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Fabricación de culpables

Oscar Hernández Neri, otra víctima de fabricación de culpables del gobierno Mexiquense

Por su oposición a la Reforma Educativa Peñista, el profesor Óscar Hernández Neri fue falsamente acusado pro autoridades judiciales del gobierno Mexiquense desde 2014

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Los Ángeles Press

ESTADO DE MÉXICO.- Óscar Hernández Neri, profesor de Educación básica en el municipio de Chicoloapan, Estado de México, fue acusado falsamente de homicidio y está preso desde el 30 de abril de 2014. El activismo político de oposición a la Reforma Educativa impulsada por Enrique Peña Nieto fue el principal motivo de la fabricación del delito por parte de autoridades judiciales mexiquenses.

Una víctima más de la Fabricación de Culpables en México.

Óscar Hernández Neri es un profesor del municipio de Chicoloapan del oriente del Estado de México. Éste es uno de los municipios más pequeños de la entidad, enclavado entre los territorios de Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco, localidad que comparte con sus vecinos las carencias y altos grados de pobreza de su población. Hace 30 años Óscar, después de que egresó de la Universidad Autónoma de Chapingo, inició la fundación de la Escuela Preparatoria No. 55, una escuela que acepta a todos los jóvenes que deseen estudiar a pesar de que hayan sido rechazados de otras instituciones debido a carencias de recursos económicos, que no hayan aprobado el examen que para efectos de ingreso se hace a nivel medio superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, o bien aquellos que por tener su apariencia física o vestimenta; son rechazados de las demás escuelas.

Óscar, junto con diversos colectivos de profesores y vecinos, han procurado que niños y jóvenes de las regiones marginadas pueden tener un espacio donde ejercer el derecho humano a la Educación, un sitio donde puedan encontrar la convivencia y el acceso al conocimiento; que les ha sido negado por omisión o decisión del gobierno en los sitios en que viven. Esta posición, al lado de las comunidades marginadas mexiquenses, ha sido el motivo para que el gobierno del estado lo vea como un enemigo que tiene que hacer a un lado para imponer las reformas estructurales y la privatización de la educación (1).

El 30 de abril de 2014 es aprehendido y encarcelado en el penal conocido como Molino de las Flores en el municipio de Texcoco. Desde ese momento, sus compañeros, familiares y amigos instalaron un plantón a las afueras del reclusorio para exigir su libertad, denunciando la persecución política de la que Óscar ha sido objeto por parte del gobierno del Estado de México. Se ha convertido en un pretendido ejemplo para acallar la protesta del magisterio disidente de esta entidad. Un año antes de su detención arbitraria, se integraba un fuerte movimiento magisterial en contra de la Reforma Educativa porpuesta por Enrique Peña Nieto. Además se había decidido la integración de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del movimiento magisterial estatal. De la misma forma, se habían denunciado y detenido acciones del gobierno del estado para criminalizar la lucha magisterial. Se había evidenciado los intentos del gobierno mexiquense para detener la formación de escuelas comunitarias impulsadas por organizaciones sociales, con la promulgación de modificaciones al Código Penal del Estado de México, ley penal, que trata como delincuentes a toda toda aquella persona que pretenda impulsar escuelas, enseñar a leer o bien brindar espacios educativos sin el consentimiento del gobierno estatal (2).

El profesor Óscar Hernández fue perseguido y criminalizado con delitos fabricados de homicidio. En 2011 se giró orden de aprehensión dictada por la Sala Penal de Texcoco. Quedó sujeto a proceso por la acusación que formularon el Ministerio Público y el Juez. En la causa penal 37/2011, Acusado de Homicidio calificado, con el amparo indirecto 970-2014-11 de Junio de 2015 se reclasificó a homicidio simple por hechos que ocurrieran siete años antes.

En abril de 2007 murió una mujer con quien el profesor tenia una añeja amistad, por haberse conocido en la Universidad, y en cuya averiguación previa participó como testigo. En abril de 2009, policías ministeriales “levantan” y trasladan a los separos de la Subprocuraduría en Chimalhuacán a un profesor y lo someten a tortura y amenazas contra su familia, para obligarlo a modificar testimonios hechos dos años antes y en el que incrimina a Óscar. Entre 2009 y 2011 el Ministerio Público solicita en tres ocasiones al juez girar orden de aprehensión contra el Profesor Oscar, negándose la acción penal, por no haber suficiencia en las pruebas; es hasta que el MP la solicita a una Sala, que es otorgada. Girada la orden en 2012 es hasta abril de 2014 que se ejecuta, en el marco de la lucha magisterial contra la Reforma Educativa Peñista en el Estado de México y el país. Con palabras del profesor se sintetiza el proceso jurídico y sus aberraciones.   

Soy profesor de toda la vida: estoy preso desde el 30 de abril de 2014 porque dijo el juez, que le dijo el Ministerio Público, que le dijo un testigo, que yo le dije que había estrangulado a mi apreciada amiga el 16 de abril de 2007, dentro de su automóvil, en algún lugar sin precisar, durante una discusión violenta en la que se me pasó la mano y la estrangulé; que finalmente acomodé la escena simulando un suicidio en un paraje boscoso.

Este ridículo bodrio, ajustado al código penal manipulado, me mantiene preso tras un proceso que tuvo sustento en la tortura del testigo clave, en el extravío de pruebas periciales, en la dilación de procedimientos, en la complicación deliberada de diligencias. (3)

El proceso que se le ha seguido, del que se espera sentencia desde el 22 de junio de 2018, duró en período de instrucción cuatro años y un mes, comprendiendo 101 audiencias, 5 juntas de peritos, 4 reconstrucciones de hechos, 11 careos procesales, 17 dictámenes periciales, 80 diligencias documentales, 36 testimoniales y 2 inspecciones judiciales. Del conjunto de pruebas desahogadas tanto por el Ministerio Público como por el inculpado y su defensa se puede concluir que: En la acusación que se hace al procesado no hay denunciante alguno. La determinación de la causa de muerte de la víctima fue apresurada e irrevocable, puesto que las autoridades ministeriales decretaron prematuramente un homicidio por estrangulación y pese a los elementos que resultaron de la investigación posterior, no les era conveniente rectificarla, porque lo que se pretendía no era esclarecer la verdad sino incriminar y encarcelar a un profesor.

En el deshago de pruebas el inculpado y sus defensores Leonel, Sandino y Amanda Rivero, demostraron que existen medios de convicción que llevan a colegir que en la muerte que le adjudican no hubo una privación de la vida, sino un probable suicidio, y que los elementos de prueba son suficientes para establecer que no se acredita la responsabilidad imputada. En el proceso se evidenció que para acusar al Profesor se utilizó la tortura del testigo principal, el extravío de peritajes toxicológicos, que se pudieron recuperar, y la carencia de otros. Resultó además el inicio de dos carpetas de investigación, una por tortura que permanece congelada desde diciembre de 2015 (TEX/MR/02/2015) y otra contra el médico que práctico la necropsia Jesús Morales Ramírez, perito de la Fiscalía, quien malversó información bibliográfica con mala fe para justificar su errónea determinación de muerte por estrangulamiento (carpeta 195840360010616 de enero de 2016) (4) En ambas carpetas debe haber el seguimiento correspondiente para que se resuelva conforme a derecho.

Anomalías que evidencian la impunidad, dilación y parcialidad con las que han actuado las autoridades de la Fiscalía, desde la fase de averiguación previa y en la instrucción del juicio.

Jaime Quintana afirma: “Criminalizar la lucha social mediante la fabricación de delitos es para intimidar y generar el miedo necesario para paralizar las resistencias en las comunidades”(5). El profesor Óscar es un preso político, a quien se le fabricó un delito y se le pretende tomar como rehén para evitar la unidad del magisterio mexiquense, para castigar la disidencia y evitar la lucha por la defensa de la escuela pública y  los derechos laborales y políticos de los maestros del Estado de México.

NOTAS:

(1) http://revoluciontrespuntocero.mx/necesario-para-epn-y-eruviel-neutralizar-al-profesor-hernandez-neri-promotor-del-derecho-a-la-educacion-en-edomex/

(2) https://www.proceso.com.mx/364476/en-edomex-toletes-y-leyes-contra-maestros-2

(3) http://niunpresuntoculpablemas.org/2018/10/carta-abierta-al-presidente-electo-andres-manuel-lopez-obrador-y-al-proximo-secretario-de-educacion-esteban-moctezuma-barragan/

(4)  http://niunpresuntoculpablemas.org/2018/10/carta-a-magistrado-dr-sergio-javier-medina-presidente-del-tribunal-superior-de-justicia-del-estado-de-mexico/

(5)http://www.jornada.com.mx/2018/11/04/opinion/012a1pol?fbclid=IwAR11oaBCtFfjIj8WObJbEwXNFdEdGbaz47IA_RtuGAoIIjhWcvfEJRQKgC0

El Caso Wallace

Torturadores del caso Wallace, hoy fiscales de investigación en la Fiscalía General de Justicia de CDMX

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Por Guadalupe Lizárraga

Osvaldo Jiménez Juárez, ex agente del Ministerio público reconocido ante juez federal por Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz como uno de los agentes de SIEDO que les infligió torturas con violencia sexual para que se incriminaran por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, actualmente se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la alcaldía de Xochimilco, además de ser asesor jurídico para la ciudadanía en TV Azteca.

Jiménez Juárez fue identificado por su voz al momento de leer un documento en la audiencia pública del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, presidida por el Juez Raúl Angulo Garfias para el careo entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales, los tres acusados por Isabel Miranda Torres, bajo la causa penal 35/2006.

Cuando Jacobo Tagle lo escuchó hablar, de inmediato reconoció su voz, y lo denunció ante el juez “como una de las personas que lo torturaron” en el penal de Villa Aldama, Veracruz, donde tuvo la segunda tortura y fue violado con un tolete de acuerdo con su testimonial en el Protocolo de Estambul positivo, de 88 páginas.

En ese careo, tanto César Freyre Morales como Jacobo Tagle expusieron que la implicación de Brenda Quevedo había sido por las torturas físicas y psicológicas que sufrieron, más las amenazas a sus familias y maltratos en prisión, y que ello lo habían expuesto ya en su declaración preparatoria. Incluso, Freyre Morales remitió a una denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los mismos actos de tortura.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, su defensa presentó una inconformidad por no acción penal contra Osvaldo Jiménez Juárez ante la entonces Procuraduría General de la República con el oficio AP/411/AP/DGDCSP/11. En este documento se reclamó la omisión de la autoridad para investigar al funcionario señalado como agresor sexual y torturador de Brenda Quevedo, y se agregó un comentario del director del penal dirigido a ella el mismo día de los hechos, 27 de noviembre de 2009, en el que el funcionario reconoció la agresión:

“Qué sentía mucho lo que había pasado, que a él no le habían dicho a qué iban exactamente a entrar estas personas”…

Otro de los denunciados por abuso sexual y tortura fue Fermín Ubaldo Cruz, quien ahora se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Junto con él Braulio Robles Zúñiga también identificado como el coordinador de las torturas siendo agente del Ministerio Público subordinado a las órdenes de Isabel Miranda.

Su denunciante, Juana Hilda González Lomelí, víctima de detención arbitraria, fue llevada del arraigo a la entonces Siedo-PGR, el 8 de febrero de 2006, sin su abogada. Durante el trayecto fue abusada dentro del vehículo en el que la transportaron y en la Siedo fue nuevamente amenazada con hacerle lo mismo a su hija, por lo que declaró contra las cinco personas implicadas como supuestamente banda de secuestradores.

Robles Zuñiga ha sido denunciado reiteradamente y en diferentes instancias gubernamentales, como en la Cámara de diputados en foros legislativos por Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, otra víctima del falso caso Wallace, por los mismos actos de tortura.

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Fabricación de culpables

Víctimas de García Luna y Cárdenas Palomino, desde prisión, denuncian torturas y montajes de la Policía Federal

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El 25 de febrero de 2012, Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, lideraron detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos a personas que aún se encuentran pagando condenas por delitos que no cometieron.

Es el caso de Roberto Carlos Gómez Zúñiga, Armando Ernesto Salinas Gómez, Emmanuel Alejandro Moisés Vásquez Viera, Israel Gómez Zúñiga, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Gabriel Gómez Zúñiga, Carlos Gabriel Balandrín Gómez, Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez y Diego Romero Carral. Todos ellos fueron víctimas de tortura física y psicológica para simular un caso resuelto por parte de un grupo de agentes de la extinta Policía Federal, donde Luis Cárdenas Palomino fungía como segundo al mando de la corporación.

Pero su principal torturadora fue una fiscal procesada en octubre de 2020 por fabricar pruebas en el caso Ayotzinapa, Blanca Alicia Bernal Castilla. Así lo señalaron los culpables fabricados que estuvieron incomunicados y sometidos a torturas por más de 13 horas, para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación de la SEIDO, acusados injustamente por los delitos de secuestro agravado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Los hechos

A través de una misiva de más de 20 páginas a Los Ángeles Press, los agraviados señalaron que llevan 9 años privados de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social, número 17 “CPS Michoacán”, número 13 “CPS Oaxaca” y número 15 “CPS Chiapas”, luego de ser detenidos en diferentes lugares y circunstancias de tiempo y modo, sin existir una orden judicial de arresto.

Seis personas, entre éstas un menor de edad, fueron aprehendidas cuando se encontraban al interior del centro nocturno “Bar Minezota” en Ecatepec de Morelos, Estado de México; mientras que dos de los suscritos fueron detenidos al interior de su domicilio en presencia de sus padres en la alcaldía Gustavo A. Madero en CDMX, y uno al interior de su casa habitación en la misma demarcación frente a su esposa e hijos.

Actualmente se encuentran sujetos a un proceso penal, aún en periodo de instrucción, bajo la causa 44/2012 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

Luego de ser detenidos, los introdujeron a un inmueble desconocido donde fueron objeto de una escenificación “ajena a la realidad” para ser exhibidos ante los medios de comunicación, bajo el argumento de que pertenecían a una banda de secuestradores y que habían sido aprehendidos en dicho inmueble, donde también se encontró una persona sin vida.

Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Federal donde continuaron las torturas en su contra a través de diferentes técnicas, con el objetivo de que aceptaran los falsos delitos por los que era inculpados.

Una vez que dejaron dichas instalaciones, en su camino a la SEIDO en un camión blindado, fueron testigos de otra detención arbitraria de un sujeto que se encontraba en la vía pública bajo el argumento de “estar de pinche chismoso”; la persona responde al nombre de Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, quien actualmente se encuentra sujeto a un proceso penal por la misma causa.

La torturadora

La agente del Ministerio Público Blanca Alicia Bernal Castilla fue quien coordinó las torturas de las 10 víctimas de fabricación de delitos, según lo relatado en las misivas. Se trata de la misma persona que actualmente cumple condena por tortura y fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa.

En la madrugada del 25 al 26 de febrero del 2012, señalaron las víctimas que rindieron sus declaraciones oralmente sin la presencia física de un defensor, porque no se los permitieron y posteriormente la agente Bernal Castilla los obligó a firmar sus declaraciones sin poder leerlas como era su derecho.

Ante la negativa de los detenidos de firmar sin leer los documentos, la agente los amenazó de que si seguían negándose detendrían a más miembros de sus familias, y ordenó a los policías federales: “denles otra madriza porque no quieren firmar”.

Tras las amenazas y torturas, cinco inculpados terminaron accediendo a firmar sus declaraciones sin tener conocimiento real de su contenido, mismas que fueron tomadas como autocriminatorias por los delitos de secuestro agraviado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Las demás víctimas realizaron un esfuerzo sobre humano para resistir la tortura por parte de Bernal Castilla, teniendo como resultado la fabricación de declaraciones ministeriales e imputaciones en contra de ellos.

Entre las víctimas, un menor de edad

Las golpizas a las víctimas fueron parejas. Entre las víctimas, un joven de 17 años, Christopher Eduardo Molinero Hernández, tuvo que ser hospitalizado de urgencias en la Cruz Roja de Polanco, el 25 de febrero de 2012, a causa de una obstrucción de las vías respiratorias, a punto de la asfixia, tras la tortura con una bolsa de plástico en su cabeza.

El hecho se encuentra acreditado como prueba de descargo con la documental pública consistente en el oficio número DM/0002EX/HCRM-2013 con la fecha del 2 de enero de 2013, emitida por el director médico de la Cruz Roja Mexicana.

Se le hizo saber a la agente del Ministerio Público, y ella misma pidió un perito oficial para que determinara la edad clínica del menor. Y en el expediente quedó plasmado que “Christopher Eduardo Molinero Hernández tenía una edad clínica dental de mayor de 16 años y menor a 18 años al momento de su revisión”.

Pero la agente Bernal Castilla ignoró los resultados y obligó al joven a declarar su autoincriminación, sin la presencia de sus padres o tutores, y bajo tortura.

Fabricación de culpables, una cortina de humo

Hoy se conoce que Genaro García Luna siendo secretario de Seguridad Pública Federal simuló una política frontal de combate al narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, a través de la fabricación de culpables, con detenciones arbitrarias masivas, torturas y encarcelamientos injustos, de manera sistemática. No obstante, desde su paso por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en 2001, ya fabricaba culpables con los delitos de secuestro. Incluso, hay víctimas de más de 20 años en prisión injusta han demostrado su inocencia y aún siguen en prisión.

Sin embargo, cuando García Luna emprendió de manera indiscriminada la fabricación de culpables fue durante su gestión en la Secretaría de Seguridad con el objetivo de simular eficiencia policial con una “cortina de humo” en México, escenificando montajes de detenciones de presuntos criminales por delitos de alto impacto para mostrar “resultados” de la estrategia contra el narcotráfico y los secuestros; en tanto favorecía a cárteles mexicanos a través de sobornos y conspirando en el tráfico de drogas a Estados Unidos de América; hecho por el cual se encuentra detenido y sujeto a un juicio penal en dicho país.

Entre los montajes mediáticos destacan las víctimas del falso caso Wallace, en el que recientemente un oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos identificó a Isabel Miranda Torres, como una persona vinculada a García Luna, durante la petición de asilo de Alejandro Garduño Real, defensor público de Jacobo Tagle Dobin, el mismo defensor de Francisco García Medel, del caso Nelson Vargas, y de Noé Robles Hernández, del caso Martí.

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Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

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