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Mexico Violento

Periodista Luis Enrique Ramírez, once años en peligro y sin escribir sobre narcotráfico en Sinaloa

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Por Claudia Martínez Sánchez/Guadalupe Lizárraga

“Llevo años denunciando sus excesos y atropellos”. Fueron las palabras escritas en un mensaje de texto por el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, el 18 de enero de 2017. Estaban dirigidas al Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en solicitud de asesoría porque estaba siendo perseguido, hostigado y amenazado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense (PAS) y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El trabajo del periodista había influido en la decisión del Partido de Acción Nacional para rechazar la alianza propuesta por Cuén Ojeda, quien era candidato a gobernador y había logrado la alianza de Movimiento Ciudadano. Ese mismo año, Luis Enrique enfrentaba la demanda de Cuén Ojeda, por supuesto daño moral tras haber perdido las elecciones a gobernador.

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas recibía telefónicamente la narración de Luis Enrique sobre las agresiones sistemáticas del político. Se acordó la asistencia personal in situ al periodista, por considerarlo un asunto de alto riesgo. Otro acuerdo en esa llamada telefónica fue la de promover talleres de seguridad para periodistas impartido por gente del Colectivo. Fue cuando Luis Enrique enfatizó su profunda preocupación por la violencia en el estado y la vulnerabilidad en la que se encontraban sus compañeros, aunque la mayoría del gremio, dijo, se veía obligado a aceptar convenios de publicidad con recursos de la Universidad Autónoma de Sinaloa que movía el propio Cuén Ojeda.

 

El gremio siempre lo dejó sólo, eran sus palabras. Desde que comenzó la persecución, en una de las conversaciones que sostuvo daba cuenta de que, pese a ser un gran número de medios en el estado de Sinaloa, el único que había estado documentando las amenazas de muerte y la demanda de Cuén Ojeda era El Noroeste, y remataba: “Al final todos te dejan solo”.

Las declaraciones que el mismo periodista manifestó públicamente en el 2017 revelaban que las denuncias en su contra interpuestas por Héctor Melesio Cuén Ojeda habían perdido casi todas las instancias judiciales, “aunque el proceso legal continuaría por largo tiempo”. Tras los adversos resultados judiciales para Cuén Ojeda, presentó una iniciativa para cambiar la ley estatal con respecto al tema de “daño moral”.

La iniciativa de ley propuesta por Cuén Ojeda consistía en “reformar adicionar, modificar y derogar artículos del código familiar, de procedimientos familiares y civil dirigidas a reparaciones e indemnizaciones por daño moral, que los servidores públicos tienen a la vida privada y se pide consentimiento en el uso de la imagen de las personas, incluso hasta para la toma de fotografías”. Lo que hacía que esta iniciativa obstaculizara el trabajo periodístico, violando la libertad de prensa, garantizada en la Constitución mexicana.

En ese entonces las declaraciones en los pocos medios de comunicación que le abrieron espacio a Luis Enrique Ramírez Ramos acusaban a Cuén Ojeda de intentar facilitar la ruta jurídica para litigar el “daño moral”, debido a todas las complicaciones legales por las que el funcionario había atravesado para encarcelar al periodista.  Incluso, esto fue parte de las denuncias hechas por Luis Enrique, que si Cuén no lograba encarcelarlo, terminaría por matarlo algún día. Por lo que, en la cotidianidad de su trabajo, el periodista evitaba escribir temas de seguridad nacional y narcotráfico.

El 7 de febrero de 2017, la coordinación del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos viajó a Sinaloa para entrevistarse con el periodista y comenzar la ruta a seguir en su defensa, y gestionar los talleres para los periodistas del estado. Sin embargo, Sinaloa colapsaba en violencia en esas fechas, aeronaves de la Marina sobrevolaban el malecón, incluso aeronaves que no pertenecían a estas Fuerzas Armadas disputaban el espacio aéreo. Las calles estaban vacías, solo algunos hombres vestidos de civil en camionetas y los choferes de los mototaxis advertían que era mejor permanecer encerrados en el hotel.

Luis Enrique canceló el encuentro. Su temor se acrecentaba. Dijo que lo mejor era salir de Sinaloa lo antes posible porque había peligro para los integrantes del Colectivo, incluso porque grupos armados llegaban a levantar personas dentro de las mismas habitaciones de los hoteles. Explicó que los mismos periodistas locales preferían no salir de sus casas por esas fechas, porque ya se había soltado el rumor de que vendría “una fuerte cacería”.

Sinaloa permaneció “prendido” varios meses, como describía la violencia el periodista. El 15 de mayo de ese mismo año, Javier Arturo Valdez Cárdenas fue ejecutado en la colonia Jorge Almada, de la ciudad de Culiacán, justo cuando se dirigía al semanario Río Doce. Lo que Luis Enrique Ramírez Ramos había comentado al colectivo en ningún momento había sido exagerado.

El apoyo al gremio sinaloense con talleres sobre seguridad solo quedó en un intento, así como el encuentro entre el Colectivo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para generar una estrategia de defensa de manera conjunta en favor del periodista.

De acuerdo con las versiones de sus colegas en Sinaloa, aparentemente se habían limado asperezas entre Cuén Ojeda y el periodista, así lo demostraba la publicidad de su portal Fuentes Fidedignas que se le facilitaba por parte de la Secretaría de Salud del estado, de la cual es titular Cuén Ojeda desde 2021.

Ahora, tras el asesinato de Luis Enrique Ramírez, mediante un tuit, la titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, dijo que el periodista sí recibió impactos de bala en una pierna y apuntó que su muerte la había causado un golpe en la cabeza, provocándole un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, antes sus declaraciones habían afirmado todo lo contrario, sin impactos de bala y sin tortura.

Luis Enrique Ramírez Ramos fue visto por última vez la madrugada del 5 de mayo. La versión de las autoridades manifiesta que fue levantado por hombres armados a las afueras de un dispendio por sujetos que iban a bordo de una camioneta color blanco, con los que el periodista sostuvo una diferencia de palabras. La mañana de ese día fue hallado su cadáver envuelto en plástico en un camino de terracería denominado El Ranchito.

La fiscalía confirmó el hallazgo en la colonia Los Pinos, cerca del domicilio del periodista. En el lugar de los hechos se localizaron casquillos, un celular destrozado y la sangre del periodista con señales de haber sido torturado.

Desde 2011, Luis Enrique Ramírez se sentía en grave peligro y escribía en sus artículos que el podría ser «el que sigue». Esto después de los tres asesinatos previos al del periodista Humberto Millán, de A discusión. Luis Enrique aseveró que encajaba en el perfil de las ejecuciones de ese año refiriéndose a la de Millán, Luis Pérez Hernández, Oli Alonso y Francisco Urrea. El medio que le dio voz a estas declaraciones fue El Noroeste:

«Yo sí siento el peligro inminente, de que yo soy el que sigue, porque hay un patrón en cuatro asesinatos recientes, esto en el gobierno entrante de Mario López Valdez”.

En ese año Luis Enrique Ramírez vivía un desplazamiento forzado por la vulnerabilidad en la que se encontraba. Su columna Fuentes Fidedignas, dejó de ser escrita y en la Ciudad de México emprendió otros proyectos.

En el 2015 volvió a manifestar públicamente: «Yo no escribo del narco, yo no hablo ni mal ni bien del narco. Humberto Millán tampoco, y mira, no fue suficiente para seguir haciendo su trabajo y sobre todo para conservar su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Humberto Millán y yo sólo escribimos de políticos, y ahora resulta que tampoco vamos a escribir de los políticos. ¿Entonces de qué vamos a escribir los comunicadores sinaloenses?”

Fueron once años de estar en permanente peligro por ejercer el periodismo, y sin tocar temas de narcotráfico.

Investigaciones

México, inoperante ante creciente contaminación marítima

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México cae en la omisión ante la contaminación marítima de sus mares

México carece de mediciones de la polución atmosférica y del agua proveniente de la industria marítima

Por Emilio Godoy

VERACRUZ, México – México tiene más de 11 000 kilómetros cuadrados de litoral continental y un intenso tráfico marítimo. Este país latinoamericano acogió 12 045 embarcaciones durante julio, comparadas con las 11 971 en el mismo mes de 2021.

En el puerto de la ciudad de Veracruz, el segundo mayor de México por carga recibida, atracan al menos cinco barcos diarios, según datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en 2022.

En este estado del sureste mexicano, la circulación marítima se expandió 5% en julio, al recibir  254 naves frente a las 1192 en el mismo mes de 2021. Pero México carece de mediciones de la polución atmosférica y del agua proveniente de la industria marítima.

A nivel mundial, este sector representa cerca de 3 % de los gases de efecto invernadero (GEI), un porcentaje similar al del sector de la aviación. Si fuera una nación, sería la sexta en el mundo por su contribución a la crisis climática. La meta actual internacional consiste en la reducción de GEI en al menos 50 % en 2050.

En 2020, la Organización Marítima Internacional (OMI) dispuso que los barcos limiten el contenido de azufre en los combustibles a 50 % m/m (la masa del soluto dividida entre la masa de la solución, por 100), en una disminución significativa desde el límite previo de 3,5 %.

Sin embargo, México tampoco tiene hoja de ruta para su contracción o planes concretos para producir combustibles marítimos con menor contenido de azufre, elemento nocivo para la salud humana y el ambiente.

Por ello, el país enfrenta desafíos para alcanzar los objetivos de la estrategia de la OMI para disminuir las emisiones en el área marítima.

Lee más del autor: Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

 

En 2023, esta organización revisará el plan mundial, para avalar uno nuevo, que examinará cada cinco años, porque estimó que las emisiones procedentes del transporte marítimo crecieron de 977 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en 2012 a 1 076 millones en 2018 –una aumento de 9,6 %–,  y podrían aumentar 90-130 % a 2050.

El peso global de sus emisiones pasó de representar 2,76 % a 2,89 % del total en ese lapso.

Las emisiones de dióxido sulfúrico (SO2) por la quema de combustibles con alto contenido de azufre derivan en partículas sulfurosas en el aire, que pueden desatar asma y empeorar males cardíacos y pulmonares, además de amenazar ecosistemas marinos y terrestres, según la estadounidense Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En el agua, los hidrocarburos bloquean la entrada de luz y limitan la fotosíntesis de algas y otras plantas, y en la fauna pueden ocasionar envenenamiento, alteraciones de ciclos reproductivos e intoxicación, de acuerdo con la EPA.

El SO2, que no es uno de los GEI pero sí altamente contaminante, permanece solo unos días en la atmósfera, pero al disolverse en el agua genera ácidos que le confieren su peligrosidad para la salud humana.

Mientras, las emanaciones de dióxido nitroso (NOx), derivadas de la quema de hidrocarburos, mezcladas con ozono a nivel de suelo, desembocan en smog. El NOx permanece 114 años en la atmósfera, según varios estudios científicos.

Problema menospreciado

El reportero constató la problemática que ocasiona este tipo de contaminación, al analizar los datos obtenidos a través de 30 solicitudes de información pública a varias dependencias gubernamentales y la consulta de imágenes satelitales de derrames de hidrocarburos provenientes de embarcaciones ocurridos en varias zonas del país entre 2019 y 2022.

Con colaboración exclusiva de la empresa española Orbital EOS (Earth Observation Solutions) –especializada en el hallazgo de este tipo de contaminación en alta mar–, IPS identificó mediante imágenes satelitales cuatro vertidos en zonas marinas mexicanas ocurridos entre 2019 y 2021.

El 14 de diciembre de 2021, una embarcación no identificada derramó 3,14 metros cúbicos de una sustancia que se sospecha es un hidrocarburo, en un área de casi 79 kilómetros cuadrados, a 147 kilómetros de la costa mexicana, frente a Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, según consta en una toma realizada por el satélite Sentinel-1, de la Agencia Espacial Europea.

Otro accidente petrolero monitoreado por el Sentinel-2, sucedió el 14 de abril de 2019, cuando un ferry lanzó entre 0,81 y 6,08 m3 de combustible ligero y entre 17,65 y 176,6 m3 de combustible pesado, a 35 kilómetros de tierra, en el mar de Cortés una zona de gran biodiversidad y amenazada por el desarrollo inmobiliario, frente a la costa del nororiental estado de Sinaloa.

El hidrocarburo ligero cubrió 20,26 km2 y el restante, 3,53 km2, según el análisis de Orbital EOS.

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La embarcación, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones legales, se libró de sanciones de las autoridades mexicanas, pues no aparece en los listados de incidentes de Semar ni de naves sancionadas por la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección Ambiental.

El barco fue construido en 2001, y cambió de nombre y de bandera en mayo de 2019, semanas después del vertido. Su última ubicación se reportó en un puerto del centro de Italia.

El Sentinel-1 detectó otro derrame el 8 de diciembre de 2021, cuando un barco no identificado botó 1,15 m3 de probable hidrocarburo sobre 28,6 km2, a 180 kilómetros de la costa, frente a Veracruz.

Además, este satélite registró el 27 de septiembre de 2021 otro vertido de 0,28 m3 de probable hidrocarburo en 7,1 km2, a 390 kilómetros de la costa, en el golfo de México, en las occidentales costas del Atlántico.

El accidente más reciente ocurrió el 21 de agosto, cuando un yate privado se hundió y soltó combustible en Balandra, en el estado noroccidental de Baja California Sur, un área de protección especial por su biodiversidad.

Asimismo, la no gubernamental estadounidense SkyTruth, dedicada principalmente a rastrear derrames, registró 11 descargas de aguas residuales aceitosas en aguas mexicanas entre julio de 2020 y diciembre de 2021.

Ian McDonald, académico del Departamento de Ciencias Terrestres, Oceánicas y Atmosféricas de la estadounidense Universidad Estatal de Florida, resaltó la presencia persistente de petróleo en el agua debido a la operación de plataformas y pozos; fugas naturales del suelo submarino y movimiento marítimo en zonas marinas mexicanas.

“Ha faltado mantenimiento preventivo (de las instalaciones). El problema es el impacto acumulativo sobre una zona. Las actividades de los barcos, como el dragado y la generación de residuos. El impacto potencial puede ser muy grande”, dijo desde la ciudad de Miami.

La investigación “Derrames petroleros crónicos en los océanos globales”, de la cual McDonald es coautor y divulgada en junio, halló que 97 % de los rastros petroleros provienen de embarcaciones y descargas terrestres y 3 % de escapes naturales del fondo marino en costas aztecas.

Un portavoz de la OMI dijo, desde su sede en Londres, que la organización no puede comentar sobre la situación de un país e informó que realizará una revisión sobre México en 2024. Mientras, la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo declinó comentar para este reportaje y Semar no respondió a una consulta.

La polución por hidrocarburos en alta mar depende del volumen y lugar, y la contaminación crónica tiene efectos a largo plazo.

“Cualquier derrame va a tener un impacto. Donde es menos directo es en aguas abiertas, porque hay más dilución, pero tiende a acumularse en la profundidad del océano y afecta a algunos organismos. El impacto es mayor cuando el derrame llega a las playas, porque tiene menos movimiento allí», explicó a IPS el investigador Adolfo Gracia, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde Ciudad de México destacó un factor importante: la importancia de analizar la contaminación crónica, proveniente de la industria, la agricultura y el transporte marítimo, como una amenaza creciente para la flora y la fauna marinas.

Un accidente petrolero, detectado por el satélite Sentinel-2, sucedió el 14 de abril de 2019, cuando un ferry botó combustibles ligero y pesado –el color azul corresponde al primero–, a 35 kilómetros de tierra, en el Mar de Cortés, una zona sensible de gran biodiversidad y amenazada por varios factores, frente a la costa del nororiental estado mexicano de Sinaloa. El barco quedó impune y el suceso no aparece en los registros públicos de las autoridades mexicanas, como otros incidentes identificados por IPS. Imagen: Emilio Godoy-Orbital EOS / IPS

Incompletos

De 819 incidentes que Semar rastrea desde 2017, solo 16 los cataloga de contaminación marina, de estos dos consistieron en derrames de hidrocarburos y uno en “daños graves al ambiente”, sin pormenorizar su causa, según datos obtenidos vía transparencia. Semar solo sancionó en dos casos, pero no especificó las penas.

De esos 819 incidentes, un vertido de hidrocarburos y un suceso de polución ocurrieron en Veracruz.

Semar también contabilizó 42 incendios a bordo y 13 hundimientos que tenían potencial contaminante.

“Existe la legislación (Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas), pero nadie la vigila. No hay medición precisa. Petróleos Mexicanos (Pemex) no investiga el tema”, dijo a IPS Rodolfo Navarro, director de la no gubernamental Comunicar para Conservar.

Navarro trabaja en el municipio de Cozumel, la mayor isla del Caribe mexicano, en el sudoriental estado de Quintana Roo, y uno de los mayores receptores de cruceros del mundo, que ha atestiguado el impacto del transporte marítimo sobre los ecosistemas.

Semar, responsable de la administración de los puertos desde 2017–incluyendo el control de la contaminación–, dijo que carece de registros de violaciones a la Ley de Vertimientos.

Semar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y las administraciones portuarias de las instalaciones situadas en el golfo de México, adolecen de registros de contaminación en zonas portuarias.

Tampoco cuentan con hojas de ruta para materializar los objetivos de la Estrategia Inicial que, en 2018, adoptó la OMI para reducir las emisiones de CO2 en al menos 40 % a 2030, para todo el transporte marítimo internacional, y aspirar a 70 % en 2050 comparado con los niveles de 2008.

buques contaminantes Veracruz

En Veracruz, la actividad diaria de arribo de barcos y movimiento de carga es incesante, lo que genera emisiones contaminantes. Pero el gobierno mexicano carece de mediciones de esa polución atmosférica y marina, así como de medidas para su acotamiento. Foto: Emilio Godoy / IPS

Un convenio determinante

El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Marpol, en inglés), vigente desde 1978, constituye una de las herramientas vitales para cumplir con los objetivos de la OMI, el cual está integrado por el Anexo I sobre la prevención de la polución por hidrocarburos, II sobre sustancias líquidas nocivas transportadas a granel y III sobre las transportadas en bultos.

Consta también de los anexos IV sobre residuos, V sobre basura y VI sobre la contaminación atmosférica de los buques. México pertenece a los anexos I, II y IV, pero no al III, V y VI.

A partir de 2020, la OMI aplica regulaciones que limitan el contenido de azufre utilizado en buques de carga a 0,5 %. El organismo busca su abatimiento en 77 %, equivalente a 8,5 millones de toneladas de SO2.

La omisión sobre el manejo de la polución por hidrocarburos supone una violación al Anexo I del Marpol. Al pertenecer a OMI, cada país debe alcanzar sus metas.

Además, el capítulo 24 del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) vigente desde 2020 y que sustituyó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), estipula el control de la producción, consumo y comercio de sustancias que dañen la capa de ozono, así como la disminución de la contaminación atmosférica.

Este apartado estipula prioridades de calidad del aire, incluyendo la reducción de emisiones del tráfico marítimo.

La editora recomienda: UNAM alerta sobre desaparición de arrecifes de Veracruz por contaminación industrial

Pero México carece de regulaciones para acotar las emisiones navieras y tampoco suscribió en noviembre de 2021 durante la cumbre climática de Glasgow la “Declaración de Clydebank para corredores marítimos verdes”, que aspira a la creación de al menos seis rutas de bajas emisiones en 2025 y que solo firmaron 24 países.

La omisión en el control de la contaminación implica la dificultad de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS13 y 14, adoptados por la comunidad internacional en 2015 y que deben alcanzarse en 2030.

El 13 de los 17 ODS trata del combate a la crisis climática y sus efectos, mientras que el 14 se centra en la conservación y uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

buques mercantes

Buques mercantes esperan su entrada al puerto de Veracruz. La Organización Marítima Internacional ha estipulado metas de reducción de contaminantes a mediano y largo plazos, para que el transporte marítimo mundial tenga operaciones más limpias, pero este país carece de planes para alcanzar esos objetivos. Foto: Emilio Godoy / IPS

Muelles ocupados

El sistema portuario mexicano manejó 169,77 millones de toneladas de carga en julio, un crecimiento de 3 % en comparación con el mismo periodo de 2021, según cifras de Semar.

La carga de exportación totalizó 66,4 millones de toneladas, 2,6 % menos que en julio de 2021 –68,19 millones–, mientras que la importación creció 8,8 %, de 66,51 millones a 72,36.

En el Puerto de Veracruz, con 17 muelles, esta viene en alza desde 2008. Frente a la costa se observa la hilera de embarcaciones en espera de entrar al puerto. Una línea de faros y boyas rojas y verdes señala la ruta a los muelles.

Dentro del recinto portuario, el ajetreo no para. Vehículos, camiones, trenes y grúas van y vienen para sacar y meter la carga, de la que depende la actividad económica de la zona y también en parte del país y segunda economía latinoamericana.

En sus entrañas, los barcos trasladan combustibles, mercancías, vehículos o materias primas, y también conllevan una amenaza ambiental, de la cual hay evidencias.

En 2020, la instalación gestionó 26,2 millones de toneladas, cantidad que aumentó 22 % al año siguiente –32 millones–. En julio último, movilizó 19,97 millones, 7,6 %  más que en mismo mes de 2021.

El rubro marítimo representa 5 % del producto interno bruto (PIB) mexicano.

Para México, la urgencia radica también en la proyectada expansión de las emisiones, como calcula el informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) “Reduciendo emisiones del movimiento de bienes vía transporte marítimo en América del Norte”, centrado en 35 puertos mexicanos, entre 2011 y 2030 debido al aumento del tránsito marítimo.

Por la borda

El Anexo VI del Marpol, vigente desde 1997, encierra relevancia para México, pues, al dirigirse al control de emisiones de SO2, NOx y material particulado (PM), implica la creación de un área de control de emisiones (ECA, en inglés) en su zona marítima.

Las ECA determinan la adopción de métodos especiales obligatorios para la prevención de polución marina de barcos, por petróleo, residuos líquidos o basura, como combustible de bajo azufre, incineradores de lodos y un sistema de limpieza del gas quemado, según las condiciones oceanográficas y ecológicas de la zona y las particularidades del tráfico marítimo.

Semarnat y la EPA de Estados Unidos argumentan que el establecimiento de la ECA tendría efectos positivos sobre la salud pública y el ambiente, sin costos exorbitantes para México.

Entre 2009 y 2018, Estados Unidos y México, con el apoyo de la CCA –instituida por el Tlcan–, colaboraron para que este país latinoamericano se adhiriese al Anexo VI y creara la ECA.

Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) no envió esa petición al Senado ni la actual administración de Andrés Manuel López Obrador parece interesada en hacerlo. Entre 2010 y 2019, el Senado mexicano votó seis exhortos para que el Ejecutivo remita la solicitud de incorporación al Anexo VI del Marpol.

En la Cumbre de Líderes de América del Norte de junio de 2016, los entonces gobernantes de Estados Unidos, Barack Obama; de México, Enrique Peña Nieto, y de Canadá, Justin Trudeau, acordaron el trabajo conjunto para concluir el diseño de la ECA mexicana y enviarla a la OMI, Pero ello nunca se concretó.

Navarro, el conservacionista de Cozumel, enfatizó desde allí que México no está en camino de alcanzar las metas. “Podría hacerlo, pero no hay la mínima voluntad. Y en aguas internacionales nadie vigila nada”, denunció.

El académico McDonald urgió a la atención del problema. “El gobierno debe abordarlo. México tiene enormes recursos marinos y es una lástima que no los proteja. Hay beneficios económicos en la conservación de los ecosistemas marinos. Los barcos son buenos para los gobiernos porque representan ingresos, pero los daños ambientales pueden ser cuantiosos”, estimó.

El investigador Gracia cuestionó la eficacia de la vigilancia en alta mar. «Depende de la buena conciencia de todos. Es un poco complicado. En México, el control exclusivo existe cuando un barco entra en puerto. No hay un plan general de vigilancia”, dijo.

Ante un México inoperante, las embarcaciones proseguirán con su arribo y su estela de contaminación.

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Fuente: IPS elaboró este artículo con el apoyo de la Earth Journalism Network de Internews.

 

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Justicia pendiente

Gobierno de Guerrero busca prolongar condena a preso político Jerónimo Hernández tras 20 años de prisión

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Jerónimo hernández podría pasar otros cuatro años de prisión, por intención del gobierno de Guerrero

OCSS denuncia que el Gobierno federal y estatal utilizan doble discurso, porque en los hechos obstaculizan la liberación de los presos políticos

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Guerrero.- La Organización Campesina de la Sierra del Sur señaló que el gobierno del Estado de Guerrero busca que se sume otra pena de cuatro años de prisión al preso político y sobreviviente de Aguas Blancas, Jerónimo Hernández Refugio, después de cumplir su condena de 20 veinte años de cárcel.

Hernández Refugio fue sentenciado a 20 años de prisión por el supuesto delito de secuestro, que está por cumplir en este mes de diciembre debido a que se encuentra privado de su libertad desde el año 2002. Sin embargo, el Gobierno de Guerrero, a través del Director General de Reinserción Social en el Estado, Isaías Juárez Martínez, pretende sumarle una sentencia más de cuatro años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano, Armada y Fuerza Aérea y portación de arma de fuego sin licencia, con lo cual su privación de libertad se prolongaría hasta el 2026.

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El abogado defensor de Jerónimo Hernández Refugio, Hegel Mariano Ramírez, señaló que es cierto que existe una diversa sentencia de cuatro años en contra de Jerónimo, pero no se está tomando en cuenta el tiempo que estuvo en prisión preventiva, por lo que no existe fundamento para que ahora se le sumen cuatro años más; circunstancia que debatirán este día en una audiencia ante la Jueza de Ejecución.

Por esta razón, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) reprochó el doble discurso de los gobiernos federal y estatal, con quienes se han establecido mesas de trabajo y han señalado su disposición para dar seguimiento y propiciar la salida de los presos políticos, pero en los hechos no están otorgando ningún apoyo, y al contrario, en ocasiones como ahora se convierten en el primer obstáculo para la libertad de sus compañeros.

jeronimo hernandez ocss

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Mexico Violento

Tribunal de Zacatecas pide crear figura de jueces sin rostro tras asesinato de juzgador

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Tras el asesinato de un juez por el crimen organizado, el poder judicial de zacatecas pidió crear la figura de juzgadores sin rostro

Luego del asesinato del juez de control del Poder Judicial de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, por un grupo armado el fin de semana pasado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García, solicitó al Congreso de la Unión crear la figura de jueces sin rostro para garantizar la integridad de los impartidores de justicia en el país.

Por medio de un comunicado, el juzgador consideró que los jueces de control especializados están expuestos a las agresiones del crimen organizado como sucedió el fin de semana pasado con su homólogo, pues al girar órdenes de aprehensión o sentencias los líderes de los grupos delictivos los amenazan.

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De acuerdo con el representante del Poder Judicial de Zacatecas, existe un riesgo permanente en esa entidad, principalmente en Cieneguillas, donde los trabajadores temen regresar a las actividades regulares en los juzgados de control.

Por su parte, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) pidió al Estado mexicano que garantice las condiciones de seguridad para los trabajadores del Poder Judicial de las 32 entidades del país ante las condiciones de violencia.

El organismo judicial sostuvo que existen condiciones de violencia e inseguridad que vulneran las acciones de los juzgadores, por lo cual enfatizó en la importancia de reforzar la seguridad en los distintos juzgados, así como garantizar la protección de los impartidores de justicia.

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Según las áreas de inteligencia del gobierno federal, en Zacatecas existe una pelea permanente entre los Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que buscan el control de la entidad para el control y tráfico de las drogas y otras actividades que van contra la ley.

 

 

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