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Organizaciones en España piden regularización masiva para extranjeros residentes por crisis sanitaria

Papeles para todos, piden en España en protección a extranjeros residentes

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Los Ángeles Press

MADRID, España.- Un grupo de activistas y organizaciones civiles por los derechos de los migrantes, en acompañamiento a la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, piden al gobierno de España la regularización administrativa de cientos de miles de personas extranjeras residentes en este país ante la crisis sanitaria y económica por el coronavirus.

En una carta pública, dirigida al presidente de Gobierno Pedro Sánchez, y a los ministros de Seguridad Social, de Igualdad, así como al Defensor del Pueblo, los colectivos activistas señalan que podrían ser hasta 600 mil personas afectadas por la pérdida temporal de sus empleos. Entre éstas, se encuentran niños y niñas descendientes de extranjeros con varios años de residencia en este país, así como decenas de miles de personas extranjeras con más de tres años de empadronamiento.

El objetivo de la petición es reducir drásticamente la vulnerabilidad en la que se encuentran, sobre todo, mujeres y niñas, en situación de riesgo de prostitución, violencia, y tráfico humano. La solicitud de los activistas pone de relieve también el riesgo del encierro por la emergencia sanitaria de mujeres víctimas de violencia doméstica que no pueden denunciar por la precariedad de su estatus migratorio. 

Carta pública

Presidente de Gobierno, Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Excmo. Sr. José Luis Escrivá 
Ministra de Igualdad, Excma. Sra. Irene Montero Gil 
Defensor del Pueblo, Excmo. Sr. Francisco Fernández Marugán

Madrid, 11 de abril de 2020. 

 “La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste, simplemente en SER, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos, es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir QUIENES SOMOS PARA LOS OTROS. Para eso sirven los papeles de identidad. Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor de los derechos humanos (porque la identidad social es un derecho primario) aunque es también el más importante (porque las leyes exigen que de ese papel dependa la inserción del individuo en la sociedad)”. José Saramago 1998.

Las organizaciones de mujeres migrantes que suscriben, demandamos la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS RESIDENTES EN ESPAÑA, que garantice la igualdad que el Estado de Derecho requiere para el pleno desarrollo de las personas, las familias, la comunidad y la reconstrucción del país. 

 Actualmente, se calcula entre unas 400.000 y 600.000 las personas extranjeras que residen en España en situación administrativa irregular. Esta estimación resulta de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal (basada en el empadronamiento) y los datos sobre extranjeros con permiso de residencia, arrojados por el Observatorio de la Inmigración. Entre las personas en situación administrativa irregular se encuentran personas afectadas por procesos de irregularidad sobrevenida fruto de la pérdida temporal de empleo o de su inserción en empleos muy precarios, desregulados o en la economía sumergida; niñas y niños migrantes o nacidos en España, de madres y padres extranjeros, que no han podido regularizar su situación; personas residentes con menos de tres años de empadronamiento; personas a las que les ha sido denegada una solicitud de protección internacional en cualquiera de sus formas; personas cuya solicitud de regularización se ha ralentizado por la excesiva burocratización de los procedimientos, entre otras. 

 La crisis sistémica del 2008 arrasó con los sueños de cientos de miles de personas, entre ellas mujeres migrantes, a quienes les fue imposible renovar sus autorizaciones de residencia y de trabajo debido a la pérdida de sus empleos o a su expulsión hacia sectores laborales de la economía sumergida. Es necesario recordar que la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo requiere obligatoriamente, durante los primeros años, un contrato laboral formal, tal como estipula la Ley de Extranjería y el Reglamento que la desarrolla.  

  En muchos de estos casos, la irregularidad sobrevenida de estas mujeres ha afectado de manera directa a sus hijos e hijas, dejándoles en situación de extrema vulnerabilidad. También en muchos casos, estos hijos o hijas han nacido en España, pero no son españoles. La situación administrativa irregular de menores de edad cercena su futuro y pone en cuestión los conceptos de ciudadanía y de igualdad de derechos.

  A estas situaciones de irregularidad administrativa y negación de la igualdad y la ciudadanía, se suma, en la actualidad, la terrible crisis sanitaria, económica, social y familiar provocada por el COVID 19, que pone al descubierto la precariedad y vulnerabilidad de la vida de todas las personas que habitamos este país, pero en particular la de las familias migrantes. Una parte importante de las mujeres migrantes trabaja en el sector del empleo de hogar y de los cuidados, algunas han sido despedidas de inmediato, otras continúan realizando su trabajo sin la protección profiláctica necesaria. Pese al lugar esencial que los cuidados están cobrando en nuestra sociedad, el Real Decreto 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, para que Nadie Quede Atrás, no las ha tenido en cuenta. 

  La aprobación de un Real Decreto de emergencia para la regularización administrativa de las personas extranjeras en España reduciría la extrema vulnerabilidad de mujeres migrantes en situación de prostitución, mujeres víctimas de tráfico para fines de explotación sexual y/o laboral quienes sufren las consecuencias de un mayor encierro, ocultamiento, violencia y control por parte de sus explotadores. Mujeres migrantes que están encerradas en sus hogares con hombres maltratadores, sin poder denunciarles ni huir de la violencia. 

 La situación administrativa irregular endurece aún más estas condiciones de vida en la medida en que no permite que las personas que las padecen puedan pedir ayuda, por temor a ser expulsadas. A todo esto, se añade el incremento exponencial del control policial, que impide que las personas migrantes sin autorización de residencia puedan salir a la calle en busca de lo más esencial para sus vidas: la compra de alimentos. Los procedimientos de regularización administrativa están completamente paralizados desde que comenzó la crisis. 

  Dada la dureza de estas situaciones DEMANDAMOS la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA, que garantice que ningún ser humano se quede afuera. 

  España, como Estado Social y de Derecho, miembro de la Unión Europea, está obligada al cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en la que la solidaridad, la igualdad y la no discriminación son sus principios fundamentales (TFUE, art.3).  “Más Europa” y “más comunidad” es el llamado del Gobierno cada día. Una comunidad se forma a partir de la contribución de todos sus miembros, en aras a su propia reproducción social. Las personas extranjeras residentes en España estamos integradas en el mercado laboral, en sectores que hoy en día han demostrado ser esenciales para su sostenimiento. Sin embargo, la negación de la ciudadanía residencial de una parte importante de nuestra comunidad lleva implícita la falta de reconocimiento de la contribución social, económica, laboral y demográfica que realizamos. También conlleva la falta de reconocimiento de derechos que son fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho de vivir en familia, el derecho de poder cuidar de las personas dependientes dentro de ésta, el derecho de asegurar un futuro para los niños y las niñas, el derecho a un trabajo digno o el derecho a una vida libre de violencia.  La negación de derechos fundamentales a una parte de nuestra comunidad es intolerable en un Estado Social y de Derecho como es España. 

   Los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 C.E); y recordar que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10 C.E.).

  Las limitaciones que impone la Ley de Extranjería al reconocimiento de derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, o los procedimientos tan exigentes para la regularización y la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo expone a las personas migrantes a la indefensión, no sólo frente a una pandemia –como es el caso actual-, sino también frente a la explotación laboral, la violencia de género, la violencia institucional, la invisibilidad o la xenofobia. 

  Es necesario que el Estado español ponga en marcha los principales instrumentos y herramientas que el orden constitucional le otorga, en el marco del estado excepcional en el que nos encontramos, para el reconocimiento de la residencia de las personas migrantes en situación administrativa irregular, incluidos los niños y las niñas, fundamentado en los Derechos Humanos, en el Tratado de la UE, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Constitución Española.

Dicho procedimiento administrativo de regularización extraordinaria debe aprobarse bajo los criterios de urgencia, simplificación, flexibilidad y seguridad jurídica.

  El Gobierno de España tiene en sus manos la oportunidad de ser coherente y transitar por un camino de justicia social, dignidad humana e igualdad. El actual estado de emergencia sanitaria nos está haciendo reflexionar sobre lo que es realmente importante para el ser humano y la sociedad y nos exige cambios en los modos de vida y de producción. Las personas integrantes de nuestra Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, las organizaciones aliadas y otras mujeres migrantes a título personal, como ciudadanas de este país, consideramos que el momento es ahora y el criterio es la salvaguarda de todas las vidas, así como su dignidad. 

Atentamente

Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Tatiana Retamozo Quintana, presidenta. Asociación Servicio Doméstico Activo. Carolina Elías Espinoza, presidenta. Asociación Malen Etxea Mujeres Inmigrantes. Jessica Guzmán Correa, presidenta. Asociación Mujeres Pa´lante. Clara Romero Bateman, presidenta. Asociación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género. Antonia Avalos Torres, presidenta. Asociación Casa de Colombia en España. Erika Sarmiento Castiblanco, presidenta.  Asociación de Mujeres Latinoamericana Amalgama. Iskra Orillo Valencia, presidenta. Asociación Por Ti Mujer. Lucy Polo Castillo, presidenta.  Asociación GENERA-Red de mujeres feministas por la equidad de género en el desarrollo. Inmaculada Lozano Caro, presidenta. Asociación Estudios y Cooperación para el Desarrollo. Silvina Monteros Obelar, presidenta.  Asociación de Mujeres de América Central. Graciela Villavicencio Suazo, presidenta.  Colectivo Brujitas Migrantes. Yamileth Chavarría Mendieta, presidenta.  La Comala, sociedad Cooperativa Madrileña. Mercedes Rodríguez Ávila. Colectivo Red de Hondureñas Migradas. Gilma Martínez Rodríguez, presidenta.   Colectivo Mujeres Migrantes Artistas y Artesanas en España. Rosalía Polo Burgos, presidenta. Mujeres a título individual que conforman la RED Latinas: Susana Pozo, Alicia Escobar, Patricia Ponce Pascuale, Virginia Etchevarry

Organizaciones aliadas: 

Asociación Dia-Dia África Libertad. Danielle Nicole Mboume, presidenta. Asociación de Chilenos y Chilenas en España. María Yáñez Martínez, presidenta. Asociación de Mujeres de América Central. Graciela Villavicencio Suazo, presidenta. 
Asociación América, España, Solidaridad y Cooperación-AESCO. Yolanda Villavicencio, presidenta.  Colectivo Mujeres Organizadas Paraguayas en España-MOPE, representante Lis María Mabel Román Cabrera. Comisión migración y antirracismo 8M, representante Viviana Dipp. Feministas Madrid por Nicaragua, representante María Eugenia Gómez López. Red Internacional de Abogados Eureka. Juana María Malca Leo, presidenta. Red internacional de mujeres en acción por los derechos humanos. Eunice Caldelas, presidenta. Organización Mundial de Abogados, comisionada en Madrid Griselda Herrera López, Abogadas Iberoamericanas.

Fuente: Carta al Gobierno Español

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Estados Unidos

Ken Salazar podría ser el embajador de EEUU en México

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Por José Díaz Briseño

WASHINGTON.- El equipo del Presidente Joe Biden ha iniciado con el análisis de la potencial nominación de Ken Salazar, ex senador por Colorado, como nuevo Embajador de Estados Unidos en México, aseguró este lunes el portal de noticias Axios citando fuentes anónimas.

De llegarse a concretar, la nominación de Salazar -ex Secretario del Interior durante la era de Barack Obama- significaría la primera nominación de un hispano como Embajador en México desde Tony Garza, quien fuera nominado en 2002.

Salazar, de 66 años, es un político demócrata nacido en el sur del Estado de Colorado, justo en la frontera con Nuevo México, donde su familia ha estado establecida por siglos, aún antes de que dicho territorio estuviera bajo la soberanía estadounidense.

Desde que Chris Landau dejara el cargo en enero de este año, la representación estadounidense en la Ciudad de México ha estado guiada por el Encargado de Negocios, John Creamer. Hasta el momento no se conocen otros nombre de potenciales nominados.

Conocido en inglés como “vetting”, el examen de un candidato a Embajador es un periodo durante el cual las administraciones estadounidenses en turno revisan los antecedentes, potenciales conflictos de interés y cualidades de los potenciales nominados.

El nombramiento deberá ser ratificado por el Senado.

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Mexico Violento

Organización de Presos de México exige cese inmediato del director del Cefereso 17 por torturas y extorsión

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Por Guadalupe Lizárraga

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México lanzaron un comunicado público en solidaridad con George Khoury Layón, preso político, quien por segunda vez fue torturado dentro del Cefereso #17, en Buenavista Michoacán, por custodios bajo órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez.

El documento lo firman los dirigentes de la organización Antonio Barragán Carrasco y Cleofas Hernández Reyes, privados de su libertad en Atlacholoaya, Morelos, desde donde demandan el cese inmediato del director del penal de Michoacán por torturas y extorsión a los internos, y específicamente en este caso a Khoury Layón, quien además tiene reconocimiento de inocencia por parte de la Secretaría de Gobernación, desde noviembre de 2019, y la opinión de libertad inmediata de la Naciones Unidas desde el 18 de septiembre de 2017.

Khoury Layón ha liderado un amparo colectivo de 400 internos que piden la destitución del director del Cefereso y del titular de Seguridad pública por los tratos denigrantes y crueles, extorsiones y falta de atención médica, por lo que las torturas son para que se desista de los amparos concedidos por los jueces Quinto y Sexto de Distrito del estado de Michoacán y del estado de Sinaloa.

La primera tortura a Khoury en el Cefereso número 17 fue el 18 de julio de 2020, por promover los amparos contra los malos tratos. Esta segunda tortura fue el 29 de marzo de 2021 para que se desistiera de esos amparos concedidos. Además, denunció la extorsión del director del penal quien le exigía 500 mil pesos (26,315 dólares aprox) para dejar de golpearlo.

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México, fundada el 22 de febrero de 2021, por Barragán Carrasco y Hernández Reyes, surgió con el objetivo de detener el maltrato y las violaciones de derechos humanos a la población carcelaria. Asimismo, tiene como objetivo la denuncia sobre el abandono jurídico y la indefensión en el que se encuentran miles de presos, con enfermedades crónico-degenerativas sin atención médica y la negación de beneficios de ley como las preliberaciones.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, víctima de fabricación de culpables, volvió a ser torturado dentro del Cefereso #17, el 29 de marzo, por custodios bajo las órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez, para que se desistiera de los amparos concedidos en contra de los tratos crueles e inhumanos y confinamiento injustificado de las autoridades carcelarias.

“Todavía son visibles las lesiones en la cara, frente y ojos, y apenas puede caminar porque le patearon la columna”, denunció su abogada a Los Ángeles Press, quien tenía un mes sin verlo, y estaba en espera de entrar a locutorios. En la notificación de queja al Poder Judicial del estado de Michoacán, interpuesto el 9 de abril de 2021, se describe que “presenta una hematoma pronunciado en la frente y otro en el pómulo derecho… diversos golpes en la espalda los cuales se ven inflamados y bastante marcados al igual que un hematoma en el costado izquierdo y una abertura en la cabeza…”

Abundó la abogada, de quien nos reservamos su identidad por seguridad, que habían ya interpuesto las denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se están haciendo a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en la anterior vez que lo golpearon, el 18 de julio de 2020, las autoridades no dieron seguimiento a sus denuncias contra el director del Cefereso, quien le pedía 500 mil pesos para dejarlo de golpear.

George Khoury señaló que el titular de Seguridad penitenciaria y el director del penal no acataron la suspensión de malos tratos y ordenaron que lo golpearan. Lo tuvieron ocho días sin atención médica, desangrándose en el área del comedor donde fue golpeado y obligado a dormir durante esos días.

George Khoury ha liderado un amparo colectivo de 400 internos para la destitución del director del Cefereso, quien en un franco desacato a la Ley de Amparo, artículo 262, al ordenar de nueva cuenta la tortura contra Khoury viola el amparo 107/2021 del Juez Quinto por el Juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán y 134/2021 y 185/2021 del Juez Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa.

El caso de Khoury Layón se ha presentado ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina el 7 de diciembre de 2020, y en otras ocasiones en 2019 por violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades del sistema penitenciario.

Tiene una opinión de libertad inmediata desde el 18 de septiembre de 2017 por el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y el reconocimiento de inocencia en 2019 por la Secretaría de Gobernación. No obstante, sigue retenido ilegalmente por el Estado mexicano.

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