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Justicia pendiente

Padre Solalinde promueve la renuncia de Aguirre por caso Ayotzinapa

El Padre Alejandro Solalinde lanzó uan petición de firmas para exigir la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre por la masacre de Iguala

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Redacción

MÉXICO, DF.- El sacerdote mexicano Alejandro Solalinde lanzó una petición de firmas bajo la plataforma internacional Change.org para exigir la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y nueve personas más asesinadas por la Policía municipal de Iguala el pasado 26 de septiembre.

Solalinde calificó de “cómplice y criminal” en la petición al gobierno de Aguirre, por las diferentes evidencias ya públicas de su colaboración con grupos narcotraficantes del Estado, entre estos, el cártel de Arturo Beltrán Leyva que habría financiado su campaña como Senador y luego como gobernador. Otras de los vínculos que se han denunciado de Aguirre es con el Cártel independiente de Acapulco que lidera su primo, y con Guerreros Unidos, que lideran el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, actualmente prófugos por el caso de los normalistas.

La convocatoria del sacerdote ha logrado más de 36 mil firmas en cinco días. Y está difundiéndose por las redes sociales y medios digitales. También ha participado en diferentes foros públicos para denunciar la masacre a los estudiantes y las violaciones de derechos humanos del gobierno de Guerrero. «Sin embargo, no basta la renuncia del gobernador, hace falta también una investigación sobre la cadena de mandos. Es necesario que nos movamos en esa incidencia, incluso es necesario la revocación de mandato, no sólo para el gobernador, sino para Peña Nieto, y para todo aquel que gobierno sólo con sus intereses», dijo Solalinde.

 Petición

Ángel Aguirre debe renunciar a la gubernatura de Guerrero. El horror que hoy se vive en ese estado es producto de años en los que su gobierno ha dejado que la delincuencia organizada cometa atrocidades. La última de ellas ha dejado ríos enteros de dolor e indignación en todo el mundo: la masacre y desaparición de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

El gobierno de Ángel Aguirre ha sido, en el mejor de los casos, inepto e ineficiente; en el peor, cómplice y criminal.

Aguirre ha dicho que está dispuesto a irse si la gente así lo pide. Ayúdame a demostrarle a través de esta petición que somos miles los que nos oponemos a que continúe en su cargo y, con ello, a que la tragedia en Ayotzinapa no tenga consecuencias políticas.

Su antecesor, Rubén Figueroa Alcocer, tuvo que renunciar a la gubernatura por la masacre de 17 personas en Aguas Blancas. ¿Qué mensaje estaremos dejando si permitimos que Aguirre concluya su mandato habiendo la cantidad de desaparecidos y de muertos durante su período?

Te pido que firmes esta petición y la compartas lo más ampliamente posible con sus amigos, familiares, compañeros. No podemos guardar silencio en este momento. Debemos alzar la voz y evitar la impunidad.

Firmas

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El Padre Solalinde en la atención solidaria a migrantes. Foto: red

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Justicia pendiente

Juez niega amparo a exsecretario de Seguridad Pública de Tapachula acusado de tortura y abuso contra indígenas de Pavencul

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Los indígenas de pavencul, torturados por servidores públicos, obtuvieron un amparo contra ellos, en un caso que se denominó el lunes negro

Por Cinthya Alvarado Enríquez

TAPACHULA, Chiapas. El Juzgado Tercero de Distrito de Justicia Federal negó el amparo solicitado por Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, ex secretario de Seguridad Pública y protección ciudadana, así como a Iván Inocente Morales Barrios, ex Jefe de la Policía municipal por su participación y coautoría en la tortura, detención ilegal y abusos de autoridad infligidos contra 42 campesinos indígenas de Pavencul y Toquian y de la periodista Cinthya Alvarado Enríquez, el 27 de enero se 2020, el llamado Lunes Negro.

Con esto, se reestablece de nueva cuenta el proceso penal conducido por la FEADLE (Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión) clamado por la periodista C.E.A.E., mismo que se encuentra en su etapa intermedia pero que ha tenido varios lapsus debido a la influencia de la actual presidente municipal Rosa Urbina Castañeda, quien en el tiempo en que sucedieron los hechos fungía como titular de la Sindicatura.

Para saber más del caso: Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

Así mismo Urbina Castañeda estuvo al frente de la querella a nombre del Ayuntamiento de Tapachula donde las víctimas fueron llevados ante la FGE (Fiscalía General del Estado) mediante abuso, imputados en carpeta de investigación y fabricándoles delitos, misma que ya quedó sobreseída por no haber elementos de cargo.

Cómo el INM intentó fabricar delitos a Cinthya Alvarado Enríquez

Cinthya Alvarado, en pleno conocimiento de sus derechos constitucionales y en su calidad de periodista, el 6 de enero grababa a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes para detenerlas en un parque público de Tapachula. Grupos de migrantes habían llegado al parque por la información que había trascendido de que se les estarían dando códigos QR para la regularización de su estancia por el país.  Mientras ella reportaba la situación, funcionarios del Instituto Nacional de Migración la increparon y le pidieron que se retirara, a lo que ella se negó.

No te pierdas: Alerta Temprana de Periodistas reporta presunta desaparición forzada de Cinthya Alvarado cubriendo temas de Migración

Uno de los funcionarios del INM citó un artículo del reglamento local que prohibía el libre tránsito a extranjeros, con total desconocimiento de la Constitución mexicana, la cual invocó la periodista por el artículo 1, de que la entrada de extranjeros por el solo hecho de estar en territorio mexicano alcanzarán el mismo derecho respeto y garantía de sus derechos humanos.

Por lo que ella decidió poner una denuncia ante la fiscalía del estado sobre los que estaba pasando y se hizo acompañar de los migrantes en su auto. Por lo que fue interceptada por autoridades federales y detenida de manera arbitraria.

Una información extraoficial llegó a la dirección de este medio, señalando que se le pretendía imputar el cargo de “tráfico de migrantes”, porque había subido a tres personas extranjeras a su auto particular, y que necesitaba un abogado urgente para que se amparara.

 

 

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Justicia pendiente

Grupo de la ONU pide garantizar seguridad de familias buscadoras de desaparecidos

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El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias buscadoras de personas desaparecidas en el país.

El organismo internacional alertó sobre estas medidas después del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desaparecida, Betzabé Alvarado, el pasado mes de enero de 2021.

El Grupo de la ONU condenó el asesinato de la madre buscadora y pidió que se investigue y sancione a los responsables, debido a que se trata de un delito que puede permanecer en la impunidad.

Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada ayer por la mañana cuando esperaba el transporte público en la lateral de la carretera México-Puebla, cerca de la unidad habitacional Villa Frontera, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones y falleció en el lugar.

La víctima refirió que uno narcomenudista fue el responsable de la desaparición de su hija, por lo que diferentes organizaciones civiles han señalado que debe ser detenido ese individuo de forma inmediata por parte de las autoridades federales y estatales.

La ONU ha alertado sobre los elevados niveles de violencia que persisten en México, donde los familiares de las víctimas de delitos como la desaparición se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad, la cual no obtuvo respuesta por parte de las autoridades federales.

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Justicia pendiente

Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Sedena identificó a 20 alcaldes vinculados con el caso Ayotzinapa; Morena, PAN, PRI son los institutos políticos a los que pertenecen estos ediles

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

Para saber más del tema: Hackeo a SEDENA: lo que se sabe de la salud de López Obrador y el grupo de hackers ‘Guacamaya’

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

Lee más: Caso Ayotzinapa: los mensajes de WhatsApp que se ocultaron en el informe de la Comisión de la Verdad

 

La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

 

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