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El Caso Wallace

Padre biológico de Hugo Alberto Wallace confirma fabricación del secuestro y triple identidad de su hijo

Una tercera identidad de Hugo Alberto Wallace y su padre biológico confirman fabricación del secuestro y homicidio que mantiene en prisión a siete personas

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Por Guadalupe Lizárraga

PRIMERA PARTE

ENSENADA, Baja California.- Una tercera acta de nacimiento y CURP a nombre de Hugo Alberto León Miranda, además de una muestra de ADN, acta de nacimiento y testimonio de su padre biológico, confirman –sin lugar a duda– que Hugo Alberto Wallace Miranda no fue secuestrado ni asesinado el 11 de julio de 2005, y que es hijo biológico de Carlos León Miranda, primo hermano de María Isabel Miranda Torres, “la señora Wallace”. Desde la fabricación del secuestro, Isabel Miranda ha declarado ante Ministerio Público, jueces federales y medios de comunicación que su hijo Hugo Alberto es hijo biológico del empresario nicaragüense José Enrique del Socorro Wallace Díaz, y que la prueba científica basada en el análisis de ADN de una gota de sangre de un centímetro obtenida del supuesto lugar de los hechos siete meses después, al determinar compatibilidad con Wallace Díaz y Miranda Torres, era prueba contundente del asesinato de su hijo.

Sin embargo, la duda prevaleció porque en el resultado de ADN, aportado el 20 de marzo de 2006, la perito en Genética Forense Yanet Rogel Montes de Oca especificó que los perfiles genéticos correspondían a dos cromosomas sexuales homólogas: XX (femenino), y no XY (masculino), esto es que era sangre de mujer. Ante el cuestionamiento de la defensa de los inculpados, después de la ratificación de la perito ante juez federal, ésta justificó de que se trataba de un “error de dedo”, pese a que antes del cuestionamiento no lo había mencionado. El resultado fue avalado también por la QFB Xóchitl Adriana Félix López, quien firmó el documento como “Perito Profesional en Genética Forense”, en hoja membretada con sellos oficiales de la Procuraduría General de la República, misma fecha del 20 de marzo de 2006.

La abogada Ámbar Treviño, quien fungió como defensa de los inculpados y en represalia fue encarcelada ilegalmente con delitos fabricados en 2010, cuestionó en aquel entonces el “error de dedo” del peritaje de la Procuraduría General de la República, y hoy reitera en entrevista para Los Ángeles Press que en este tipo de peritajes “no puede existir error de dedo porque cambia el sentido de la prueba”. Señala la abogada Treviño que una letra cambia el género, y la perito se excusa hasta después de que cuestiona y agrega que nunca existieron gráficas que sustentan la prueba genética: “¿Cómo podemos confiar en lo que dice la perito si no existen estas gráficas?” Cuando se le pregunta ante audiencia judicial, la perito responde que no sabe de las gráficas de la prueba genética y que ella las entregó. No obstante, en el expediente nunca aparecieron, y reitera la abogada que “las gráficas no son importantes, son imprescindibles. Un resultado lógico y necesario en toda prueba de genética”.

Esta única prueba forense, pese a no ser contundente, por las condiciones y tiempo en que se recogió, ha mantenido el caso detenido debido al disimulo de jueces, y ha dado pie a Isabel Miranda a sostener la mentira sobre la paternidad biológica de su hijo, para afirmar que Hugo Alberto fue asesinado y desmembrado en el baño de Perugino Número 6, departamento 4, de la Colonia Extremadura Insurgentes, de la Ciudad de México. Lugar donde vivía la inculpada Juana Hilda González Lomelí, a quien después de tortura y abuso sexual por parte de los agentes ministeriales Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz, el 8 de febrero de 2006, la obligaron a incriminar a Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz, Jael Malangón Uscanga y a Jacobo Tagle Dobín, por una fotografía que extrajeron de su departamento en la que posaban juntos frente a la iglesia de Chalma, en el Estado de México, y quienes posteriormente fueron perseguidos y detenidos ilegalmente por Isabel Miranda y su hermano Roberto Miranda, acompañados de los ministeriales de SIEDO-PGR.

La triple identidad de Hugo Alberto

El acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto León Miranda es el segundo registro oficial hecho por Carlos León Miranda y María Isabel Miranda Torres, en la Delegación Xochimilco, de la Oficialía 0032, el 10 de octubre de 1970, en el Libro número 11, bajo el número de Acta 300.  Con esta acta, Hugo Alberto tramitó su CURP el 24 de febrero de 2010, misma fecha en que tramitó también el CURP a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nombre con el que lo registró su madre el 15 de enero de 1970, en el Distrito Federal, con nombres falsos de padres y abuelos. En el acta, copia original del libro, el nombre del padre aparece como Fausto Miranda, que en todo caso sería el hermano, y en el nombre de la madre, Isabel Torres, suprimiendo el apellido paterno de Isabel, para no registrar a Hugo como madre soltera. Un tercer registro de nacimiento fue bajo el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, seis años después de su nacimiento, el 19 de noviembre de 1975, en el municipio de Texcoco, en la Oficialía 001, Libro 12, número de Acta 2371.

Este medio obtuvo otras pruebas de paternidad y testimonios que revelan la identidad original de Hugo Alberto. Una evidencia documental más es el acta de nacimiento de su padre biológico, Carlos León Miranda, en la que se especifica que es hijo de Carlos León Sánchez y María Guadalupe Miranda Romero, y que nació en el municipio de Tejupilco, Estado de México, el 4 de diciembre de 1941, a las 13 horas. Nueve días después se levantó el acta de nacimiento y reconocimiento en la oficina de Registro civil de ese mismo municipio. En esta acta se evidencia que María Guadalupe Miranda Romero (madre de Carlos y abuela de Hugo Alberto) es hija de Fausto Miranda y María Isabel Romero, ambos padres de Fausto Miranda Romero, padre de María Isabel Miranda Torres.

De acuerdo con los testimonios, María Isabel Miranda Torres, de 16 años, y Carlos León Miranda, de 26, siendo primos hermanos, y ella viviendo con su tía María Guadalupe Miranda Romero, quien le pagaba estudios de secretariado, empezaron a tener relaciones sexuales. El padre de Isabel, Fausto Miranda, y hermanos, se dieron cuenta de la relación por el embarazo de Isabel, y amenazaron a Carlos León para que se alejara de ella. Sin embargo, los primos-hermanos continuaron la relación, y se casaron en Amecameca, Estado de México, en 1970. Pero sólo unos meses estuvieron viviendo juntos por diferencias entre la pareja, además del enojo del padre de Isabel y las amenazas de muerte de los hermanos a su primo.

“Me casé con ella. Que éramos primos, sí, qué tenía que ver. Yo quise hacer las cosas bien –dice Carlos León Miranda– yo hablé con sus padres y me mandaron a la chingada, y hasta me amenazaron de muerte. Nos casamos en Amecameca, Estado de México, y registramos a Hugo en Xochimilco, pero su padre y sus hermanos no me dejaban en paz”.

El padre biológico de Hugo Alberto ahora tiene 77 años, vive en la ciudad de Ensenada, Baja California, y sigue ejerciendo como médico especializado en Homeopatía. Aparte del consultorio, tiene una farmacia Natura Vital, que distribuye productos naturales. Radica en esa ciudad desde el 7 de junio de 1986, a la que llegó junto con María Guadalupe Ortega Vélez, con quien vivió 13 años en esta ciudad y tuvieron a su hijo Carlos León Miranda Ortega.

 

La primera mujer del padre de Hugo Alberto fue Alicia Rodríguez Tinoco, a quien conoció en la Colonia Roma, de la Ciudad de México, con la que procreó tres hijos: Amílcar, Carlos Ernesto y Máximo Antonio Miranda Rodríguez. Amílcar fue criado por la madre de Carlos León, porque Alicia era empleada doméstica y la madre de Carlos no aceptaba que formara parte de la familia. Después, en 1967, recogió a Isabel Miranda, cuando ella tenía 16 años, para ayudarla con los estudios. Dos años más tarde, Isabel tuvo a Hugo Alberto, el 12 de octubre de 1969. Para el 15 de enero de 1970, ella lo registró como Hugo Alberto Miranda Torres, usando nombres falsos en el registro civil, y el 10 de octubre de 1970, cuando Hugo Alberto cumplía un año, lo volvió a registrar junto con los apellidos de León Miranda, ya casada con su primo.

Unos meses después, Carlos e Isabel terminaron la relación sin cumplir el año de casados, y él le pidió el divorcio a ella porque tenía una nueva pareja con la que quería formalizar su relación, la enfermera María Guadalupe Ortega Vélez, a quien había conocido en el ISSSTE de Texcoco. Con ella tuvo un hijo, que es el único que lleva el nombre completo de su padre. Una cuarta mujer, María Luisa Vargas Pérez, entró en la vida de Carlos León Miranda, con quien tuvo un sexto hijo, César Augusto Miranda Vargas, y quien hasta estos días lo acompaña en la ciudad de Ensenada.

Guadalupe Ortega y Carlos León Miranda.

La enfermera María Guadalupe Ortega Vélez y el doctor Carlos León Miranda, padres de Carlos León Miranda Ortega, medio hermano de Hugo Alberto. Foto: Cortesía.

El Caso Wallace

Torturadores del caso Wallace, hoy fiscales de investigación en la Fiscalía General de Justicia de CDMX

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Por Guadalupe Lizárraga

Osvaldo Jiménez Juárez, ex agente del Ministerio público reconocido ante juez federal por Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz como uno de los agentes de SIEDO que les infligió torturas con violencia sexual para que se incriminaran por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, actualmente se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la alcaldía de Xochimilco, además de ser asesor jurídico para la ciudadanía en TV Azteca.

Jiménez Juárez fue identificado por su voz al momento de leer un documento en la audiencia pública del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, presidida por el Juez Raúl Angulo Garfias para el careo entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales, los tres acusados por Isabel Miranda Torres, bajo la causa penal 35/2006.

Cuando Jacobo Tagle lo escuchó hablar, de inmediato reconoció su voz, y lo denunció ante el juez “como una de las personas que lo torturaron” en el penal de Villa Aldama, Veracruz, donde tuvo la segunda tortura y fue violado con un tolete de acuerdo con su testimonial en el Protocolo de Estambul positivo, de 88 páginas.

En ese careo, tanto César Freyre Morales como Jacobo Tagle expusieron que la implicación de Brenda Quevedo había sido por las torturas físicas y psicológicas que sufrieron, más las amenazas a sus familias y maltratos en prisión, y que ello lo habían expuesto ya en su declaración preparatoria. Incluso, Freyre Morales remitió a una denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los mismos actos de tortura.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, su defensa presentó una inconformidad por no acción penal contra Osvaldo Jiménez Juárez ante la entonces Procuraduría General de la República con el oficio AP/411/AP/DGDCSP/11. En este documento se reclamó la omisión de la autoridad para investigar al funcionario señalado como agresor sexual y torturador de Brenda Quevedo, y se agregó un comentario del director del penal dirigido a ella el mismo día de los hechos, 27 de noviembre de 2009, en el que el funcionario reconoció la agresión:

“Qué sentía mucho lo que había pasado, que a él no le habían dicho a qué iban exactamente a entrar estas personas”…

Otro de los denunciados por abuso sexual y tortura fue Fermín Ubaldo Cruz, quien ahora se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Junto con él Braulio Robles Zúñiga también identificado como el coordinador de las torturas siendo agente del Ministerio Público subordinado a las órdenes de Isabel Miranda.

Su denunciante, Juana Hilda González Lomelí, víctima de detención arbitraria, fue llevada del arraigo a la entonces Siedo-PGR, el 8 de febrero de 2006, sin su abogada. Durante el trayecto fue abusada dentro del vehículo en el que la transportaron y en la Siedo fue nuevamente amenazada con hacerle lo mismo a su hija, por lo que declaró contra las cinco personas implicadas como supuestamente banda de secuestradores.

Robles Zuñiga ha sido denunciado reiteradamente y en diferentes instancias gubernamentales, como en la Cámara de diputados en foros legislativos por Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, otra víctima del falso caso Wallace, por los mismos actos de tortura.

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El Caso Wallace

Defensor público cesado pide asilo político a EEUU tras sufrir atentados y acoso laboral por caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Alejandro Garduño Real, cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, tras sufrir amenazas y dos atentados incluso con escoltas durante las diligencias de casos denominados relevantes, como el caso Wallace, caso Nelson Vargas y caso Martí, pidió el asilo político al gobierno de Estados Unidos para resguardar su vida.

Desde Ciudad de México, vía aérea, llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California, para solicitar la protección del gobierno de los Estados Unidos después de que, a partir de 2019, el gobierno de México tolerara su persecución sistemática por parte de Isabel Miranda Torres. En entrevista para Los Ángeles Press señaló que al solicitar nuevamente la intervención de Defensoría pública para su protección, le fue negada y le dieron el cese laboral “porque ya estaba ocasionando muchos problemas”.

En juicio de Migración, iniciado la madrugada de hoy, 10 de mayo, sentado en silla de ruedas por su discapacidad física, Garduño Real narró el acoso y los atentados con armas de fuego durante la defensa de Jacobo Tagle Dobín, víctima de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace, quien lleva 11 años en prisión preventiva y dos protocolos de Estambul positivos en tortura.

Sin embargo, por la instrucción del titular de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, la defensa de Jacobo Tagle fue interrumpida con el cese de Garduño al dejar una diligencia sin cumplir y antes –explicó el abogado– ya se había obstaculizado el proceso por la premura de la presentación de la prueba reina de la defensa, en referencia al análisis de ADN de la gota de sangre plantada en el supuesto lugar de los hechos. “Esa prueba nos beneficiaba en todos los sentidos para la defensa, y al negarme a presentarla porque era para la etapa de conclusiones se me dio la espalda en el instituto”, acotó el abogado.

Contexto de la “prueba reina”

El 5 de abril de 2019, Garduño protestó ante el Poder Judicial, el caso de Jacobo Tagle Dobín. Durante el proceso, “la prueba reina” de la defensa fue aportada por la periodista Guadalupe Lizárraga el 29 de abril, con el testimonio presencial de Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda y primo hermano de Isabel Miranda Torres. La periodista y el testigo se presentaron en conferencia de prensa en el Senado de la República con el acompañamiento de la senadora Nestora Salgado.

Dos días después, se aportó el testimonio y la muestra de ADN del padre biológico a la Fiscalía General de la República, ante la subprocuradora de Derechos Humanos, el fiscal Alejandro Gertz Manero, dos agentes del Ministerio Público y el perito forense quien además recibió en mano los resultados del análisis de ADN realizado en 2006, el cual arrojaba correspondencia con el ADN de José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, y con cromosomas femeninos.

Al judicializar la prueba para su defensa, el abogado empezó a recibir amenazas de muerte, llamadas telefónicas con intimidaciones, y sufrió el primer atentado, por lo que el Instituto Federal de Defensoría Pública le aportó escoltas.

Además del caso Wallace, llevaba la defensa de personas que fueron fabricados como culpables en otros casos también relacionados con Isabel Miranda, como el de Francisco García Medel (caso Nelson Vargas) y los de Noé Robles Hernández y Abraham Soto García (caso Martí). Incluso, el caso de Robles Hernández, con un protocolo de Estambul positivo, de 200 páginas, aplicado por el perito Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

Los atentados

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, que presentó como evidencia ante el juicio de Migración para el asilo político, uno de los atentados contra el abogado Alejandro Garduño fue el 21 de agosto de 2020. Mientras circulaba con sus escoltas por una carretera federal del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, fue interceptado por tres patrullas y una motocicleta. Al cerrarle el paso, el vehículo escolta que venía detrás no alcanzó a frenar y se impactó con el auto en el que viajaba el abogado. Posteriormente, tres personas se bajaron de los vehículos, con armas de fuego, cortaron cartucho, apuntándole a él y a sus escoltas, le dijeron que iban a revisar si llevaban armas. Al identificarse las escoltas, les dejaron continuar su marcha.

No obstante, apenas habían avanzado un kilómetro aproximadamente cuando volvieron a ser interceptados. Ahora en ocho vehículos sin logos, les cortaron nuevamente el paso y tres personas, sin identificarse, bajaron de los autos y les apuntaron con sus armas, cortándoles cartucho. Detuvieron a los escoltas, los esposaron y se los llevaron al Ministerio público, alegando el uso de armas sin permiso. Cuando el abogado señaló que iba a ponerles la denuncia por el abuso de autoridad, le respondieron que tenían orden de arriba de “chingárselo”.

El atentado más reciente fue el 15 de enero de 2021, cuando ya le habían suspendido el servicio de escolta por instrucción del titular de Defensoría pública. En esta ocasión lo interceptó un automóvil marca Audi, color negro, sin placas de circulación y con vidrios polarizados, mientras circulaba por el segundo carril de la autopista México-Querétaro, en dirección a Ciudad de México.

“Empezó a cerrarme el paso y a frenar intempestivamente, emparejándose a mi auto y gritando: «ya ábrete a chingar a tu madre del país si no quieres amanecer muerto en una barranca o en un río», declaró el abogado en la denuncia judicial, quien logró salir por los carriles laterales por la autopista Champa-Lechería, y el vehículo continuó su marcha.

La petición de asilo

Para la petición de asilo político, el abogado Alejandro Garduño presentó como evidencia de “miedo creíble” las entrevistas y notas de prensa realizadas por Los Ángeles Press, que han reportado las condiciones de acoso laboral y tráfico de influencias en Defensoría pública y el Poder Judicial, además de las denuncias ante la FGR por los atentados y las amenazas.

Adicionalmente, argumentó el historial de acoso a los abogados defensores de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quien pese a haber dos opiniones de libertad por parte de la ONU, la de Brenda Quevedo Cruz y la de George Khoury Layón, ésta acompañada por el reconocimiento de inocencia otorgado por la Secretaría de Gobernación, siguen en prisión.

 

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El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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