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Pablo Green, culpable fabricado del “Michoacanazo” desde 2009

Pablo Green Salamanca es una de las víctimas de fabricación de culpables en el Michoacanazo, de 2009, orquestado por Marisela Morales

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Ana Lozano

No creo que exista peor infierno que estar preso siendo inocente. El de convertirte en una víctima de un sistema viciado y cruel. Ser torturado y arrojado con arrogancia e indiferencia por aquellos que están obligados a protegerte, a un abismo peor que el averno mismo. Quedar solo, para después ser ignorado y olvidado…

La fabricación de culpables es una práctica común en este país. Gracias a las investigaciones periodísticas se ha comprobado que muchos casos “resueltos” han sido fabricados. Incluso se han elaborado montajes de captura que son transmitidos por televisión. Y no pasa nada…

Existen miles de personas inocentes en diversas cárceles del país.

La mañana del 29 de marzo de 2019, la periodista Guadalupe Lizárraga cuestionó al presidente López Obrador sobre el tema. Le dijo que en el caso de la fabricación de culpables había miles de víctimas, que ella poseía una base de datos de 206 personas y que en el penal de Atlacholoaya en Morelos había más de setenta seres en el abandono jurídico.

El presidente López Obrador le contestó: “He dado instrucciones a la Licenciada Olga Sánchez Cordero que abra una mesa para atender a quienes han sido injustamente encarcelados y quienes no deberían estar en las cárceles. Hay este proceso abierto, se está atendiendo a las personas. Hay quienes desde hace mucho tiempo no han sido sentenciados y están ahí como secuestrados o presos por consigna. Estamos trabajando con este propósito, hay constancia de que hemos dado instrucciones, se está trabajando para liberar a presos que injustamente están detenidos y revisar todo lo que pueda significar la fabricación de delitos”.

Tal es el caso de Pablo Green Salamanca, quien lleva nueve años y nueve meses preso, por fabricación de pruebas, recluido en el penal de Atlacholoaya, Morelos.

La detención del señor Green se debió a la estrategia de Marisela Morales para resolver casos: la fabricación de culpables. Morales era procuradora General de la República, en el sexenio de Felipe Calderón. Gracias a la infamia de esta “procuradora de justicia”, muchos inocentes fueron procesados por las falsas declaraciones de sus testigos protegidos y por la fabricación de pruebas.

La señora Morales fue acusada de varios delitos, como abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, intimidación, cateo ilegal de domicilios, manipulación de testigos y tortura. También fue responsable de más de cincuenta casos fabricados, los cuales fueron elaborados con malicia y sin fundamentos. Su único objetivo era el de presentar culpables, sin importar si lo eran o no. Ella se encargaba de que lo fueran, y así resultaba siendo la heroína que combatía a la delincuencia organizada, colgándose medallas a costa de inocentes, “armando” y “resolviendo” casos. Muchos, se dice, bajo tortura… Hubo confesiones ministeriales sin sustento, mentiras de los dudosos testigos protegidos. Muchas fueron las víctimas de esta exprocuradora, amante de la farsa. Nunca fue procesada, ni tampoco ningún otro funcionario de la entonces SIEDO por llevar a inocentes a prisión.

Marisela Morales orquestó el “Michoacanazo” y la “Operación Limpieza”, operativos durante los cuales arrestó a 35 alcaldes, a militares de alto rango y a funcionarios civiles de Leonel Godoy. Todos los alcaldes y militares, por falta de pruebas fueron liberados y exonerados, tiempo después. Pero algunas personas, que carecían cargos importantes, siguen encarceladas esperando justicia. 

La pesadilla del señor Pablo Green Salamanca, comenzó el 2 de julio de 2009, cuando policías federales entraron violentamente a su domicilio sin ninguna orden de aprehensión, con el pretexto de que su domicilio tenía características de ser una casa de seguridad por contar con alambrado y alarma. Lo golpearon brutalmente frente a su esposa, exigiéndole que les entregaran el dinero, las armas y la droga. Pablo Green les contestó que él no tenía nada de lo que ellos buscaban. Se dedicaron a buscar… revolvieron la casa con la mayor indiferencia a la familia, y una terrible prepotencia. Al no encontrar nada, uno de ellos se reportó por radio con su comandante y le dijo: “

–Jefe, este cabrón no tiene nada –El jefe le contestó:

–Tráiganlo; acá traemos a otros dos.

Le ordenaron que se vistiera y lo subieron a una camioneta blanca.

En violación a sus garantías constitucionales, fue llevado y retenido en un lugar desconocido en las afueras del estado de Michoacán, en vez de ser presentado, de inmediato, en la delegación de la PGR en Lázaro Cárdenas, entidad en la que residía. Posteriormente, lo trasladaron a las instalaciones de la ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México, y fue presentado a las 10 de la mañana, argumentando que el señor Green era sicario y de que había sido detenido cuando se encontraba a bordo de un vehículo, portando un rifle, dos granadas y 9 gramos de cocaína. Acusaciones fabricadas en el parte informativo con la ayuda de los ministerios públicos.

Carmen Mendoza Valencia, esposa de Pablo Green, presentó una queja ante la visitaduría de Derechos Humanos, de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Relató la manera en que habían ocurrido los hechos, la violencia con que habían sustraído a su marido de su casa, coincidiendo con la declaración del señor Green y vecinos, testigos oculares reales.

El 3 de junio, un día después de la detención, ya le habían impuesto los testigos protegidos Emilio, Ricardo y Carlos; fue señalado y acusado por los mismos, a través de una fotografía que se le había tomado en las instalaciones de la SIEDO, prueba que después se consideró ilícita.

El testigo protegido Emilio declaró que el señor Green era miembro de “La Familia Michoacana” y que era jefe de plaza en Petatalco, Guerrero. En el expediente se encuentran también las declaraciones de personas que habitaban en el lugar declarando quién era en realidad el verdadero jefe de plaza.

A esta falsa declaración se le sumó la de Ricardo. Quien afirmó que el señor Pablo Green recibía todos los embarques de droga del chino Zhenli Ye Gon, y que tenía millones de pesos en una cuenta bancaria. Declaración que después fue desechada, ya que la institución bancaria negó que el señor Green poseyera dicha cantidad.

El señor Green fue arraigado ochenta días mientras se llevaba a cabo la declaración y no se encontraron pruebas en su contra. A pesar de ello, el 19 de septiembre de 2009 fue puesto a disposición de un juez por delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del ejército y de delitos contra la salud. Fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos.

En diciembre de 2013, cuatro años después de su detención, el caso fue cambiado de juzgado y presidido por la juez Rosa Montaño Martínez. Se presentaron las pruebas y se desacreditaron las imputaciones federales. Se demostró que sí fue sacado de su domicilio, que las declaraciones de los policías federales y de los testigos protegidos se contradecían y se comprobó que todo había sido fabricado. A pesar de la evidencia a su favor, fue sentenciado a veinte años de prisión, más ocho años por la supuesta portación de arma –un rifle que en el transcurso de las investigaciones se demostró que no funcionaba–. Además, le otorgaron tres años más por la cocaína que había sido sembrada entre sus cosas, pese a los estudios toxicológicos que le realizaron y que demostraron que el señor Pablo Green no consumía drogas.

Estuvo ocho años de “prisión preventiva”, y el 23 de junio de 2017, el juez le dictó sentencia condenatoria sin valorar ninguna de sus pruebas ofertadas por su defensa. El 15 de marzo de 2018 presentó el recurso de amparo directo al Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Zapopan, Jalisco, mismo que le fue negado el 12 de diciembre del mismo año. El 19 de enero de 2019 presentó un recurso de reclamación esperando que revisen su situación jurídica, en busca de justicia.

El caso de Green Salamanca, solo es una ventana del inmenso problema de la fabricación de culpables, heredado de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña. 

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Elecciones México

PRI recupera presencia en Hidalgo y Coahuila

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Por Ignacio García

Tras concluir la jornada electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuperó presencia en Coahuila e Hidalgo, en donde se renovaron el Congreso local y los ayuntamientos, respectivamente, posicionándose como la principal fuerza política de esas entidades.

En el caso de Coahuila, el PRI ganó los 16 distritos locales electorales en disputa, por lo que recuperará la mayoría del Congreso local para los próximos tres años, ya que en la actualidad sólo tiene diez legisladores, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) sólo cuenta con nueve curules.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se ubicó como la principal fuerza política del país en 2018, no obtuvo ninguna curul, por lo que se ubicó como la segunda fuerza política de Coahuila y desplazó de esos comicios al PAN como el segundo partido con más fuerza.

En el caso de Hidalgo, el PRI también recuperó varios municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Huejutla, por lo que gobernará 32 municipios, superior a los 16 ayuntamientos que administró, mientras que Morena sólo ganó seis ayuntamientos en solitario y cinco demarcaciones más en alianza.

Tanto el PAN como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdieron en los comicios, ya que el blanquiazul pasó de administrar 16 ayuntamientos a sólo cinco, mientras que el sol azteca pasó de 12 a sólo siete demarcaciones de la entidad, por lo que el PRI fue el principal ganador de la contienda.

Aunque Morena se ubicó como la principal fuerza política de México en 2018 ganando todos los distritos electorales federales, en la elección previa a las intermedias el partido guinda perdió presencia en dos estados que históricamente han sido gobernados por el PRI.

 

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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