Una decena de proyectos problemáticos ubicados en nueve países, entre estos, proyectos mineros, hidroeléctricas, de hidrocarburos y uno de alimentos

Por David Tarazona

CARACAS – Las empresas chinas invirtieron cerca de 172 000 millones de dólares en América Latina entre 2010 y 2016, según una investigación académica. Además, han construido 200 proyectos de infraestructura en 20 países de la región. Estas cifras aumentarán en los próximos años, si se cumplen las proyecciones que estiman que, para 2035, se duplicará el volumen de las mercancías intercambiadas entre el país asiático y Latinoamérica, de acuerdo con los datos de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China.

Estos resultados son sólo una cara de la moneda. El otro lado muestra cómo varias empresas de capital chino no respetan los derechos de las comunidades afectadas por sus proyectos, de acuerdo con el informe China: derechos humanos y actividades empresariales en América Latina, publicado en febrero de 2023 por un colectivo de organizaciones no gubernamentales.

Estas organizaciones realizaron el informe para que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuviera conocimiento de las problemáticas sociales y ambientales que provocan algunos de los proyectos chinos que se establecen en América Latina, en el marco de una revisión periódica que hace el organismo internacional a los firmantes del tratado internacional Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, entre ellos China, con el objetivo de dar recomendaciones en materia de derechos humanos.

Represa de Ivirizu. Proyectos chinos afectan comunidades de América Latina, según informe de ONG. Foto: Google Earth.

Aunque el comité de la ONU no tiene herramientas para castigar a China o los demás países, sí puede generar una discusión constructiva para que las naciones acojan de manera voluntaria las sugerencias. De hecho, en su sesión de marzo de 2023, este organismo emitió sus más recientes recomendaciones al país asiático. Entre estas, le pidió a este país garantizar el respeto de los derechos humanos en sus proyectos realizados en el exterior, como exigían las organizaciones que realizaron el informe sobre las actividades empresariales chinas en América Latina.

Las organizaciones que elaboraron el documento —entre ellas la suiza Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, en inglés) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA)— hallaron poco más de una decena de proyectos problemáticos ubicados en nueve países, entre estos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Seis de esos proyectos son mineros, cuatro son hidroeléctricas, dos de hidrocarburos y uno de alimentos.

Leer más: Flotas de China incurren en pesca ilegal y excesiva en las costas de América Latina: oceanógrafos –  (losangelespress.org)

Uno de los hallazgos del informe es que los proyectos analizados afectan el medio ambiente. “Estos proyectos están en ecosistemas frágiles, como los son las zonas de humedales Ramsar, en áreas protegidas claves para la sostenibilidad del clima global o declaradas zonas patrimonio de la Unesco”, denuncia Sofía Jarrín Hidalgo, asesora de incidencia en Amazon Watch, una de las organizaciones miembro del CICDHA y firmante del informe.

CICDHA y las demás organizaciones seleccionaron los casos después de un monitoreo de más de cinco años de las inversiones chinas en la región. Su informe se nutre, sobre todo, de las denuncias de comunidades afectadas.

Afectaciones a pueblos indígenas y daños ambientales

El análisis realizado por las organizaciones encontró que los proyectos han tenido un impacto negativo en ecosistemas frágiles. Tres proyectos impactan a la Amazonía, tres a áreas protegidas y uno a un sitio patrimonio de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“Todos los proyectos presentan un impacto significativo en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano, como resultado de la deforestación y la contaminación del aire y del agua, lo que compromete la soberanía alimentaria y el acceso al agua de comunidades aledañas y pueblos indígenas”, dice el informe.

De los tres proyectos desarrollados en Ecuador, dos son mineros y uno de hidrocarburos. Todos están en la cuenca amazónica de este país. Según el informe, “sólo el proyecto minero Mirador impacta al menos 16 ecosistemas diferentes, donde se encuentran cuatro mil especies de plantas y hasta 400 especies de algas”.

Por ejemplo, en el proyecto Mirador—operado por la compañía china Tongguan con financiación de seis bancos chinos—se deforestaron, al menos, mil 300 hectáreas, según el informe.

Sofía Jarrín Hidalgo comentó que los tres proyectos chinos en la Amazonía ecuatoriana tienen problemas de cumplimiento del consentimiento libre e informado.

Por ejemplo, al pueblo shuar arutam, a fines de 2022 la Corte Constitucional le reconoció la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada en el marco del proyecto minero de cobre San Carlos-Panantza, desarrollado por la china Tongguan con dineros de, al menos, cinco bancos chinos, incluido el Banco de Desarrollo de China, ordenando dejar sin efecto la licencia ambiental.

“Pese a eso, el gobierno ecuatoriano sigue promoviendo el proyecto en publicidad radial a nivel local y promoviendo espacios de socialización”, dijo Jarrín Hidalgo.

El informe también resalta que hay proyectos de capital chino desarrollados en áreas protegidas. Uno de estos espacios es la Reserva de la Biosfera Yasuní en Ecuador —que cuenta con categoría de protección ambiental Ramsar— impactada por el proyecto campo petrolero Ishpingo, el cual  “se sitúa en un humedal de importancia mundial, con mil 500 especies de plantas, 600 de aves y 178 de mamíferos”,

Entre ellas se incluyen algunos amenazados como el manatí amazónico (Trichechus inunguis), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y delfines de río o toninas (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis). Allí, además, habitan los pueblos indígenas cofán, kichwa, huaorani, shuar, secoyas y sionas.

Otros proyectos que, según el informe, afectan especies de flora y fauna protegidas son la planta de procesamiento de salmón Dumestre de la firma china Joyvio en Chile, y la hidroeléctrica Santa Cruz, en Argentina —adjudicada a un consorcio que incluye a la china China Gezhouba Group Company Ltd y financiada por el Banco de Desarrollo de China, el Banco Industrial y Comercio de China y el Banco de China—  así como la hidroeléctrica Ivirizu, en Bolivia.

El Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz, en el sur de Argentina, tuvo mucha oposición de los comuneros del lugar. Foto: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN de Argentina). De acuerdo con el documento de las ONG, éste y otros proyectos chinos afectan comunidades y al medio ambiente en América Latina.

Sobre la hidroeléctrica Ivirizu, operada por la empresa china Sinohydro Corporation Ltd, Mongabay Latam habló con Franco Albarracin, experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), organización que participó del informe.

“El proyecto afectará varias zonas ecológicas que se caracterizan por su elevada diversidad biológica. Se estima la existencia de más de 3000 especies de plantas, de las cuales solo 614 han sido registradas en la zona. Entre las más notables están los bosques de queñua (Polylepis), huaycha (Weinmannia boliviana) y nogal (Juglans)”, dice Albarracin.

Y agrega que “la deforestación (proyectada) de más de 280 hectáreas de bosque amenaza en particular a la fauna silvestre”.

En el área existen más de 382 especies que incluyen 52 de mamíferos superiores, entre los que destacan el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) el venado andino (Hippocamelus antisensis), el jaguar (Panthera onca) y el gato andino (Leopardus jacobita). También hay más de 700 diferentes tipos de aves. La especie en mayor peligro de extinción es la rana yuracare (Telmatobius yuracare).

De interés: Nivel de degradación de la tierra pone en peligro salud humana – (losangelespress.org)

Además, denuncia que las vías del proyecto han fomentado el ingreso ilegal de cultivadores de hoja de coca, lo que pone en riesgo el equilibrio ecológico del Parque Nacional Carrasco y las comunidades indígenas de la zona. También denuncia que la empresa Sinohydro, encargada del proyecto, subcontrata a 120 de los trabajadores y que la compañía no entrega información a la comunidad.

El informe también menciona los campos petroleros Junín y Ayacucho, en Venezuela, al considerar que afectan un humedal y al río Orinoco. Estos campos hacen parte del proyecto Desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco operados por la compañía China National

Petroleum Corporation con financiación del Banco de Desarrollo de China. El reporte también habla de un proyecto minero en Buriticá, Colombia, que afecta el bosque seco tropical en la región del río Cauca, zona que ya ha perdido 66 % de sus bosques entre 1957 y 1986.

Campamento del proyecto San Carlos Panantza. Foto: Segundo Espín / Revista Vistazo. Según un informe de ONG este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.

El agua ha sido uno de los recursos más impactados, según el documento. “En el caso del mega complejo industrial de la Planta Dumestre, en Chile, se redujo la disponibilidad de agua para comunidades vecinas en 12 000 litros; en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (Venezuela) dichas restricciones han generado protestas”, describe.

El recurso hídrico ha sido contaminado en seis casos, según la denuncia de las organizaciones. Por ejemplo, el proyecto minero Buriticá en Colombia —de la empresa china Zijin-Continental Group— está generando un vertimiento de aguas servidas y está usando cianuro, de acuerdo al informe.

El proyecto Orinoco en Venezuela ha tenido derrames petroleros, mientras que el sistema de drenaje y vertimiento de depósitos en la mina Toromocho en Perú —de la compañía Aluminum Corporation of China con dineros del Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China— también afecta la calidad del agua, dice la investigación.

Además, las organizaciones alertan del riesgo de derrame de contaminantes en caso de ruptura del proyecto minero Mirador en Ecuador.

Las organizaciones ISHR y CICDHA mencionan el caso de la planta Dumestre en Chile por contaminación del agua con desechos de antibióticos y residuos, así como el del proyecto hidroeléctrico São Manuel en Brasil —operado por un consorcio de empresas públicas y privadas, entre ellas la China Three Gorges y con financiación del Banco de Desarrollo de China— que afecta fuentes de agua. Adicionalmente, denuncian la contaminación del aire ocasionada por proyectos ubicados en Colombia, Chile y Perú.

Raphaël Viana David, responsable de incidencia para China y América Latina en el International Service for Human Rights, además de ser uno de los autores del reporte comentó este hallazgo.

“Hay afectaciones al derecho al agua y a la soberanía alimentaria. Hay casos de contaminación del aire, del agua, lo que implica afectaciones a la salud de las personas que la consumen. Representa una amenaza a las fuentes tradicionales de alimentación, en particular de pueblos indígenas. Pueden poner en riesgo a especies en peligro de extinción y sus ecosistemas”, dice Viana.

El informe además halló que en once de los proyectos “se evidencian abusos de pueblos indígenas, los cuales carecieron de procesos de consulta adecuados que garantizaran su consentimiento libre, previo e informado (…) Los desalojos forzosos y la restricción de acceso a vivienda y la destrucción de la tierra y territorio de los pueblos indígena han afectado negativamente su salud mental individual y colectiva y han debilitado fuertemente su tejido comunitario y organización sociocultural”.

Uno de los casos es el de las 1200 familias del Pueblo Shuar Arutam, distribuidas en 47 comunidades, impactadas por el proyecto minero San Carlos-Panantza, en Ecuador, que denuncian no haber sido consultados de manera diligente.

El proyecto petrolero Ishpingo en Ecuador —operado por la compañía China National Petroleum Corporation— y la hidroeléctrica São Manuel en Brasil podrían generar un contacto forzado con pueblos en aislamiento voluntario. En el caso de Ecuador, los pueblos aislados relativamente cercanos al proyecto son los Tagaeri y los Taromenane, según el informe.

El caso ecuatoriano está siendo evaluado por  “la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la gravedad del caso y posible etnocidio”, se señala en el documento.

“Hay un sistemático irrespeto con los derechos de las comunidades locales e indígenas”, según lo señala Marco Gandarillas, responsable de fortalecimiento de capacidades de la organización no gubernamental Latinoamérica Sustentable. Gandarillas también resalta que los estudios de impacto ambiental y los procesos de consulta previa están siendo incompletos.

Más de 800 personas siguen trabajando en el proyecto Mirador, según dice el Viceministro de Minas. Fotografía de Diego Ayala León. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.

La responsabilidad del Estado chino

Los investigadores del informe consultados por Mongabay Latam también reclaman que los proyectos están generando represión contra las comunidades afectadas. En algunos proyectos “hay convenios con empresas de seguridad que afectan los derechos de asociación y protesta de las comunidades”, dice Gandarillas.

“Pese a la intención de las comunidades y las organizaciones, sólo ha sido posible establecer espacios de diálogo esporádicos con las empresas chinas”, agrega.

También asegura que es común que ni el Estado chino, ni las compañías respondan a las comunicaciones de las personas afectadas o las organizaciones no gubernamentales latinoamericanas.

¿Pero quiénes desarrollan los proyectos cuestionados?

Trece de estos son operados por 11 empresas o consorcios chinos y ocho son financiados por bancos del país asiático. Las empresas responsables de los proyectos cuestionados incluyen nombres como Sinohydro Corporation Ltd, en el caso de la hidroeléctrica Ivirizu en Bolivia; y la China National Petroleum Corporation (CNPC), con financiación del Banco de Desarrollo de China, en el proyecto petrolero Orinoco en Venezuela.

En China es frecuente que las empresas sean de capital estatal. Entre los financiadores están el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Banco EXIM), el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de China, todos propiedad del Estado chino.

Para los analistas, el Estado chino no se puede desligar de su obligación de proteger los derechos humanos fuera de su territorio. “El Estado chino tiene una gran responsabilidad. La mayor parte de las empresas son de propiedad estatal, semiestatal o han tenido apoyo financiero de entidades estatales chinas”, señala Gandarillas.

Viana agrega que “es claro que China también tiene obligaciones extraterritoriales en casos en los que el gobierno tiene la obligación de asegurarse que los actores que están bajo su jurisdicción no cometan abusos de derechos humanos, porque eso implicaría un incumplimiento con las obligaciones del Estado. Para nosotros estos casos constituyen incumplimientos a sus obligaciones extraterritoriales bajo el derecho internacional”.

Sofía Jarrín, por su parte, considera que es necesario que se establezcan mecanismos eficaces de seguimiento y control de la actividad empresarial, particularmente donde existen denuncias previas de abuso corporativo.

“Es fundamental contar con canales formales y adecuados de queja y denuncia, que permitan responsabilizar a las empresas y financistas, en virtud de sancionar el comportamiento abusivo de las empresas y garantizar el acceso a la remediación y reparación integral de las comunidades afectadas”, afirma.

Por ahora, celebran que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) haya entregado al país asiático en marzo de 2023 recomendaciones similares a las del colectivo de ONG sobre una mejor debida diligencia en los proyectos chinos en el extranjero.

“Este comité ha dado un paso histórico para exigir mayor responsabilidad de China con sus obligaciones extraterritoriales en derechos humanos en sus proyectos de inversión y financiamiento en el mundo. Esperamos que este país se comprometa con la implementación de las recomendaciones del comité DESC”, dice Gandarillas.

Este periodista buscó conocer la posición de las compañías chinas mencionadas en este artículo a raíz de los hallazgos del informe, pero al cierre de esta publicación no se recibió su respuesta.

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Este artículo se publicó originalmente en Mongabay Latam.

Religión y vida pública

Por Rodolfo Soriano Núñez

En 2023 se cumplen 810 años desde que el papa Inocencio III promulgó, en 1213, la bula Quia Maior, en la que llamaba a la cristiandad a iniciar una Quinta Cruzada. La Quinta Cruzada como tal inició en 1217 y concluiría, con más pena que gloria cuatro años después. No recuperó el control de la Tierra Santa. El único que puede considerarse que logró algo, fue san Francisco de Asís, quien obtuvo del sultán Al-Kamil, permiso para establecer un pequeño monasterio (priorato) que los franciscanos conservan hasta ahora. Como las cuatro anteriores y muchos otros intentos previos del occidente europeo para controlar las rutas de tráfico de mercancías que pasaban por Jerusalén, la Quinta Cruzada fracasó estrepitosamente.

No es que a los ejércitos europeos les hubiera faltado creatividad, recursos o ambición. Ensayaron todos los trucos tácticos y militares de la época; arriesgaron y perdieron fortunas equivalentes a los ingresos totales a la Inglaterra de Ricardo Corazón de León, pero había en la idea misma de la recuperación por medios militares de la Tierra Santa un conflicto insalvable entre los fines (salvar personas, salvar almas) y los medios (la ocupación militar, la violencia y la muerte). Es algo fundamentalmente incompatible, a lo que debía agregarse que, la conversión de vastas regiones de África y Asia al Islam había sido, desde el siglo VIII de la era común, tan sólida como para evitar que las poblaciones locales fueran leales a los europeos que trataban de recuperar la Tierra Santa, creando reinos, principados, protectorados.

Esa incompatibilidad entre los medios y los fines es algo que todavía ahora afecta a quienes, en el occidente cristiano y, más específicamente, católico, insisten en lanzar, cada que pueden, cruzadas. El objetivo ya no es el de recuperar Tierra Santa, pues es claro que eso no se va a lograr. El objetivo ahora, parece ser el de establecer sociedades o países “cristianos”, en los que se respeten ciertos ideales con los que el cristianismo católico de derechas se identifica, aunque menosprecien e incluso de manera activa vayan en contra de la doctrina de la Iglesia católica o, de manera más general, de la filosofía del cristianismo.

Esa manera de entender la política, como una herramienta en la construcción de gobiernos o de países “cristianos” no es exclusiva ya de Europa. De hecho, si uno observa a la mayoría de los países de Europa occidental, lo que encuentra en un activo esfuerzo para tomar distancia de esa manera de entender las relaciones entre religión y política. En algunos países de Europa oriental es posible ver todavía ese tipo de prácticas. De manera notable en Polonia y Hungría, donde gobiernos de la derecha populista identitaria apuestan todo su capital político a un acuerdo con las jerarquías de distintas iglesias cristianas.

Otra región donde fue posible ver ese tipo de práctica de la política fue América Latina que, desde mediados de los noventa y, por lo menos, hasta mediados de la década pasada, impuso una serie de restricciones al aborto. En esa ola de reformas participaron distintos gobiernos de América Latina. En México, durante las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las reformas ocurrieron a escala estatal y no nacional. Fue el caso también en Honduras, El Salvador, Guatemala y, de manera notable, con Daniel Ortega en Nicaragua. Además, en ese periodo se promovieron, incluso en los sistemas de salud pública, las así llamadas “terapias de conversión” de la preferencia sexual, que supuestamente servirían para “curar” a las personas homosexuales de los “males” que les hacen actuar como lo hacen en su vida

En el caso de las leyes en materia de aborto, es notable que ahora vivimos la reacción contra los excesos de décadas pasadas, de modo que, en los últimos cinco años muchas de esas leyes han sido derogadas, sea por decretos del Ejecutivo (como en el caso de Honduras), sea por reformas del Legislativo (como en Argentina y Chile) o por medio de declaratorias de inconstitucionalidad por parte del poder Judicial (como en México). Fue, en más de un sentido, una moderna cruzada.

A pesar de la manera en que esta cruzada fracasó en América Latina, estas ideas están lejos de haber perdido su atractivo. De hecho, en El Salvador y Guatemala, sostienen este tipo de leyes y no hay signos de que pudiera ocurrir algún cambio. En Guatemala, el gobierno actual intentó aprobar en 2022 una ley que, además de elevar todavía más las penas contra el aborto, pretendía impedir por todos los medios dar cualquier tipo de reconocimiento a los matrimonios civiles de personas homosexuales. Al final la iniciativa fracasó, pero el intento existió.

Pero la influencia de esta manera de entender el mundo, el papel de la Iglesia y su doctrina y sus relaciones con el mundo de la política no se agotan ahí. Por una parte, está la influencia de estas ideas en Estados Unidos, que amerita una reflexión por separado. Por otra parte, están los cambios que recién han ocurrido o ocurrirán en el futuro inmediato en África. El más reciente de esos cambios ocurrió en Uganda, el 22 de marzo, cuando el parlamento de ese país de África central, decidió que es ilegal que una persona se identifique a sí misma como homosexual o lesbiana. Lo que es peor, quien se identifique de esa manera enfrenta penas de hasta diez años de cárcel. Por si eso no fuera suficiente, una persona que participe en un acto o relación homosexual podría recibir una pena de cadena perpetua.

Esta nueva ley, aprobada en lo que parecía ser una sesión festiva del parlamento de ese país, se suma a otras que ya penalizan, incluso con cárcel, a las personas que realicen o participen en ese país en “actos homosexuales”. Y no es sólo Uganda. Otros países de África han seguido rutas similares. En total, 30 países de África han aprobado distintas leyes, sea en los ámbitos nacionales o subnacionales, en las que se penalizan los actos, las relaciones o el identificarse como homosexual.

En su viaje a Sudán del Sur, en enero y febrero de este año, el papa Francisco se pronunció públicamente en contra de este tipo de leyes que criminalizan a las personas o los actos de las personas homosexuales. A bordo del avión que lo llevaba de regreso a Roma, el papa expresó su dolor por la incapacidad para distinguir entre las nociones de pecado y de crimen:

Y hace poco dije algo, no lo recuerdo muy bien, en la entrevista de Associated Press. La criminalización de la homosexualidad es una cuestión que no debe dejarse pasar. Se calcula que, más o menos, cincuenta países, de una manera u otra, llevan a cabo esta criminalización. Algunos dicen más, digamos al menos cincuenta. Y algunos de estos —creo que serán diez—, tienen también la pena de muerte. De forma abierta o encubierta, pero pena de muerte. Esto no está bien. Las personas con tendencias homosexuales son hijos de Dios, Dios las ama, Dios las acompaña.

Papa Francisco, conferencia de prensa en el vuelo a Roma, 5 de febrero de 2023.

El papa tiene claro lo peligrosa que es esa confusión. No así el arzobispo de Kampala, la capital de Uganda, Paul Ssemogerere, quien ha permanecido en el más hermético silencio luego de que el parlamento aprobara la nueva ley, que hace más difícil la vida de las personas homosexuales ahí, como se puede ver en la página de Internet de la arquidiócesis.

El silencio de Paul Ssemogerere (izq.) arz. de Kampala, Uganda, sobre la criminalización de la homosexualidad contrasta con lo dicho por el papa Francisco. De la cronología en Twitter de @MagalaJames4.

Y si hubiera alguna evidencia de que penalizar la homosexualidad sirviera de algo, cualquiera estaría dispuesto a considerar si valen la pena o no este tipo de leyes. Pero la realidad es que los países donde se penalizan la homosexualidad, los actos homosexuales y, como ahora en el caso de Uganda, el identificarse como homosexual, acusan problemas de productividad, de desarrollo profesional, de emprendurismo, confianza interpersonal y en las instituciones, lo que se traduce en bajos niveles de desarrollo del así llamado capital social y califican mal en prácticamente cualquier índice que mida la vigencia del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos.

Al final del día, las conductas homosexuales pertenecen al ámbito más privado de la vida de las personas. Incluso países con muy robustos sistemas de justicia, como el Reino Unido, han debido abrogar las legislaciones que prohibían o penalizaban la práctica de la homosexualidad. En el Reino Unido esas leyes estuvieron vigentes desde 1533 y hasta 2009.

Ese tipo de legislación imponía cargas excesivas sobre las personas, que estaban obligadas a vivir sus vidas con el miedo de ser denunciadas. Además, para obligar la observancia de esas leyes, las autoridades debían contar con amplios márgenes de discreción para espiar la vida privada de las personas, de los ciudadanos. Es decir, podían espiarles para demostrar que eran homosexuales.

En lo personal dudo mucho que Uganda, Kenya o, para propósitos prácticos, cualquier país de África o América Latina tengan la capacidad para efectivamente vigilar que las personas no participen en actos homosexuales o se identifiquen como homosexuales. Son leyes pensadas más como instrumentos de propaganda política que, al final del día, logran poco, pero tienen la capacidad para destruir las vidas de miles de personas.

Lo peor de todo, es que más allá de que pudieran existir grupos que en América Latina o África promueven por sus propios medios este tipo de políticas, también es claro que existen grupos mucho más poderosos que impulsan estas políticas desde Estados Unidos. Uno de esos grupos es el llamado en algunos casos La Familia (The Family) y en otros La Hermandad (The Fellowship) que, originado en EU en los setenta, promueve desde hace varios años los así llamados Desayunos de Oración que en países como Guatemala tienen incluso una condición de celebración nacional cada 18 de agosto. La Familia, gracias a los Desayunos de Oración, promueve activamente este tipo de medidas en nombre de Jesús, quien en ninguna porción de los Evangelios habla de la homosexualidad.

Quien desee comprender mejor el papel de la así llamada The Family, puede consultar el documental homónimo que Netflix produjo en 2019, cuya cuarta parte, atinadamente titulada Dictadores, Asesinos y Ladrones, narra la manera en que esta organización promueve este tipo de cambios en las leyes de América Latina y África. En el caso de Uganda, donde The Family opera desde los setenta, durante el régimen de Idi Amín Dadá, como se puede ver en este documental de la Universidad de Michigan, así como en distintos reportajes y análisis de lo que fue ese régimen, al que se considera responsable de la muerte de entre 100 mil y hasta 300 mil disidentes y opositores. En la más reciente reforma en Uganda también participó el grupo llamado Family Life Network, como lo describe este artículo de Foreign Policy.

Esas organizaciones, lo mismo que el arzobispo Ssemogerere parecen no tener claro la distinción que hace el papa Francisco entre pecado y delito. Parecen, igualmente, incapaces de entender qué tan contraproducente es para el cristianismo embarcarse en este tipo de proyectos que recuerdan en todo a las cruzadas de la Edad Media.

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