Connect with us

Latinoamérica

Paro agrario en Colombia por incumplimiento del gobierno con reforma

El paro agrario en Colombia cobra fuerza con más contingentes de campesinos y ciudadanos ante el incumplimiento del gobierno de Santos de impulsar reforma

Avatar

Published

on

Paro agrario cumple dos días en Colombia. Foto: Vizzor Image

Marcha del 17 de Marzo de 2014 en Colombia por el incumplimiento del gobierno con la reforma agraria. Foto: Vizzor Image

BOGOTÁ, Colombia.- En el segundo día de manifestaciones, el Ejecutivo busca evitar que más organizaciones se unan a las protestas que han paralizado las jornadas agrarias en Colombia, por el incumplimiento del gobierno de Juan Manuel Santos de una reforma que incluya la refinanciación de deudas, agroinsumos y efectos de los tratados comerciales, puntos álgidos de discusión.

Mientras el presidente Santos busca la manera de impedir que más colectivos campesinos e indígenas se integren al paro agrario y que las manifestaciones sean suspendidas, en diversos centros urbanos y carreteras del país comenzaron a sentirse los rigores de las protestas. Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Caquetá y Tolima han sido los epicentros de las movilizaciones que hoy cumplen tres días.

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, ha dedicado sus esfuerzos a entablar un diálogo con las dignidades agropecuarias para encontrar puntos en común que permitan desincentivar la protesta. Las reuniones entre los dirigentes y los funcionarios de la cartera agropecuaria se han extendido por más de dos días y los debates se han centrado en el tema de la refinanciación y condonación de las deudas de los agricultores, créditos para los productores, así como en todo lo relacionado con compra y precio de insumos.

Al cierre de esta edición, en la reunión se definía si las dignidades agropecuarias se unirían al paro el próximo 5 de mayo, junto a las 11 organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Al respecto, el viceministro de Agricultura, Aníbal Fernández de Soto, explicó que se ha avanzado en la revisión de los compromisos que se adquirieron luego de las protestas de agosto del año pasado, y señaló que se han hecho planteamientos que van más allá.

“Estamos hablando con los sectores, dando a conocer los cumplimientos de los acuerdos anteriores y oyendo propuestas para mejorar la realidad de nuestros campesinos. No estamos negociando temas nuevos sino haciendo el balance de los acuerdos adquiridos”, expresó Fernández de Soto.

Juan Matamoros, uno de los voceros de la Dignidad Agropecuaria, dijo que el punto de suavizar las deudas que tienen los campesinos con los bancos ha sido uno de los más complejos de resolver. Sin embargo, el Gobierno anunció recientemente la compra de cartera para quienes deban menos de $20 millones, otorgándoles beneficios en materia de intereses.

“Hemos pedido que la compra de cartera llegue hasta quienes tengan deudas por $300 millones. La idea es que esto cobije a la gran mayoría de los campesinos. No es la misma deuda la de un papero, cebollero o arrocero. Seguimos en cuatro temas gruesos: insumos, crédito, medio ambiente y protección de páramos con minería y tratados comerciales”, expresó el vocero.
Sin embargo, el Gobierno veía difícil ayer ceder a esta petición ya que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció el pasado 22 de abril que el Gobierno dispondrá de $134.000 millones para el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa).

De otro lado, las organizaciones que participan de la Cumbre Agraria dieron a conocer un comunicado en el que solicitan establecer una mesa única nacional para tramitar las exigencias del sector y revisar el cumplimiento de acuerdos. A su vez, hicieron un llamado el próximo 1 de mayo a las organizaciones estudiantiles, sindicatos de trabajadores y ciudadanía en general para que salgan a apoyar al campesinado.

Estas organizaciones han sido señaladas de politizar el debate alrededor del agro y desde el propio Gobierno se ha afirmado en reiteradas ocasiones que el paro tiene “motivaciones políticas”. A lo que la exsenadora Piedad Córdoba le ha salido al paso para pedir que se aplace la jornada de movilización y se aprovechen las instancias dispuestas para el diálogo. “Negociar no significa ceder”, expresó al tiempo que agregó: “A mí me preocupa la presión que en las últimas horas se ha registrado como respuesta a la movilización y a las declaraciones del Ministro de Defensa, que en nada ayudan a aclimatar un proceso que se ha venido adelantando con la Cumbre Agraria”.

Precisamente, Naciones Unidas pidió evitar la estigmatización de la protesta con las declaraciones de altos funcionarios del Estado, en referencia a la presunta infiltración de las guerrillas en las manifestaciones. Aún así, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, sostuvo que “el paro está liderado por verdaderos campesinos. Sin embargo, está siendo infiltrado en algunas zonas”.

El jefe del ente investigador también afirmó que “la protesta pacífica es un derecho constitucional y tiene que ser protegida por la Fiscalía y todas las autoridades. Si existen desbordamientos en los cuales se traduzca en actos de violencia o en obstaculización de vías que impliquen violencia para los ciudadanos o impidan el transporte de alimentos, de ambulancias o enfermos, esas conductas deben ser sancionadas penalmente”.

Al final, el paro empieza a tomar forma. Algunos campesinos ya han salido a protestar en las vías y el transporte público empieza a escasear en carreteras como la vía a La Calera (Cundinamarca), o entre en San Gil y Socorro (Santander). Al final de la segunda jornada de protestas, se reportaron 11 policías heridos y seis personas capturadas. De la misma manera, la crisis del campo se ha situado en el medio de la agenda pública y los candidatos a la presidencia, que se medirán en el próximo 25 de mayo, ya lanzan sus posturas frente al tema.

 

Fuente: El espectador 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

Published

on

Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

Continue Reading

La red en lucha

Feminicidio de Úrsula Bahillo reaviva protestas contra el sistema judicial y la policía de Argentina

Avatar

Published

on

La autopsia al cuerpo de Úrsula Bahillo, la joven argentina, que fue asesinada a puñaladas el 8 de febrero, por su exnovio -Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, policía en Rojas-, indicó que la causa de muerte fue “secundaria a lesión por arma blanca de estructura vasculares de cuello, generando shock hipovolémico con escasa agonía, aunado a las lesiones punzocortantes observadas en región abdominal y dorsal”, es decir, tres puñaladas en el cuello y otras diez en el abdomen y la espalda.

El asesinato de Úrsula, de 19 años, en la zona rural de Guido Spano por su expareja, provocó una multitudinaria movilización al día siguiente frente a la comisaría de la ciudad bonaerense de Rojas, y hoy los vecinos volvieron a movilizarse para pedir justicia por el feminicidio.

Úrsula denunció 18 veces que estaba en peligro. Le hizo saber a la Justicia que su vida corría peligro. Su agresor ya tenía antecedentes, pero ninguna a ninguna de las denuncias se le dio seguimiento por parte de las autoridades. Solo lo trasladaban de jurisdicción, e incluso tenía una orden de restricción que también ignoró la policía después de que la joven lo denunciara.

Movilización #JusticiaPorUrsula. La convocatoria se realizó por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula, que convocó a reunirse a las 17 frente a la Plaza San Martín y continuó en las puertas de la comisaría local.

En medio de serios enfrentamientos con el personal policial, los familiares y amigos de Úrsula Bahillo reclamaron la indiferencia de la policía ante las denuncias contra el victimario, que además es miembro de la fuerza de seguridad bonaerense. Señalan que claramente hubo inacción de la policía durante el fin de semana, cuando la joven quiso hacer otra denuncia.

Me callé siempre hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”, fue el mensaje que poco antes de ser asesinada envió la víctima a una de sus amigas, a quien le relató las agresiones sufridas perpetradas por su expareja.

Esta tarde, cientos de habitantes de Rojas volvieron a manifestarse, esta en vez en forma pacífica, para exponer que la falta de apoyo judicial y policial permitió este femicidio. La víctima, hija de un reconocido comerciante local, había intentado denunciar nuevamente a su exnovio, el policía Matías Martínez, el pasado fin de semana, pero no fue escuchada en la sede de la comisaría de la Mujer.

El agresor de Ursula protegido por la policía. “Un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar”, asegura Ada Rico, titular de la ONG Casa del Encuentro, pionera en la elaboración de estadísticas sobre feminicidios en Argentina. Entre 2010 y 2020, en Buenos Aires y su región metropolitana, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías. Rico advierte que para las mujeres maltratadas es muy difícil dar el paso de denunciar y la dificultad aumenta si el acusado es policía porque a menudo sus compañeros lo encubren.

Una de las veces que Bahillo se acercó a denunciarlo a la comisaría de la mujer no le tomaron declaración porque “era fin de semana”. A Martínez le dieron una baja psiquiátrica. Indicios para que hubieran puesto atención desde la primera denuncia.

 

Con información de eltiempo.com

 

Continue Reading

Latinoamérica

OPS alerta que contagios de Covid-19 continúan al alza en estados turísticos de México

Avatar

Published

on

Por Ignacio García

La Organización Panamericana de Salud (OPS) alertó que los casos de Covid-19 continúan al alza en México, principalmente en las zonas turísticas del país, donde se registraron visitas masivas durante las fiestas de fin de año.

El organismo internacional señaló que los estados de Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur son las zonas en donde se han reportado más padecimientos por las visitas turísticas a las áreas de playas durante diciembre pasado.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que México es uno de los países más afectados por la pandemia de Covid-19 en América Latina, por lo cual manifestó que deben continuar las medidas restrictivas a la movilidad para contener los padecimientos.

De acuerdo con la representante de la OPS, las autoridades mexicanas deben reforzar las medidas sanitarias para evitar que se presenten incidentes relacionados con la cepa viral, aunado a que también se detectaron los primeros casos de la nueva variante británica.

Indicó que han localizado tres variantes distintas del SARS-COV-2 en el continente americano, por lo que sostuvo que ha sido una de las regiones más afectadas por ese virus, pues también se han identificado en Estados Unidos, Brasil y México, tres de las naciones con el mayor porcentaje de padecimientos y defunciones.

Sostuvo que hasta que se aplique de forma masiva la vacunación en los países latinoamericanos se logrará una disminución gradual de los padecimientos, no obstante, existen pocas dosis y una distribución en algunas naciones específicas.

 

Continue Reading

Trending