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Mexico Violento

Parques eólicos en Oaxaca violan normas de la OCDE y derechos humanos

Parques eólicos instalados por empresas privadas y públicas extranjeras en el Estado de Oaxaca violan los derechos humanos y lineamientos de la OCDE

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Comunidades en Oaxaca denuncian que los parques instalados en sus tierras violan sus derechos humanos. Foto: Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

Por Emilio Godoy

MÉXICO, DF, (IPS).– Cuatro proyectos eólicos en el sureño estado mexicano de Oaxaca, operados o financiados por inversores europeos, podrían estar violando normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según denuncias de activistas que supervisan estos desarrollos.

Tres de esos parques eólicos son desarrollados por la compañía  Electricité de France (EDF) y el cuarto cuenta con fondos de inversión pública de Dinamarca y Holanda.

Para Benjamin Cokelet, fundador y director ejecutivo del Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, en inglés), los parques eólicos han incurrido en varias violaciones a derechos humanos que debe examinar la OCDE, que conforman los países del Norte industrial y algunos del Sur, como los latinoamericanos Chile y México.

“Los tres proyectos eólicos de EDF aseguran que las consultas comunitarias ocurrieron, pero no hemos visto ninguna evidencia de que esos permisos fueron conseguidos”, dijo el responsable de la organización con sede en Nueva York y Ciudad de México.

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales contienen pautas de comportamiento sobre asuntos como derechos humanos, empleo y relaciones laborales, ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores e impuestos.

En materia ambiental, indica, se debe “proporcionar puntualmente a los ciudadanos y a los trabajadores información adecuada, medible y verificable sobre los impactos potenciales de las actividades de la empresa sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad”.

Además, “desarrollar una actividad de comunicación y consulta adecuada y puntual con las comunidades directamente afectadas por las políticas medioambientales, de salud y seguridad de la empresa y por su aplicación”.

EDF mediante su subsidiaria EDF Energies Nouvelles (EDF EN) posee las granjas eólicas de La Mata-La Ventosa. Otra filial es copropietaria del parque Bii Stinu, mientras otra tercera opera la instalación de Santo Domingo.

Los tres proyectos se enclavan en el istmo de Tehuantepec, en el sureño estado de Oaxaca, bañado por los océanos Atlántico y Pacífico y el divisor natural entre América Central y América del Norte.

La Mata-La Ventosa genera 67,5 megavatios, Bii Stinu 164 y Santo Domingo 160.

El otro proyecto cuestionado es Mareña Renovables, con una capacidad de generación de 396 megavatios, en la oaxaqueña comunidad costera de San Dionisio del Mar, en el Pacifico.

Actualmente, está detenido por recursos judiciales de ejidatarios de las tierras que ocupa.

Datos de Poder indican que en el istmo de Tehuantepec, con un ancho de 200 kilómetros y una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, hay al menos 20 proyectos eólicos, controlados por 16 compañías diferentes.

Allí existen 1.230 núcleos agrarios, mayoritariamente ejidos (tierras comunales) y de población indígena. De los cinco pueblos indígenas presentes en el istmo, los más populosos son los zapotecos y los ikoots.

Reportes de Poder exhiben un contexto favorable para las empresas y perjudicial para las comunidades.

“Las irregularidades existentes evidencian la colusión entre los actores públicos y privados”, resalta la organización.

El resultado produce “la creación de relaciones asimétricas y acuerdos de renta abusivos”, caracterizados por el ocultamiento del daño permanente de las granjas eólicas para las tierras agrícolas, la falta de una compensación justa por los daños y los alquileres irrisorios por las tierras.

Por faltar, faltan traductores a las lenguas indígenas en las negociaciones entre las empresas y las comunidades.

Estas han sido excluidas del consentimiento libre, previo e informado garantizado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para Cokelet, ese coctel implica el incumplimiento de las empresas de los estándares internacionales ambientales y sociales para sus emprendimientos.

EDF EN se incorporó el 26 de diciembre de 2013 al Pacto Mundial de la ONU, un conjunto de 10 principios sobre derechos humanos, estándares laborales, ambiente y anticorrupción de cumplimiento voluntario por las empresas públicas o privadas signatarias. En diciembre, EDF EN debe enviar su reporte de cumplimiento de esos principios.

La construcción de Mareña Renovables se encuentra detenida desde 2013 por fallos judiciales favorables a las comunidades afectadas.

La obra se compone de dos parques eólicos que producirán 396 megavatios, con una inversión de 1.200 millones de dólares. El proyecto es copropiedad del administrador de pensiones holandés PGGM.

Cuenta con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por casi 75 millones de dólares. Además, la oficial Agencia de Crédito a la Exportación de Dinamarca (EKF) aporta un empréstito al comprador de la electricidad por unos 20 millones de dólares.

El internacional Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, presentó el 26 de diciembre de 2012, en representación de 225 habitantes de siete comunidades indígenas, una queja ante el Mecanismo Independiente de Investigación y Consulta del BID.

El reclamo es por daños ante la ausencia de consultas adecuadas y completas con las comunidades en el arranque del proyecto y la falta de medidas en el diseño y ejecución para evitar los impactos adversos.

El 18 de septiembre de 2013, el Panel de Revisión de Cumplimiento del Mecanismo del BID admitió la queja. Ahora el panel prepara la investigación del caso, para elaborar después un reporte y proceder a supervisar el cumplimiento de sus disposiciones.

Mata-La Ventosa, de EDF, recibió también un crédito de 189 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés), dependiente del Banco Mundial. Además, la IFC canalizó otros 15 millones de dólares del Fondo de Tecnología Limpia.

Roberto Albisetti, gerente para México y Centroamérica de la IFC, reconoció a IPS el riesgo de la presentación de quejas por las granjas eólicas en Oaxaca, aunque aseguró que el mecanismo independiente de denuncias (CAO, en inglés) de la corporación no recibió inconformidades hasta ahora.

“El manejo de las comunidades ha sido muy serio. Invertimos mucho dinero en los procesos de consulta, pues es mejor prevenir que luego enfrentarse a quejas”, declaró.

En 2010, la IFC desembolsó 375 millones de dólares para la construcción de Eurus, otro parque eólico oaxaqueño, que genera 250 megavatios.

Mareña Renovables, el proyecto de la holandesa PGGM, ofrece otros flancos que la exponen a denuncias internacionales.

Fomento Económico Mexicano (Femsa), el embotellador mexicano de Coca Cola, sería el mayor consumidor de la electricidad generada. Además, Femsa es el segundo mayor accionista del holandés Grupo Heineken.

Femsa también suscribió el Pacto Mundial de la ONU el 24 de mayo de 2005 y debe presentar su reporte de cumplimiento el 18 de marzo de 2015. Mientras, Heineken se adhirió el 19 de enero de 2006 y en julio envió su informe de cumplimiento.

Para Cokelet, la financiadora agencia danesa EKF, que también signó el Pacto Mundial, puede ser demandada ante la OCDE por la violación de sus principios de promoción de prácticas de préstamos sostenibles a la exportación hacia países de bajos ingresos.

En esa misma posición se encuentran Heineken y PGGM, que podrían ser demandadas por la violación de los lineamientos de la OCDE, insistió.

Editado por Estrella Gutiérrez

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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