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Mexico Violento

Peña y Eruviel, involucrados en fraude de 107 millones de dólares

Peña y Eruviel, involucrados por medios mexicanos en un fraude de 1700 millones de pesos destinado a funadación y empresa relacionadas con Educación

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El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila y el presidente de México Enriqeu Peña. Foto: ultra.com.mx

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila y el presidente de México Enrique Peña. Foto: ultra.com.mx

El gobierno federal y el Edomex donan mil 700 millones de pesos a una fundación y a una empresa, sin pedirles cuentas

7 julio, 2015 / Revista Nexos

Por Andrés Lajous y Paris Martínez

La Fundación Proacceso y la empresa Enova han recibido en seis años donativos oficiales por mil 700 millones de pesos, a cambio de la promesa de mejorar los niveles de educación primaria entre los alumnos mexiquenses. Sobre el destino de esos recursos públicos no existen auditorías gubernamentales. Según revela una investigación de dos años realizada por los autores, no hay tampoco evaluaciones que indiquen si esos donativos ocasionaron mejora alguna en el nivel académico de los alumnos: mil 700 millones de pesos después, solo puede hablarse de un exitoso modelo para obtener dinero público sin comprobar resultados ni tener que rendir cuentas

***

En febrero del 2013, el columnista de The New York Times Thomas Friedman describió con optimismo el futuro de México. Uno de los elementos que habían despertado su entusiasmo fue la existencia de “una masa crítica de jóvenes, innovadores confiados, tratando de solucionar los problemas de México, mejorando y aprovechando la tecnología y la globalización”.1 Como ejemplo de esa juventud innovadora, Friedman señaló a los fundadores de la empresa Enova, creadora de un programa para niños y adultos pobres que, con una batería de profesores, enseñaba matemáticas y mejoraba habilidades de lectura.

Enova—se presenta como “empresa social”— es una firma mexicana que ha recibido mil 700 millones de pesos en los últimos seis años. Actualmente está formada por tres socios, Moís Cherem, Raúl Maldonado, y Jorge Camil Starr.

La empresa comenzó en 2008 con un pequeño contrato del gobierno del Estado de México para mejorar el diseño y desempeño del portal del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt).

Un año después, el Comecyt le dio otro contrato para implementar cambios a su página de internet, por poco más de seiscientos mil pesos.3 Es, sin embargo, a partir de 2010 que las transferencias a Enova—siempre a través de un intermediario: la Fundación Proacceso ECO A.C.—, se volvieron millonarias.

Con esas transferencias, el grupo Enova/Proacceso creó en el Estado de México una cadena de escuelas privadas de cómputo formada por 70 sucursales, denominada Red de Innovación y Aprendizaje (RIA), que a pesar de que usan recursos públicos para su instalación, le cobran a los usuarios.

También abrieron 50 centros “gratuitos”, nombrados Bibliotecas Digitales, cuyos servicios no son cobrados a la ciudadanía, sino a las autoridades.

Proacceso fue fundada en diciembre de 2008 por Aleph Molinari, su actual director, y por Karla Valenzuela Pérez, quien hoy es la directora general adjunta de Ahorro y Regulación Financiera en la Secretaría de Hacienda.4

En 2009, por ejemplo, por instrucciones del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) donó a Proacceso 56 millones de pesos de su presupuesto, equivalentes al 29.5% de los recursos con que ese organismo contó en ese año.5

Luego, en 2010, comenzó un aumento progresivo en los recursos otorgados: ese año, el Comecyt dio 74.3 millones de pesos;6 en 2011 fueron 111 millones;7 en 2012, 110 millones de pesos.8 En esos años, dichas aportaciones fueron las únicas que hizo Comecyt en el rubro de apoyos para el fomento de proyectos ciudadanos vinculados a ciencia y tecnología. Después, en 2013 recibió 140 millones de pesos,9 en 2014 en total 159 millones,10 y en marzo de 2015 se pactó la más reciente entrega, de 174 millones de pesos.11 Estas aportaciones fueron las únicas que hizo Comecyt en el rubro de apoyos para el fomento a proyectos civiles de ciencia y la tecnología. Además, en 2014 el gobierno del Estado de México adjudicó 22 contratos por un total de 40 millones para el suministro de insumos digitales a la empresa Enova.12

Siempre en asociación con Enova, la Fundación Proacceso ha recibido también asignaciones directas del presupuesto federal.

En 2010, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), obtuvo 90 millones de pesos procedentes de la Ampliación al Ramo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinada a apoyar proyectos científicos, por lo que, en ese año, la Red de Innovación y Aprendizaje se convirtió en el segundo proyecto que más recursos públicos obtuvo de dicho fondo, sólo detrás del Gran Telescopio Milimétrico.13

Un año más tarde (2011) la fundación ya estaba a la cabeza de las iniciativas científicas con mayor financiamiento federal, gracias a los 80 millones de pesos que obtuvo ese año de la Ampliación al Ramo 38.14

En el 2012, recibió otros 140 millones de pesos asignados de la misma forma por vía del Conacyt,15 a los que se sumaron otros 89.3 millones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).16

A partir de 2013 la fórmula de donación varió ligeramente. Los recursos dejaron de provenir del Ramo 38 y comenzaron a salir del Fondo de Cultura del Presupuesto de la Federación, es decir, de los recursos asignados al Conaculta.17

Nuevamente, el grupo se convirtió en el mayor destinatario de recursos de la federación, ahora en el área de cultura. En 2013: 200 millones de pesos. En 2014: 157.3 millones.18 En 2015: 119.1 millones.19

A todo esto se suman cinco millones de pesos que la SEP entregó a la fundación entre 2010 y 2011 para el desarrollo de “videojuegos lúdicos”, empleados en la cadena de escuelas de bajo costo que Proacceso opera en asociación con Enova.20

En total: 867.9 millones recibidos del gobierno mexiquense y 880.7 millones del gobierno federal.

Aleph Molinari, presidente de Proacceso ECO, y Moís Cherem, director de Enova, explican en entrevista conjunta que sólo hay una “alianza” entre ambas. Sin embargo, operan unidas: juntos diseñan los proyectos y luego la fundación gestiona los recursos del gobierno, que usa para comprarle a Enova los insumos y servicios; además de que hasta hace poco compartían las mismas oficinas en la colonia Roma, en la ciudad de México.

Incluso, en ceremonias oficiales se ha dejado ver que no sólo existe una “alianza” entre Proacceso ECO y Enova. En 2009, al inaugurar las primeras 10 escuelas en presencia del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, Moís Cherem no fue presentado oficialmente como directivo de Enova, sino como “miembro del Consejo Directivo de la Fundación Proacceso”.21 En otro evento, en 2011, Peña Nieto inauguró centros de la RIA acompañado, no por un representante de Proacceso, sino por Jorge Camil, a quien presentó como “director de Enova”.22

En marzo de 2013, el sucesor de Peña Nieto en el ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila, aseguró que “las bibliotecas [digitales] se llevaron a cabo a través de Enova, en especial de Jorge Camil, quien impulsó estas bibliotecas”.23

Entre amigos

Pero además, el destino y los resultados de la inversión no son evaluados por ninguna dependencia oficial. Las evaluaciones, como aceptan los mismos responsables de la empresa y la fundación, son “internas”.

De acuerdo con estas evaluaciones, los niños y las niñas de primaria que asisten a los cursos RIA han logrado un “incremento del desempeño en la prueba Enlace” de 6% en español y 7% en matemáticas, tal como concluye un estudio que Proacceso/Enova encargaron a la consultoría privada C230 Consultores, en 2011.

Dicho estudio señala que “se detectaron efectos positivos y significativos” en los alumnos de cuarto grado de primaria que tomaron el curso insignia de los centros RIA, denominado La Expedición, dato que la página de internet de la RIA se encarga de destacar.

El estudio no menciona, sin embargo, que esos niños que mostraron mejor aprovechamiento académico tras el curso La Expedición eran alumnos de primarias públicas previamente seleccionados por sus buenas calificaciones. Tampoco menciona que C230 Consultores no detectó ningún progreso académico entre alumnos de tercero, quinto y sexto grados de primaria, luego de su paso por las aulas de la Red de Innovación y Aprendizaje.

En 2013, el curso La Expedición fue nuevamente evaluado “internamente”. Ahí sí se obtuvieron grandes resultados: Según esta autoevaluación, en sus 30 horas de duración, el curso La Expedición genera el mismo impacto que un “profesor de alto desempeño”, en todo un año de enseñanza.

Sin embargo, la propia autoevaluación revela que la “comprensión lectora” de los niños había empeorado luego de tomar el curso insignia de la RIA.

Una segunda autoevaluación en 2013 concluye que “no se detectó ningún impacto significativo” en el rendimiento académico de quienes habían recibido el curso de 30 horas.

En lo que toca a las Bibliotecas Digitales, tampoco existe evaluación gubernamental de resultados. Ni hay evaluación interna.

fundacion

La relación directa con el gobierno

Los primeros recursos, entregados en 2009, se dieron a un grupo de “emprendedores” que, como ellos mismos admiten, no tenían experiencia previa en el ramo y, fueron otorgados apenas seis meses después de que diseñaran el proyecto. Eran, como ellos cuentan, recién egresados de la escuela.

Ese primer donativo de 56 millones de pesos, que sirvió para que seis meses después se inauguraran las primeras 10 escuelas de la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA) y que fueron inauguradas por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, ni siquiera existe en documentos oficiales, tal como consta en el oficio 203G13000/079/2015, fechado en febrero de 2015, donde se explica que el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) “no cuenta con documentos” que sustenten dicha donación.

Aunque por ley esta aportación debió ser aprobada en una sesión oficial de la Junta Directiva del Comecyt, la institución reconoce que carece de documentos que indiquen que dicha sesión oficial fue realizada.

El mismo Aleph Molinari explica cómo se dio esa primera donación: “El primer convenio que tuvimos se le presentó directo al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Finanzas (estatal). Era una mesa grande, como de 30 personas, y entre ellas hicieron la determinación de entregar los recursos. La determinación no vino del Comecyt, sino que el Comecyt fue el vehículo”.

Por esta misma razón no se establecieron mecanismos legales para evaluar el gasto ni se definieron auditorías que determinaran si la inversión de recursos públicos había tenido efectos positivos.

Luego, las donaciones subsecuentes sí establecieron por escrito convenios oficiales que obligaban a la autoridad a realizar auditorías financieras y de resultados.

Pero el Comecyt, a pregunta expresa, reconoció en el mismo oficio 203G10100/079/2015 que no había realizado las auditorías correspondientes aún cuando, desde 2011, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) determinó que ésta era una obligación a la que el Comecyt estaba faltando.

Según el OSFEM, estas auditorías no sólo tenían el objetivo de “verificar la aplicación de los recursos otorgados”, sino también el de “evaluar los beneficios que la Fundación brinda a la sociedad”. El Órgano Fiscalizador señaló, no obstante, que “se observó que el Comecyt no ha cumplido con lo establecido en el convenio respecto a realizar auditorías a la Fundación Proacceso Eco AC”.

Lo mismo ocurre con las donaciones de las dependencias federales Conacyt y Conaculta. Aún cuando a ambas se le solicitaron entrevistas formales al respecto, ninguna de las dos dependencias quiso explicar cuál había sido el criterio para aprobar dichas donaciones.

—¿Cómo fue el proceso de gestión para solicitar los recursos federales? —se le pregunta a Aleph Molinari.

—Todos los convenios, todos los recursos que fueron asignados, lo fueron a través de una solicitud de apoyo, y esa solicitud de apoyo normalmente va directo a la Cámara de Diputados, en particular a la Comisión de Ciencia y Tecnología, y esa es una Comisión legislativa que está consensuada, que tiene muchos diputados, y entre ellos determinan qué se va a hacer con esos fondos y cómo se van a etiquetar. Se siguió el proceso legal más democrático posible, el cual es: se le entrega a la Cámara de Diputados una propuesta de proyecto, una solicitud de apoyo, en la cual se detalla de qué se va a tratar el proyecto, cuáles van a ser los alcances, qué se va a construir, básicamente qué se va a lograr. No fue algo negociado con el Ejecutivo, ni con el Estado de México, ni con las entidades que canalizaron los fondos. Esto fue algo (pactado) directamente con la Cámara de Diputados.

Para verificar esta afirmación, se solicitó entrevista con el ex diputado Reyes Tamez, quien encabezó la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados en 2010 y 2011, época en que comenzaron a fluir los fondos federales hacia Proacceso. Sin embargo, el doctor Tamez Guerra —actualmente asignado al Departamento de Inmunología de la Universidad Autónoma de Nuevo León— tampoco aceptó hablar del asunto.

Al consultar los registros de actas de sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, brinca un dato importante:

El 8 diciembre de 2009 esta comisión fue citada para discutir el borrador del presupuesto de Egresos de 2010, en lo relativo al Ramo 38, en el que se incluyeron las donaciones hechas a Proacceso. Pero dicha discusión “se pospuso”, tal como señala el acta respectiva, y no fue convocada a una nueva sesión de trabajo sino hasta enero de 2010, cuando el Presupuesto de Egresos —y las donaciones a Proacceso— ya habían sido aprobadas por el pleno legislativo.

En septiembre de 2010, la comisión discutió el presupuesto de Egresos del año siguiente, en lo relativo al Ramo 38. Según el informe de actividades del periodo septiembre 2010-marzo 2011, en ningún momento se discutió nada relacionado con una donación para Proacceso.

De hecho, ningún informe de labores de la Comisión de Ciencia y Tecnología, entre 2010 y 2014, reporta que se haya discutido alguna asignación de recursos para este grupo de jóvenes “emprendedores”. Aún así, los fondos les fueron etiquetados y entregados.

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública federal informó, en marzo de 2015, que “de la búsqueda realizada en sus archivos, no localizó información relacionada con alguna auditoría en la que se haya revisado los contratos o convenios”24 de donación y asignación de recursos con los cuales, de forma separada, la SEP, el Conacyt y el Conaculta entregaron a Proacceso-Enova los 877 millones de pesos donados por la vía federal.

En la misma línea, la Secretaría de Educación Pública notificó que “no se localizó documentación que acredite auditoría alguna de la SEP”.25

El Conacyt, además, reconoció que tampoco ha evaluado el impacto que estas escuelas y centros de cómputo han tenido en sus usuarios o en las comunidades en las que se construyeron.

El expediente relacionado con las donaciones a Proacceso/Enova provenientes de Conaculta, y proporcionado por esta dependencia, no incluye tampoco ninguna auditoría de resultados.

enova

La triangulación de recursos públicos

—La empresa Enova —explica su director general, Moís Cherem— es una “empresa social”, es decir, la forma en que operamos tiene una característica social y buscamos algo más que la maximización de utilidades, que es como operaría una empresa convencional.

Lo cierto es que prácticamente todos los recursos públicos que se han otorgado a Proacceso han acabado en manos de Enova. Las finanzas de Enova, por ser las de una empresa privada, no están abiertas a escrutinio público.

Este es, según Alberto Serdán, del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), “uno de los mecanismos clásicos de triangulación para sacar ventaja irregular de los recursos públicos, y funciona así: una asociación civil, que por ley no puede tener márgenes de ganancias o utilidades (es decir, no puede acceder a recursos públicos para luego repartirlos entre los asociados), pide recursos al gobierno. Ya que tiene esos recursos contrata a una empresa amiga para que brinde sus servicios, incluso con sobreprecios, ya que esa empresa sí puede acumular dividendos”.

Mónica Tapia, especialista en financiamiento y transparencia de organizaciones de la sociedad civil, así como ex directora de Alternativas y Capacidades AC, abunda: “Este esquema de financiamiento no es atípico, aunque frente a una nueva agenda de transparencia e institucionalidad, debería serlo. Se ha vuelto común, sin embargo, que desde el presupuesto federal o con asignaciones directas por parte de secretarías, se tomen decisiones discrecionales sobre el financiamiento que se entrega las organizaciones de la sociedad civil”.

Agrega Tapia: “De los recursos que asignan instituciones gubernamentales a organizaciones civiles, sólo 30% se otorgan a través de concursos abiertos, lo demás depende de las asignaciones que hacen directamente funcionarios públicos, sin comités evaluadores. A través de este mecanismo de triangulación de recursos, las empresas que quieren proveer servicios al gobierno pueden brincarse los procesos de concurso por licitación, y obtener dicho financiamiento por intermediación de una asociación civil. El problema es que si la normatividad en la asignación a organizaciones civiles es laxa, entonces la rendición de cuentas, no sólo en términos financieros, sino también en términos de resultados concretos, termina siendo igualmente laxa”.

En contrapartida, según Proacceso y Enova, sus escuelas RIA sí tienen un impacto en la comunidad en la que se encuentran sus sucursales, y se trata de un efecto “positivo” ya que, sostienen, esas sucursales fueron construidas siguiendo una metodología que denominan “acupuntura urbana”. La “acupuntura urbana”, señala Enova, permite “determinar los puntos concretos donde deben instalarse los centros para lograr mayor impacto (…) De esta manera, cada centro RIA beneficia a un promedio de 10.7 escuelas en un radio de dos kilómetros”.

Sin embargo, los resultados de la prueba Enlace por plantel escolar, en los 34 municipios del estado de México en donde Proacceso-Enova han instalado sus centros RIA, no revelan dicho impacto.

En esos municipios mexiquenses existen 2 mil 268 planteles públicos de educación primaria, urbanos y rurales —tal como se desprende de la base de datos de la SEP. 373 de estos quedan a un kilómetro, o menos, de algún Centro RIA.

Según los resultados Enlace 2013, en 46% de esos 373 planteles hubo un descenso en el desempeño de alumnos de tercer grado en la materia de español. Además, 59% registró una disminución en aprovechamiento de esta asignatura en cuarto grado. En quinto grado, 51.7% de las primarias empeoraron su rendimiento en español; mientras que, en sexto grado, los resultados regresivos se registraron en 55.7% de los planteles.

En matemáticas, 30.9% de los alumnos de estas escuelas ubicadas a un kilómetro o menos de las RIA mostraron un descenso en su desempeño en tercer grado; situación que se replicó en 51% de los planteles, en cuarto grado; en 45.8%, en quinto grado; así como en 44% de las escuelas, en sexto.

Así pues, la prueba Enlace 2013 —última evaluación nacional de desempeño académico realizada hasta la fecha— deja ver que, a pesar de la existencia de la Red de Innovación y Aprendizaje, el rendimiento académico de los alumnos en buena parte de las escuelas cercanas a sus sucursales empeoró.

Peor aún: entre las 373 escuelas públicas próximas a las RIA existen diez cuyo desempeño académico empeoró en todos los grados, sin excepción, tanto en español como en matemáticas.

Gasto sin focalización

Bajo esta lógica de “acupuntura urbana”, Proacceso y Enova afirman que han ubicado “estratégicamente” sus 70 centros RIA, a lo largo de “una de las áreas más densamente pobladas y con menos ingresos de México”, con el objetivo de llevar “educación de calidad y tecnología” a los “habitantes de comunidades marginadas”.

De hecho, en su página de internet se afirma que “la población que habita las zonas de cobertura de la RIA” tiene un ingreso “de 30 pesos diarios por persona”. Por ello, según Proacceso, sus escuelas están enclavadas en regiones donde la población gana menos de la mitad del salario mínimo.

Sin embargo, de los 34 municipios mexiquenses en donde la dupla Proacceso/Enova ha montado sus escuelas de bajo costo, 29 gozan de un nivel de marginalidad “muy bajo” (25 ayuntamientos), es decir los municipios con menos pobreza, y “bajo” (4 ayuntamientos), según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que es la autoridad encargada de medir la pobreza en México.

Es en estos municipios de bajo y muy bajo rezago social donde se ubican 64 de los 70 centros RIA. En contraste, sólo uno de los municipios mexiquenses en donde la RIA tiene presencia es en realidad uno de los más pobres o de “alto rezago social”, según el Coneval.

En éste existe únicamente un plantel de esta cadena de escuelas privadas. En los otros siete municipios del Estado de México que se catalogan como zonas de alta marginación, la Red de Innovación y Aprendizaje no ha desarrollado ninguna actividad en seis años de existencia.

Cuestionados al respecto, Molinari y Cherem admiten que sus sucursales fueron ubicadas en zonas “con variabilidad de ingreso muy alta, en donde hay zonas comerciales, pero también una pobreza bastante fuerte”. Así, señala Moís Cherem, a los usuarios de sus centros digitales no hay que ubicarlos realmente en el estrato de marginalidad, como Proacceso/Enova aseguran públicamente, sino que “los tienes que ubicar en el ingreso medio”.

Los centros RIA son espacios dotados con entre 30 y 50 computadoras, con aulas internas construidas con madera reciclada y áreas acondicionadas para la convivencia de los alumnos. Todo dentro de galerones rentados, en los que se imparten cursos rápidos de cómputo e inglés. Los costos al público van de $70 a $1,200 pesos, según la duración del curso.

El éxito de estos centros, destacó Moís Cherem, puede ser medido por el número de personas inscritas en seis años de existencia: 561 mil 562 usuarios.

No obstante, de esos 561 mil 562 usuarios, 68% nunca ha asistido a las aulas RIA. En realidad, el número de personas que ha tomado —y pagado— alguno de los cursos que se imparten en la RIA es bastante menor: 183 mil 476 usuarios, según sus propios reportes.

—El hecho de que la ciudadanía tenga que pagar por los servicios que brindan estas escuelas, aún cuando toda su operación es sufragada con recursos públicos, ¿implica un doble cobro por parte de Proacceso? —se pregunta a su presidente, Aleph Molinari.

—Es interesante la pregunta —afirma—, nunca me la habían hecho, y la respuesta es: no. Porque dar servicios de calidad requiere dinero, y en términos de educación, no hay manera de hacerlo sin un subsidio oficial. Y por lo que toca a lo que pagan los usuarios, nosotros le estamos dando más cosas al usuario de lo que ves aquí (en referencia a las instalaciones de la Red de Innovación y Aprendizaje): eso incluye el diploma que les damos, e incluye el cuaderno de trabajo que se llevan…

La expansión nacional de Enova/Proacceso

Apenas en marzo pasado, el nuevo proyecto de Proacceso/Enova comenzó a ser revelado, luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal inaugurase 32 centros digitales denominados “Puntos México Conectado”, uno en cada entidad de la república.

Para construir y operar estos centros, la SCT dio contratos a diversas empresas tras una licitación para el arrendamiento del equipo de cómputo26 y para el “outsourcing” del personal.27

Llama la atención que no hay información sobre qué empresa da el servicio de operación y contenidos en ellos, o si hubo alguna licitación.

En una revisión del contenido de los “cursos” que se ofrecen en los centros de la RIA y los “Puntos México Conectado”, se encontró que el contenido y estructura son idénticos. Su similitud es tal que, en sus respectivas páginas de internet, contienen el mismo texto para describirlos.

También se pudo verificar que el despacho de arquitectos Ludens, que desarrolló el diseño de los centros RIA en el Estado de México, fue el encargado de diseñar los puntos de México Conectado.28

Se consultó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable del programa “México Conectado”, sobre quién provee los contenidos y cursos a estos centros digitales, pero esta dependencia guardó silencio, lo mismo que el grupo Enova-Proacceso.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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