Los más de 11.000 documentos propiedad del Gobierno que el expresidente Donald Trump almacenaba en su propiedad de Palm Beach (Florida) suman más de 200.000 páginas de registros, según una nueva presentación judicial del equipo legal del expresidente.

Los abogados de Trump hicieron esta impactante revelación en una carta dirigida al juez Raymond Dearie, el jurista con sede en Nueva York al que Aileen Cannon, la jueza de Florida nombrada por Trump, designó como maestro especial para revisar los documentos, y que previamente ordenó al Departamento de Justicia que dejara de utilizar cualquiera de los registros incautados en el registro del 8 de agosto de la propiedad de Trump para avanzar en su investigación penal sobre el expresidente.

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Aunque la Corte de Apelaciones del 11º Circuito revocó la decisión de la jueza Cannon para permitir que el Departamento de Justicia utilizara unos 100 documentos altamente clasificados en su investigación en curso, el juez Dearie todavía está encargada de revisar los registros restantes para determinar si alguno puede ser protegido del Departamento bajo el privilegio abogado-cliente o ejecutivo.

En la presentación, que contiene las objeciones de Trump a un calendario de revisión acelerado establecido por el juez Dearie, los abogados de Trump argumentan que un plazo de principios de octubre para escanear y revisar los documentos no es realista porque los proveedores no pueden procesar los documentos con la suficiente rapidez.

“El problema se agrava por el hecho de que cuando el abogado del demandante se refirió a las 11.000 páginas o incluso a los 11.000 documentos durante la conferencia de estado (todavía estamos esperando la transcripción), el Gobierno optó por no intervenir con un número exacto. En las conversaciones entre el abogado del demandante y el Gobierno con respecto a un proveedor de datos, el Gobierno mencionó que los 11.000 documentos contienen más cerca de 200.000 páginas”, escribieron.

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Los abogados de Trump también argumentaron que un plazo de mediados de octubre para procesar los documentos sería más aceptable.

La selección de un proveedor de tratamiento de documentos se ha visto dificultada por el hecho de que el juez Dearie ha ordenado a la parte de Trump que pague todo el proceso, y no todos los proveedores que podrían satisfacer las necesidades del complejo caso han estado dispuestos a presentar ofertas para el proyecto.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó 4-1 el martes para establecer un equipo para implementar el cierre prometido durante mucho tiempo de la Cárcel Central de Hombres.

La supervisora ​​Hilda Solís dijo que era hora de dejar de estudiar el tema y tomar acción, coescribiendo una moción que determina que el decrépito centro debe ser demolido y que no se necesita una cárcel de reemplazo.

EL DATO:

• 4.500 personas serán puestas en programas de rehabilitación
• Se necesitarán entre 18 y 24 meses para cerrar la cárcel

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“Hemos hablado durante mucho tiempo sobre por qué tenemos que cerrar esta cárcel”, dijo Solís. “La cárcel se ha visto contaminada por la mala gestión, la corrupción [y] el maltrato de las personas encarceladas en sus celdas”.

Solís, quien defendió una votación en julio para cerrar la cárcel dentro de un año, dijo que varios estudios, incluido un informe de marzo de 2021 del MCJ Closure Workgroup, proporcionan la hoja de ruta necesaria.

Hasta dos años, necesarios

El informe del grupo estima que se necesitarán entre 18 y 24 meses para cerrar la cárcel. Con el tiempo, prevé redistribuir parte de la población reclusa en otras instalaciones correccionales, mientras se libera a unas 4.500 personas tras las rejas a programas residenciales o al tratamiento comunitario.“Hemos identificado … todo lo que necesitamos para cerrar MCJ”, dijo Solís. “Ya es hora de que nos remanguemos y lo hagamos”.

Barger se opone

La supervisora ​​Kathryn Barger, quien emitió el voto en contra, rechazó la idea de que era hora de actuar y advirtió que el condado no tiene suficientes recursos de tratamiento comunitario para acomodar a los reclusos vulnerables que padecen enfermedades mentales o luchan contra la adicción.

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Barger dijo que el condado tuvo que devolver $ 6 millones en fondos estatales destinados a tales programas comunitarios porque no había encontrado una manera de distribuir el dinero.

“Si no podemos gastar el dinero que se nos entrega por estos servicios, ¿cómo podemos esperar construir las camas necesarias?” Preguntó Barger. “Durante los últimos cinco años, hemos dicho que vamos a construir 4.000 camas más y aún no lo hemos hecho. ¿Cómo vamos a hacer esto en los próximos 24 meses?”

“Estamos listos”, dice Kuehl

Barger advirtió que las autoridades federales podrían obligar al condado a construir una nueva cárcel en contra de la voluntad de la junta y predijo que el Departamento de Justicia sería crítico con la decisión de los supervisores.

Ofreció una enmienda pidiendo un informe en 60 días, sugiriendo que un equipo elabore un cronograma para desarrollar la capacidad de la comunidad antes de cualquier votación de la junta sobre el cierre.

La supervisora ​​Sheila Kuehl, quien coescribió la moción de cierre, dijo que apreciaba el sentimiento de Barger, pero temía que la enmienda propuesta simplemente ralentizaría el inevitable proceso de cierre de la Cárcel Central de Hombres. “Estamos listos ahora de una manera que nunca antes habíamos estado”, dijo Kuehl.

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— Los Ángeles Press (@losangelespress) September 26, 2022

Villanueva se opone

El alguacil Alex Villanueva también advirtió a la junta en contra de seguir adelante con el plan.

“Liberar a 4.500 reclusos en las calles no es una opción legal para el condado… y tratar de amontonar a 12.500 reclusos en 8.500 camas es… inconstitucional”, dijo Villanueva.

Los partidarios del cierre de la cárcel argumentan que la población de reclusos se puede reducir drásticamente liberando a las personas que esperan juicio por delitos no violentos y tratando a quienes padecen enfermedades mentales en un entorno comunitario. Muchos señalan la dramática reducción de la población carcelaria lograda durante el apogeo de la pandemia de coronavirus como prueba de esta posibilidad.

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Considerar la pandemia

La supervisora ​​Janice Hahn también le recordó a la junta que más de 3,000 presos en las cárceles del condado están detenidos allí debido a una moratoria relacionada con la pandemia en las transferencias a las cárceles estatales.

El alguacil, que durante mucho tiempo ha tenido una relación antagónica con la junta, afirmó su autoridad.“La sección 22605 del código de gobierno establece claramente que el alguacil dirige la cárcel del condado y que tengo la plena intención de llevar a cabo mi mandato”, dijo.

Con una acción colectiva a nivel nacional el 1 de octubre, las comunidades latinas e indígenas en Estados Unidos destacarán la falta de justicia en problemas relacionados con la salud reproductiva y las necesidades de las familias.

Con un tema nacional unificado, «¡Rosie Jiménez, presente! ¡Justicia reproductiva para todos!», las acciones colectivas recordarán a una joven madre chicana que en octubre de 1977 murió a causa de un aborto inseguro, luego de que la Enmienda Hyde cortara los fondos federales para el procedimiento del aborto legal y seguro.

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Las reuniones también abordarán los problemas continuos de la esterilización forzada y las disparidades raciales en las tasas de mortalidad infantil y materna, y llamarán la atención sobre un desafío a la Ley de Bienestar Infantil Indígena (ICWA) que se presentará ante la Corte Suprema de Estados Unidos en la sesión que comienza el próximo 3 de octubre.

Esta ley exige que se dé prioridad a los hogares de nativos americanos para el cuidado temporal y la adopción de niños indígenas.

La organizadora del evento en San Francisco, la activista Norma Gallegos, señaló que «La trágica muerte de Rosie Jiménez dramatiza cómo las personas pobres y las mujeres de color son las más afectadas cuando se les niega el cuidado reproductivo y la autonomía corporal». Abundó en que las manifestaciones abordarán la justicia reproductiva como una amplia gama de temas que incluyen la separación fronteriza de las familias inmigrantes, el cuidado infantil asequible y el fin de la intolerancia y la homofobia/transfobia.

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La Movilización Nacional por la Justicia Reproductiva es un movimiento que trabaja con patrocinadores locales para organizar mítines en Nueva York, Phoenix, Seattle, San Francisco y Aurora, Illinois.

Dónde acudir para sumarse al movimiento:

CHICAGO AREA
Saturday, October 1st, 11:30am – Community Speakout
Water Street mall, 44 E. Downer Place, IL
Sponsored by Illinois Radical Women and Indivisible Aurora
Information: info@indivisibleaurora.org and rw.illinois@radicalwomen.org

Una ONG salió en defensa de los internos del Cefereso N° 15 de Chiapas.
La asociación Dignidad y Derechos Humanos interpuso un amparo colectivo para proteger a 193 reos de abusos, falta de medicamentos y constantes violaciones de #DDHH. https://t.co/MUTqEcMvXy pic.twitter.com/xbgqioq870

— Los Ángeles Press (@losangelespress) July 4, 2022

NEW YORK CITY
Saturday, October 1st, 1pm
Roberto Clemente Plaza, East 149th St & 3rd Avenue, Subways 2, 5 to 3 Ave-149 St, Bronx
Sponsored by Bronx Anti-War Coalition, Freedom Socialist Party, NYC Mobilization for Reproductive Justice, Radical Women, Trabajadoras por la Paz
Information: ReproJusticeNowNYC@gmail.com, 212-222-0633

PHOENIX
Saturday, October 1st, 10am
Steele Indian School Park, 300 E. Indian School Rd.
Sponsored by Phoenix Radical Women
Information: RW.phx@radicalwomen.org, 602-492-5651 Socials @RadicalWomenPhx

SAN FRANCISCO
Saturday, October 1st, 1pm
24th & Mission Street BART Plaza
Sponsored by Reproductive Justice Coalition SF, Raging Grannies Action League, Red Berets
Information: reprojustice.sf@gmail.com, 415-846-1278. Socials @sfreprojustice

SEATTLE
Saturday, October 1st, 3pm
Westcrest Park (South Park neighborhood),
9000 8th Ave SW
Sponsored by Puget Sound Mobilization for Reproductive Justice and La Resistencia
Info: pugetsoundmobe@gmail.com, 206-722-6057