Por Emilio Godoy/Periodistas por el Planeta

MÉXICO.– Si hay un pueblo que sabe de primera mano el significado de la injusticia hídrica ese es el yaqui, uno de los 69 pueblos indígenas que habitan en México. Y más hoy, que llevan semanas reclamando por la desaparición de uno de sus líderes, Tomás Rojo, cuyo rostro y voz es símbolo de lo que se conoce como “guerra por el agua”.

Un acueducto, tres embalses y falta de agua potable son testimonio de una historia que ha arrinconado a este colectivo aborigen, compuesto de ocho pueblos del estado de Sonora, en el norte mexicano. El agua ha sido tan consustancial para su cultura y su existencia como la tierra, un nudo indisoluble que, desatado, es la brújula hacia la extinción.

Tomás Rojo es vocero de la tribu e integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua. “(Las obras) Han sido construidas sin el consentimiento de la población”, dijo a este cronista, semanas antes de su desaparición el jueves 27 de mayo luego de salir temprano a caminar en Vícam, su comunidad.

El cociente de esa ecuación de infraestructura es cada vez menos agua para su pueblo y sus actividades económicas, entre las que se destaca la agricultura, por ser la más importante.

Tomás Rojo, el tercero de izquierda, uno de los líderes del pueblo yaqui y símbolo de la “guerra del agua” en México, que está desaparecido desde el 27 de mayo. Foto: Centro Prodh

Historia de la injusticia hídrica

Entre los años 40 y 60, el gobierno mexicano construyó tres represas para riego y generación eléctrica en la zona. En antelación a esos planes, en 1937 les adjudicó unas 450 000 hectáreas y en 1940, la mitad del caudal del río Yaqui, el más importante de la región, con una cuota de 250 millones de metros cúbicos al año.

Otro trago seco fue la construcción del Acueducto Independencia, inaugurado en 2013, con capacidad instalada de 75 millones de metros cúbicos. Este traslada el líquido desde la presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo, a unos 1890 kilómetros al norte de Ciudad de México —un trasvase de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora—, para cubrir el crecimiento urbano e industrial.

A esa lista se suma el impacto de la crisis climática en la región, donde el agua disponible proviene de las lluvias estacionales.

Infografía: Pablo Omar Iglesias.

“Ahora el problema es la sequía, hay un déficit de agua. El cambio climático sigue afectando. Tenemos que estar previendo esas situaciones, la disputa del agua, el efecto del cambio climático, las proyecciones deficitarias”, advirtió Rojo, cuya aparición con vida está siendo reclamada a viva voz en México.

Al respecto, productores agrícolas del Valle del Yaqui afirmaron: “Es preocupante que, en el arranque del Plan de Justicia para los pueblos Yaquis, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya desaparecido una persona que siempre se preocupó por su pueblo y que su vida esté en peligro”.

Cóctel de amenazas

El conflicto por el agua en Sonora es un ingrediente del cóctel que amenaza a México, un país de unas 129 millones de personas altamente vulnerable a los efectos de la emergencia climática, como sequías, tormentas intensas, inundaciones, aumento de la temperatura y suba del nivel del mar.

A ello se suma una paradoja: mientras el sur y el sureste tienen agua en exceso, los habitantes del centro al norte se enfrentan a su insuficiencia.

Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación Sierra Nevada de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), enumera los fenómenos que marcan el agua en el país: acaparamiento por empresas agrícolas, mineras, inmobiliarias, hoteleras, embotelladoras y cerveceras; contaminación, agudizamiento ante vulnerabilidad por sequías, inundaciones y sobreexplotación de acuíferos.

“La crisis del agua es parte de lo que vemos todos los días”, apunta.

Infografía: Pablo Omar Iglesias.

Abastecimiento del líquido a centros urbanos y áreas rurales remotas; deterioro de la calidad de ríos, lagos y embalses; mal manejo de aguas residuales; invisibilidad de la importancia de las aguas subterráneas; visión limitada de la gestión de cuencas; fallas de regulación del acceso a aguas superficiales y subterráneas fueron los hallazgos del estudio “Problemática y política del agua”, parte de la “Agenda Ambiental 2018” que un grupo de académicos entregó al entonces presidente electo López Obrador.

La adición de esas contrariedades resulta en conflictos, como el que viven los Yaquis en Sonora.

Esteban Castro, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), quien ha centrado parte de su trabajo en la situación hídrica de México, recuerda que este país latinoamericano ha sido pionero en identificar conflictos. En 1981, los había en 93 ciudades.

“Se sabía que se iban a agravar. Hay cosas que no han avanzado y que no se han resuelto, algunas graves. Hay conflictos entre usos rivales del agua: Ciudad de México extrae agua de varios estados y eso genera conflictos que siguen allí. Los intentos de regular la extracción han fracasado en el país. La mayor parte del agua se extrae de forma ilegal, de forma consentida. La gestión se ha vuelto más compleja”, explica.

La suma de esas dificultades interpone un obstáculo mayúsculo para que México logre la meta de agua limpia y saneamiento para toda la población, el sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por Naciones Unidas en 2015 y que deben cumplirse para 2030.

Un país que se seca

México cuenta con una superficie de 1,96 millones de kilómetros cuadrados. De ellos,  67 % es árido y semiárido, y solo 33 % restante, húmedo. La disparidad hídrica es un reflejo de su geografía.

En 2018, el agua renovable totalizó 451 585 millones de metros cúbicos, equivalentes a cubrir todo el país con 23 centímetros de agua. El 67 % se da en el sur y sureste;  33 %, en el norte y noreste, según datos de la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A saber: el agua renovable es la cantidad máxima factible de explotar anualmente sin alterar el ecosistema y que equivale al aporte de la lluvia.

De cada 100 litros de lluvia, 72 regresan a la atmósfera por evotranspiración; 22 se escurren por ríos y arroyos; y 6 se infiltran en los 653 acuíferos, 108 de los cuales estaban sobreexplotados, 32 tenían suelos salinos o agua salobre y 18, intrusión de agua salada marina (por la suba del nivel del mar y su infiltración en los mantos freáticos).

Aunque su importancia ha sido invisibilizada, el agua subterránea es fundamental para México, que posee 757 cuencas hidrológicas, pues 39 % de los usos nacionales —excepto la hidroelectricidad— depende de ella.

En 2021, el país viene padeciendo una dura sequía que impacta severamente la agricultura, la ganadería y la disponibilidad de líquido para centros urbanos. A pesar del inicio de la temporada lluviosa en mayo, más de la mitad del territorio presenta condiciones secas.

Esas estadísticas transmiten una imagen más compleja. Si bien México tenía en 2017 un grado de presión nacional bajo (19,5 %), su riesgo de estrés hídrico es alto, de acuerdo a la plataforma Aqueduct, elaborada por la Alianza Aqueduct, formada por gobiernos, empresas y fundaciones. De hecho, México es el segundo país de América en estrés hídrico, detrás de Chile.

El grado de presión sale de dividir el agua usada entre la renovable. Se considera “alto” si es mayor a 40 % y “sin estrés” cuando es menor a 10 %. En contraposición, el estrés aparece cuando la demanda excede la cantidad disponible.

Riesgo dispar

El territorio mexicano parece una paleta de colores. Del centro al norte pueden sufrir estrés hídrico en 2040. En tanto, la esquina noroccidental presenta riesgo medio-alto de empobrecimiento de acuíferos. Y prácticamente todo el golfo de México y el mar Caribe, riesgo medio-alto de sequía.

El país registra un uso intenso de agua, reflejado en su huella hídrica (el impacto de las actividades humanas sobre el recurso) de 1978 m3/persona al año, cuando la media global es 1385.

Para Patricia Ávila, académica del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un problema multidimensional.

“El agua es el reflejo de los problemas nacionales. La población más pobre tiene acceso diferente en términos de cantidad y calidad. Que haya cobertura no garantiza que tengan agua. Para la población rural, pobres urbanos y zonas indígenas, el acceso es muy limitado. Incluso en las ciudades no hay agua corriente todos los días”, explica.

A esos fenómenos, la experta añade el deterioro ambiental por la destrucción de bosques y la construcción de infraestructura, así como la contaminación del agua, al grado de que “muchas fuentes ya no son potables para garantizar condiciones adecuadas para la población”.

Datos de Oxfam indican que casi 10 millones de personas carecen de agua en sus hogares.

La situación de Ciudad de México, con más de 8 millones de habitantes, es particularmente delicada.

Se encamina al llamado “Día Cero”, cuando se quedará sin recurso suficiente para satisfacer sus necesidades. Es el tercer de los 33 estados del país con mayor estrés hídrico, detrás de Baja California Sur (territorio árido) y Guanajuato (debido a las actividades agrícolas).

Escasez de dinero

A pesar de la problemática, el presupuesto de Conagua se ha achicado en al menos 50% entre 2015 y 2021. La provisión de agua potable absorbe la mayoría de esos fondos.

La austeridad impuesta por López Obrador desde que llegó al poder en diciembre de 2018, con tal de poder financiar megaproyectos como una refinería en la costa del golfo de México y el Tren Maya que recorrerá cinco estados en el sur-sureste, ha hecho mella en el sector ambiental, incluido el ramo hídrico.

En 2019, su administración lanzó el “Programa Nacional Estratégico para el Conocimiento y Gestión de Cuencas de Agua para el Bien Común y la Justicia Ambiental”, con el fin de investigar soluciones a la gestión del líquido. De 47 proyectos elegidos, el gobierno seleccionará un pequeño grupo para un trabajo de cinco años.

En la medida en que avanza el reloj climático hacia desastres de peores consecuencias, a México, como al mundo entero, tiempo no le sobra.

Para Omar Arellano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, existe necesidad de avanzar hacia una perspectiva renovadora de la gestión del agua y de cuencas.

“Hay un avance que no atiende de manera profunda y determinada los problemas, hay muchas simulaciones. Por ejemplo, hay propuestas de recuperación de ríos, pero no hay participación ciudadana. La visión se sigue basando en tubos, concreto y plantas de tratamiento”, cuestiona.

Tiempo de descuento

En una dimensión paralela, una nueva ley del sector está atorada en la Cámara de Diputados. Hasta ahora, esa institución ha recibido seis iniciativas, entre ellas la primera del país elaborada por organizaciones de defensa del derecho humano al agua, pueblos indígenas, productores agrícolas y académicos.

México incluyó el derecho humano al agua en su Constitución en 2012 y, por mandato legal, tenía un año para aprobar una nueva Ley de Aguas. Ese incumplimiento va por su séptimo año, como si arrancar hojas al calendario fuese ya un oficio.

El debate alrededor de esa nueva legislación refleja los conflictos por el recurso, pues mientras empresas y políticos abogan por mantener el estatus quo, otros grupos quieren una regulación que cambie la visión sobre su manejo.

Luego de siete años de foros y talleres, la iniciativa ciudadana se construyó sobre 12 consensos. Entre ellos: respetar el líquido de pueblos y comunidades; prohibir la entrega de agua para minería tóxica y fractura hidráulica (o fracking); acabar con el acaparamiento de concesiones; evitar la privatización de servicios hídricos; garantizar pleno acceso a la información y recursos públicos suficientes para el ramo.

Sin embargo, la ley no parece ser prioritaria para el Gobierno y el partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y ha quedado a la expectativa de la recomposición del Congreso legislativo mexicano.

“Es necesario tener una ley de aguas que esté a la altura de lo que el país necesita”, plantea Moctezuma, académico de la UAM.

Para Castro, investigador de Conicet, la ley no lo es todo: primero se tiene que aplicar. “Esperamos que pase una ley en México que permita la gestión más democrática del agua. Si se aprueba un proyecto progresista, ese logro será resultado de una lucha en relación con los conflictos. Pero, las injusticias no se van a resolver de un día para el otro”, resalta.

El negocio de la escasez

El pueblo yaqui espera algo más que una ley para tener agua suficiente.

“Si los riesgos se concretan, prácticamente dejará al sur de Sonora con gran déficit de agua y condenaría la existencia de la tribu. Tal vez tenga que pasar una generación que sufra los estragos más amargos, pues la proyección a 2030 para la cuenca del Yaqui es un déficit de 270 millones de metros cúbicos. Si se agrega las extracciones ilegales, va a ser más crítico. Hacen del agua una mercancía muy cara en Sonora, la escasez es negocio de especuladores”, lamentó Rojo.

La comunidad y el gobierno ya firmaron un acuerdo para la construcción de un acueducto, planta potabilizadora y alcantarillado, así como la transferencia de la gestión de un distrito de riego por unas 23 000 hectáreas que han gestionado de facto desde años.

Si bien Ávila conserva la esperanza de que las investigaciones en marcha ayuden a resolver los problemas, guarda reservas similares sobre la postura gubernamental.

“No estamos seguros si al gobierno le interesa hacer los cambios necesarios o si va a poder hacerlos. No veo cambios, no veo una visión diferente. No han internalizado el cambio climático en las medidas”, sostiene, y propone una reconversión agrícola a partir del faltante de líquido y diversificación de fuentes, como la captura de agua de lluvia.

Solo una cosa parece cierta. La crisis climática hará más cuesta arriba que haya recurso para todos.

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IMAGEN PORTADA.

Este artículo es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.

Por Joselaine Gutiérrez/Guadalupe Lizárraga

A casi tres meses de haber iniciado un plantón permanente en busca de justicia, Elizabeth Pérez, familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón, torturado y encarcelado en 2010 bajo cargos de homicidio después de denunciar la narcocorrupción de militares de alto rango en la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló que han sido amenazados vía mensajes de texto a sus celulares, los investigan militares que se hacen pasar por periodistas o personas que supuestamente son militares de rango para ayudarlos y han sido intimidados por las fuerzas antimotines.

De acuerdo con el testimonio, los militares han grabado y fotografiado en diversas ocasiones a las víctimas del Ejército y a quienes los visitan en solidaridad, y explicó que un militar se hizo pasar por reportero esta mañana y se identificó como Manuel Méndez, estudiante de periodismo de “Radio Fonético”, por lo que quedó registrado en un video por Facebook que Elizabeth Pérez transmitió en vivo por su seguridad.

La lucha contra la indiferencia

Entre los manifestantes que exigen justicia por parte del Ejército, se encuentra Óscar Alejandro Kabata de Anda, quien a los 17 años fue víctima de tortura y violación en Ciudad Juárez, por parte de un grupo de militares de élite conocidos como “Los Mecánicos” del Conjunto Operativo Chihuahua en febrero 2009, bajo las órdenes del general Felipe de Jesús Espitia.

Desde el 24 de marzo de 2021, Óscar y su madre Laura Kabata se plantaron en las instalaciones de la SEDENA, y han realizado diferentes manifestaciones, desde pintas con la palabra “Asesinos” y manchas de sangre sobre los muros para denunciar la impunidad del general Espitia Hernández por torturas y otros delitos de lesa humanidad cometidos so pretexto de combatir al narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón.

Óscar Kabata se encuentra en el techo del edificio de la SEDENA, sobre el área de recepción en la Puerta 1, pese al clima que ha azotado a la Ciudad de México y pese a las amenazas que ha recibido para que desista del plantón.

El general Sandoval desobedece instrucciones presidenciales

El 5 de abril, en conferencia matutina, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador pidió un informe al general Luis Crescencio Sandoval sobre las víctimas de torturas y abusos de militares denunciados, para posteriormente valorar la posibilidad de crear una comisión investigadora.

Ramsés Ancira, corresponsal de Los Ángeles Press, expuso en la conferencia matutina –frente al secretario de la Defensa Nacional– los casos de Óscar Alejandro Kabata de Anda y del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, ambos sobrevivientes de tortura a manos del Ejército durante el gobierno de Felipe Calderón, y le hizo la propuesta de crear dicha comisión para investigar los abusos de militares durante el Operativo Conjunto Chihuahua.

Al conocer los casos, López Obrador reiteró que “la situación ahora es distinta porque se respetan derechos humanos, no hay ninguna instrucción para usar la fuerza y mucho menos tortura, desaparecer personas, lo que desgraciadamente a veces sucedía de ajusticiar a heridos, llevaban a cabo masacres, eso ya se terminó por completo”.

Hasta la fecha, sin embargo, la indiferencia de la SEDENA a sus víctimas no sólo ha sido absoluta, en desobediencia de las instrucciones presidenciales, sino además las intimidaciones han sido constantes en esta administración para que desistan de estar denunciando.

Por Guadalupe Lizárraga

Osvaldo Jiménez Juárez, ex agente del Ministerio público reconocido ante juez federal por Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz como uno de los agentes de SIEDO que les infligió torturas con violencia sexual para que se incriminaran por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, actualmente se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la alcaldía de Xochimilco, además de ser asesor jurídico para la ciudadanía en TV Azteca.

Jiménez Juárez fue identificado por su voz al momento de leer un documento en la audiencia pública del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, presidida por el Juez Raúl Angulo Garfias para el careo entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales, los tres acusados por Isabel Miranda Torres, bajo la causa penal 35/2006.

Cuando Jacobo Tagle lo escuchó hablar, de inmediato reconoció su voz, y lo denunció ante el juez “como una de las personas que lo torturaron” en el penal de Villa Aldama, Veracruz, donde tuvo la segunda tortura y fue violado con un tolete de acuerdo con su testimonial en el Protocolo de Estambul positivo, de 88 páginas.

En ese careo, tanto César Freyre Morales como Jacobo Tagle expusieron que la implicación de Brenda Quevedo había sido por las torturas físicas y psicológicas que sufrieron, más las amenazas a sus familias y maltratos en prisión, y que ello lo habían expuesto ya en su declaración preparatoria. Incluso, Freyre Morales remitió a una denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los mismos actos de tortura.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, su defensa presentó una inconformidad por no acción penal contra Osvaldo Jiménez Juárez ante la entonces Procuraduría General de la República con el oficio AP/411/AP/DGDCSP/11. En este documento se reclamó la omisión de la autoridad para investigar al funcionario señalado como agresor sexual y torturador de Brenda Quevedo, y se agregó un comentario del director del penal dirigido a ella el mismo día de los hechos, 27 de noviembre de 2009, en el que el funcionario reconoció la agresión:

“Qué sentía mucho lo que había pasado, que a él no le habían dicho a qué iban exactamente a entrar estas personas”…

Otro de los denunciados por abuso sexual y tortura fue Fermín Ubaldo Cruz, quien ahora se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Junto con él Braulio Robles Zúñiga también identificado como el coordinador de las torturas siendo agente del Ministerio Público subordinado a las órdenes de Isabel Miranda.

Su denunciante, Juana Hilda González Lomelí, víctima de detención arbitraria, fue llevada del arraigo a la entonces Siedo-PGR, el 8 de febrero de 2006, sin su abogada. Durante el trayecto fue abusada dentro del vehículo en el que la transportaron y en la Siedo fue nuevamente amenazada con hacerle lo mismo a su hija, por lo que declaró contra las cinco personas implicadas como supuestamente banda de secuestradores.

Robles Zuñiga ha sido denunciado reiteradamente y en diferentes instancias gubernamentales, como en la Cámara de diputados en foros legislativos por Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, otra víctima del falso caso Wallace, por los mismos actos de tortura.