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Estados Unidos

Peña Nieto quiere desarticular policías comunitarias: comandante Jesús

Jesús Coronel, primer comandante regional de la Policía comunitaria de Olinalá viajó a NY para salvar su vida y sumarse a la solidaridad por Nestora

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El Comandante Jesús, en Nueva York, denuncia que Olinalá está sitiada por militares. Foto: Francisco Ramírez/Los Angeles Press

Por Guadalupe Lizárraga

NUEVA YORK, NY.- “El propósito de Peña Nieto en Guerrero es desarticular a las policías comunitarias, y empezaron con la comandante Nestora porque no se mordía los labios para decirle sus cosas al gobierno”, señaló el primer comandante regional de la Policía comunitaria de Olinalá, Jesús Coronel Díaz, en entrevista para Los Ángeles Press.

El comandante Jesús Coronel viajó de Olinalá a Nueva York y se sumó a la manifestación de mexicanos ayer domingo ante Naciones Unidas por la liberación de Nestora Salgado García, encarcelada en México por organizar a la Policía comunitaria y denunciar a funcionarios públicos con vínculos con el narcotráfico.

En la manifestación convocada por el esposo de la comandante Nestora, José Luis Ávila, y por la asamblea #YoSoy132NY, Jesús Coronel, el comandante Jesús, señaló que Olinalá se encuentra sitiada por militares, y que por la noche los soldados y marinos en estado de ebriedad andan con sus armas acosando a la población y las jóvenes de la comunidad. “Allí pueden hacer todo, dijo, y nos están empujando a un golpe de estado”.

Explicó que las autoridades comunitarias dividen las comandancias por cada cuatro colonias. Él comanda una región, pero tuvo que salirse de Olinalá porque los militares están persiguiendo y amenazando a las dirigencias y a sus hijos.

“Nosotros teníamos el 20 por ciento de la población. Pero cuando detuvieron a Nestora se volcó a un 80 por ciento. Se hizo un caos en Guerrero”, explicó Coronel y dijo que la medida del gobernador salió contraproducente, porque pensó que sacando a Nestora del estado se iba a acabar la actividad de la Policía comunitaria. Sin embargo, a raíz de su detención arbitraria y contra derecho, las poblaciones vecinas y de Olinalá mismo continúan en estado de alerta contra el gobierno, y podría darse un golpe de Estado por la presión de las fuerzas armadas.

“Por ahora hemos dado la orde de que deje de circular los policías comunitarios, hasta saber qué acciones vamos a hacer”, dijo el comandante. Y agregó que en estos días mientras los comunitarios han dejado de circular, dos camiones con mercancías fueron asaltados, pese a que el ejército tiene sitiado al pueblo.

Amenazas de muerte al Comandante Jesús

El comandante Jesús dijo a Los Ángeles Press que la comunidad se levantó en armas porque las policías de los gobiernos de México no han funcionado. “Los delincuentes secuestran, matan a nuestros hijos, extorsionan pidiendo 5 mil o 10 mil pesos a la gente, y cuando denunciamos, el gobierno los detiene, le dan su mochada (corrupción) y ni siquiera pisan la cárcel”, cuestionó Coronel Díaz.

El comandante Jesús denunció también que ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones, y una de estas amenazas fue enviada por mensaje de texto a su teléfono celular, el cual compartió con esta periodista:

Cacaro hijo de tu puta madre está a punto de destruirse tu policía comunitaria, enseguida nos vemos la cara por todo lo que has hecho, tienes hijos.

Teme por su vida y por la de su familia que aún se encuentra en Olinalá y que ante las amenazas recibidas, sabe que no están a salvo, porque el principal agresor es el gobierno mexicano.

Estados Unidos

Cruce masivo de miles de haitianos a Texas en espera de asilo

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Washington, 16 sep (EFE).- Más de 8.000 inmigrantes irregulares, en su mayoría de nacionalidad haitiana, están retenidos por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado en el sur de Texas tras un cruce masivo en la frontera.

Los migrantes han estado cruzando desde este martes a Estados Unidos por la zona de Del Río (Texas) y han desbordado a las autoridades migratorias, que han improvisado el campamento debajo del puente internacional que conecta con Ciudad Acuña (México) a la espera de ir procesando solicitudes de asilo.

Estos más de 8.000 migrantes, según cifras de las autoridades locales, duermen al raso y carecen de servicios básicos, unas condiciones que amenazan con crear una nueva emergencia humanitaria en la frontera sur.

La frontera entre Texas y México ha registrado cifras récord en las llegadas de inmigrantes irregulares desde que Joe Biden asumió el poder en enero pasado y ya ha sido foco de una crisis política para el nuevo presidente.

Según The Washington Post, muchos de los migrantes haitianos que han llegado a Texas emigraron de sus país tras el terremoto de 2010 a naciones suramericanas como Brasil o Chile, pero la crisis creada por la pandemia les ha impulsado ahora hacia Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha enviado refuerzos al sector de Del Río para gestionar el campo y ante la incertidumbre de que más migrantes puedan cruzar en los próximos días.

“Para prevenir enfermedades relacionadas con el calor, el área con sombra debajo del Puente Internacional Del Río está sirviendo como un puesto temporal de para mientras los migrantes esperan a estar bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza”, explicó en un comunicado este cuerpo.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció este jueves el cierre de seis puntos de cruce fronterizo con México para “impedir que las caravanas de migrantes infesten” el estado, aunque posteriormente dio marcha y dijo que los agentes estatales solo harán acto de presencia para disminuir las llegadas.

El alcalde de Del Río, el demócrata Bruno “Ralphy” Lozano, urgió por su lado al Gobierno de Joe Biden a “reconocer que hay una crisis fronteriza ocurriendo en tiempo real en este momento con graves consecuencias para la seguridad y la salud”.

Lozano, que calificó el campamento de “favela”, también alertó de que si los agentes se concentran en este punto, el resto del sector, de unas 240 millas (400 kilómetros), está quedando desatendido.

“¿Quién está vigilando al resto del sector?”, dijo, en declaraciones recogidas por el Post.

Washington ha reducido los vuelos de deportación a Haití desde la crisis provocada por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio. Unos 30.000 haitianos habían cruzado a EE.UU. en el último año según datos oficiales.

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Estados Unidos

Ex preso de Attica, Nueva York, narra la masacre racista dentro del penal en 1971

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Por Guadalupe Lizárraga

Han pasado cincuenta años de la rebelión de los prisioneros en la cárcel de Attica, Nueva York, uno de los episodios más sangrientos en las cárceles de los Estados Unidos, en la que fueron acribillados 43 reclusos y 11 rehenes, todos -excepto cuatro- fueron víctimas de la policía y la Guardia Nacional. Quien dio la orden de ataque fue el gobernador Nelson Rockefeller. Entre las víctimas, Tyrone Larkins sobrevivió a la masacre con tres disparos y es entrevistado por el digital Democracy Now.

El 9 de septiembre de 1971, inició el motín de los prisioneros cuando tomaron la dirección del centro penitenciario en protesta por las torturas y malos tratos, así como las condiciones insalubres en los que los mantenían, narra Larkins. Para entonces, la prisión albergaba a 2300 hombres, muy por encima de de su capacidad máxima, y el motín duró cinco días.

A los presos les permitían ducharse una vez a la semana, y les daban un jabón y un rollo de papel al mes. Les entregaban sólo dos litros de agua al día, para beber y para usarla en su higiene personal. Las raciones de comida eran raquíticas y el Estado gastaba 63 centavos de dólar por preso al día para la comida. No se les permitía comunicación con el exterior, sus cartas eran destruidas y no se permitía la práctica de la religión musulmana.

La peor parte la llevaban los afroamericanos, quienes eran relegados a los puestos de trabajo con salarios más bajos y víctimas de torturas y la discriminación racial por los empleados blancos de la prisión.​

La Vanguardia Española daba seguimiento a la masacre

El periódico La Vanguardia Española, en septiembre de 1971 daba seguimiento a la masacre de Attica, y revelaba en español -en coordinación con The New York Times-, que los informes oficiales sobre los hechos eran falsos, y alegaban que los reclusos habían degollado y castrado a los custodios rehenes. Sin embargo, la investigación periodística daba cuenta de los hallazgos del Comité de Observadores, integrado por 18 profesionales, entre éstos periodistas y abogados, que confirmaron con las autopsias de los custodios asesinados que las causas de muerte habían sido por armas de fuego, después de que el gobernador diera la orden de ataque a los prisioneros rebeldes.

También argumentaron que la causa de la rebelión eran las malas condiciones en las que los mantenían y las torturas sistemáticas infligidas. Así mismo, el comité declaró que la matanza se había perpetrado por la intransigencia oficial y que el informe había sido preparado de antemano a la orden de ataque.

Tyrone Larkins, sobreviviente

En este contexto, Tyrone Larkins, ex preso sobreviviente, que fue herido de gravedad en la represión, el 13 de septiembre de ese año, describe Attica como “el lugar más brutal que conocí en mi vida” y recuerda por qué se produjo el motín el 9 de septiembre de 1971, día en que los presos redujeron a los guardias y tomaron gran parte de las instalaciones de esa penitenciaría ubicada en el norte del estado de Nueva York, en señal de protesta contra las condiciones de vida en ese lugar.

En aquella época, los presos pasaban la mayor parte del tiempo en las celdas y se duchaban una vez por semana. Larkins explica cómo se desarrollaron las tensas negociaciones con los prisioneros politizados y dice que el motín iba camino a resolverse a través del diálogo cuando el gobernador Nelson Rockefeller ordenó a la Policía estatal que atacara las instalaciones. La policía abrió fuego y mató a veintinueve reclusos y diez rehenes.

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Estados Unidos

Jueza federal ordena al Gobierno de Biden deje de impedir que inmigrantes soliciten asilo en la frontera con México

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La jueza federal estadounidense Cynthia Bashant falló en contra de la práctica del Gobierno de Joe Biden de impedir que los inmigrantes soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. La política, conocida como “dosificación”, fue aplicada por primera vez durante la presidencia de Obama y limita la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en los pasos fronterizos de entrada al país y permanecer en Estados Unidos mientras se tramitan sus solicitudes.

El expresidente Trump amplió más tarde la política a la frontera sur, lo que obligó a que miles de solicitantes de asilo fueran colocados en largas listas de espera y tuvieran que permanecer durante meses en ciudades fronterizas mexicanas, donde corrían riesgo de ser secuestrados, sufrir agresiones sexuales o ser asesinados.

El abogado Stephen Medlock, quien argumentó el caso en nombre de los solicitantes de asilo, dijo en un comunicado: “Los mismos funcionarios gubernamentales que deberían haber dado la bienvenida y asistido a las víctimas de persecución y tortura tenían la orden de alejar a los solicitantes de asilo de Estados Unidos. El tribunal de distrito determinó que eso era claramente ilegal”.

La regla no escrita de rechazar a solicitantes de asilo en la frontera viola la Constitución de Estados Unidos, dijo el jueves una jueza federal de Distrito de San Diego (California), en respuesta a la demanda presentada por la organización sin fines de lucro Al Otro Lado y 13 inmigrantes.

La cuestionada política, basada en la discrecionalidad otorgada a los agentes federales por el Department Homeland Security (DHS), viola la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda, dijo la jueza Cynthia Bashant.

En la práctica, la regla vigente deniega a los inmigrantes una oportunidad de pedir asilo en la frontera hasta que haya espacio para procesar una solicitud formal, siendo que el asilo se trata de un recurso legal disponible aprobado por el Congreso.

Si bien el dictamen no tiene un impacto inmediato, la decisión del tribunal puede impedir al gobierno, en este caso a los agentes del DHS, limitar o coartar el ingreso de solicitantes de asilo bajo el amparo que no existen recursos disponibles.

“¡La política de la era Trump que hizo retroceder a miles de solicitantes de asilo ha sido declarada inconstitucional!”, dijo la organización Al Otro Lado en su cuenta de la red social Twitter.

Con información de Democracy Now!
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