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Mexico Violento

Periodista de Los Ángeles Press amenazada por denunciar corrupción y represión del gobernador de Puebla

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Martínez Sánchez, corresponsal de Los Ángeles Press en Puebla y activista de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, denunció acoso y amenazas por parte del gobierno de Luis Miguel Gerónimo Huerta, tras publicar reportajes que revelaron corrupción de familiares del gobernador y otros funcionarios vinculados a gestiones sindicales del magisterio, así como las violaciones de derechos humanos contra comunidades indígenas de la región.

La periodista denunció que tras sus publicaciones en el digital internacional para el que colabora, Carlos Roberto Martínez Peláez, director del Bachillerato Oficial Héroes de la Reforma, donde ella también labora como docente, levantó un acta administrativa en su contra por las notas adversas al gobernador Barbosa Huerta.

Por lo que la periodista fue citada a principios de la semana pasada por Martínez Peláez para observarle que su conflicto se podría terminar si ella deja de publicar notas periodísticas contra Barbosa.

El director le dijo que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le mostraron el material publicado, y le pidieron que la periodista “dejara de escribir ese tipo de contenido”.

El funcionario además le advirtió que, de persistir, Claudia Martínez ponía en juego su plaza de docente y los 21 años de servicio que lleva, pero también ponía en riesgo tanto su vida como la de su familia.

Además, le informó que el viernes 15 de octubre se presentaría ante el jurídico para revisar el caso, y que ya estaban listos tanto su defensa como los testigos, propuestos por Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Claudia Martínez narró que el director del Bachillerato le pidió que en el encuentro se sometiera, diciendo que sí a todo lo que le preguntaran en la audiencia y admitiera que si bien difundió notas periodísticas en contra del gobernador Barbosa y las compartió en el grupo de WhatsApp “Delegación-D-II-235” del SNTE, no lo volvería a hacer.

Sin embargo, el día de la audiencia, Martínez Sánchez debía estar en Coyomeapan para la visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el conflicto postelectoral al que ha dado cobertura internacionalmente por el acoso gubernamental a los líderes de la comunidad, Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastacio González Sanguinez, a quienes les fabricaron delitos y los encarcelaron.

Adicionalmente, en el acta administrativa levantada en contra de la periodista señala que, además de difundir las notas referidas, se ausentaba de su labor como docente e incurrió en seis faltas injustificadas los días 7, 13, 10 y 21 de septiembre y el 4 y 5 de octubre de este año, “lo que afectó el desarrollo de la comunidad escolar a su cargo”.

Quien presenta las pruebas en su contra es Ana Isabel Coriche Ramírez, funcionaria sindical y de la SEP, quien es hija de Jorge Luis Coriche Avilés, ex diputado federal, dueño de una mina a cielo abierto en Zacatlán, que entregó varias tierras a transnacionales y sería uno de los primeros beneficiados, de concretarse la presa hidroeléctrica en Coyomeapan y Zoquitlán.

El despojo de estas tierras de la comunidad indígena ha sido parte de las revelaciones periodísticas de Claudia Martínez Sánchez, incluyendo testimonios y evidencias de las agresiones de las autoridades después de protestar por la presencia de grupos delictivos tolerados por el gobierno de Barbosa Huerta.

Además, un reportaje de Claudia Martínez Sánchez desmintió acusaciones del presidente municipal electo David Celestino contra los indígenas de Coyomeapan de haber incendiado inmuebles y robado patrullas. El trabajo de la periodista demostró que los inmuebles estaban intactos y las patrullas bajo resguardo de las mismas autoridades, sin embargo, los líderes indígenas que fueron acusados por esos supuestos delitos siguen encarcelados.

Otros casos de acoso

No es la primera denuncia por represión del gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Otro maestro, del que nos reservamos su identidad, quien había denunciado a «aviadores» en su escuela, personas que cobraban sueldo sin trabajar, fue reprimido con el uso de la fuerza pública y cesado de su plaza laboral. Él mismo señala que «no paran hasta destruirte», y que es una característica del actual gobierno de Puebla.

Preocupado por las amenazas contra la periodista Claudia Martínez Sánchez, le envía un audio para prevenirla de agresiones mayores.

Por otra parte, la exalcaldesa de Puebla Claudia Rivera Vivanco también denunció el acoso del que fue víctima durante su gestión pública, directamente por el gobernador Miguel Barbosa. Incluso, el gobernador intentaba imponerle personajes cercanos al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para puestos de seguridad en el municipio, y la instaba a atacar a la exgobernadora del PAN Martha Erika Alonso.

Una denuncia adicional ha sido también la de la diputada federal Inés Parra Juárez, quien ha dado varias conferencias de prensa para denunciar los agravios a los indígenas de Coyomeapan, Puebla, y quien ha señalado reiteradamente de represor y cacique al gobernador Barbosa, por lo que ha sufrido también campañas de odio y violencia de género.

Mexico Violento

Hackeo a SEDENA: lo que se sabe de la salud de López Obrador y el grupo de hackers ‘Guacamaya’

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hackeo sedena AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el hackeo de los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que se revelan, entre otros temas, su estado de salud y la comunicación interna en el operativo cuando el organismo capturó y dejó ir a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, en octubre del 2019.

La información de los correos filtrados al sitio digital Latinus, revela las enfermedades que padece el presidente López Obrador y sostiene que los hackers que estuvieron detrás de la intrusión informática a SEDENA es un grupo que denominado ‘Guacamaya‘.

Para saber más del tema: La Guardia Nacional bajo mando de la SEDENA, un agravio a la población

¿Qué enfermedades tiene AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador, según los documentos filtrados de la Sedena, padece de angina de pecho, gota e hipotiroidismo.

Los informes sostienen que el pasado 2 de enero sufrió una angina de pecho inestable de alto riesgo, mientras estaba en su finca en Palenque, Chiapas. En aquella ocasión fue trasladado al Hospital Central Militar para su atención. Sin embargo, el 3 de enero se presentó a la rueda de prensa.

«Sí son ciertos (las enfermedades que padezco). Estoy enfermo, tengo varios padecimientos y otros males, todos los que se mencionan ahí», reconoció el mandatario en su conferencia de prensa.

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¿Qué sabemos de los hackers ‘Guacamaya’?

De acuerdo con la información de Cyberscoop, el grupo de hackers ‘Guacamaya‘ también publicó los archivos de cinco empresas mineras públicas y privadas y dos agencias públicas responsables de la supervisión ambiental, una en Colombia y la otra en Guatemala. El material se publicó en un sitio web llamado Enlace Hacktivista, en el que se documenta la historia de los piratas informáticos, se comparten recursos didácticos y se brinda espacio “para que los piratas informáticos publiquen sus ataques, filtraciones y comunicados”.

El grupo se hace llamar así mismo ‘Guacamaya‘, en referencia a la ave que tiene el mismo nombre y que es muy popular en zonas de México y Centroamérica. Ellos mismos se definen en pro de la naturaleza con una frase en la que se lee que ellos «son la naturaleza (puedes leer el comunicado de los hackers aquí)». El origen de los hackers, reportan medios mexicanos, sería centroamericano.

Además de los documentos filtrados de la SEDENA en México también revelaron sobre una corporación minera estatal en Ecuador; la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Colombia; Oryx, una empresa petrolera en Venezuela; Tejucana, una empresa minera brasileña y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala.

 

“Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México. Utilizaron a Carlos Loret de Mola (quien presentó la información en Latinus) para eso (darla a conocer). Quien llevó a cabo la extracción de la información debe ser una agencia o un grupo del extranjero; no creo que sea nacional, lo dudo”, dijo López Obrador sobre ‘Guacamaya‘.

 

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Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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La red en lucha

México en el centro del debate internacional sobre minería marina por barcos de exploración

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barco exploración minera méxico

Por Emilio Godoy

MÉXICO – La discusión sobre la minería marina cobró mayor intensidad mundial con el inicio de una misión de recolección de muestras minerales por parte de la empresa privada Nauru Ocean Resources (Nori).

La travesía hacia una zona del océano Pacífico se basa en una recomendación emitida por la Comisión Legal y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) para autorizar la toma de materiales, luego de la conclusión de la revisión de la manifestación de impacto ambiental de la compañía, filial de Metals Company, con sede en la ciudad canadiense de Vancouver.

Pero ISA, con sede en Kingston, la capital de Jamaica, no ha publicado tal recomendación, opacidad que los activistas cuestionan.

“Es prueba de cómo la misma Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) abre a estas empresas la oportunidad de dar los primeros pasos a la minería en aguas profundas. ISA tiene que poner en el centro la protección de los océanos y no los intereses empresariales», dijo Ornela Garelli, de la campaña de Océanos de la representación mexicana de la no gubernamental Greenpeace.

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Consideró que «no se pueden avanzar estas pruebas, porque es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta y del cual necesitamos más información. Se tiene que aplicar el principio precautorio”.

El barco explorador “Hidden Gem” (“Joya oculta”) zarpó el 14 de septiembre del puerto de Manzanillo —en el estado de Colima, en el occidente de México—, donde permaneció unas horas para luego enfilar hacia una zona de exploración en medio del océano Pacífico.

La empresa suiza Allseas SA adquirió la embarcación en 2020 para convertirla en nave de sondeo minero y esta boga con bandera de Malta, según registros marinos consultados. Construida en 2010, de colores rojo, negro y estructuras blancas, el barco tiene capacidad de 60 331 toneladas, mide 228 metros de largo y 42 de ancho.

Hidden Gem”, cuyos nombres anteriores fueron “Vitoria 10 000” y “Petrobras II 10 000”, permaneció en el puerto holandés de Rotterdam mientras su propietaria lo reconvertía para realizar prospección minera marina, pues previamente hacía perforación petrolera. En febrero último, el grupo Ocean Rebellion lo convirtió en blanco de una protesta.

Partió en marzo de Rotterdam y su trayectoria incluyó pasos por Calais (Francia), Dover (Reino Unido), las Islas Canarias (España) y el Canal de Panamá, en julio.

La embarcación se dirige a la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar entre Hawái y México con una gran biodiversidad, y donde Nori posee una concesión minera. El plan consiste en la recolección de 3600 toneladas de nódulos polimetálicos.

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 Impacto en fondo del mar

En la minería de aguas profundas, grandes máquinas levantan el fondo del mar para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, que contienen cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos, mediante otro conducto, de vuelta al mar.

El sedimento que retorna al océano contendría elementos dañinos, lo que sumaría más impactos a esas zonas.

Las aguas profundas acogen especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales, y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios científicos recientes. Estas áreas ya enfrentan la subida de la temperatura, la acidificación del agua y la presencia masiva de plásticos.

“Hay evidencia de que no hay información científica suficiente para determinar con certeza los impactos de la minería oceánica”, señaló Diego Lillo, representante de la no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, desde Santiago de Chile.

Bajo presión

ISA, creada en 1994 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), tiene la doble misión contradictoria de proteger los ecosistemas del mar profundo y elaborar estándares ambientales para la minería marina.

Integrada por 167 países y la Unión Europea, ISA ha entregado 17 licencias exploratorias en la ZCC, de un total de 31 otorgadas hasta ahora, para la exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas, incluidas algunas de Brasil, Cuba y Jamaica.

Para obtener un permiso con el fin de explotar cualquier parte del fondo marino, una empresa necesita el patrocinio de un país parte de ISA.

Pero antes, en junio de 2021, la República de Nauru, una nación insular expuesta a las consecuencias de la crisis climática, situada en Oceanía en el Pacífico central y de unos 12.000 habitantes, sacudió las estructuras de ISA al invocar una cláusula de Convemar para ejecutar un proyecto de exploración minera marina.

Esa norma estipula que un país puede reclamar el aval de ISA a su plan para rastrear y explotar minerales en aguas profundas en un plazo de dos años, siempre que siga unos procedimientos establecidos por el propio organismo, que debate estándares ambientales para la prospección.

ISA, una agencia desconocida de Naciones Unidas hasta que apareció la polémica por la minería marina, que enfrenta un dilema fundamental para su futuro, pues en julio próximo Nauru puede reclamar el aval a su programa exploratorio, sin necesariamente contar ya con las salvaguardas.

Integrado por 36 representantes, el Consejo de la agencia se reunirá en Kingston en noviembre, mientras que la 28 sesión de la Asamblea General, el órgano mayor de ISA y en la que participan todos los Estados miembros y organizaciones observadoras, está programada para julio de 2023, aunque podría adelantarse por el plazo de la regla de dos años.

Durante la 27 Asamblea General celebrada en agosto  se suscitó, por vez primera, un debate intenso sobre la cláusula mencionada, ante la cual países como Costa Rica, Chile, España y Nueva Zelanda pidieron una discusión sobre sus alcances, ante la negativa de naciones como Nauru.

Para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA diseñó un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa actividad y que también le redituaría en ingresos, junto con las cuotas de los países miembros, lo que supone un interés por promover esa extracción.

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Varios gobiernos también han indicado la falta de inclusión de los costos ambientales en las finanzas mineras de estos proyectos en los fondos marinos.

Metals Company, entre cuyos accionistas figura Allseas SA, calcula que el polígono asignado almacena minerales para construir unos 280 millones de automóviles eléctricos, el tamaño de la flota vehicular de Estados Unidos.

Tibieza

México ha mostrado una postura discreta frente a la minería marina. Una fuente diplomática dijo a este cronista que esto se debe a la falta de una discusión nacional multisectorial en torno a una postura definida.

No obstante, el asunto presenta una arista más sutil: el rol de los puertos mexicanos del Pacífico, especialmente Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco, ante la eventual aprobación de planes exploratorios y la extracción mineral.

Debido a la duración de los viajes de embarcaciones como “Hidden Gem”, estas instalaciones podrían obtener réditos por el paso de las naves y la descarga de minerales.

Lillo y Garelli pidieron a México más firmeza en su postura.

El país “necesita tener mayor firmeza. México debe centrarse en los océanos por la importancia que tienen en sí mismos y no por su aprovechamiento sostenible”, demandó la campañista de Océanos de Greenpeace.

México tiene 3540 millones de razones para oponerse a esa actividad.

Ese es el monto, en dólares, que la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations pide ante un panel de arbitraje bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte —sustituido en 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá— por la denegación de una licencia ambiental.

 

En 2018, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente rehusó el permiso de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas SA, filial de la compañía estadounidense, por probable daño al ecosistema, áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.

El proyecto, que abarca una superficie de 91 267 hectáreas frente a la costa del noroccidental estado de Baja California Sur, implicaba la draga del fondo marino, para extraer anualmente siete millones de toneladas de arena fosfática, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.

“Preocupa la falta de consistencia de México frente al discurso que ha promovido ante la ISA de aprobar una regulación minera que sea responsable con la protección del ambiente. Necesita también un mayor protagonismo en las negociaciones, que contribuya a resaltar la importancia del enfoque precautorio”, cuestionó Lillo.

Dicho principio consiste en la adopción de medidas de protección ante un riesgo fundado, sin pruebas definitivas, del impacto sobre la salud pública o el ambiente de un producto o tecnología.

Si México pierde el arbitraje, se decretaría la imposibilidad de un Estado de impedir proyectos extractivos bajo el principio precautorio ante menoscabos previstos.

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Este artículo es parte de la Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.

 

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