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Organizaciones en España piden regularización masiva para extranjeros residentes por crisis sanitaria

Papeles para todos, piden en España en protección a extranjeros residentes

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Los Ángeles Press

MADRID, España.- Un grupo de activistas y organizaciones civiles por los derechos de los migrantes, en acompañamiento a la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, piden al gobierno de España la regularización administrativa de cientos de miles de personas extranjeras residentes en este país ante la crisis sanitaria y económica por el coronavirus.

En una carta pública, dirigida al presidente de Gobierno Pedro Sánchez, y a los ministros de Seguridad Social, de Igualdad, así como al Defensor del Pueblo, los colectivos activistas señalan que podrían ser hasta 600 mil personas afectadas por la pérdida temporal de sus empleos. Entre éstas, se encuentran niños y niñas descendientes de extranjeros con varios años de residencia en este país, así como decenas de miles de personas extranjeras con más de tres años de empadronamiento.

El objetivo de la petición es reducir drásticamente la vulnerabilidad en la que se encuentran, sobre todo, mujeres y niñas, en situación de riesgo de prostitución, violencia, y tráfico humano. La solicitud de los activistas pone de relieve también el riesgo del encierro por la emergencia sanitaria de mujeres víctimas de violencia doméstica que no pueden denunciar por la precariedad de su estatus migratorio. 

Carta pública

Presidente de Gobierno, Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Excmo. Sr. José Luis Escrivá 
Ministra de Igualdad, Excma. Sra. Irene Montero Gil 
Defensor del Pueblo, Excmo. Sr. Francisco Fernández Marugán

Madrid, 11 de abril de 2020. 

 “La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de una persona consiste, simplemente en SER, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos, es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir QUIENES SOMOS PARA LOS OTROS. Para eso sirven los papeles de identidad. Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor de los derechos humanos (porque la identidad social es un derecho primario) aunque es también el más importante (porque las leyes exigen que de ese papel dependa la inserción del individuo en la sociedad)”. José Saramago 1998.

Las organizaciones de mujeres migrantes que suscriben, demandamos la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS RESIDENTES EN ESPAÑA, que garantice la igualdad que el Estado de Derecho requiere para el pleno desarrollo de las personas, las familias, la comunidad y la reconstrucción del país. 

 Actualmente, se calcula entre unas 400.000 y 600.000 las personas extranjeras que residen en España en situación administrativa irregular. Esta estimación resulta de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal (basada en el empadronamiento) y los datos sobre extranjeros con permiso de residencia, arrojados por el Observatorio de la Inmigración. Entre las personas en situación administrativa irregular se encuentran personas afectadas por procesos de irregularidad sobrevenida fruto de la pérdida temporal de empleo o de su inserción en empleos muy precarios, desregulados o en la economía sumergida; niñas y niños migrantes o nacidos en España, de madres y padres extranjeros, que no han podido regularizar su situación; personas residentes con menos de tres años de empadronamiento; personas a las que les ha sido denegada una solicitud de protección internacional en cualquiera de sus formas; personas cuya solicitud de regularización se ha ralentizado por la excesiva burocratización de los procedimientos, entre otras. 

 La crisis sistémica del 2008 arrasó con los sueños de cientos de miles de personas, entre ellas mujeres migrantes, a quienes les fue imposible renovar sus autorizaciones de residencia y de trabajo debido a la pérdida de sus empleos o a su expulsión hacia sectores laborales de la economía sumergida. Es necesario recordar que la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo requiere obligatoriamente, durante los primeros años, un contrato laboral formal, tal como estipula la Ley de Extranjería y el Reglamento que la desarrolla.  

  En muchos de estos casos, la irregularidad sobrevenida de estas mujeres ha afectado de manera directa a sus hijos e hijas, dejándoles en situación de extrema vulnerabilidad. También en muchos casos, estos hijos o hijas han nacido en España, pero no son españoles. La situación administrativa irregular de menores de edad cercena su futuro y pone en cuestión los conceptos de ciudadanía y de igualdad de derechos.

  A estas situaciones de irregularidad administrativa y negación de la igualdad y la ciudadanía, se suma, en la actualidad, la terrible crisis sanitaria, económica, social y familiar provocada por el COVID 19, que pone al descubierto la precariedad y vulnerabilidad de la vida de todas las personas que habitamos este país, pero en particular la de las familias migrantes. Una parte importante de las mujeres migrantes trabaja en el sector del empleo de hogar y de los cuidados, algunas han sido despedidas de inmediato, otras continúan realizando su trabajo sin la protección profiláctica necesaria. Pese al lugar esencial que los cuidados están cobrando en nuestra sociedad, el Real Decreto 11/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, para que Nadie Quede Atrás, no las ha tenido en cuenta. 

  La aprobación de un Real Decreto de emergencia para la regularización administrativa de las personas extranjeras en España reduciría la extrema vulnerabilidad de mujeres migrantes en situación de prostitución, mujeres víctimas de tráfico para fines de explotación sexual y/o laboral quienes sufren las consecuencias de un mayor encierro, ocultamiento, violencia y control por parte de sus explotadores. Mujeres migrantes que están encerradas en sus hogares con hombres maltratadores, sin poder denunciarles ni huir de la violencia. 

 La situación administrativa irregular endurece aún más estas condiciones de vida en la medida en que no permite que las personas que las padecen puedan pedir ayuda, por temor a ser expulsadas. A todo esto, se añade el incremento exponencial del control policial, que impide que las personas migrantes sin autorización de residencia puedan salir a la calle en busca de lo más esencial para sus vidas: la compra de alimentos. Los procedimientos de regularización administrativa están completamente paralizados desde que comenzó la crisis. 

  Dada la dureza de estas situaciones DEMANDAMOS la aprobación de un REAL DECRETO DE EMERGENCIA PARA LA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA, que garantice que ningún ser humano se quede afuera. 

  España, como Estado Social y de Derecho, miembro de la Unión Europea, está obligada al cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en la que la solidaridad, la igualdad y la no discriminación son sus principios fundamentales (TFUE, art.3).  “Más Europa” y “más comunidad” es el llamado del Gobierno cada día. Una comunidad se forma a partir de la contribución de todos sus miembros, en aras a su propia reproducción social. Las personas extranjeras residentes en España estamos integradas en el mercado laboral, en sectores que hoy en día han demostrado ser esenciales para su sostenimiento. Sin embargo, la negación de la ciudadanía residencial de una parte importante de nuestra comunidad lleva implícita la falta de reconocimiento de la contribución social, económica, laboral y demográfica que realizamos. También conlleva la falta de reconocimiento de derechos que son fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho de vivir en familia, el derecho de poder cuidar de las personas dependientes dentro de ésta, el derecho de asegurar un futuro para los niños y las niñas, el derecho a un trabajo digno o el derecho a una vida libre de violencia.  La negación de derechos fundamentales a una parte de nuestra comunidad es intolerable en un Estado Social y de Derecho como es España. 

   Los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 C.E); y recordar que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10 C.E.).

  Las limitaciones que impone la Ley de Extranjería al reconocimiento de derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, o los procedimientos tan exigentes para la regularización y la renovación de las autorizaciones de residencia y de trabajo expone a las personas migrantes a la indefensión, no sólo frente a una pandemia –como es el caso actual-, sino también frente a la explotación laboral, la violencia de género, la violencia institucional, la invisibilidad o la xenofobia. 

  Es necesario que el Estado español ponga en marcha los principales instrumentos y herramientas que el orden constitucional le otorga, en el marco del estado excepcional en el que nos encontramos, para el reconocimiento de la residencia de las personas migrantes en situación administrativa irregular, incluidos los niños y las niñas, fundamentado en los Derechos Humanos, en el Tratado de la UE, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Constitución Española.

Dicho procedimiento administrativo de regularización extraordinaria debe aprobarse bajo los criterios de urgencia, simplificación, flexibilidad y seguridad jurídica.

  El Gobierno de España tiene en sus manos la oportunidad de ser coherente y transitar por un camino de justicia social, dignidad humana e igualdad. El actual estado de emergencia sanitaria nos está haciendo reflexionar sobre lo que es realmente importante para el ser humano y la sociedad y nos exige cambios en los modos de vida y de producción. Las personas integrantes de nuestra Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, las organizaciones aliadas y otras mujeres migrantes a título personal, como ciudadanas de este país, consideramos que el momento es ahora y el criterio es la salvaguarda de todas las vidas, así como su dignidad. 

Atentamente

Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Tatiana Retamozo Quintana, presidenta. Asociación Servicio Doméstico Activo. Carolina Elías Espinoza, presidenta. Asociación Malen Etxea Mujeres Inmigrantes. Jessica Guzmán Correa, presidenta. Asociación Mujeres Pa´lante. Clara Romero Bateman, presidenta. Asociación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género. Antonia Avalos Torres, presidenta. Asociación Casa de Colombia en España. Erika Sarmiento Castiblanco, presidenta.  Asociación de Mujeres Latinoamericana Amalgama. Iskra Orillo Valencia, presidenta. Asociación Por Ti Mujer. Lucy Polo Castillo, presidenta.  Asociación GENERA-Red de mujeres feministas por la equidad de género en el desarrollo. Inmaculada Lozano Caro, presidenta. Asociación Estudios y Cooperación para el Desarrollo. Silvina Monteros Obelar, presidenta.  Asociación de Mujeres de América Central. Graciela Villavicencio Suazo, presidenta.  Colectivo Brujitas Migrantes. Yamileth Chavarría Mendieta, presidenta.  La Comala, sociedad Cooperativa Madrileña. Mercedes Rodríguez Ávila. Colectivo Red de Hondureñas Migradas. Gilma Martínez Rodríguez, presidenta.   Colectivo Mujeres Migrantes Artistas y Artesanas en España. Rosalía Polo Burgos, presidenta. Mujeres a título individual que conforman la RED Latinas: Susana Pozo, Alicia Escobar, Patricia Ponce Pascuale, Virginia Etchevarry

Organizaciones aliadas: 

Asociación Dia-Dia África Libertad. Danielle Nicole Mboume, presidenta. Asociación de Chilenos y Chilenas en España. María Yáñez Martínez, presidenta. Asociación de Mujeres de América Central. Graciela Villavicencio Suazo, presidenta. 
Asociación América, España, Solidaridad y Cooperación-AESCO. Yolanda Villavicencio, presidenta.  Colectivo Mujeres Organizadas Paraguayas en España-MOPE, representante Lis María Mabel Román Cabrera. Comisión migración y antirracismo 8M, representante Viviana Dipp. Feministas Madrid por Nicaragua, representante María Eugenia Gómez López. Red Internacional de Abogados Eureka. Juana María Malca Leo, presidenta. Red internacional de mujeres en acción por los derechos humanos. Eunice Caldelas, presidenta. Organización Mundial de Abogados, comisionada en Madrid Griselda Herrera López, Abogadas Iberoamericanas.

Fuente: Carta al Gobierno Español

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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Estados Unidos

Diversidad de posiciones, fortalece comunidad mexicana: Cónsul de Nueva York

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Por Guadalupe Lizárraga

El cónsul general de Nueva York, Jorge Islas López, en entrevista para Los Ángeles Press, consideró que las críticas y diversidad de posiciones son una fortaleza de la comunidad mexicana en Nueva York, porque “eso demuestra que hay libertad, conciencia y pluralidad en la diversidad de posiciones”.

Señaló lo anterior, debido a que un grupo de mexicanos que se identifican como simpatizantes de MORENA, realizaron una protesta el jueves pasado frente al Consulado para pedir su renuncia, y anunciaron que volverán a hacerlo esta semana bajo el argumento de que “es del PRI” y “no los ha atendido”.

Sin embargo, el cónsul Islas López enfatizó que están tomando en cuenta las diferentes expresiones de inconformidad aunque no representen la mayoría, pero las consideró legítimas y auténticas, y dijo “necesarias, para hacer los cambios que se requieran a fin de satisfacer con la mayor amplitud posible, las peticiones que formula la comunidad”.

“Yo creo que la divergencia de criterios nos debe fortalecer, porque en lo esencial es en lo que debemos estar unidos, que es apoyar al que más necesita en condiciones de por sí complejas”.

Entre los vulnerables, dijo Jorge Islas López, “siempre hay alguien más vulnerable, y a ellos hay que tenderles la manos”. Señaló que el puente solidario debe proveerles de ayuda, pero también de dignidad para que busquen nuevas oportunidades de vida.

En cuanto a la pandemia que azota al mundo y ha afectado principalmente Nueva York, el cónsul dijo que se teme el regreso de brotes, como sucede en Europa, por lo que la comunidad mexicana debe estar unida y preparada, por lo que se atenderán “al menor tiempo posible y dadas la circunstancias” las peticiones de la comunidad.

 

Quién es el Cónsul

Especializado en Derecho Constitucional, encabeza la cátedra “Giovanni Sartori” en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue abogado general de la misma universidad por designación del rector Juan Ramón de la Fuente, actual representante de México ante Naciones Unidad. Jorge Islas López ha sido promotor de los derechos humanos y derechos ambientales. Fue el autor de la primera disposición legal de los derechos de la “Madre Tierra” en las leyes mexicanas.

Pese a las críticas contra el cónsul por ser supuestamente contrario a los principios de MORENA, Jorge islas López fue designado como cónsul general de Nueva York directamente por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ratificado de manera unánime por el Senado de la República, en sesión realizada el 20 de marzo de 2019.

Manifestantes frente al Consulado de NY, pidiendo la renuncia del cónsul. Foto: detalle de video en las redes.

Más de 7 mil citas en el Consulado, pese a la pandemia

Para personas que requieran documentación consular, Jorge Islas dio el aviso de que la próxima semana darán más de 7 mil citas, pese a las circunstancias impuestas por la pandemia. Incluso están trabajando con las unidades móviles para atender diferentes puntos de la ciudad, sin que los mexicanos tengan que trasladarse a Manhattan.

 Como parte de las actividades consulares, Islas López emprendió la distribución de despensas a las familias más vulnerables, que han perdido sus empleos por el cierre de empresas ante las condiciones sanitarias extremas de una de las ciudades con mayor afectación del Covid 19.

También anunció que se abrirá la línea de Mexitel para dar las citas, además de que se dará orientación telefónica. Explicó que Mexitel es el concepto de un Call center, para dar las citas en todo el área consular, y evita que haya “coyotaje” y les cobren a los mexicanos por un derecho que es gratuito.

 

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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