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Latinoamérica

Paro agrario en Colombia por incumplimiento del gobierno con reforma

El paro agrario en Colombia cobra fuerza con más contingentes de campesinos y ciudadanos ante el incumplimiento del gobierno de Santos de impulsar reforma

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Paro agrario cumple dos días en Colombia. Foto: Vizzor Image

Marcha del 17 de Marzo de 2014 en Colombia por el incumplimiento del gobierno con la reforma agraria. Foto: Vizzor Image

BOGOTÁ, Colombia.- En el segundo día de manifestaciones, el Ejecutivo busca evitar que más organizaciones se unan a las protestas que han paralizado las jornadas agrarias en Colombia, por el incumplimiento del gobierno de Juan Manuel Santos de una reforma que incluya la refinanciación de deudas, agroinsumos y efectos de los tratados comerciales, puntos álgidos de discusión.

Mientras el presidente Santos busca la manera de impedir que más colectivos campesinos e indígenas se integren al paro agrario y que las manifestaciones sean suspendidas, en diversos centros urbanos y carreteras del país comenzaron a sentirse los rigores de las protestas. Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Caquetá y Tolima han sido los epicentros de las movilizaciones que hoy cumplen tres días.

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, ha dedicado sus esfuerzos a entablar un diálogo con las dignidades agropecuarias para encontrar puntos en común que permitan desincentivar la protesta. Las reuniones entre los dirigentes y los funcionarios de la cartera agropecuaria se han extendido por más de dos días y los debates se han centrado en el tema de la refinanciación y condonación de las deudas de los agricultores, créditos para los productores, así como en todo lo relacionado con compra y precio de insumos.

Al cierre de esta edición, en la reunión se definía si las dignidades agropecuarias se unirían al paro el próximo 5 de mayo, junto a las 11 organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Al respecto, el viceministro de Agricultura, Aníbal Fernández de Soto, explicó que se ha avanzado en la revisión de los compromisos que se adquirieron luego de las protestas de agosto del año pasado, y señaló que se han hecho planteamientos que van más allá.

“Estamos hablando con los sectores, dando a conocer los cumplimientos de los acuerdos anteriores y oyendo propuestas para mejorar la realidad de nuestros campesinos. No estamos negociando temas nuevos sino haciendo el balance de los acuerdos adquiridos”, expresó Fernández de Soto.

Juan Matamoros, uno de los voceros de la Dignidad Agropecuaria, dijo que el punto de suavizar las deudas que tienen los campesinos con los bancos ha sido uno de los más complejos de resolver. Sin embargo, el Gobierno anunció recientemente la compra de cartera para quienes deban menos de $20 millones, otorgándoles beneficios en materia de intereses.

“Hemos pedido que la compra de cartera llegue hasta quienes tengan deudas por $300 millones. La idea es que esto cobije a la gran mayoría de los campesinos. No es la misma deuda la de un papero, cebollero o arrocero. Seguimos en cuatro temas gruesos: insumos, crédito, medio ambiente y protección de páramos con minería y tratados comerciales”, expresó el vocero.
Sin embargo, el Gobierno veía difícil ayer ceder a esta petición ya que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció el pasado 22 de abril que el Gobierno dispondrá de $134.000 millones para el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa).

De otro lado, las organizaciones que participan de la Cumbre Agraria dieron a conocer un comunicado en el que solicitan establecer una mesa única nacional para tramitar las exigencias del sector y revisar el cumplimiento de acuerdos. A su vez, hicieron un llamado el próximo 1 de mayo a las organizaciones estudiantiles, sindicatos de trabajadores y ciudadanía en general para que salgan a apoyar al campesinado.

Estas organizaciones han sido señaladas de politizar el debate alrededor del agro y desde el propio Gobierno se ha afirmado en reiteradas ocasiones que el paro tiene “motivaciones políticas”. A lo que la exsenadora Piedad Córdoba le ha salido al paso para pedir que se aplace la jornada de movilización y se aprovechen las instancias dispuestas para el diálogo. “Negociar no significa ceder”, expresó al tiempo que agregó: “A mí me preocupa la presión que en las últimas horas se ha registrado como respuesta a la movilización y a las declaraciones del Ministro de Defensa, que en nada ayudan a aclimatar un proceso que se ha venido adelantando con la Cumbre Agraria”.

Precisamente, Naciones Unidas pidió evitar la estigmatización de la protesta con las declaraciones de altos funcionarios del Estado, en referencia a la presunta infiltración de las guerrillas en las manifestaciones. Aún así, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, sostuvo que “el paro está liderado por verdaderos campesinos. Sin embargo, está siendo infiltrado en algunas zonas”.

El jefe del ente investigador también afirmó que “la protesta pacífica es un derecho constitucional y tiene que ser protegida por la Fiscalía y todas las autoridades. Si existen desbordamientos en los cuales se traduzca en actos de violencia o en obstaculización de vías que impliquen violencia para los ciudadanos o impidan el transporte de alimentos, de ambulancias o enfermos, esas conductas deben ser sancionadas penalmente”.

Al final, el paro empieza a tomar forma. Algunos campesinos ya han salido a protestar en las vías y el transporte público empieza a escasear en carreteras como la vía a La Calera (Cundinamarca), o entre en San Gil y Socorro (Santander). Al final de la segunda jornada de protestas, se reportaron 11 policías heridos y seis personas capturadas. De la misma manera, la crisis del campo se ha situado en el medio de la agenda pública y los candidatos a la presidencia, que se medirán en el próximo 25 de mayo, ya lanzan sus posturas frente al tema.

 

Fuente: El espectador 

 

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La red en lucha

Gobierno de México exige de nuevo visa a ecuatorianos para evitar «oleada migratoria»

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Sara España/Micaela Valera
El País

Solo uno de cada tres ecuatorianos que vuela hasta México aduciendo que viaja por turismo vuelve a su casa. Esa estadística equivale en cifras absolutas a 54.000 personas que salieron de Ecuador en ocho meses y se quedaron o intentaron quedarse como migrante ilegal en otro lugar. En Estados Unidos, principalmente. Ante la nueva oleada detectada por México desde que eliminara la exigencia de visado a los ecuatorianos, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado marcha atrás y reinstaurado el requisito migratorio.

A partir del 4 de septiembre y hasta marzo de 2022, de momento, quienes elijan a México como destino deberán pedir autorización previa a las autoridades migratorias. La Cancillería ecuatoriana reaccionó al anuncio de México con un comunicado de cuatro párrafos en donde toma “conocimiento” de la decisión que achaca “al alto número de connacionales que son víctimas de mafias que utilizan este mecanismo con la intención de trasladarlos irregularmente hacia Estados Unidos”.

La decisión precedió en días a la llegada del presidente de la nación andina, Guillermo Lasso, para unirse a la conmemoración de los 200 años de la Independencia de México por la Firma de los Tratados de Córdoba. Pese al revuelo que levantó el anunció de México, la agenda de Lasso a partir de este martes estará centrada en consolidar el acercamiento de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Ninguno de los dos países ha confirmado si el asunto de las visas estará en la conversación entre Lasso y López Obrador.

Lasso, quien aterrizó el lunes en Ciudad de México y se quedará hasta el próximo jueves, ha destacado que las conversaciones con López Obrador se centrarán en apertura económica y comercial, cooperación, y planes de vacunación. El canciller Marcelo Ebrard ha recibido al mandatario en su primera visita oficial a México como jefe de Estado y ha dado una afectuosa bienvenida pública tanto al presidente como a su esposa. La Secretaría de Exteriores mexicana ha detallado que después de la cita entre ambos presidentes para conversar “sobre diversos temas de la agenda bilateral y regional”, Lasso volverá a la capital mexicana para proseguir con asuntos de su agenda de trabajo privada.

Fuente original: El País

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La red en lucha

Violencia del Estado persiste en Colombia tras los acuerdos de La Habana en 2016

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Por Ignacio García

Tras los acuerdos de La Habana en 2016 firmados por el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Estado colombiano sigue ejerciendo violencia contra los ciudadanos.

De acuerdo con el Tercer Informe sobre los asesinatos sistemáticos en Colombia durante 2021, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos del Colectivo por la Paz en Colombia desde México (Colpaz), después de cinco años de haberse firmado los acuerdos por las autoridades colombianas, mil 201 líderes han sido asesinados y el Estado ha sido incapaz de detener la violencia.

El estudio revela que el gobierno de Iván Duque ha minimizado los efectos de la violencia en ese país atribuyendo los homicidios sistemáticos a una disputa de territorio para la ilegalidad.

En las zonas del país donde asesinan a defensores de derechos humanos existen organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, pero el gobierno nacional ha desestimado las nuevas formas del paramilitarismo, aunado a que se siguen desarticulando las organizaciones comunitarias en defensa de los territorios y en los distintos territorios del país.

Al respecto, Lady Johanne Rondón Arévalo, activista e integrante del Colectivo por la Paz en Colombia desde México, y Juan Sebastián Granada-Cardona, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalaron en entrevista con Los Ángeles Press que la fiscalía de Justicia ha elogiado la actuación del gobierno, pese a que tendría que ser una institución independiente.

Las condiciones de violencia en Colombia han continuado con una profunda inequidad social, altos índices de corrupción e impunidad, aunado a que el gobierno nacional ha priorizado el uso de la fuerza antes del diálogo y consenso correspondiente a un Estado de Derecho, señalan los académicos.

Asimismo, se ha mantenido la violencia institucional, estructural y la ejercida a través de los cuerpos públicos de seguridad que dan cuenta de la prolongación de las formas criminales que se instalaron en el poder desde hace más de 40 años y que se han sofisticado a través de nuevas formas de operación por medio de recursos del crimen organizado.

El informe refiere los distintos casos de asesinatos sistemáticos de líderes sociales y excombatientes de las FARC, feminicidios, violencia estatal cometida durante el primer semestre de este año.

También 69 líderes sociales fueron asesinados en la primera mitad de este año, 106 ex combatientes de las FARC, así como 45 masacres cometidas por el Estado colombiano, por lo que advirtieron que de continuar esta tendencia constante contra la ciudadanía el tejido social colombiano seguirá siendo afectado.

Además, la violencia del Estado pudo evidenciarse cuando la Fuerza pública se utiliza contra la ciudadanía violentando los derechos humanos y criminalizando la protesta social como forma de deslegitimación de las exigencias ciudadanas como sucedió en abril pasado con las protestas contra el gobierno de Duque.

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Latinoamérica

Presidente de Haití, Jovenel Moises, asesinado en golpe de Estado

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SANTO DOMINGO.- El presidente de Haití, Jovenel Moises, fue asesinado esta madrugada por un comando armado que penetró a su residencia en medio de un intenso tiroteo. Era su cuarto año de presidencia, y en febrero había alertado de que había un golpe de Estado en marcha y que utilizaba la calle para desestabilizar. Incluso, el 12 de febrero de 2021, señaló a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico de querer asesinarlo.

En la acción fue herida de gravedad su esposa Martine Moise, cuyo estado de salud aún era confuso.

Los primeros informes de seguridad indican que en el comando que atacó a Moïses había mercenarios suramericanos. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, emitió un comunicado en el que confirma que a eso de las 1:00 de la madrugada Moises fue mortalmente herido. Así lo confirmó el diario local El Día.

Moises, de 53 años, ganó las elecciones presidenciales de su país en primera vuelta el 27 de noviembre de 2016 y asumió el 7 de febrero de 2017, proceso que apenas contó con la participación del 21 por ciento de los electores.

Desde el año pasado enfrentaba protestas violentas promovida por grupos opositores, quienes exigían su salida del poder alegando que su periodo concluía el 7 de febrero pasado en el entendido de que el mismo se contabilizaba desde el 7 de febrero del 2016 pese a que él tomó posición en 2017.

Otra de las situaciones que enfrentaba Moises fue el auge de grupos criminales que han tomado el control de gran cantidad del territorio haitiano y que desafiaban la autoridad gubernamental.

Comunicado emitido por Claude Joseph dando razón del atentado contra el presidente Jovenel Moises, quien falleciera poco después.

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