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Latinoamérica

Paro agrario en Colombia logra sus primeras conquistas

El paro agrario en Colombia ha tenido sus primeros triunfos, además del decreto del Ejecutivo para garantizar el respeto a la libre manifestación en el país

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Agricultores de Dignidad Agropecuaria protestan encadenados en la Plaza de Bolívar. Foto: Helda Martínez/IPS

Agricultores de Dignidad Agropecuaria protestan encadenados en la Plaza de Bolívar. Foto: Helda Martínez/IPS

Por Constanza Vieira

BOGOTÁ, Colombia.– Luego de 12 días de movilización nacional, la Cumbre Agraria, Étnica y Popular de Colombia consiguió sus primeras reivindicaciones en la negociación con el gobierno para levantar el paro que inició el 28 de abril de 2014.

Por medio de un decreto, el gobierno aceptó negociar con una mesa única para las 12 organizaciones de la Cumbre Agraria –que según el gobierno representa a más de 90 por ciento de quienes cumplen el paro—, reconoce a sus portavoces y acepta como agenda su pliego único de reclamos.

Además, el Poder Ejecutivo emitió una circular que ordena garantizar “el libre derecho a la protesta y a la libre expresión”, aunque los condiciona a que no se bloqueen las vías.

Según un comunicado público desde la seccional de la Cumbre Agraria en el Magdalena Medio, centro de Colombia, tras el decreto, la dirección del paro nacional instruyó para “que regresemos a nuestras parcelas”.

Esto no implica levantar el paro, precisa el texto. El programa de movilizaciones prosigue tal cual, vigilando que se refrenden y se cumplan los acuerdos.

Además, indicaron en otro anuncio los campesinos, estas movilizaciones cuidarán de una de sus exigencias, “la solución política negociada al conflicto social y armado colombiano”, surgido en 1946.

Mientras, en la sede del Ministerio del Interior en Bogotá la negociación prosigue, acompañada por un delegado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el propio director de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el estadounidense Todd Howland.

“Confío en que el gobierno nacional y la policía van a mantener una actitud prudente y respetuosa frente a las protestas pacíficas”, señaló el diplomático.

Además, la Organización de las Naciones Unidas acompañará una comisión de verificación de derechos humanos entre las partes, que reportará sobre la situación en los lugares donde se denunciaron abusos: los departamentos de Norte de Santander y Cesar (nororiente), Arauca (oriente), Cauca (suroccidente) y Meta (centro-sur).

Las negociaciones avanzan con lentitud, con participación de funcionarios de distintos ministerios y entidades nacionales, de la procuraduría y de la defensoría del pueblo, entre otros.

Cuando los 35 portavoces de la Cumbre Agraria anuncian que necesitan deliberar a solas, los funcionarios y diplomáticos desaparecen. Los curtidos líderes establecen prioridades y repasan la forma y argumentación de exponerlas.

Una vez están listos, los funcionarios retornan y la reunión prosigue.

Un momento de las negociaciones que conduce el ministro del Interior, Aurelio Iragorri (en la cabecera de la mesa), con la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Foto: Ministerio del Interior de Colombia

Un momento de las negociaciones que conduce el ministro del Interior, Aurelio Iragorri (en la cabecera de la mesa), con la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Foto: Ministerio del Interior de Colombia

La negociación es encabezada por el ministro del Interior, Aurelio Iragorri. Se supo que hace unos días, en ese mismo escenario, tuvo un momento de descontrol. El ministro “estaba cansado, llevaba día y medio trabajando sin dormir”, dijo una funcionaria estatal que presenció los hechos el martes 6.

“Hay fuerzas dentro y fuera del gobierno dispuestas a reventar la mesa de la Cumbre Agraria, para demostrar que con ellos es imposible negociar”, dijo el ministro a los presentes, según la misma fuente.

Lo expresado por Iragorri para explicar su desfallecimiento indica la fuerte presión en la que se mueve la administración de Juan Manuel Santos, quien gobierna desde 2010 y aspira a ser reelegido en comicios que se celebrarán en dos semanas.

Seguramente haya segunda vuelta el 15 de junio y, si bien casi todos los sondeos prevén que Santos triunfe, le pisa los talones su más agrio opositor, el derechista Óscar Iván Zuluaga, respaldado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Tras cinco prolongadas sesiones de diálogo, el jueves 8 estaban en el salón poco más de 50 personas. En la tarde, Iragorri anunció que se tratarían en una sola negociación los reclamos de la Cumbre Agraria. Ésa era la precondición para seguir dialogando, según esta coalición campesina que surgió de una movilización similar, de carácter nacional, en 2013.

En la noche, y antes de conocerse el decreto que se publicó este viernes 9, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, anunció que retomaba, por su parte, la negociación con el movimiento Dignidad Agropecuaria, otro sector agrario en paro: pequeños y medianos productores de arroz, papa, leche, café, maíz, cacao y algodón, entre otros (ver recuadro).

Así, quizá Santos logre conjurar la profundización del paro agrario que revivió a fines de abril, tras las movilizaciones de campesinos y productores quebrados que se levantaron escalonadamente entre febrero y septiembre de 2013, y confluyeron en una parálisis nacional en agosto.

El año pasado fue el de mayor número de luchas sociales desde 1975, según el jesuita Centro de Investigación y Educación Popular. Las protestas se disiparon en octubre, con mesas de negociación atomizadas. Algunos sectores recibieron subsidios u otros alivios durante varios meses. Esta vez, el cercano trance electoral impone otros cuidados.

En 2013, tras la primera semana de huelga nacional, Santos había expresado que “el tal paro nacional agrario no existe”. Al tiempo, el Ministerio de Defensa introducía el argumento de que la movilización estaba promocionada o infiltrada por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alzadas en 1964.

El 25 de agosto, la fiscalía capturó a uno de los portavoces del paro, Huber Ballesteros, vicepresidente del sindicato agrario Fensuagro, y lo acusó de financiar a las FARC, que negocia el fin de la guerra con el gobierno colombiano en La Habana.

La represión de la movilización masiva de 2013 dejó 19 muertos, unos 900 heridos y cerca de 700 detenidos. En septiembre, Santos propuso un Pacto Agrario Nacional, pero la mayoría de quienes se sentaron a la mesa eran grandes productores y terratenientes.

En respuesta, los sectores más pobres del agro convocaron un encuentro propio, cuyos detalles se concretaron en diciembre en Bogotá y que desembocaría en la Cumbre Agraria.

La frase presidencial y las imágenes de policías golpeando y acosando a campesinos, que se tornaron virales en las redes sociales, le costaron a Santos una caída en las encuestas de 48 por ciento en junio a 21 por ciento en septiembre, según la empresa Gallup.

La Cumbre Agraria es un proceso inédito de unidad desde las bases.

“No salimos con Dignidades porque, aunque saludamos su lucha, no es la nuestra”, explicó en la red social Twitter uno de sus integrantes, @CatatumboResiste. “Ellos al menos tienen tierra y tractores. Nuestra lucha es de fondo”, agregó.

La Cumbre Agraria tampoco se identifica con ningún partido aunque logró un senador en los comicios de marzo, Alberto Castilla, quien se presentó en la lista del izquierdista Polo Democrático Alternativo.

Castilla es uno de los fundadores del Congreso de los Pueblos, una de las dos grandes vertientes de la Cumbre Agraria que desde 2012 comenzó a acercarse a la Marcha Patriótica. Los dos movimientos de origen rural surgieron en 2010.

En los primeros pasos, los indígenas actuaron como observadores.

Durante el gobierno de Uribe los pueblos ancestrales protagonizaron casi solos enormes movilizaciones o mingas (trabajo colectivo para el bien común, en quechua).

Pero a mediados de marzo de este año, cuando se realizó en Bogotá la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, que dio nombre al actual movimiento, se integró también la Organización Nacional Indígena de Colombia, que representa a 1,4 millones de nativos.

Se sumó asimismo un sector importante de los afrocolombianos, el Proceso de Comunidades Negras.

En total, 12 organizaciones de carácter nacional o regional redescubrieron la unidad, en un movimiento que hace décadas no se veía en Colombia.

En ese encuentro de marzo se acordó no permitir que el gobierno dividiera la negociación por sectores o regiones, como en 2013. De allí la trascendencia del decreto presidencial que ahora reconoce la mesa única nacional como interlocutora.

El 30 de marzo, la Cumbre Agraria entregó un pliego de condiciones común de ocho grandes puntos y 127 reclamos concretos a la Presidencia y puso un plazo de mes y medio para emprender la movilización.

Además de los puntos de confluencia, decidieron que todos lucharán por las reivindicaciones de los otros. Es la agenda de negociación que ahora tiene el ministro Iragorri en su despacho.

Ante las dudas por el posible efecto electoral de la fecha del paro, los campesinos contestaron que la movilización es por derechos y no contra el presidente. El 11 de abril se reunieron con él.

Se trata de reclamos de reformas constitucionales y legales, de acatamiento de leyes ignoradas, de cambios en políticas económicas y sociales y de garantías para la protesta social.

Un punto se refiere al fin de la guerra civil que lleva medio siglo, pero, mientras tanto, se exige a las partes acatar el derecho internacional humanitario.

El primer punto busca armonizar la conservación de la naturaleza con su aprovechamiento como medio de vida de las comunidades agrarias, que serían las que definan un nuevo ordenamiento territorial local.

Se exige proscribir cualquier forma de extranjerización de la tierra y el cese de los todos los tratados de libre comercio, así como una reforma participativa de las políticas minera y energética.

El punto sobre cultivos que son materia prima de drogas ilegales –coca, amapola y marihuana— es crucial para la Cumbre Agraria, que reclama el fin de la erradicación violenta, una sustitución gradual y concertada y la liberación de los inculpados por esa actividad que no hagan parte del narcotráfico.

Los portavoces de la Cumbre Agraria repiten que el paro es “escalonado, pacífico y contundente” y el martes 7 estimaron que unas 120.000 personas estaban movilizadas en los bordes de las carreteras en 20 de las 33 subdivisiones de este país de 46 millones de habitantes.

“El gobierno es bipolar”, aseguró Olga Lucía Quintero, joven líder campesina del Catatumbo.

Mientras Santos dice que garantiza el derecho a la protesta, ya circulan en Internet fotos de manifestantes heridos y contusos.

La policía antimotines incendia las tiendas que los campesinos levantaron en los sitios de concentración, les confisca los alimentos que han llevado para mantenerse y, quizá para evitar que los graben cuando cometen abusos, les quitan sus celulares.

Con aporte de Helda Martínez (Bogotá).

Latinoamérica

Presidente de Haití, Jovenel Moises, asesinado en golpe de Estado

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SANTO DOMINGO.- El presidente de Haití, Jovenel Moises, fue asesinado esta madrugada por un comando armado que penetró a su residencia en medio de un intenso tiroteo. Era su cuarto año de presidencia, y en febrero había alertado de que había un golpe de Estado en marcha y que utilizaba la calle para desestabilizar. Incluso, el 12 de febrero de 2021, señaló a un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico de querer asesinarlo.

En la acción fue herida de gravedad su esposa Martine Moise, cuyo estado de salud aún era confuso.

Los primeros informes de seguridad indican que en el comando que atacó a Moïses había mercenarios suramericanos. El primer ministro de Haití, Claude Joseph, emitió un comunicado en el que confirma que a eso de las 1:00 de la madrugada Moises fue mortalmente herido. Así lo confirmó el diario local El Día.

Moises, de 53 años, ganó las elecciones presidenciales de su país en primera vuelta el 27 de noviembre de 2016 y asumió el 7 de febrero de 2017, proceso que apenas contó con la participación del 21 por ciento de los electores.

Desde el año pasado enfrentaba protestas violentas promovida por grupos opositores, quienes exigían su salida del poder alegando que su periodo concluía el 7 de febrero pasado en el entendido de que el mismo se contabilizaba desde el 7 de febrero del 2016 pese a que él tomó posición en 2017.

Otra de las situaciones que enfrentaba Moises fue el auge de grupos criminales que han tomado el control de gran cantidad del territorio haitiano y que desafiaban la autoridad gubernamental.

Comunicado emitido por Claude Joseph dando razón del atentado contra el presidente Jovenel Moises, quien falleciera poco después.

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Latinoamérica

EEUU publica primera lista de funcionarios señalados de corrupción en Centroamérica

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El Departamento de Estado de Estados Unidos identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios, incluidos expresidentes y legisladores activos, sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en tres países centroamericanos.

Muchos de los casos ya se conocían en Guatemala Honduras y El Salvador pero la mención de los nombres en la lista de Estados Unidos avivó las esperanzas de quienes luchan contra la corrupción. La lista fue entregada al Congreso de Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense U.S.-Northern Triangle Enhanced Engagement Act, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel.

La publicación ocurre mientras el gobierno del presidente Joe Biden presta atención a la corrupción endémica en la región como uno de los factores que impulsa a los centroamericanos a migrar a Estados Unidos.

El llamado del Congreso para el reporte refleja una preocupación creciente “sobre el nivel de corrupción sistémica en los países del Triángulo Norte, la reincidencia considerable que hemos visto en toda la región en los últimos años” y la necesidad de “garantizar que nuestra ayuda no termine en los bolsillos de funcionarios corruptos o sus aliados”, dijo Adriana Beltrán, directora de seguridad ciudadana en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental enfocada en asuntos de derechos humanos.

Entre las figuras más destacadas de la lista se encuentran el expresidente de Honduras José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. El informe del Departamento de Estado señala que Lobo Sosa aceptó sobornos de un cártel del narcotráfico y que su esposa estuvo involucrada en fraude y malversación de fondos. Ambos niegan las acusaciones. La Corte Suprema invalidó el año pasado la condena de Bonilla por cargos relacionados y está esperando un nuevo juicio.

Quizás tan importante que la inclusión de Lobo Sosa o de más de una docena de legisladores actuales, fue la omisión del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Los fiscales estadounidenses en Nueva York han señalado sospechas de que Hernández financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes, pero el mandatario no ha sido acusado formalmente.

Él ha negado haber cometido alguna falta. Su hermano, el exlegislador federal Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado en marzo en Nueva York a cadena perpetua.

El analista hondureño Raúl Pineda Alvarado dijo que había muchas expectativas por la lista, pero que en general no incluye a los perpetradores principales, algo que lo decepcionó .

“Si esta es la forma en la que el Congreso de Estados Unidos pretende combatir la corrupción en Honduras, es algo parecido a querer curar el cáncer con aspirina”, comentó.

En lugar de nombrar a quienes dan las órdenes y controlan los recursos, la mayoría de los nombres eran de “autores secundarios”, sostuvo.

“Esta lista Engel, de alguna manera era muy esperanzadora, se pensó que sería un golpe demoledor a los verdaderos pesos pesados de la corrupción… pero lamentablemente esas esperanzas se ven frustradas”, declaró.

En cuanto a El Salvador, en la lista se incluyeron exfuncionarios del gabinete, un juez y el jefe de despacho del presidente Nayib Bukele La comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, ha mantenido un perfil bajo desde que su nombre apareció en mayo en una lista más corta del Departamento de Estado, pero los funcionarios del gobierno afirman que sigue presente en las oficinas presidenciales.

La lista del jueves detalló que ella “se involucró en corrupción considerable al hacer mal uso de fondos públicos para beneficio personal” y que participó en un plan de lavado de dinero.

La lista también incluyó a dos expresidentes de la Asamblea Legislativa, entre ellos Walter Araujo, que abandonó el partido conservador Arena para convertirse en un líder preeminente del partido Nuevas Ideas de Bukele.

De acuerdo con la lista, Araujo fue incluido por “exhortos a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar repetidamente a candidatos políticos”.

Araujo reacción en Twitter, diciendo que no será callado por “gringos” ni por periodistas sin escrúpulos.

“Si por defender a mi pueblo y a mi gente me ponen en una lista Engel…. me pueden poner 100 veces más”, tuiteó.

Jean Manes, una exembajadora estadounidense para El Salvador, que recientemente regresó de manera temporal como encargada de negocios, dijo en un comunicado en video que la estrategia de Estados Unidos en la región se centra en combatir la corrupción porque es el factor más grande que impide el desarrollo.

“Las personas en la lista Engel pierden de forma inmediata su visa para acceder a los Estados Unidos”, afirmó. “Esta es una lucha larga compleja y continua, por eso hacemos uso de diferentes herramientas como la lista Engel que nos permite tomar acción inmediata en contar de actores que están abusando su poder para beneficio personal”.

Eduardo Escobar, jefe de Acción Ciudadana, una organización de rendición de cuentas públicas de El Salvador, dijo que se reunió el miércoles con la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, durante su visita al país.

Escobar dijo que en algunos casos, la lista dio crédito a los señalamientos de que algunos miembros del gobierno de Bukele estaban involucrados en actos de corrupción, así como miembros de otros partidos políticos. Añadió que ahora tendrían que ver si la Fiscalía General de El Salvador toma alguna medida para perseguir a las personas mencionadas en la lista.

El gobierno de Bukele no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios.

En Guatemala, el expresidente Álvaro Colom Caballeros fue acusado de participación en fraude y malversación de fondos en el caso de un nuevo sistema de autobuses en Ciudad de Guatemala. El actual juez de la Corte Suprema Manuel Duarte Barrera presuntamente “abusó de su autoridad para influenciar y manipular inapropiadamente el nombramiento de jueces para el tribunal supremo”. Otro magistrado del máximo tribunal salvadoreño, Nester Vásquez, también se entrometió presuntamente en la selección de jueces.

El fiscal jefe contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, opinó que el alcance de la corrupción en el país ha ido mucho más allá de los mencionados en la lista.

“Creo que faltan varios procesados por corrupción”, añadió Sandoval. “En la fiscalía investigamos a cientos de personas y otras cientos han sido condenados. Creo que se deben tocar los puestos altos de las estructuras de corrupción, sobre todo aquellos que la financian.”

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Fuente: AP

Sherman reportó desde Ciudad de México. Los periodistas de The Associated Press Marcos Alemán en San Salvador y Marlon González en Honduras contribuyeron a este despacho.

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La red en lucha

Presidente de Nicaragua suma 14 detenciones arbitrarias y varias desapariciones forzadas a opositores

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Por Joselaine Gutiérrez

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha desatado el terror al interior del país al desplegar detenciones arbitrarias a precandidatos presidenciales y líderes opositores a su gobierno, incluso desapariciones forzadas, con la intención de mantenerse en el poder, junto a su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de su mandato.

En entrevista para Los Ángeles Press, el periodista Federico Campbell Peña relató la situación agraviante que vive el país por el autoritarismo y las violaciones de derechos humanos del régimen orteguista, por lo que hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional para poner un alto a las arbitrariedades y se pronuncien por la democracia nicaragüense con elecciones libres.

En las últimas dos semanas, se ha producido la mayor oleada de arrestos contra 14 dirigentes opositores del movimiento Unamos, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), entre ellos se encuentra cuatro aspirantes a la presidencia para los comicios del 7 de noviembre, entre los que destaca Cristiana Chamorro y el exvicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, quien fue privado de su libertad arbitrariamente y acusado por incitación a la  injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar sanciones contra miembros del gobierno de Ortega.

Los líderes opositores lanzaron videos a las redes sociales, señalando que si los estaban viendo eran porque habían sido secuestrados por el régimen. Fue el caso de Suyen Barahona, presidenta de Unidad Nacional Azul y Blanco, quien en su red de Twitter denunció el secuestro de Ana María Vijil y el allanamiento a su casa, sin embargo, más tarde ella también ella fue detenida de manera arbitraria ayer mismo 13 de junio.

En las últimas horas del 13 de junio, activistas de derechos humanos denunciaron la desaparición de Tamara Dávila, integrante de Unamos Nicaragua, y Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Hugo Torres Jiménez, de 73 años, envió un mensaje a la comunidad global para denunciar las arbitrariedades, y señaló que él había arriesgado su vida en los años ochenta contra el régimen de Antonio Somoza, y ahora lo hacía de nuevo contra su excompañero guerrillero Daniel Ortega.

La acusación del régimen orteguista contra los opositores es por realizar supuestos actos que “menoscaba la independencia, soberanía y autodeterminación”, además “de organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

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