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Justicia pendiente

Periodistas de Guerrero exigen investigar crimen de Jorge Torres

Con una marcha silenciosa, periodistas de Guerrero piden que un fiscal especial investigue asesinato de su colega Jorge Torres

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*** Periodistas piden que se designe a un fiscal especial que investigue el asesinato de Jorge Torres

*** A la alza los casos de agresiones a periodistas mientras el gobierno promete que “se va a investigar”

Por Flor Miranda/API

CHILPANCINGO, Guerrero. Apenas se escuchaba el ruido de los pasos, voz no había. Sus bocas estaban en silencio como la de Jorge Torres Palacios, a quien le quitaron la vida después de ser “levantado” por varios hombres armados.

Ya no pedían la “presentación con vida”, como lo hicieron los días anteriores. Ahora en sus brazos lucían moños negros mientras su boca estaba sellada con cinta canela y, sus manos sostenían cartulinas donde plasmaron la principal: “¡Justicia!”.

Esto era muestra de que su compañero ya había muerto, como se informó desde la tarde del 2 de junio.

Un caminar lento, miradas tristes, indignación y la sed de justicia, fue la característica principal de un centenar de periodistas y fotógrafos que marcharon desde la conocida plaza de la Libertad de Expresión, hasta las instalaciones de la PGR y Palacio de Gobierno. Pedían cese a las intimidaciones y “basta de más muertes”.

Sin embargo, lo único que el gobierno hizo fue intimidar la protesta con elementos de la Marina y Policías Ministeriales grabando y fotografiando a los asistentes.

En esta ocasión, los periodistas no caminaron bajo el sol para cubrir una protesta de uno de los tantos sectores que casi a diario marchan para expresar su hartazgo de pobreza, violencia, discriminación, malos gobiernos… Ahora lo hicieron para exigir justicia. Ellos fueron su propia nota.

Con pancartas en mano, la boca cerrada y tapada con cinta canela y un lento caminar, los periodistas marcharon para exigir castigo a los responsables del asesinato perpetrado contra su compañero Jorge Torres Palacios, quien fue encontrado sin vida este lunes en la comunidad de Plan de los Amates, municipio del puerto de Acapulco.

A la exigencia de “presentación con vida de Jorge” que habían realizado durante los días anteriores, nadie les hizo caso… eso quedo atrás. Es demasiado tarde, pues Jorge ya está muerto y como en cientos de casos, las autoridades tampoco tienen detenido a algún responsable.

“Que tu trabajo no te mate”, “No se mata la verdad matando periodistas”, “Justicia #JorgeTorres”, “Nuestro trabajo es informar, no callar” y “¡No nos callarán!”. Son algunas de las consignas que se leían en las pancartas que eran sostenidas por los periodistas, en Chilpancingo.

De manera simultánea en otros municipios de la entidad, reporteros y fotógrafos también marcharon en exigencia de justicia.

La primera parada que realizaron fue en las instalaciones de la PGR en donde el presidente de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), Eric Chavelas, entregó un oficio con el posicionamiento del gremio en torno al asesinato del periodista porteño y, donde se exigió el pronto esclarecimiento del caso.

La segunda minuta sería entregada en las instalaciones del Palacio de Gobierno, en donde los marchantes se encontraron con las puertas cerradas y con dos camionetas de la Marina y una de la Policía Ministerial que, en todo momento fotografiaron y grabaron a los asistentes.

Ahí, algunos de los periodistas retiraron la cinta de sus bocas, levantaron el puño y gritaron: “¡Justicia!”, “¡Justicia!”… sin que ninguna autoridad los recibiera.

El recuento…

Según el informe de la organización Artículo 19; durante 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México. Este es el año con más agresiones documentadas desde 2007. En México se agrede a un periodista cada 26.5 horas.

Las 330 agresiones de 2013 incluyen amenazas, actos de intimidación y cuatro asesinatos. Mientras que en lo que va de 2014 en Guerrero ya se han asesinado a 2 periodistas.

A estas cifras abría que aumentarse el caso de Torres Palacios y el de Miguel Ángel Garduño, éste último asesinado en su casa el pasado 23 de Enero, en Chilpancingo. Si bien, estos dos no estaban como reporteros en activo pero estaban marcados por una trayectoria y, además continuaban escribiendo opinión.

Según la organización en mención, se ha podido corroborar que son autoridades gubernamentales quienes están detrás de la mayoría de los actos de intimidación, amenaza y agresión de quienes ejercen el periodismo en México, quienes se encuentran en el frente de la libertad de expresión en este país.

“Las autoridades agreden de un lado, el crimen organizado asesina del otro. En medio, quienes ejercen el periodismo en México. En tres de los cuatro casos de periodistas asesinados en 2013 se identificó a la delincuencia organizada como principal perpetrador”, se anota en un documento de Artículo 19.

Si bien, la problemática se centra en entidades ya identificadas del país –Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas–, las agresiones documentadas por ARTICLE 19 permiten observar un patrón de diseminación de violencia hacia otros estados. Las agresiones a la prensa aumentaron en el Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Baja California y Zacatecas.

Las agresiones contra la prensa crecieron 59% de 2012 a 2013, según Artículo 19.

En ninguno de los casos documentados por ARTICLE 19, los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al cien por ciento. El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado, los llevó a modificar su actividad profesional.

Cabe mencionar que tan solo en Guerrero, durante el año 2013 se registraron varios casos de periodistas amenazados que incluso tuvieron que desplazarse, y que no están plasmados en este informe de Artículo 19, por lo que se cree que las cifras de agresiones a periodistas son mucho mayores.

El Posicionamiento…

Mediante un escrito, la delegación 17 del SNRP conjuntamente con periodistas independientes y de otras asociaciones; se expuso: “el gremio periodístico del estado condena el asesinato de nuestro compañero Jorge Torres Palacios”.

“La noticia, además de que nos impactó e indignó, es una muestra clara de la realidad que vivimos todos los guerrerenses. Ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno garantiza el derecho a la seguridad de los ciudadanos”, se lee.

“Frente al silencio cómplice de los tres poderes de gobierno, los periodistas se convierten en blanco fácil de cualquier poder fáctico que sea evidenciado. Una vez más Guerrero engrosa las listas de periodistas asesinados en el país; en los últimos cuatro años, 32 periodistas fueron asesinados en México”, indica el posicionamiento.

Los periodistas firmantes, criticaron que durante la desaparición de Torres no hubo ningún indicio de la Procuraduría General de Justicia del Estado que “si quiera” mostrara interés de dar con su paradero.

“Con el hallazgo de su cuerpo, es probable que la promesa de investigar, una vez más, sea la respuesta, y que de ahí no trascienda. Bien lo podría confirmar la familia de Marco Antonio López Ortiz, jefe de Información de Novedades Acapulco…, sin que hasta hoy se sepa de él. O bien la de Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista Mundo Político, desparecido desde el 22 de mayo de 2004”, recuentan.

Luego criticaron que  el Estado sigue dando muestras de que en Guerrero hay ciudadanos de primero y segundo nivel. “El caso más reciente es el del diputado priista Olaguer Hernández Flores, privado de su libertad el 9 de mayo pasado. Para su búsqueda, todas las corporaciones federales y estatales desplegaron un operativo especial que incluyó la colaboración de cientos de elementos”.

Casi al final del escrito se hace un llamado enérgico a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR, para que en Guerrero se designe a un fiscal especial que investigue este caso y todos los pendientes de esta índole.

“No permitiremos más omisión ni simulación de los gobiernos. Estaremos vigilantes del desarrollo de la investigación y que en ésta no se descarte ninguna línea; lo que incluye su quehacer periodístico”, se advierte al final del comunicado.

Antecedentes…

Torres Palacios fue “levantado” el jueves pasado por un grupo de hombres armados, a las afueras de su casa en la colonia Coloso. Desde entonces permanecía desaparecido y en Zihuatanejo, Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Ciudad Altamirano; reporteros realizaron movilizaciones para exigir su aparición con vida, al considerarlo miembro de este gremio por su trayectoria.

La familia por su parte se movilizó y acudió a las instancias de gobierno correspondientes para solicitar ayuda y exigir la realización de operativos que pudieran dar con el paradero del comunicador.

Sin embargo, pasadas las 14:00 horas se corrió la noticia de que el cuerpo de Jorge Torres había sido encontrado sin vida, al parecer mostraba huellas de tortura y estaba semienterrado en Plan de los Amates. La familia confirmó el hallazgo más tarde.

Ya casi caída la noche, Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el hallazgo.

Mediante un comunicado de prensa explicó que la Fiscalía Regional de Acapulco a través del Ministerio Público adscrito al sector Costa Azul, localizó en una fosa clandestina atrás del panteón de la localidad de Plan de los Amates.

“Ahí estaba el cuerpo sin vida del periodista Jorge Torres Palacios, ordenando a personal pericial su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley”, se detalló. (Agencia Periodística de Investigación).

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Juez ordena retomar investigación contra presidente del TEPJF por lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez ordenó retomar la indagatoria por lavado de dinero contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas.

La dependencia federal detalló que el juez reconoció que la UIF es la denunciante facultada para impugnar la determinación del Ministerio Público de no investigar al presidente del máximo organismo electoral del país.

Por ello, el Ministerio Público deberá investigar el uso indebido de recursos de procedencia ilícita, ya que el magistrado presidente adquirió el año pasado propiedades de lujo en Miami, Estados Unidos, por un valor superior a los 10 millones de pesos, así como en el Estado de México y la Ciudad de México.

El magistrado refirió que tuvo la capacidad de adquirir esas propiedades con su esposa, Mónica Bauer Mengelberg, quien se desempeña como vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Pepsico Latinoamérica, obteniendo más ganancias económicas que él.

Sin embargo, la UIF señaló que no corresponden los ingresos económicos de la pareja para adquirir tantas propiedades, por lo que acusó que ha cometido enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión fiscal y uso de empresas fachada.

Según José Luis Vargas, sus ingresos económicos son transparentes y por ello demostrará su inocencia ante las acusaciones de la UIF, pues reiteró que no ha cometido alguna irregularidad en el ejercicio del servicio público como magistrado presidente del TEPJF.

 

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Organización de Derechos Humanos se solidariza con huelga de sindicato minero

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La organización de Derechos Humanos Red Solidaria contra la Impunidad expresó su solidaridad con el sindicato minero de la sección 17 de Taxco, Guerrero, a 14 años de haber iniciado su huelga en demanda de mejoras condiciones salariales y seguridades sociales justas en sus labores.

Por medio de un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos externó su apoyo al sindicato minero que no ha obtenido respuesta positiva por parte de Germán Larrea, propietario de Grupo México.

Desde que inició la huelga, los mineros fueron apoyados por el grupo denominado como “Las Guerreras de Plata”, que han exigido mejores condiciones laborales justas para que se resuelva el conflicto que viola la integralidad de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Por ello, pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se resuelva esta situación y que llame a su resolución a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, así como a la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado, para que atiendan esta problemática.

Recordó que en 2019 el líder del Sindicato de la Sección 17, Roberto Hernández Mojica, fue amenazado, así como en el pasado proceso electoral en el que se renovó la gubernatura de Guerrero, por lo que responsabilizó al gobierno estatal y federal por la integridad física y psicológica de todos los mineros.

Asimismo, demandaron que las autoridades estatales y federales manifiesten su interés en la resolución de este conflicto que ha afectado a 386 trabajadores desde que comenzó la huelga hace más de dos décadas, pero en la cual persisten en la lucha laboral 136 mineros.

 

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INE sanciona con más de mil 210 millones de pesos a partidos políticos por elecciones

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sancionar con mil 210 millones de pesos a partidos políticos por distintas irregularidades durante el pasado proceso electoral en el que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.

El organismo electoral determinó aplicar sanciones por 210 millones de pesos por irregularidades en el proceso electoral federal y 993 millones de pesos para los procesos locales del país.

Después de revisar las operaciones económicas de los partidos políticos por 11 mil 346 millones de pesos, de las cuales 5 mil 644 millones de pesos fueron por ingresos y 5 mil 702 millones de pesos de egresos de partidos políticos y candidatos.

Del total de las sanciones impuestas, el 91 por ciento corresponden a partidos políticos nacionales, el 8 por ciento a partidos políticos locales y el 0.5 por ciento a candidatos independientes.

De acuerdo con el INE, el 6 por ciento de los recursos económicos que recibieron los partidos políticos no fueron informados a las autoridades electorales, por lo que sumaron 268 millones de pesos en esta condición.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con 373.1 millones de pesos, Fuerza Por México con 102.9 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas con 100.9 millones de pesos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 89.3 millones de pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 88.4 millones de pesos, el Partido del Trabajo (PT) con 85.9 millones de pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 84.5 millones de pesos, Movimiento Ciudadano (MC) con 73.1 millones de pesos, el Partido Encuentro Social (PES) con 55 millones de pesos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 42.8 millones de pesos.

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