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Mexico Violento

Periodista de Los Ángeles Press amenazada por denunciar corrupción y represión del gobernador de Puebla

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Martínez Sánchez, corresponsal de Los Ángeles Press en Puebla y activista de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, denunció acoso y amenazas por parte del gobierno de Luis Miguel Gerónimo Huerta, tras publicar reportajes que revelaron corrupción de familiares del gobernador y otros funcionarios vinculados a gestiones sindicales del magisterio, así como las violaciones de derechos humanos contra comunidades indígenas de la región.

La periodista denunció que tras sus publicaciones en el digital internacional para el que colabora, Carlos Roberto Martínez Peláez, director del Bachillerato Oficial Héroes de la Reforma, donde ella también labora como docente, levantó un acta administrativa en su contra por las notas adversas al gobernador Barbosa Huerta.

Por lo que la periodista fue citada a principios de la semana pasada por Martínez Peláez para observarle que su conflicto se podría terminar si ella deja de publicar notas periodísticas contra Barbosa.

El director le dijo que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le mostraron el material publicado, y le pidieron que la periodista “dejara de escribir ese tipo de contenido”.

El funcionario además le advirtió que, de persistir, Claudia Martínez ponía en juego su plaza de docente y los 21 años de servicio que lleva, pero también ponía en riesgo tanto su vida como la de su familia.

Además, le informó que el viernes 15 de octubre se presentaría ante el jurídico para revisar el caso, y que ya estaban listos tanto su defensa como los testigos, propuestos por Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Claudia Martínez narró que el director del Bachillerato le pidió que en el encuentro se sometiera, diciendo que sí a todo lo que le preguntaran en la audiencia y admitiera que si bien difundió notas periodísticas en contra del gobernador Barbosa y las compartió en el grupo de WhatsApp “Delegación-D-II-235” del SNTE, no lo volvería a hacer.

Sin embargo, el día de la audiencia, Martínez Sánchez debía estar en Coyomeapan para la visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el conflicto postelectoral al que ha dado cobertura internacionalmente por el acoso gubernamental a los líderes de la comunidad, Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastacio González Sanguinez, a quienes les fabricaron delitos y los encarcelaron.

Adicionalmente, en el acta administrativa levantada en contra de la periodista señala que, además de difundir las notas referidas, se ausentaba de su labor como docente e incurrió en seis faltas injustificadas los días 7, 13, 10 y 21 de septiembre y el 4 y 5 de octubre de este año, “lo que afectó el desarrollo de la comunidad escolar a su cargo”.

Quien presenta las pruebas en su contra es Ana Isabel Coriche Ramírez, funcionaria sindical y de la SEP, quien es hija de Jorge Luis Coriche Avilés, ex diputado federal, dueño de una mina a cielo abierto en Zacatlán, que entregó varias tierras a transnacionales y sería uno de los primeros beneficiados, de concretarse la presa hidroeléctrica en Coyomeapan y Zoquitlán.

El despojo de estas tierras de la comunidad indígena ha sido parte de las revelaciones periodísticas de Claudia Martínez Sánchez, incluyendo testimonios y evidencias de las agresiones de las autoridades después de protestar por la presencia de grupos delictivos tolerados por el gobierno de Barbosa Huerta.

Además, un reportaje de Claudia Martínez Sánchez desmintió acusaciones del presidente municipal electo David Celestino contra los indígenas de Coyomeapan de haber incendiado inmuebles y robado patrullas. El trabajo de la periodista demostró que los inmuebles estaban intactos y las patrullas bajo resguardo de las mismas autoridades, sin embargo, los líderes indígenas que fueron acusados por esos supuestos delitos siguen encarcelados.

Otros casos de acoso

No es la primera denuncia por represión del gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Otro maestro, del que nos reservamos su identidad, quien había denunciado a «aviadores» en su escuela, personas que cobraban sueldo sin trabajar, fue reprimido con el uso de la fuerza pública y cesado de su plaza laboral. Él mismo señala que «no paran hasta destruirte», y que es una característica del actual gobierno de Puebla.

Preocupado por las amenazas contra la periodista Claudia Martínez Sánchez, le envía un audio para prevenirla de agresiones mayores.

Por otra parte, la exalcaldesa de Puebla Claudia Rivera Vivanco también denunció el acoso del que fue víctima durante su gestión pública, directamente por el gobernador Miguel Barbosa. Incluso, el gobernador intentaba imponerle personajes cercanos al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para puestos de seguridad en el municipio, y la instaba a atacar a la exgobernadora del PAN Martha Erika Alonso.

Una denuncia adicional ha sido también la de la diputada federal Inés Parra Juárez, quien ha dado varias conferencias de prensa para denunciar los agravios a los indígenas de Coyomeapan, Puebla, y quien ha señalado reiteradamente de represor y cacique al gobernador Barbosa, por lo que ha sufrido también campañas de odio y violencia de género.

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Inmujeres condena asesinato de la activista Cecilia Monzón

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El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) condenó el asesinato de la abogada y activista feminista Cecilia Monzón, quien fue ultimada el sábado pasado en San Pedro Cholula, Puebla, por lo que consideró que se trató de un referente en esa entidad en la lucha de los derechos humanos.

La dependencia federal refirió que Cecilia Monzón dedicó su vida a defender los casos de mujeres en situación de violencia o abuso y también tuvo una destacada actividad política, por lo que pidió a la Fiscalía General de Justicia de Puebla a esclarecer el crimen a la brevedad.

De acuerdo con la institución federal, las autoridades estatales deben desarrollar la investigación con perspectiva de género para que se ejecuten todas las medidas de prevención necesarias para proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de las activistas defensoras de los derechos humanos que residen en la entidad.

De la misma manera, llamó a los medios de comunicación a apegarse a los lineamientos para cubrir y difundir los hechos sin revictimizar a la activista, su hijo y demás personas que pudieran ser afectadas, ya que ha sido una practica que han observado en algunos espacios noticiosos.

Asimismo, manifestó que están en disposición de colaborar con el gobierno estatal para prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres para defender y proteger el acceso a la justicia de las defensoras y combatir la impunidad la corrupción, además de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó el crimen como un ajusticiamiento cometido por un grupo de sicarios en contra de la activista, por lo que llamó a las autoridades estatales a colaborar de forma permanente para esclarecer los hechos.

El sábado pasado la activista fue asesinada por disparos de armas de fuego cuando circulaba a la altura del camino Real a Momoxpan y Periférico en el municipio de San Pedro Cholula.

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Mexico Violento

Cefereso #17 colapsa por renuncia de personal de seguridad y enfermería debido a extorsión y torturas de directivos

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Por Guadalupe Lizárraga

Personal de seguridad y de enfermería del Centro Federal de Readaptación Social #17, en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, presentó su renuncia al verse rebasado por las protestas de los internos, debido a “la mala administración, tortura y maltratos” por parte de los directivos del penal.

Se señala como principal responsable del colapso al director general Alfredo Reyes Vázquez, quien hace tres meses llegó en sustitución de Jorge Isaac Neri García, retirado por presuntos actos de corrupción. Pero también al director de seguridad, de apellido Cisneros, y los subdirectores Alejandro Flores y Roberto Lázaro Echeverría, quienes son señalados de acosar laboralmente a sus oficiales, además de extorsionar a los internos, incluso con carpetas de investigación por denuncias de tortura.

Los responsables de la custodia de cada turno ya presentaron su renuncia formalmente señalando que “está colapsado el penal”. De acuerdo con la información, todo el personal nuevo que llegó de apoyo a la dirección general después de Neri García renunció al cargo, pero también servidores públicos que tenían años laborando en ese centro, como el ‘comandante Godoy’, un comandante de compañía con más de veinte años de servicio público que prefirió perder los beneficios de su antigüedad laboral a verse involucrado en la corrupción, torturas y falta de atención a los internos por órdenes del director Reyes Vázquez.

“El comandante Godoy entregó las llaves, entregó la radio, y dijo a los internos que se retiraba, que ya no aguantaba más esta situación”, refirió la fuente, por lo que mandaron llamar de inmediato a un sustituto para la custodia, y cuando llegó el sustituto al penal reiteró, alarmado, que el penal estaba colapsado.

Se explicó a este medio que no hay médicos, no hay dentistas, no hay psiquiatras, no hay trabajo social para los internos, y además se les quitó de manera arbitraria sus pertenencias, le rompieron fotografías familiares, los golpearon y no se les ha entregado víveres y provisión comprada en la tienda. Agregado a esto, han incurrido en maltrato, torturas y extorsión para que dejar de golpearlos.

No es la primera vez que se generan estos conflictos dentro del penal. En enero de este año, ya se habían reportado problemas de seguridad con la organización de pandillas, rebasando al personal de custodia.

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Mexico Violento

Senador presenta punto de acuerdo para que comparezca Sanjuana Martínez por ilegalidades en Notimex

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El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través del senador Noe Castañón Ramírez, presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez, ante la extensión de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que suma casi 27 meses.

De acuerdo con documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, se pedirá a la directora que explique la situación de la Huelga, así como el uso de recursos públicos, de más de 400 millones de pesos, destinado al medio público durante los más de dos años del paro de labores, lo cual constituye una ilegalidad por parte de la funcionaria.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Luisa María Alcalde, para que atienda el conflicto laboral, y a la Junta de Gobierno de Notimex, para que sesione y coadyuve a la solución de la huelga, privilegiando el diálogo y la generación de acuerdos.

De acuerdo a la Ley que crea a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la directora general de Notimex está obligada a presentar informes ante el Congreso de la Unión cada año; sin embargo, Sanjuana Martínez no ha cumplido con esa obligación desde que asumió el cargo en 2019.

Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano también presentó un proyecto de decreto para reformar el artículo 18 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, para que el periodo del director general pase de seis a tres años.

Se propone: “Artículo 18.- El Director General de la Agencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelegido hasta por una sola ocasión, pudiendo ser ser removido cuando transgreda las disposiciones contenidas en la Constitución, esta Ley y sus principios rectores, así como por actos u omisiones que afecten las atribuciones de la Agencia o cuando haya sido sentenciado por cualquier delito”.

El próximo 21 de mayo, la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano cumplirá 27 meses vigente, ante la negativa de la dirección de Notimex para llegar a un acuerdo con los trabajadores, a pesar de que jurídicamente se han comprobado las violaciones a sus condiciones de trabajo, así como las irregularidad que cometió la directiva.

 

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