PGR en donde el presidente de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), Eric Chavelas, entregó un oficio con el posicionamiento del gremio en torno al asesinato del periodista porteño y, donde se exigió el pronto esclarecimiento del caso.

La segunda minuta sería entregada en las instalaciones del Palacio de Gobierno, en donde los marchantes se encontraron con las puertas cerradas y con dos camionetas de la Marina y una de la Policía Ministerial que, en todo momento fotografiaron y grabaron a los asistentes.

Ahí, algunos de los periodistas retiraron la cinta de sus bocas, levantaron el puño y gritaron: “¡Justicia!”, “¡Justicia!”… sin que ninguna autoridad los recibiera.

Periodistas frente a la PGR en Chilpancingo exigiendo justicia. Foto: Flor Miranda

Periodistas frente a la PGR en Chilpancingo exigiendo justicia. Foto: Flor Miranda

El recuento…

Según el informe de la organización Artículo 19; durante 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México. Este es el año con más agresiones documentadas desde 2007. En México se agrede a un periodista cada 26.5 horas.

Las 330 agresiones de 2013 incluyen amenazas, actos de intimidación y cuatro asesinatos. Mientras que en lo que va de 2014 en Guerrero ya se han asesinado a 2 periodistas.

A estas cifras abría que aumentarse el caso de Torres Palacios y el de Miguel Ángel Garduño, éste último asesinado en su casa el pasado 23 de Enero, en Chilpancingo. Si bien, estos dos no estaban como reporteros en activo pero estaban marcados por una trayectoria y, además continuaban escribiendo opinión.

Según la organización en mención, se ha podido corroborar que son autoridades gubernamentales quienes están detrás de la mayoría de los actos de intimidación, amenaza y agresión de quienes ejercen el periodismo en México, quienes se encuentran en el frente de la libertad de expresión en este país.

“Las autoridades agreden de un lado, el crimen organizado asesina del otro. En medio, quienes ejercen el periodismo en México. En tres de los cuatro casos de periodistas asesinados en 2013 se identificó a la delincuencia organizada como principal perpetrador”, se anota en un documento de Artículo 19.

Si bien, la problemática se centra en entidades ya identificadas del país –Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas–, las agresiones documentadas por ARTICLE 19 permiten observar un patrón de diseminación de violencia hacia otros estados. Las agresiones a la prensa aumentaron en el Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Baja California y Zacatecas.

Las agresiones contra la prensa crecieron 59% de 2012 a 2013, según Artículo 19.

En ninguno de los casos documentados por ARTICLE 19, los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al cien por ciento. El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado, los llevó a modificar su actividad profesional.

Cabe mencionar que tan solo en Guerrero, durante el año 2013 se registraron varios casos de periodistas amenazados que incluso tuvieron que desplazarse, y que no están plasmados en este informe de Artículo 19, por lo que se cree que las cifras de agresiones a periodistas son mucho mayores.

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“Nuestro trabajo es informar, no callar”. Foto: Flor Miranda

El Posicionamiento…

Mediante un escrito, la delegación 17 del SNRP conjuntamente con periodistas independientes y de otras asociaciones; se expuso: “el gremio periodístico del estado condena el asesinato de nuestro compañero Jorge Torres Palacios”.

“La noticia, además de que nos impactó e indignó, es una muestra clara de la realidad que vivimos todos los guerrerenses. Ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno garantiza el derecho a la seguridad de los ciudadanos”, se lee.

“Frente al silencio cómplice de los tres poderes de gobierno, los periodistas se convierten en blanco fácil de cualquier poder fáctico que sea evidenciado. Una vez más Guerrero engrosa las listas de periodistas asesinados en el país; en los últimos cuatro años, 32 periodistas fueron asesinados en México”, indica el posicionamiento.

Los periodistas firmantes, criticaron que durante la desaparición de Torres no hubo ningún indicio de la Procuraduría General de Justicia del Estado que “si quiera” mostrara interés de dar con su paradero.

“Con el hallazgo de su cuerpo, es probable que la promesa de investigar, una vez más, sea la respuesta, y que de ahí no trascienda. Bien lo podría confirmar la familia de Marco Antonio López Ortiz, jefe de Información de Novedades Acapulco…, sin que hasta hoy se sepa de él. O bien la de Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista Mundo Político, desparecido desde el 22 de mayo de 2004”, recuentan.

Luego criticaron que  el Estado sigue dando muestras de que en Guerrero hay ciudadanos de primero y segundo nivel. “El caso más reciente es el del diputado priista Olaguer Hernández Flores, privado de su libertad el 9 de mayo pasado. Para su búsqueda, todas las corporaciones federales y estatales desplegaron un operativo especial que incluyó la colaboración de cientos de elementos”.

Casi al final del escrito se hace un llamado enérgico a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR, para que en Guerrero se designe a un fiscal especial que investigue este caso y todos los pendientes de esta índole.

“No permitiremos más omisión ni simulación de los gobiernos. Estaremos vigilantes del desarrollo de la investigación y que en ésta no se descarte ninguna línea; lo que incluye su quehacer periodístico”, se advierte al final del comunicado.

Después de la marcha por la justicia por Jorge Torres Palacios. Foto: Flor Miranda

Después de la marcha por la justicia por Jorge Torres Palacios. Foto: Flor Miranda

Antecedentes…

Torres Palacios fue “levantado” el jueves pasado por un grupo de hombres armados, a las afueras de su casa en la colonia Coloso. Desde entonces permanecía desaparecido y en Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Ciudad Altamirano; reporteros realizaron movilizaciones para exigir su aparición con vida, al considerarlo miembro de este gremio por su trayectoria.

La familia por su parte se movilizó y acudió a las instancias de gobierno correspondientes para solicitar ayuda y exigir la realización de operativos que pudieran dar con el paradero del comunicador.

Sin embargo, pasadas las 14:00 horas se corrió la noticia de que el cuerpo de Jorge Torres había sido encontrado sin vida, al parecer mostraba huellas de tortura y estaba semienterrado en Plan de los Amates. La familia confirmó el hallazgo más tarde.

Ya casi caída la noche, Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el hallazgo.

Mediante un comunicado de prensa explicó que la Fiscalía Regional de Acapulco a través del Ministerio Público adscrito al sector Costa Azul, localizó en una fosa clandestina atrás del panteón de la localidad de Plan de los Amates.

“Ahí estaba el cuerpo sin vida del periodista Jorge Torres Palacios, ordenando a personal pericial su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley”, se detalló. (Agencia Periodística de Investigación).

Militares tomando fotos y vigilando a periodistas. Foto: Flor Miranda

Militares tomando fotos y vigilando a periodistas. Foto: Flor Miranda

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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