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Mexico Violento

Periodista Luis Enrique Ramírez, once años en peligro y sin escribir sobre narcotráfico en Sinaloa

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Por Claudia Martínez Sánchez/Guadalupe Lizárraga

“Llevo años denunciando sus excesos y atropellos”. Fueron las palabras escritas en un mensaje de texto por el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, el 18 de enero de 2017. Estaban dirigidas al Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en solicitud de asesoría porque estaba siendo perseguido, hostigado y amenazado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense (PAS) y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El trabajo del periodista había influido en la decisión del Partido de Acción Nacional para rechazar la alianza propuesta por Cuén Ojeda, quien era candidato a gobernador y había logrado la alianza de Movimiento Ciudadano. Ese mismo año, Luis Enrique enfrentaba la demanda de Cuén Ojeda, por supuesto daño moral tras haber perdido las elecciones a gobernador.

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas recibía telefónicamente la narración de Luis Enrique sobre las agresiones sistemáticas del político. Se acordó la asistencia personal in situ al periodista, por considerarlo un asunto de alto riesgo. Otro acuerdo en esa llamada telefónica fue la de promover talleres de seguridad para periodistas impartido por gente del Colectivo. Fue cuando Luis Enrique enfatizó su profunda preocupación por la violencia en el estado y la vulnerabilidad en la que se encontraban sus compañeros, aunque la mayoría del gremio, dijo, se veía obligado a aceptar convenios de publicidad con recursos de la Universidad Autónoma de Sinaloa que movía el propio Cuén Ojeda.

 

El gremio siempre lo dejó sólo, eran sus palabras. Desde que comenzó la persecución, en una de las conversaciones que sostuvo daba cuenta de que, pese a ser un gran número de medios en el estado de Sinaloa, el único que había estado documentando las amenazas de muerte y la demanda de Cuén Ojeda era El Noroeste, y remataba: “Al final todos te dejan solo”.

Las declaraciones que el mismo periodista manifestó públicamente en el 2017 revelaban que las denuncias en su contra interpuestas por Héctor Melesio Cuén Ojeda habían perdido casi todas las instancias judiciales, “aunque el proceso legal continuaría por largo tiempo”. Tras los adversos resultados judiciales para Cuén Ojeda, presentó una iniciativa para cambiar la ley estatal con respecto al tema de “daño moral”.

La iniciativa de ley propuesta por Cuén Ojeda consistía en “reformar adicionar, modificar y derogar artículos del código familiar, de procedimientos familiares y civil dirigidas a reparaciones e indemnizaciones por daño moral, que los servidores públicos tienen a la vida privada y se pide consentimiento en el uso de la imagen de las personas, incluso hasta para la toma de fotografías”. Lo que hacía que esta iniciativa obstaculizara el trabajo periodístico, violando la libertad de prensa, garantizada en la Constitución mexicana.

En ese entonces las declaraciones en los pocos medios de comunicación que le abrieron espacio a Luis Enrique Ramírez Ramos acusaban a Cuén Ojeda de intentar facilitar la ruta jurídica para litigar el “daño moral”, debido a todas las complicaciones legales por las que el funcionario había atravesado para encarcelar al periodista.  Incluso, esto fue parte de las denuncias hechas por Luis Enrique, que si Cuén no lograba encarcelarlo, terminaría por matarlo algún día. Por lo que, en la cotidianidad de su trabajo, el periodista evitaba escribir temas de seguridad nacional y narcotráfico.

El 7 de febrero de 2017, la coordinación del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos viajó a Sinaloa para entrevistarse con el periodista y comenzar la ruta a seguir en su defensa, y gestionar los talleres para los periodistas del estado. Sin embargo, Sinaloa colapsaba en violencia en esas fechas, aeronaves de la Marina sobrevolaban el malecón, incluso aeronaves que no pertenecían a estas Fuerzas Armadas disputaban el espacio aéreo. Las calles estaban vacías, solo algunos hombres vestidos de civil en camionetas y los choferes de los mototaxis advertían que era mejor permanecer encerrados en el hotel.

Luis Enrique canceló el encuentro. Su temor se acrecentaba. Dijo que lo mejor era salir de Sinaloa lo antes posible porque había peligro para los integrantes del Colectivo, incluso porque grupos armados llegaban a levantar personas dentro de las mismas habitaciones de los hoteles. Explicó que los mismos periodistas locales preferían no salir de sus casas por esas fechas, porque ya se había soltado el rumor de que vendría “una fuerte cacería”.

Sinaloa permaneció “prendido” varios meses, como describía la violencia el periodista. El 15 de mayo de ese mismo año, Javier Arturo Valdez Cárdenas fue ejecutado en la colonia Jorge Almada, de la ciudad de Culiacán, justo cuando se dirigía al semanario Río Doce. Lo que Luis Enrique Ramírez Ramos había comentado al colectivo en ningún momento había sido exagerado.

El apoyo al gremio sinaloense con talleres sobre seguridad solo quedó en un intento, así como el encuentro entre el Colectivo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para generar una estrategia de defensa de manera conjunta en favor del periodista.

De acuerdo con las versiones de sus colegas en Sinaloa, aparentemente se habían limado asperezas entre Cuén Ojeda y el periodista, así lo demostraba la publicidad de su portal Fuentes Fidedignas que se le facilitaba por parte de la Secretaría de Salud del estado, de la cual es titular Cuén Ojeda desde 2021.

Ahora, tras el asesinato de Luis Enrique Ramírez, mediante un tuit, la titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, dijo que el periodista sí recibió impactos de bala en una pierna y apuntó que su muerte la había causado un golpe en la cabeza, provocándole un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, antes sus declaraciones habían afirmado todo lo contrario, sin impactos de bala y sin tortura.

Luis Enrique Ramírez Ramos fue visto por última vez la madrugada del 5 de mayo. La versión de las autoridades manifiesta que fue levantado por hombres armados a las afueras de un dispendio por sujetos que iban a bordo de una camioneta color blanco, con los que el periodista sostuvo una diferencia de palabras. La mañana de ese día fue hallado su cadáver envuelto en plástico en un camino de terracería denominado El Ranchito.

La fiscalía confirmó el hallazgo en la colonia Los Pinos, cerca del domicilio del periodista. En el lugar de los hechos se localizaron casquillos, un celular destrozado y la sangre del periodista con señales de haber sido torturado.

Desde 2011, Luis Enrique Ramírez se sentía en grave peligro y escribía en sus artículos que el podría ser «el que sigue». Esto después de los tres asesinatos previos al del periodista Humberto Millán, de A discusión. Luis Enrique aseveró que encajaba en el perfil de las ejecuciones de ese año refiriéndose a la de Millán, Luis Pérez Hernández, Oli Alonso y Francisco Urrea. El medio que le dio voz a estas declaraciones fue El Noroeste:

«Yo sí siento el peligro inminente, de que yo soy el que sigue, porque hay un patrón en cuatro asesinatos recientes, esto en el gobierno entrante de Mario López Valdez”.

En ese año Luis Enrique Ramírez vivía un desplazamiento forzado por la vulnerabilidad en la que se encontraba. Su columna Fuentes Fidedignas, dejó de ser escrita y en la Ciudad de México emprendió otros proyectos.

En el 2015 volvió a manifestar públicamente: «Yo no escribo del narco, yo no hablo ni mal ni bien del narco. Humberto Millán tampoco, y mira, no fue suficiente para seguir haciendo su trabajo y sobre todo para conservar su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Humberto Millán y yo sólo escribimos de políticos, y ahora resulta que tampoco vamos a escribir de los políticos. ¿Entonces de qué vamos a escribir los comunicadores sinaloenses?”

Fueron once años de estar en permanente peligro por ejercer el periodismo, y sin tocar temas de narcotráfico.

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Internos del Cefereso #15, en huelga de alimentos por incumplimiento de autoridad penitenciaria a órdenes de Judicatura

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Por Guadalupe Lizárraga

Internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, en Comaltitlán, Chiapas, harán una huelga pacífica en la que se abstendrán de comer y de realizar actividades en protesta contra el incumplimiento de la directora general Ericka Adriana Tenopala Chaussee ante las controversias judiciales ganadas por los internos.

La huelga en la prisión iniciará el lunes 4 de julio por la mañana hasta que sean atendidas sus demandas y se restituya el trato digno. Entre las principales exigencias, además del cumplimiento de sus controversias, denuncian la falta de atención médica, espacios de visita insalubres, negativa de acceso a amistades en zonas de visita familiar, alimentos en descomposición y pésima calidad, así como el maltrato sistemático por los agentes de seguridad y custodia.

En un comunicado a este medio, los internos señalaron que “con esta directora, el centro se fue en declive”, y el 2 de marzo de este año, a través de un amparo colectivo otorgado a 197 internos, el Consejo de la Judicatura de la Federación le ordenó la suspensión de plano para que cesen de inmediato -“bajo la más estricta responsabilidad” de las autoridades penitenciarias- los actos de tortura, tortura psicológica, coacción, aislamiento, segregación y golpes al solicitar atención médica, u otro pedimento que por derecho constitucional tienen los internos.

Por lo que con esta huelga, los internos quieren poner de manifiesto ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como a la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, y al presidente de la república, que la directora general del cefereso número 15, Ericka Adriana Tenopala Chausse, está cometiendo actos alevosos y premeditados en contra de los internos e incumpliendo las órdenes de la Judicatura. Sus peticiones:

-Dé cumplimiento a todas las controversias que se ganaron, ya que esta servidora pública no cumplimiento a ningún ordenamiento judicial.

-Que se suspenda el maltrato, la tortura y tratos crueles e inhumanos de todo tipo, como lo indica la suspensión de plano de la Judicatura.

-Que se nos dé atención médica.

-Que los alimentos estén en buen estado, sean porciones normales de acuerdo con los reglamentos penitenciarios.

-Que resuelva la falta de oficiales en cada módulo, ya que como no hay personal nos dejan afuera de la celda y tenemos que hacer nuestras necesidades fisiológicas en las regaderas del comedor.

-Que nos entreguen la correspondencia en tiempo y forma, y se envíe de la misma manera la correspondencia a nuestros familiares.

-Que nos den actividades físicas y laborales orientadas a la salud psicológica y física de los internos.

-Que los familiares nos depositen para la tienda sin tantos requisitos que nos obstaculizan el acceso al recurso.

-Que el área técnica haga reclasificaciones en todos los módulos porque nos están juntando procesados y sentenciados, y gente del fuero común y federal. Lo que genera conflictos y extorsiones entre los internos.

-Que nos respeten nuestro derecho constitucional a la información a través de noticieros nacionales.

-Que haya variedad y calidad en los productos de la tienda.

-Que haya higiene en la sala de visitas familiares, en los módulos de locutorios y pasillos.

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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