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Justicia pendiente

Periodista denuncia las torturas a las víctimas del falso caso Wallace en la Asamblea de la OEA

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Guadalupe Lizárraga denuncia el caso Wallace ante OEA

La directora general de Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, interpuso una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por las torturas y el encarcelamiento injusto a los inculpados de Isabel Miranda de Wallace, quien ha sido parte de la fabricación del secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, y quien en 2015, asistió a la asamblea ostentándose como defensora de derechos humanos. 

Por medio de una misiva entregada al secretario general de la OEA, Luis Leonardo Almagro Lemes, quien dirigió la 52º Asamblea anual del 5 al 7 de octubre, la periodista denunció las torturas que ha sufrido especialmente César Freyre Morales, quien también fue torturado psicológicamente con la detención arbitraria de su madre y de su hermana, por año y medio en el penal de Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México, para que se incriminara del falso secuestro e incriminara a sus coprocesados después de varias visitas extrajudiciales de Isabel Miranda acompañada de funcionarios de Seguridad pública y agentes del Ministerio Público.

Para saber más del caso: Caso Wallace: cuáles son los delitos fabricados a George Khoury Layón

 

En la denuncia se especifica que la supuesta activista y madre de Hugo Alberto Wallace colaboró con la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2001, en diferentes fabricaciones de secuestros, y en 2005 la misma autoridad le ayudó a fabricar las pruebas del secuestro de su hijo, por lo que obtuvo visibilidad pública con el respaldo de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Recordó que el caso culminó con las acusaciones contra ocho personas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), entonces encabezada por Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que ordenó la tortura de los inocentes para que aceptaran su supuesta responsabilidad.

Asimismo, durante ocho años la también ex candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional (PAN) intervino directamente en el acoso, amenazas y golpes en sus visitas extrajudiciales en las prisiones federales, pese a que César Freyre Morales ya se había confesado culpable.

La editora recomienda: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

La periodista denunció también que la tortura más reciente era la de George Khoury Layón el pasado 12 de junio de este año, y que había sido involucrado desde 2005, con varias detenciones arbitrarias, hasta su tortura en 2009. Y que un año después, para simular una banda delictiva, otro de los inculpados falsamente, Jacobo Tagle Dobín fue torturado por órdenes de Isabel Miranda para que incriminara a Khoury por otro supuesto homicidio en 2004, por lo que su caso fue remitido directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas.

César Freyre Morales ha sido la persona más torturada y lo mantienen en aislamiento permanente por este caso, del que fue sentenciado a 131 años de prisión, con un protocolo de Estambul positivo, después de haber padecido al menos diez eventos tortura. 

Por las revelaciones periodísticas, la periodista Guadalupe Lizárraga ha sido víctima de hostigamiento, amenazas, allanamiento de morada y dos intentos de secuestro por agentes de la PGR, bajo las órdenes de Isabel Miranda de Wallace.

 

Aunque estos casos han sido expuestos al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las autoridades federales desistieron en noviembre de 2020 ejercer acción penal en contra de la supuesta activista.

Por ello, solicitan la intervención de la OEA para que solicite información al Estado mexicano por la fabricación de culpables en la que ha incurrido Isabel Miranda Torres durante varios años y se permita ejercer un periodismo libre e independiente sin ningún tipo de amenazas.

 

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Justicia pendiente

Presos del Cefereso 4, de Tepic, denuncian tortura de autoridades penitenciarias

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Jazmín Borboa Ochoa, una de las directoras de penales federales con más denuncias por tortura y otras violaciones de derechos humanos

Por Ignacio García

Los presos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) #4, de Tepic, Nayarit, Jorge Manuel Ruíz, Jorge Rivas Félix y Óscar Enrique Rodarte Márquez, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que han sido víctimas de tortura, malos tratos, discriminación y humillaciones por parte de las autoridades penitenciarias dirigidas por la directora Jazmín Borboa Ochoa.

Por medio de una misiva enviada a la fiscalía federal, los internos refirieron que han sido víctimas de agresiones constantes por parte de las autoridades del centro penitenciario en reiteradas ocasiones, lo que ha generado diferentes problemas físicos y de salud a la población del penal.

Recordaron que el pasado 27 de octubre dos internos fueron golpeados de forma violenta por los guardias, pero no hubo intervención de las autoridades federales, debido a que presuntamente se les realizaría el protocolo de Estambul, aunque hasta el momento no han recibido respuesta de su solicitud.

Por si te lo perdiste: En libertad, tras 22 años de prisión con calidad de víctima del Estado por torturas y malos tratos

 

Por ello, solicitaron la intervención de la FGR, debido a que aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit está coludida con las autoridades penitenciarias, razón por la cual no atiende las denuncias de los presos del penal federal.

Acusaron a la directora del Cefereso de Tepic, Jazmín Borbón Ochoa, de provocar una serie de afectaciones contra los internos de forma permanente, por lo cual aseveraron que existen pruebas documentales que confirman estas agresiones. 

Asimismo, pidieron que las autoridades penitenciarias sean procesadas por los delitos de tortura, abuso de autoridad y violaciones graves a los derechos humanos, así como la renuncia inmediata de la directora del penal federal, a quien responsabilizaron de esos actos.

Entérate: Voluntariado de familias de presos en Ceferesos lanzan campaña de salud por falta de atención médica del Estado

También demandaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue todas las irregularidades cometidas de forma sistemática contra los internos del penal federal que han padecido lesiones por los golpes causados por los guardias, así como las vejaciones que han sido víctimas.

Además, demandaron que se abra una carpeta de investigación federal por estos delitos y de sancione a estos servidores públicos para que tampoco puedan ejercer ningún cargo en la administración pública federal.

Jazmín Borbón Ochoa ha sido una de las directoras de penales con más denuncias por violaciones de derechos humanos, no sólo en Nayarit, sino en los diferentes penales en los que ha estado al frente, incluyendo Oaxaca y Estado de México.

Primera página de la denuncia.

Documento completo.

DENUNCIANAYARIT-_1_

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Justicia pendiente

Congreso de Nuevo León inicia juicio político contra Samuel García

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Los integrantes de la comisión Anticorrupción del Congreso local de Nuevo León aprobaron el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador de esa entidad, Samuel García Ruíz, por no haber presentado antes del 20 de noviembre el Presupuesto de Egresos de 2023.

El organismo legislativo local determinó que el mandatario estatal tiene hasta el próximo 10 de febrero para que comparezca ante la comisión o responda por escrito sobre las irregularidades en el cumplimiento de las disposiciones legales.

En el acuerdo avalado por los legisladores locales se establece que el gobernador de Nuevo León deberá comparecer para explicar sobre las irregularidades conformadas en el cumplimiento de la disposición de las instancias.

De la misma manera, solicitaron al jefe del Ejecutivo de la entidad que informe sobre su defensor o si será designado uno del Instituto de la Defensoría Pública, aunado a que reclamó al gobernador de Nuevo León no publicar 56 decretos en el Diario Oficial del Estado que fueron aprobados por el Congreso local.

La propuesta fue avalada por los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), aunque fue rechazada por Movimiento Ciudadano (MC) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena.

Los legisladores de MC acusaron revanchismo político de la oposición en contra del gobernador, ya que aseveraron que los decretos ya fueron publicados en el Diario Oficial del Estado, aunado a que la constitución local establece que al no entregarse el Presupuesto se aprobará el mismo un año antes.

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Justicia pendiente

Corte invalida “Ley Nahle” que impide que sea candidata a gobernadora de Veracruz

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Con ocho votos a favor, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la denominada “Ley Nahle”, la reforma a la constitución de Veracruz que reconocía como veracruzanos a quienes tienen hijos nacidos en esa entidad y con lo cual podría contener por la gubernatura.

De acuerdo con la mayoría de los ministros, esta reforma local se contraponía a la constitución política mexicana que establece que sólo podrá ser gobernador de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de esa entidad.

Con ello, se desechó la reforma a la constitución política local de Veracruz que consideraba como veracruzanos a aquellas personas no nacieron en esa entidad pero que tienen hijos nativos en ese estado, con lo cual la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, pretendía competir por la gubernatura del estado en 2024.

El ex presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que se buscaba defraudar a la constitución federal, ya que se trata del documento máximo del país que regula los derechos de la ciudadanía y que no puede ser contrapuesto con la constitución local de Veracruz.

En tanto, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, comentó que no puede ser desvinculado el término “nativo” al nacimiento de una persona como lo contempla la carta magna en el país, por lo cual se debe privilegiar el derecho básico para quienes buscan gobernar una entidad.

En agosto de 2022 el Congreso de Veracruz, encabezado en su mayoría por diputados locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó la reforma constitucional que permitía a la funcionaria federal contender por la gubernatura de ese estado, tras el sexenio de Cuitláhuac García.

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