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Mexico Violento

Paramilitares amenazan con matar más activistas en Guerrero

A menos de un mes del asesinato del líder social Raymundo Velázquez Flores, opositores políticos en Guerrero han recibido nuevas amenazas y temen masacre

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Raymundo Velázquez Flores, líder comunista asesinado el 5 de agosto de 2013. Foto: albertobuitre.woedpress.com

Raymundo Velázquez Flores, líder comunista asesinado el 5 de agosto de 2013. Foto: albertobuitre.woedpress.com

Por Alberto Buitre

CIUDAD DE MÉXICO.- Las amenazas de muerte volvieron para los comunistas en Guerrero. A principios de mes, mataron a Raymundo Velázquez, Miguel Solano y Samuel Vargas, líderes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) y dirigentes del Partido Comunista de México en el Estado. Ahora quieren la vida de Luis Olivares, Sofío García Ternés y Francisco Flores Osuna, miembros de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande. Son los paramilitares, acusan, y si son asesinados, los responsables serán el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero y el mismo Enrique Peña Nieto.

Los luchadores sociales ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar las amenazas, al mediodía de este jueves 29, frente a la representación del Gobierno de Guerrero en la Ciudad de México. Sofío García explicó: “Nos quieren sacar de la comunidad”.

Este 30 se cumple el plazo para abandonar su comunidad, según les advirtieron en una cartulina roja colocada en la colonia 10 de Abril, municipio de Coyuca de Benítez. El mismo lugar donde asesinaron a sus compañeros hace veinticinco días.

Su organización se ha opuesto radicalmente al avance de las mineras canadienses tanto en La Montaña como en la Costa de Guerrero. Además, pertenecen a los grupos que se quedaron a exigir justicia tras el magnicidio de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en 1997.

Las amenazas que hoy se ciernen no son nuevas. Luis Olivares, Sofío García Ternés y Francisco Flores Osuna , lo mismo se han opuesto a las mineras, que las madereras clandestinas. Sus grupos organizados son impedimento para la explotación capitalista de la tierra. Por eso, de alguna manera, no les extrañan estos avisos: “Es parte de la Iniciativa Mérida: quieren Perote, la sierra, nos quieren sacar de la tierra”, fueron sus declaraciones recogidas por el portal Revolución 3.0.

Por su parte, el PCM respaldó la decisión de sus militantes de no abandonar sus comunidades y emprender la autodefensa. Responsabilizó al Gobierno de Guerrero y al Pacto por México por las nuevas amenazas contra los comunistas. “Vamos a estar con ellos”, señaló la organización.

 

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Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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Rosario Robles acepta declararse culpable para cumplir sólo seis años de prisión

Ignacio García

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Por Ignacio García

La ex titular de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, aceptó declararse culpable por el ejercicio indebido del ejercicio público para cumplir sólo seis años de prisión y no pagar la reparación del daño del caso de la “Estafa maestra”.

La funcionaria federal refirió por medio de un escrito que no procede la reparación del daño por el monto total de la Estafa Maestra de cinco mil 500 millones de pesos, así como una pena de 21 años de prisión, ya que se le acusa de dos cargos del ejercicio indebido del servicio público agravado por el delito que se cometió cuanto estaba en el ejercicio público.

La Fiscalía General de la República (FGR) en su acusación formal pidió la máxima pena contra la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero al declararse culpable ofreció a pagar una multa de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a cinco mil 377 pesos.

Robles Berlanga propuso pasar dos años de prisión por cada delito que se le imputa por el ejercicio indebido del servicio público y uno más en cada uno por el agravante que se le aplica, aunado a que solicitó a la FGR que se designe un funcionario de alto nivel con capacidad de decisión para revisar su propuesta para lograr la autorización.

El pasado 26 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur la FGR señaló que Robles no quiere pagar la reparación del daño, por lo que no procede a conceder ninguna posibilidad de terminar el proceso de manera anticipada.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que fue acusada de haber sido responsable de los desvíos millonarios de esas dependencias en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

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Reos de penal federal de Chiapas denuncian riesgo de motín y falta de alimentos, demandan atención de Segob

Ignacio García

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Por Ignacio García

Reos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, de Villa de Comatitlán, en Chiapas, denunciaron que han sido víctimas de constantes agresiones por parte de las autoridades penitenciarias, por lo que temen un motín en el interior del penal, y por ello solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El abogado Jefte Méndez informó que ayer los reos no recibieron sus alimentos en el horario establecido, por lo que tampoco les han permitido el acceso al patio del inmueble, además de que no han podido realizar sus actividades físicas, lo que representa una violación a los derechos humanos.

De acuerdo con el defensor legal, ante las prohibiciones que han continuado en el interior del penal temen que existan enfrentamientos entre los internos, debido a que las autoridades penitenciarias no están atendiendo las necesidades básicas de los internos.

Agregó que este tipo de medidas no pueden ser toleradas por el gobierno federal, por lo que demandaron a la secretaria Olga Sánchez Cordero que atienda las problemáticas internas en el Cefereso de Chiapas, pues de lo contrario se puede presentar un enfrentamiento violento en las instalaciones del penal.

Apenas el 27 de noviembre de 2020 fueron trasladados reos de alta peligrosidad del penal de Puente Grande, lo que ha generado una mayor desestabilización en el interior del penal federal con los demás reos, ya que el director del penal toma medidas de represalia para todos los internos.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2015 y 2019 se registraron 19 enfrentamientos entre internos o motines en los penales del país, siendo los más frecuentes los federales, en donde ha imperado el hacinamiento y falta de atención de las autoridades penitenciarias.

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