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Parques eólicos marinos, futuro de la energía en América Latina

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Por Alan Austria

MÉXICO – Tres décadas después de que se instalara el primer parque eólico marino del mundo, América Latina, sin ninguna planta semejante, comienza a interesarse por esta forma de generación de energía. Algunos especialistas consideran que es el momento ideal para plantearlo debido a que ayudaría a promover una sólida transición energética en la región.

La energía eólica offshore -término en inglés que significa “en el mar, alejado de la costa, marina, costa afuera o ultramar»- es la fuente de energía limpia y renovable que se obtiene con la fuerza del viento que se produce en alta mar.

En la última década el sector ha madurado y crecido rápidamente, tras un lento crecimiento desde que se instalaron las primeras turbinas en Dinamarca en 1991. Se han instalado aproximadamente 56 gigavatios (GW) de capacidad eólica marina en todo el mundo, principalmente en Europa y China.

La eólica marina es muy diferente con respecto a otras tecnologías de energía renovable.

La brasileña Ingrid Pacheco, experta eólica marina, señala que las turbinas aprovechan la falta de barreras presentes en la tierra para girar más rápido y generar energía de forma más constante y uniforme que la eólica terrestre o la solar fotovoltaica: “algo que quedó demostrado desde los primeros proyectos es que se pueden utilizar turbinas más grandes en el entorno marino que en los parques eólicos terrestres y con una escalabilidad que puede traer enormes beneficios a América Latina”.

El Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de la Energía (Esmap) señala que una cuarta parte del potencial eólico marino del mundo se encuentra en aguas de países de ingresos bajos y medios, por lo que acelerar su adopción en los mercados emergentes se ha vuelto esencial para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y reducir la pobreza.

En esta última década la industria eólica marina ha mostrado un crecimiento acelerado, principalmente en China y países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El último año, la industria eólica presentó récord en nuevas instalaciones para la energía eólica marina,  con 21 GW de capacidad añadida en todo el mundo.

Este gran avance relativamente reciente se debe principalmente a una reducción de costos y al aumento sustancial en el tamaño de la turbina y la escala del proyecto, así lo identificó para Diálogo Chino el doctor Christian Appendini, oceanógrafo del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de México, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Como ahora es competitiva en costos, algunos gobiernos planean hacer de ella un componente clave de su combinación energética descarbonizada”, afirma.

Enorme potencial

Los beneficios de aumentar la capacidad eólica marina pueden ser múltiples, dice Carlota Molina, asociada de asuntos externos de la oficina del Banco Mundial en México.

Los países que comiencen a utilizar esta energía pueden crear y mantener miles de empleos altamente calificados, generando electricidad de manera predecible e incrementando su producción en otoño e invierno, estaciones de menor radiación solar y mayor consumo de energía, señala.

Molina añade que “el uso de esta energía puede ser complementaria en América Latina con otras tecnologías renovables, brindando seguridad de suministro y aportando valor”.

La energía eólica puede ser complementaria en América Latina con otras tecnologías renovables, brindando seguridad de suministro y aportando valor.

Existe un enorme potencial de recursos sin explotar en América Latina y el Caribe, según el Banco Mundial, que estimó un potencial técnico cercano a los 8000 GW en las aguas de esta región.

Algunos países tienen excelentes condiciones naturales, lo que significa que esta energía podría ser técnica y económicamente viable.

Molina, la asociada de Asuntos Externos de la entidad multilateral, señaló que Brasil y Colombia son los más avanzados en sus legislaciones eólicas marinas. “Por ejemplo, los desarrolladores de la industria brasileña han propuesto más de 130 GW de capacidad eólica marina en 55 proyectos”, afirmó.

Brasil y Colombia avanzan

Brasil es el mercado eólico terrestre más grande de América Latina, seguido de México, Chile y Argentina.

La industria brasileña del petróleo y el gas se desarrolla principalmente en alta mar y tiene una cadena de suministro muy bien establecida que se puede adaptar para satisfacer las necesidades específicas de la eólica marina, señaló Pacheco Silveira al identificar los avances normativos en Brasil.

Mapa que muestra el potencial eólico marino de Brasil
Gráfico: Belen Sampietro / Diálogo Chino

“Un primer proyecto legislativo fue emitido en 2017 en la Cámara de Diputados, pero 2020 fue el cambio de juego con el lanzamiento gubernamental de una hoja de ruta para desarrollar enormes parques eólicos marinos con el involucramiento de la Agencia Nacional del Medio Ambiente. A principios del año anterior, se publicó un nuevo proyecto legislativo y finalmente, en 2022 llegó el Decreto para regular el mercado que genera grandes expectativas para sus financiamientos”, explicó.

Entretanto, en Colombia, en la agenda de los proyectos energéticos se está empezando a escribir un nuevo capítulo protagonizado por la eólica marina o costa afuera, palabras con las que identifica a su hoja de ruta el Ministerio de Minas y Energía.

Diego Mesa, ministro saliente de Energía  de Colombia, cuyo gobierno cambiará el 7 de agosto,  concedió una entrevista a Diálogo Chino dos días después de anunciar un programa para generar energía eólica costa afuera mediante la instalación de aerogeneradores e inversiones que podrían alcanzar millones de dólares.

 

Mapa que muestra el potencial eólico marino de Colombia
Gráfico: Belen Sampietro / Diálogo Chino

“Con esta hoja de ruta, avanzaremos en la incorporación de proyectos que permitirán aprovechar el potencial de 50 GW que tiene Colombia con esta fuente de generación, que es casi tres veces la capacidad instalada (17,7 GW) que tiene actualmente todo el país”, dijo Mesa desde Estados Unidos, tras participar en la Cumbre de las Américas, que se celebró en la ciudad de Los Ángeles en junio,

Analizó que “este tipo de tecnología es mucho menos invasiva y no genera gases de efecto invernadero, un gran avance desde el punto de vista de la neutralidad de carbono.

«En materia económica, estos proyectos requieren inversiones de capital muy significativas, por ejemplo, proyectos como los que ya se están estructurando en Colombia para los próximos tres o cuatro años, van a requerir inversiones de cerca de US$1.000 millones”, señaló el ministro, que considera que “esta industria será muy atractiva para el desarrollo económico de cualquier país”.

Algunas complejidades

El principal reto tecnológico de la energía eólica marina radica en su difícil instalación, ya que la construcción y su mantenimiento requiere la utilización de medios logísticos muy especializados. Existen diferentes estructuras eólicas marinas, entre las que se destacan los aerogeneradores marinos con cimentación fija y los aerogeneradores marinos sobre plataforma flotantes.

Mesa coincide en que el gran desafío se encuentra en la infraestructura logística y portuaria, por las “torres turbinas eólicas que pueden tener una altura de más de 200 metros y que requieren un ensamblaje complejo”.

Por su parte, Ingrid Pacheco, identifica que la regulación puede afectar el progreso de esta industria.

“Generalmente, para instalar un parque eólico marino es necesario contar con aprobaciones exhaustivas tras realizar estudios durante los años previos que incluyen, entre otros, la compatibilidad de la estructura con la navegación, la fauna marina, las rutas de migración, la dinámica de transporte, etc.”, señala la experta brasileña.

Sumado a ello, Carlota Molina añadió otras preocupaciones. “No todos los elementos del proyecto se producirán localmente; algunos deberán importarse. La distancia de los países con proveedores establecidos, como las góndolas de turbinas eólicas del norte de Europa, presentará desafíos logísticos y de transporte».

«La gran necesidad de capital requerirá la participación de financieras locales e internacionales, por lo que será necesario gestionar o mitigar los riesgos comerciales para atraer inversores y minimizar el costo del capital”, añade.

¿Una bocanada de aire fresco?

Los especialistas eólicos marinos consultados coinciden en que los costos se están volviendo más competitivos, al tiempo que la disponibilidad de sitios en tierra disminuye. Por ello,  la industria será próspera en América Latina si va de la mano de la creación de un entorno atractivo para la financiación y del desarrollo de políticas eólicas marinas.

“El papel de los gobiernos es fundamental para lograr un marco normativo y tributario que sea conducente a las inversiones, trabajando articuladamente con diferentes entidades», afirmó el ministro de Energía colombiano.

Precisó que «en Colombia trabajamos con la autoridad ambiental, con la dirección marítima que hace parte de nuestra Armada, con el Ministerio de Transporte e Infraestructura, con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Comercio”.

El papel de los gobiernos es fundamental para lograr un marco normativo y tributario que sea conducente a las inversiones.

Molina se empeña en señalar el valor añadido que la energía eólica marina puede aportar a las economías locales.

“Se pueden crear muchos puestos de trabajo locales, especialmente en la fase de operaciones y de mantenimiento, mientras que el crecimiento de una cadena de suministro puede ayudar a diversificar las industrias existentes, en particular aquellas que ya suministran petróleo y gas en alta mar”, sentenció.

Como hicieron notar los especialistas, la energía eólica marina es una industria en crecimiento a nivel mundial, y América Latina no será la excepción. Depende de cada uno de los países aprovechar todo su potencial.

Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.

RV: EG

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Guatemala: crecen las protestas contra la corrupción del gobierno de Giammattei y en defensa de derechos políticos

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Guatemala: crecen las protestas contra la corrupción del gobierno de Giammattei y en defensa de derechos políticos

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Cientos de personas se agolparon el jueves en diferentes puntos de la capital de Guatemala convocadas por organizaciones sociales, en medio de una huelga contra la corrupción del gobierno, el alto costo de vida y la defensa de derechos como la libertad de expresión y de manifestación.

En los alrededores de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiantes, trabajadores y profesores se reunieron para luego partir en una marcha hacia el centro histórico y sede del poder político, Ejecutivo y Judicial.

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Los manifestantes en Guatemala rechazan los presuntos actos de corrupción de la administración del presidente Alejandro Giammattei que, alegan, no son investigados por la fiscal general Consuelo Porras, quien mantiene una amistad con el mandatario.

Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo que el alto costo de vida “significa un aumento del hambre de los pobres”.

“La corrupción al final se concreta en el robo del dinero del pueblo y los que pagan impuestos son los pobres y la clase media, porque los ricos no contribuyen equitativamente a Guatemala”, agregó.

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Enrique Saquic, autoridad ancestral de Santa Lucia Utatlán, dijo que los indígenas participan de la protesta en representación de sus pueblos. “Nos están ahorcando, nuestros hermanos, nuestros pueblos son los que están sufriendo todo este alto costo de la vida”.

Enrique Saquic también aseguró que existe una percepción de corrupción no sólo en la Fiscalía de Guatemala sino en el más alto tribunal, la Corte de Constitucionalidad, lo cual ha dejado indefensos a los guatemaltecos.

Porras ha sido señalada y sancionada por el gobierno estadounidense por considerar que obstaculiza la lucha contra la corrupción y socavar la democracia.

Un contingente de soldados de Guatemala con equipos antidisturbios fue captado entrando a un lugar cercano a la casa presidencial. Rubén Tellez, vocero del ejército, confirmó que “es un movimiento preventivo normal” cuando se anuncian manifestaciones.

Los manifestantes han denunciado que el Congreso pretende aprobar un ley que le da el poder a policías y militares para usar sus armas para disolver las protestas.

© Proporcionado por Associated Press La gente marcha para protestar contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei en la Ciudad de Guatemala, el jueves 11 de agosto de 2022. (AP Foto/Moisés Castillo)

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Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

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Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – El cadáver de Walter Sandoval muestra varios hematomas oscuros en brazos y rodillas, así como una laceración en el ojo izquierdo y en la cabeza, señales de que sufrió algún tipo de violencia antes de morir en una cárcel salvadoreña, acusado de ser un miembro de una pandilla.

Esos golpes son evidentes en las fotografías que el padre de Walter, Saúl Sandoval, mostró al medio, el jueves 28 de julio.

Walter, de 32 años, es uno de los fallecidos en prisiones salvadoreñas luego de ser detenido  por las autoridades, en las redadas masivas que el gobierno de Nayib Bukele inició desde finales de marzo, al amparo del decretado régimen de excepción y de su lucha contra las organizaciones delictivas.

El joven, dedicado a la agricultura, murió el 3 de abril, en el aparcamiento del hospital de Sonsonate, un municipio del occidente del país donde fue trasladado moribundo, según la familia, desde la delegación policial de Ahuachapán, ciudad del departamento homónimo, en el occidente de El Salvador.

A esa estación de policía había sido trasladado, luego de su arresto el 30 de marzo, en la colonia (barrio) Jardines, del municipio de El Refugio, también del departamento de Ahuachapán.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán”, dijo el padre.

El joven, agregó, había estado compartiendo con amigos y embriagándose. Minutos más tarde, una patrulla policial lo capturó bajo la acusación de ser pandillero, algo que la familia negó rotundamente.

No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital”, agregó el padre.

Para él, la única explicación que tiene de por qué los policías detuvieron a Walter es porque “querían sacar la cuota del día”, en referencia a que los efectivos tendrían asignado un número específico de capturas, a cambio de algunos beneficios en sus tareas diarias.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán… No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital: Saúl Sandoval.

Muertes como la de Walter, de confirmarse la participación de agentes del Estado, son la expresión más violenta y arbitraria de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde que el gobierno inició su plan de redadas masivas, en lo que presenta como una lucha frontal contra las pandillas.

Desde finales de marzo, el gobierno salvadoreño mantiene vigente un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales, como una forma de parar una abrupta alza de homicidios cometidos por pandilleros entre el 25 y 27 de marzo.

En esas fechas, unas 87 personas fueron asesinadas por pandilleros, en una especie de venganza contra el gobierno que habría roto un oscuro acuerdo bajo la mesa con esos grupos criminales, para mantener bajos los índices de homicidios.

El régimen de excepción, como se denomina esta figura constitucional en el país, se aplica desde el 27 de marzo, con prorrogas mensuales de la Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por el gubernamental partido Nuevas Ideas. Desde entonces, las muertes violentas han caído a un promedio de tres

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes. También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

El gobierno puede además intervenir las comunicaciones “de grupos terroristas”, refiriéndose así a las pandillas, aunque eso ya podía hacerlo con las leyes ordinarias.

Luego de iniciado el régimen de excepción, los homicidios volvieron a la baja, que ronda los dos o tres muertos diarios, pero incluso hay días en que no se registra ninguno.

Pero en cambio, alrededor de 48 000 personas han sido detenidas y encarceladas preventivamente, todas acusadas por las autoridades de formar parte de pandillas, proscritas por ley. Y el número aumenta cada día.

Sin embargo, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han advertido que entre los capturados hay personas que no tenían ningún vínculo con esas estructuras criminales, también llamadas “maras” en El Salvador, y las que conforman un ejército de unos 70 000 miembros.

El 2 de junio, Amnistía Internacional afirmó en un comunicado oficial: en el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos.

Sin embargo, el presidente Bukele, lejos de mostrarse receptivo ante las críticas, las deslegitima tajantemente y suele referirse a los representantes de esas organizaciones como “sinvergüenzas”, preocupados más por defender los derechos de los pandilleros, según la narrativa oficial.

Walter Sandoval es uno de los jóvenes que han fallecido con muestra de torturas en cárceles de El Salvador en el marco del régimen de excepción vigente en este país desde finales de marzo. La policía lo capturó sin ninguna evidencia que lo vinculara con grupos de pandillas, afirmó la familia del joven, en un caso de los que se repiten cada vez más y que han sido documentados por organizaciones de derechos humanos. Foto: Cortesía de familia Sandoval

Muertes silenciosas y torturas

La organización de derechos humanos Cristosal ha recopilado cerca de 2500 casos de detenciones que, según los denunciantes, han sido arbitrarias, sin fundamento para que sus familiares hayan sido detenidos en el marco del régimen de excepción.

Esa organización también ha monitoreado reportes de prensa, redes sociales e indagaciones propias para establecer que, hasta el 28 de julio, cerca de 65 personas habían fallecido mientras se encontraban detenidas en cárceles del país o en calabozos de la policía, como parte de las redadas policiales masivas.

Algunos de los fallecidos presentaban señales evidentes de golpes y violencia física, como sucedió con Walter y otros casos sobre los que los medios de comunicación  han informado ampliamente.

Los informes oficiales de esas muertes que reciben los familiares son confusos y ambiguos, como el de Julio César Mendoza Ramírez, de 25 años, quien murió en un hospital de San Salvador, la capital del país, el 15 de julio.

El reporte oficial señalaba que había fallecido por un edema pulmonar, es decir, sus pulmones se llenaron de líquido, pero también señalaba que el caso se encontraba “en estudio”.

La duda de que los fallecidos fueron víctima de golpizas y torturas durante su encarcelamiento es algo que no descartan sus familiares ni las organizaciones de derechos humanos.

“La causa de la muerte que le dan a la persona (familiar) en el hospital, a veces difiere del reconocimiento médico legal, y eso da lugar a pensar que algo pasa”, señaló a la abogada Zaira Navas, de Cristosal.

Agregó: “También hay familias que dicen que les dijeron que fue por paro cardiaco, pero tiene golpes en su cuerpo, entonces no es compatible (la versión oficial)”.

Y ante las dudas y acusaciones de que bajo la mirada del Estado se están dando golpizas y torturas, las autoridades simplemente callan y no realizan, por ejemplo, las autopsias respectivas, que develarían lo que realmente pasó.

La abogada Navas remarcó que, incluso dentro del estado de excepción, «las detenciones son arbitrarias» porque el procedimiento seguido no está justificado jurídicamente y son muchas las personas detenidas por la simple denuncia telefónica de vecinos. Algo en que coinciden los defensores de derechos humanos

Una violencia adicional es que entre esa cifra de 2500 denuncias hay cerca de 30 % de personas con enfermedades crónicas, discapacidad o que se encontraban recibiendo tratamientos médico o quirúrgicos, según los reportes de Cristosal.

Se sabe que el personal de las penitenciarías no permite que los familiares de esas personas enfermas reciban sus medicamentos, aunque en algunos raros casos sí lo han autorizado.

“Hemos visto fallecidos porque se presume que han sido torturados, golpeados, etc., pero también han muerto personas a las que no les han dado el medicamento al que están sometidos permanentemente”, explicó a IPS el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Henri Fino.


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Sobre el dudoso papel jugado por el gubernamental Instituto de Medina Legal (IML), encargado de realizar los exámenes forenses para informar a los familiares sobre las causas de las muertes, Fino dijo que ese organismo no le merece ninguna credibilidad.

Sobre todo, añadió, ahora que militares del llamado Batallón de Sanidad Militar se encuentran, desde el 4 de julio, en varias sedes del IML, presuntamente para apoyar en tareas varias, incluidas las de tipo forense, dada la falta de personal.

“Qué colaboración pueden prestar (los militares), si no son expertos, y la única razón de que estén en Medicina Legal es para controlar”, aseguró Fino.

Guerra mediática

Algunos de los fallecidos en las cárceles, capturados durante el régimen de excepción, fueron presentados como casos de detenciones arbitrarias e ilegales por los medios locales, en confrontación  con la guerra propagandística de Bukele que afirma que todos los detenidos son, en efecto, pandilleros.

La prensa ha destacado el caso de Elvin Josué Sánchez, de 21 años, quien falleció el 18 de abril en el Centro Penal de Izalco, localizado en las inmediaciones de la población homónima, del departamento de Sonsonate, en el occidente de El Salvador.

Los medios se han referido a él como el caso del “joven músico”, porque en efecto estuvo un tiempo aprendiendo a tocar el saxofón, y han destacado sus virtudes como persona de bien como miembro de una Iglesia evangélica de la zona.

Pero Sánchez, según sus vecinos, era bastante conocido como pandillero activo en su natal cantón El Carrizal, del municipio de Santa María Ostuma, en el central departamento de La Paz.

“Lo veían bien armado, en fincas de la zona, junto a otros pandilleros, y les decía a los dueños que no se aparecieran más por ahí, o los asesinarían”, dijo a IPS un residente de ese municipio, quien pidió no ser identificado.

Situaciones como esa ha favorecido la narrativa de Bukele, entre la población, de que los medios independientes están a favor de los pandilleros y en contra de las acciones del gobierno para erradicar la violencia en el país.

De hecho, los sondeos de opinión muestran que una mayoría de la población de este país de 6,7 millones de personas, apoya las acciones del presidente para enfrentar a las pandillas.

Pero aun ante el hecho de que Sánchez era reconocido por la gente como pandillero, su arresto tuvo que haberse dado siguiendo los procedimientos y protocolos, en base a información fidedigna que comprobara fu afiliación a organización delictiva.

Eso es algo que la policía no suele hacer, en esas redadas masivas donde es imposible que se tenga toda la evidencia para individualizar cada uno de los cerca de 48 000 detenidos.

Tampoco el hecho de que haya sido pandillero ameritaba vapulearlo y someterlo a golpizas que acabaron con su vida, ya que sus derechos humanos debieron respetarse siempre, dijeron los entrevistados.

ED: EG

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Fuente: ipsnoticias.net

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América Latina pierde años de esperanza de vida por pandemias

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SANTIAGO – América Latina y el Caribe es la región del mundo que perdió más años de esperanza de vida debido a la covid-19, pasando de 75,1 años en 2019 a 72,1 en 2021, mostró un análisis de la Cepal sobre tendencias recientes de la población.

La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) resaltó que esa pérdida de tres años en la esperanza de vida promedia cifras desiguales entre países y subregiones, pues por ejemplo el  retroceso fue de 3,6 años en América Central.

Las proyecciones de la Cepal suponen que ya en 2022 comenzará la recuperación de los años perdidos de esperanza de vida, debido al proceso de vacunación y a las medidas tomadas por los países para combatir la pandemia.

Los estimados y proyecciones también confirman un crecimiento cada vez menor de la población de la región, resultante sobre todo de la disminución de la fecundidad.

Según el análisis, la población de la región pasó de 168,3 millones de personas en 1950 a poco más de 660 millones en 2022 y se espera que comience a decrecer dentro de aproximadamente 34 años.

La región pasó de un crecimiento medio anual de 4,5 millones de personas entre 1950 y 1951 a un máximo de cerca de 8,3 millones a inicios de los años 90.

A partir de 1991 el crecimiento poblacional empezó a desacelerarse y, actualmente, la población crece a un ritmo de menos de cinco millones de personas al año.

El crecimiento cada vez menor de la población, resultante principalmente de la disminución de la fecundidad, llevará a la región a alcanzar su población máxima en el año 2056, con un total de 751,9 millones de personas, señala el análisis.

También se evidencia un envejecimiento poblacional y la aproximación del fin del bono demográfico, como se conoce al periodo de transición demográfica de un país en el que cada vez más jóvenes se incorporan al mercado laboral, la tasa de natalidad baja y la pirámide poblacional del país se expande en el medio.

El texto de la Cepal dice que la región se encuentra en una etapa de envejecimiento relativamente acelerada, y se proyecta que ya en 2047 la población de personas con 60 años y más supere a la de menos de 15 años.

Se calcula que en 1967 la relación de dependencia de la región empezó a decrecer, marcando el inicio del bono demográfico, mientras que, para 2029, se proyecta que la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65) crecerá más que la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años).

Existe sin embargo la heterogeneidad regional, con distintos ritmos de envejecimiento en los países de la región.

La fecundidad cayó por debajo del nivel de reemplazo y siguió aumentando la edad media de la fecundidad. La tasa global de fecundidad de América Latina y el Caribe en 2022 es estimada en 1,85 nacidos vivos por mujer, cifra que está por debajo del nivel de reemplazo desde 2015, y bajará a 1,68 para el año 2100.

Asimismo, la edad media de la fecundidad mantuvo una tendencia decreciente entre 1950 y 2000 debido a la disminución del número de hijos por mujer, y registró su valor mínimo en 2000 con 26,9 años.

A partir de 2013 comenzó a aumentar y actualmente se observa un valor de 27,6 años, lo que señala que la baja fecundidad viene acompañada por un número mayor de mujeres teniendo hijos en edades más avanzadas, y se espera que esa tendencia continúe y que la edad media alcance 30,4 años en 2100.

Finalmente, el análisis aborda la creciente importancia de la migración intrarregional y advierte que uno de los principales desafíos para el estudio de la migración es la disponibilidad de fuentes de datos que den cuenta de los patrones migratorios, flujos, y características de la población migrante.

A-E/HM

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