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Organizaciones en España piden regularización masiva para extranjeros residentes por crisis sanitaria

Papeles para todos, piden en España en protección a extranjeros residentes

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Los Ángeles Press

MADRID, España.- Un grupo de activistas y organizaciones civiles por los derechos de los migrantes, en acompañamiento a la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, piden al gobierno de España la regularización administrativa de cientos de miles de personas extranjeras residentes en este país ante la crisis sanitaria y económica por el coronavirus.

En una carta pública, dirigida al presidente de Gobierno Pedro Sánchez, y a los ministros de Seguridad Social, de Igualdad, así como al Defensor del Pueblo, los colectivos activistas señalan que podrían ser hasta 600 mil personas afectadas por la pérdida temporal de sus empleos. Entre éstas, se encuentran niños y niñas descendientes de extranjeros con varios años de residencia en este país, así como decenas de miles de personas extranjeras con más de tres años de empadronamiento.

El objetivo de la petición es reducir drásticamente la vulnerabilidad en la que se encuentran, sobre todo, mujeres y niñas, en situación de riesgo de prostitución, violencia, y tráfico humano. La solicitud de los activistas pone de relieve también el riesgo del encierro por la emergencia sanitaria de mujeres víctimas de violencia doméstica que no pueden denunciar por la precariedad de su estatus migratorio. 

Carta pública

Presidente de Gobierno, Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Excmo. Sr. José Luis Escrivá 
Ministra de Igualdad, Excma. Sra. Irene Montero Gil 
Defensor del Pueblo, Excmo. Sr. Francisco Fernández Marugán

Madrid, 11 de abril de 2020. 

 “La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste, simplemente en SER, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos, es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir QUIENES SOMOS PARA LOS OTROS. Para eso sirven los papeles de identidad. Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor de los derechos humanos (porque la identidad social es un derecho primario) aunque es también el más importante (porque las leyes exigen que de ese papel dependa la inserción del individuo en la sociedad)”. José Saramago 1998.

Las organizaciones de mujeres migrantes que suscriben, demandamos la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS RESIDENTES EN ESPAÑA, que garantice la igualdad que el Estado de Derecho requiere para el pleno desarrollo de las personas, las familias, la comunidad y la reconstrucción del país. 

 Actualmente, se calcula entre unas 400.000 y 600.000 las personas extranjeras que residen en España en situación administrativa irregular. Esta estimación resulta de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal (basada en el empadronamiento) y los datos sobre extranjeros con permiso de residencia, arrojados por el Observatorio de la Inmigración. Entre las personas en situación administrativa irregular se encuentran personas afectadas por procesos de irregularidad sobrevenida fruto de la pérdida temporal de empleo o de su inserción en empleos muy precarios, desregulados o en la economía sumergida; niñas y niños migrantes o nacidos en España, de madres y padres extranjeros, que no han podido regularizar su situación; personas residentes con menos de tres años de empadronamiento; personas a las que les ha sido denegada una solicitud de protección internacional en cualquiera de sus formas; personas cuya solicitud de regularización se ha ralentizado por la excesiva burocratización de los procedimientos, entre otras. 

 La crisis sistémica del 2008 arrasó con los sueños de cientos de miles de personas, entre ellas mujeres migrantes, a quienes les fue imposible renovar sus autorizaciones de residencia y de trabajo debido a la pérdida de sus empleos o a su expulsión hacia sectores laborales de la economía sumergida. Es necesario recordar que la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo requiere obligatoriamente, durante los primeros años, un contrato laboral formal, tal como estipula la Ley de Extranjería y el Reglamento que la desarrolla.  

  En muchos de estos casos, la irregularidad sobrevenida de estas mujeres ha afectado de manera directa a sus hijos e hijas, dejándoles en situación de extrema vulnerabilidad. También en muchos casos, estos hijos o hijas han nacido en España, pero no son españoles. La situación administrativa irregular de menores de edad cercena su futuro y pone en cuestión los conceptos de ciudadanía y de igualdad de derechos.

  A estas situaciones de irregularidad administrativa y negación de la igualdad y la ciudadanía, se suma, en la actualidad, la terrible crisis sanitaria, económica, social y familiar provocada por el COVID 19, que pone al descubierto la precariedad y vulnerabilidad de la vida de todas las personas que habitamos este país, pero en particular la de las familias migrantes. Una parte importante de las mujeres migrantes trabaja en el sector del empleo de hogar y de los cuidados, algunas han sido despedidas de inmediato, otras continúan realizando su trabajo sin la protección profiláctica necesaria. Pese al lugar esencial que los cuidados están cobrando en nuestra sociedad, el Real Decreto 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, para que Nadie Quede Atrás, no las ha tenido en cuenta. 

  La aprobación de un Real Decreto de emergencia para la regularización administrativa de las personas extranjeras en España reduciría la extrema vulnerabilidad de mujeres migrantes en situación de prostitución, mujeres víctimas de tráfico para fines de explotación sexual y/o laboral quienes sufren las consecuencias de un mayor encierro, ocultamiento, violencia y control por parte de sus explotadores. Mujeres migrantes que están encerradas en sus hogares con hombres maltratadores, sin poder denunciarles ni huir de la violencia. 

 La situación administrativa irregular endurece aún más estas condiciones de vida en la medida en que no permite que las personas que las padecen puedan pedir ayuda, por temor a ser expulsadas. A todo esto, se añade el incremento exponencial del control policial, que impide que las personas migrantes sin autorización de residencia puedan salir a la calle en busca de lo más esencial para sus vidas: la compra de alimentos. Los procedimientos de regularización administrativa están completamente paralizados desde que comenzó la crisis. 

  Dada la dureza de estas situaciones DEMANDAMOS la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA, que garantice que ningún ser humano se quede afuera. 

  España, como Estado Social y de Derecho, miembro de la Unión Europea, está obligada al cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en la que la solidaridad, la igualdad y la no discriminación son sus principios fundamentales (TFUE, art.3).  “Más Europa” y “más comunidad” es el llamado del Gobierno cada día. Una comunidad se forma a partir de la contribución de todos sus miembros, en aras a su propia reproducción social. Las personas extranjeras residentes en España estamos integradas en el mercado laboral, en sectores que hoy en día han demostrado ser esenciales para su sostenimiento. Sin embargo, la negación de la ciudadanía residencial de una parte importante de nuestra comunidad lleva implícita la falta de reconocimiento de la contribución social, económica, laboral y demográfica que realizamos. También conlleva la falta de reconocimiento de derechos que son fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho de vivir en familia, el derecho de poder cuidar de las personas dependientes dentro de ésta, el derecho de asegurar un futuro para los niños y las niñas, el derecho a un trabajo digno o el derecho a una vida libre de violencia.  La negación de derechos fundamentales a una parte de nuestra comunidad es intolerable en un Estado Social y de Derecho como es España. 

   Los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 C.E); y recordar que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10 C.E.).

  Las limitaciones que impone la Ley de Extranjería al reconocimiento de derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, o los procedimientos tan exigentes para la regularización y la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo expone a las personas migrantes a la indefensión, no sólo frente a una pandemia –como es el caso actual-, sino también frente a la explotación laboral, la violencia de género, la violencia institucional, la invisibilidad o la xenofobia. 

  Es necesario que el Estado español ponga en marcha los principales instrumentos y herramientas que el orden constitucional le otorga, en el marco del estado excepcional en el que nos encontramos, para el reconocimiento de la residencia de las personas migrantes en situación administrativa irregular, incluidos los niños y las niñas, fundamentado en los Derechos Humanos, en el Tratado de la UE, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Constitución Española.

Dicho procedimiento administrativo de regularización extraordinaria debe aprobarse bajo los criterios de urgencia, simplificación, flexibilidad y seguridad jurídica.

  El Gobierno de España tiene en sus manos la oportunidad de ser coherente y transitar por un camino de justicia social, dignidad humana e igualdad. El actual estado de emergencia sanitaria nos está haciendo reflexionar sobre lo que es realmente importante para el ser humano y la sociedad y nos exige cambios en los modos de vida y de producción. Las personas integrantes de nuestra Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, las organizaciones aliadas y otras mujeres migrantes a título personal, como ciudadanas de este país, consideramos que el momento es ahora y el criterio es la salvaguarda de todas las vidas, así como su dignidad. 

Atentamente

Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Tatiana Retamozo Quintana, presidenta. Asociación Servicio Doméstico Activo. Carolina Elías Espinoza, presidenta. Asociación Malen Etxea Mujeres Inmigrantes. Jessica Guzmán Correa, presidenta. Asociación Mujeres Pa´lante. Clara Romero Bateman, presidenta. Asociación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género. Antonia Avalos Torres, presidenta. Asociación Casa de Colombia en España. Erika Sarmiento Castiblanco, presidenta.  Asociación de Mujeres Latinoamericana Amalgama. Iskra Orillo Valencia, presidenta. Asociación Por Ti Mujer. Lucy Polo Castillo, presidenta.  Asociación GENERA-Red de mujeres feministas por la equidad de género en el desarrollo. Inmaculada Lozano Caro, presidenta. Asociación Estudios y Cooperación para el Desarrollo. Silvina Monteros Obelar, presidenta.  Asociación de Mujeres de América Central. Graciela Villavicencio Suazo, presidenta.  Colectivo Brujitas Migrantes. Yamileth Chavarría Mendieta, presidenta.  La Comala, sociedad Cooperativa Madrileña. Mercedes Rodríguez Ávila. Colectivo Red de Hondureñas Migradas. Gilma Martínez Rodríguez, presidenta.   Colectivo Mujeres Migrantes Artistas y Artesanas en España. Rosalía Polo Burgos, presidenta. Mujeres a título individual que conforman la RED Latinas: Susana Pozo, Alicia Escobar, Patricia Ponce Pascuale, Virginia Etchevarry

Organizaciones aliadas: 

Asociación Dia-Dia África Libertad. Danielle Nicole Mboume, presidenta. Asociación de Chilenos y Chilenas en España. María Yáñez Martínez, presidenta. Asociación de Mujeres de América Central. Graciela Villavicencio Suazo, presidenta. 
Asociación América, España, Solidaridad y Cooperación-AESCO. Yolanda Villavicencio, presidenta.  Colectivo Mujeres Organizadas Paraguayas en España-MOPE, representante Lis María Mabel Román Cabrera. Comisión migración y antirracismo 8M, representante Viviana Dipp. Feministas Madrid por Nicaragua, representante María Eugenia Gómez López. Red Internacional de Abogados Eureka. Juana María Malca Leo, presidenta. Red internacional de mujeres en acción por los derechos humanos. Eunice Caldelas, presidenta. Organización Mundial de Abogados, comisionada en Madrid Griselda Herrera López, Abogadas Iberoamericanas.

Fuente: Carta al Gobierno Español

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Arteleaks

Sara Sefchovich, ¿absurdo nivel Dios?

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

En rigor, ¿realmente alguien en su sano juicio se plantearía como un instrumento contundente para combatir o eliminar el flagelo del crimen organizado en su modalidad de narcotráfico el hecho de solicitar apoyo educacional o moral a las madres de los delincuentes? ¿Las progenitoras regañando a sus vástagos para que dejen el mal y se conviertan al bien?

La connotada escritora y periodista Elena Poniatowska en entrevista con Sara Sefchovich (1949), quien se ostenta como socióloga, escritora, historiadora, catedrática, investigadora, traductora, comentarista y conferencista,  y que además es autora de más de una docena de libros y diversos artículos en periódicos y revistas, toman como hilo conductor de la misma el leitmotiv de la última novela de Sefchovich, Demasiado odio: la importancia de las madres en su papel de correctoras de sus hijos delincuentes. No por nada el título de la conversación se llama “Sin la complicidad de las madres el narco bajaría” (La Jornada, 10/01/21). Y como aquí no se comenta la novela desde el punto de vista estético-literario, sino sobre el asunto central, quien esto escribe realizará lo propio.

Como bien se observa, estamos frente a dos intelectuales de nivel que deben de dominar el tema en cuestión. Y aquí nos dice la entrevistada los orígenes de su proposición:

“Publiqué una novela: Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México (2014), que se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En ese libro yo hacía una propuesta a las madres de familia de bajarle la violencia en México diciéndole a sus hijos que si querían robar, robaran, pero no violaran, no mataran, no maltrataran (sic). Para escribirlo, viajé por todo México, me reuní con grupos de madres a quienes preguntaba cómo veían esta situación y pedirles que ayudaran; que su trabajo como madres era impedir que sus hijos entraran al mundo del narcotráfico. Para mi sorpresa, en todos los grupos con los que me reuní durante casi dos años encontré que las madres no estaban dispuestas a sacrificar los beneficios que reciben de la delincuencia aun a costa de que pueden encarcelar y hasta matar a sus hijos”. Y cabe añadir, por cierto, que esta situación no es el gran descubrimiento de Sefchovich, pues ya era conocido.

Y al percatarse que su exhorto caía en el vacío por parte de las jefas de familia, indica lo siguiente: “Incluso se lo escribí al presidente (Andrés Manuel) López Obrador. Él mismo pidió ayuda a las madres de familia y recuerdo que le dije: ‘Nos equivocamos, señor presidente, las madres no están dispuestas a ayudar’.” Y en efecto, es de todos conocido que el presidente de México hizo este llamado públicamente en más de una ocasión.

Por supuesto que es un fenómeno demostrado que ciertas familias han incursionado en el narcomenudeo. E incluso a un grado mayor. Recordemos a Delia Patricia Bustos Buendía, quien no sólo recibía de sus hijas y yernos enormes cantidades de dinero y enseres, sino que era ella misma quien lidereaba a la organización criminal que se denominó el Cártel de Neza, siendo ella la temible Ma Baker. Extendió su poder en buena parte del valle de México, a sangre y fuego. Puso en jaque a la extinta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), asesinando ministerios públicos federales e incluso a un alto funcionario de dicha dependencia, fiscalía perteneciente a la antigua Procuraduría General de la República (José Antonio Caporal, El cártel de Neza, 2012).

Evidentemente nos encontramos con un problema de orden multifactorial. Y todo indica, al parecer, que nuestra socióloga realizó su investigación de esa manera: vivió en Michoacán, Reynosa y en zonas de migrantes, donde abordaría “el deterioro del medio ambiente, el descuido, la ignorancia, la indiferencia, la corrupción… (Y) lo mismo me sucedió en otros países. Recorrí siete ciudades del mundo para hacer un paralelismo entre el narcotráfico y el terrorismo y también me encontré con madres de familia que solapan a sus hijos”. Y no obstante su amplio y diverso estudio llegó a la misma conclusión.

Inmutable, tropezándose una y otra vez con la complicidad materna, reitera: “Yo pensaba que las madres podían ayudar a que sus hijos aprendieran a vivir de otra manera, pero después de escribir adquirí la certeza de que no quieren cambiar… Ese es mi tema: la complicidad de las madres y la de los familiares. Estoy convencida que sin ella bajaría el narcotráfico y el terrorismo”.

No obstante, al final Sefchovich apunta sobre el origen de todo ello: “Las carencias rigen nuestro funcionamiento social. Cuando una familia descubre que puede vivir mejor, es lógico que acepte dádivas. No sólo en México, en todos los países hay narco”. Pero bajo la lógica simplista de la pobreza significaría que miles de mexicanos en situación de miseria todos serían narcomenudistas. Y esto no es así.

 Resulta francamente impensable que una académica como Sefchovich reduzca de manera absurda el grave asunto del narcotráfico a la complicidad de madres e hijos viviendo en la pobreza. Y que Poniatowska no la haya cuestionado en su enfoque al entrevistarla. Lamentablemente ya no hablamos de un binomio, como nos quiere indicar nuestra socióloga, sino de una unidad. Existen familias enteras que participan en el narcomenudeo, desde el abuelo hasta los nietos. Basta revisar la nota roja de cualquier periódico para comprobarlo.

 Por lo tanto, ningún llamado a la congruencia moral dirigido a las madres o familiares del narcomenudista va a funcionar de manera alguna. Existe tal descomposición social que hasta suben fotografías en redes sociales luciendo armas y dinero como parte de su inserción a un grupo criminal. No, en lo absoluto es una solución.

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Mundo

OMS estima que vacunación contra Covid-19 se concentra sólo en 10 países

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Por Ignacio García

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 95 por ciento de las vacunas aplicadas en el mundo se concentran sólo en 10 países, los cuales en su mayoría se ubican en Europa.

El organismo internacional lamentó que existe poca solidaridad de las naciones más ricas para permitir que los demás países también puedan aplicar de forma eficiente los programas de vacunación en sus respectivas poblaciones.

Los países con más vacunas aplicadas son Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá, por lo que la OMS pidió mayor solidaridad para que se apliquen a otras naciones que no cuentan con la misma riqueza.

Asimismo, enfatizó que en más de un mes se han vacunado a 28 millones de personas en el mundo, distribuidas en apenas 46 países, pero también advirtió que la nueva cepa viral localizada por primera vez en Reino Unido también se propagó por 25 naciones.

Sin embargo, la OMS es optimista con el comportamiento de la pandemia y aunque reconoció que durante este año continuará con presencia en el mundo, será más controlable, debido a la aplicación de la vacuna en la mayor parte del planeta.

México se ubica en el lugar 13 de los países con más vacunas aplicadas en el mundo, aunque muy rezagado con respecto a Estados Unidos que ha vacunado a más de 3 millones de personas en el último mes.

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