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Estados Unidos

Organizaciones de EEUU preparan marcha por libertad de Nestora

Organizaciones políticas y de derechos humanos coordinan manifestación internacional por la libertad de Nestora Salgado y miembros de la Policía comunitaria

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LA Press/Leticia Puente Beresford

LOS ÁNGELES, CA.- El Partido de Libertad Socialista (Freedom Socialist Party) convoca a sumarse a las organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos en Estados Unidos y otros países a la movilización internacional por la libertad de Nestora Salgado y demás miembros de la Policía comunitaria de Guerrero, México. En el marco del Día Internacional de los derechos humanos, 10 de diciembre, esta organización política, con presencia nacional y en Australia, realizarán manifestaciones simultáneas ante los consulados mexicanos en diversas ciudades, entre las que destacan Seattle, Los Ángeles, Portland, San Francisco, Washington, DC, y Nueva York.

El Partido Libertad Socialista, (Freedom Socialist Party), a través de su coordinador en la ciudad de Nueva York, Stephen Durham dijo que se trata de una protesta unida con el apoyo de otros grupos políticos alrededor del eslogan «Libertad para Nestora Salgado». Y que el partido tal como se afirma en su sitio digital, lucha por «las minorías oprimidas por el racismo del sistema político norteamericano». Sin embargo, al ser Nestora Salgado, una ciudadana estadounidense y mexicana, y al luchar ella por lo mismo en su país de origen México, están uniendo la resistencia internacional, incluyendo a Australia y España.

Entre los grupos angelinos participantes, se suma el Frente de Resistencia en Los Ángeles, quien destacó en julio de 2012, por su lucha contra la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de México, y por la solidaridad con las madres de víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez. El Frente de Resistencia, con sede también en la Ciudad de México, coordina una visita de la Policía comunitaria en enero de 2014, como parte de las iniciativas de resistencia por la liberación de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Bernardino García y los demás comunitarios encarcelados contra derecho en México por enfrentar al crimen organizado.

El Partido de Libertad Socialista también informó que el próximo 10 de diciembre, a las 8:00 horas se llevará a cabo una Conferencia de Prensa frente al Consulado Mexicano ubicado en 2401 West 6th Street, Los Angeles, CA 90057, para posteriormente, al filo de la tarde, llevar a cabo la marcha de solidaridad internacional por Nestora.

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Foto: Freedom Socialist Party

Líder indígena, ciudadana de EEUU y prisionera política en México

Comunicado que distribuye el Partido de Libertad Socialista

Nestora Salgado creció en el pequeño pueblo indígena de Olinalá en el estado de Guerrero, México, y se hizo ciudadana de EEUU. Se mudó a Estados Unidos en 1991 a la edad de 20 años y trabajaba de sirvienta, niñera y mesera. Pasa parte de su tiempo en Olinalá y en Renton, Washington, donde vive con su esposo, José Luis Ávila, trabajador de la construcción, y sus hijas y nietos. Durante los últimos cuatro años, ha hecho varios viajes para llevar ropa y provisiones a los desesperadamente pobres residentes de su pueblo natal.

Luchando contra la pobreza y la violencia en Guerrero. Guerrero cuenta con el nivel de criminalidad más alto de México y tiene una historia de participación gubernamental en masacres de campesinos indígenas. Durante sus viajes a su hogar en México, Salgado fue testigo del incremento en la pobreza y en los crímenes violentos y la corrupción política. Esto la animó a hacerse activista comunitaria por los derechos humanos de los indígenas de Guerrero y de lugares circunvecinos de México. En particular, se involucró en el movimiento indígena a favor de la policía comunitaria, la cual se ha esparcido a través de la región durante los últimos años. La ley estatal de Guerrero 701 y el artículo 2.A de la Constitución mexicana garantizan el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la autodefensa, el cual incluye la formación de fuerzas policiacas.

Muy pronto Salgado aplicó la ley de forma práctica organizándose junto con otros para formar una fuerza policiaca comunitaria en Olinalá. Sus miembros formaron patrullas para defender a los residentes contra el crimen organizado, sobre todo contra la pandilla de Los Rojos. Dicha pandilla había estado aterrorizando a la comunidad y actuando con impunidad debido a la complicidad de los funcionarios locales, incluyendo al alcalde.

El incentivo para formar dicha fuerza comunitaria fue el asesinato de un taxista local que se rehusó a pagar el dinero para contar con la protección de Los Rojos. Salgado dirigió una manifestación de los residentes del pueblo para expulsar del pueblo a la pandilla y estableció retenes para impedir que regresaran. La primavera pasada, Salgado fue elegida comandante y coordinadora regional. Ha trabajado sistemáticamente para fomentar el liderazgo de las mujeres indígenas y para empoderarlas contra la violencia doméstica y el abuso infantil.

Inicialmente, Salgado pudo recibir el apoyo de Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, quien les prometió por escrito que les proporcionaría una fuerza uniformada con armas pequeñas, entrenamiento y otras formas de apoyo. El impacto de la policía comunitaria, la cual operaba con base en medios tradicionales de responsabilidad y control social, fue dramático: una disminución del 90% en la tasa de criminalidad y ningún homicidio durante los 10 meses que estuvo operando. (En los dos meses después de que el gobernador eliminó la policía comunitaria, el crimen ha incrementado y ha habido cuatro asesinatos, a pesar de la presencia de más de mil marinos y soldados así como de la policía estatal y federal. Las fuerzas gubernamentales acosan a organizadores comunitarios y algunas veces los amenazan de muerte a la vez que protegen la actividad criminal.)

El rapto y el arresto de Nestora Salgado. El pretexto oficial de su detención el 21 de agosto de 2013, fue el arresto de varias adolescentes por vender drogas y del alguacil local, Armando Patrón Jiménez, por alterar las pruebas de la escena de un crimen en la cual hubo dos asesinatos donde él intentó huir con una vaca que era propiedad de uno de los finados. A ella la acusaron falsamente de secuestrar tanto a las chicas como al alguacil.

En una reunión entre el alcalde y Salgado cinco días antes de su arresto, ella se rehusó a permitir que el alguacil, un secuaz político del alcalde, saliera libre sin juicio en el tribunal popular. Unos días más tarde, la transportaron en un avión privado a una cárcel de máxima seguridad a 3,000 kilómetros de Olinalá. Parece que el arresto se hizo como represalia por un comunicado de prensa que Salgado publicó, el cual describía la implicación del alcalde y de otras personalidades del Gobierno en el tráfico de drogas.

La persecución de líderes indígenas como Salgado y la supresión de fuerzas policiales comunitarias autónomas tiene otro propósito más amplio: el silenciar a la oposición de las comunidades indígenas contra las compañías mineras extranjeras que gozan de grandes contratos para extraer riqueza mineral de las montañas de Guerrero.

Persecución política y maltrato en la cárcel. Salgado fue detenida sin ninguna orden de arresto por soldados federales en un retén mientras conducía a casa. Los marinos la habían estado asediando con amenazas de muerte durante varios días antes de su arresto. Desde el día posterior a su arresto, Nestora Salgado ha estado encarcelada en el centro de detención de máxima seguridad El Rincón en Tepic, Nayarit, a varios días de viaje de Olinalá. No hay justificación para la afirmación del Gobierno de que son necesarias medidas tan extremas porque Salgado – abuela y ciudadana respetada sin antecedentes penales – es un peligro para la sociedad.

El aislar a Salgado de sus simpatizantes y su familia transportándola tan lejos, sin justificación legal, es una prueba de que es prisionera política. Las amenazas de muerte y las represalias han mermado los esfuerzos para organizar apoyo en Olinalá para la liberación de Salgado y la reestructuración de la policía comunitaria. A los defensores de Salgado se les ha negado la asistencia pública, necesaria especialmente después de una severa tormenta a mediados de octubre.

Durante semanas, se mantuvo incomunicada a Salgado. No se le permitía ver a su abogado ni a sus familiares, quienes habían viajado largas distancias para llegar a la penitenciaría. Sólo le permitieron hablar con un abogado después de que había pasado la fecha límite para la petición de liberación durante la espera del juicio. Sólo una de sus hijas y una hermana han podido visitarla. Esta persecución fue causada por cumplir con sus responsabilidades legales como coordinadora de la fuerza policiaca comunitaria.

Hace varios años, Salgado sufrió lesiones en un accidente automovilístico que la dejó temporalmente paralizada del cuello hacia abajo. Con mucha terapia física pudo recuperar el 90% de sus funciones pero aún no puede trabajar. Para controlar la severa neuropatía de sus manos y pies, tiene que tomar analgésicos y hacer ejercicio con frecuencia. En la cárcel se la han denegado ambos, lo cual ha hecho empeorar su condición física y mental. Ahora la están amenazando con el confinamiento solitario.

El asesinato reciente de otra fuerte mujer activista de Guerrero, Rocío Mesino Mesino, es un recordatorio de que la vida de Salgado está en peligro si no hay escrutinio público y un fuerte apoyo de México y los Estados Unidos.

Preparado por el Partido de Libertad Socialista, Freedom Hall, 113 West 128 Street,

Harlelm, NY 10027. Para más información, llama al 212-222-0633 o envía un correo electrónico a fsp@nyct.net

 

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Estados Unidos

Relatores de la ONU condenan violaciones de DDHH en la cárcel de Guantánamo

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GINEBRA – Relatores de las Naciones Unidas condenaron este lunes 10 las violaciones de derechos humanos y la impunidad que privó en la prisión estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba, a 20 años de la llegada de los primeros detenidos a ese enclave.

Guantánamo “es un sitio de notoriedad sin precedentes, definido por el uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cientos de hombres llevados ahí y privados de sus derechos más fundamentales”, dijeron en su declaración los expertos en derechos humanos.

Para los especialistas, “20 años de práctica de detenciones arbitrarias sin juicio, acompañadas de tortura o malos tratos, es simplemente inaceptable para cualquier gobierno, en particular para uno que tiene el reclamo declarado de proteger los derechos humanos”.

“Como miembro recién elegido del Consejo de Derechos Humanos, los expertos piden nuevamente a Estados Unidos que cierren esta instalación y cierren este feo capítulo de implacables violaciones de los derechos humanos”, agregaron.

Los expertos independientes trabajan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en esta ciudad suiza.

Se trata de Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Nils Melzer, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y Siobhán Mullally, sobre la trata de personas.

Con ellos, Morris Tidball-Binz, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Tlaleng Mofookeng, sobre el derecho a la integridad física y salud mental; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

En su base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba, el gobierno del presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) estableció en enero de 2002 un centro de detención para prisioneros acusados de terrorismo, tras la invasión de Afganistán, que siguió a los atentados en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.

Estados Unidos encarceló a un total de 780 hombres musulmanes en Guantánamo, con 39 que aún permanecen detenidos sin cargo y sin juicio. Muchos fueron liberados y al menos nueve murieron en la prisión, de ellos siete por suicidio.

Además de señalar a Guantánamo como centro de torturas y otras violaciones de derechos, los relatores dijeron que es un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas, así como de la impunidad de la que gozan los responsables.

“Cuando un Estado no responsabiliza a quienes han autorizado y practicado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, envía una señal de complacencia y aquiescencia al mundo”, declararon los expertos en su comunicado.

Una vez más, los relatores pidieron al gobierno estadounidense que cierre el centro carcelario, regrese a los detenidos a sus hogares o a terceros países seguros respetando el principio de no devolución, y brinde remedio y reparación a quienes hayan sido torturados y detenidos arbitrariamente por sus agentes.

También, que obligue a que los responsables de los actos de tortura rindan cuentas en línea con las leyes internacionales de derechos humanos.

Expresaron especial preocupación por la población carcelaria enferma y envejecida que ha sufrido atropellos durante todo este tiempo, y repudiaron la falta de asistencia médica adecuada, así como la inexistencia de rehabilitación por tortura a la que obliga el derecho internacional.

También denunciaron los procedimientos previos al juicio que realizan las comisiones militares para eliminar las pruebas de tortura y remarcaron la necesidad de transparencia e imparcialidad en los procesos.

Acentuaron las fallas del sistema judicial de Estados Unidos para proteger los derechos humanos y defender el estado de derecho, que dan lugar con su apoyo a un limbo legal en Guantánamo.

Para concluir, los expertos encomiaron la valiente y ardua labor de los abogados defensores que han luchado para proteger el estado de derecho y que han revelado las violaciones de los derechos humanos por parte de las comisiones militares.

Recientemente, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado (cancillería) en Washington, dijo que Estados Unidos mantiene el plan de cerrar esa prisión.

“Seguimos decididos a deliberar y a un proceso exhaustivo centrado en reducir de forma responsable la población de detenidos en la bahía de Guantánamo y, en última instancia, a cerrar las instalaciones”, dijo Price.

A-E/HM

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Estados Unidos

Trump es un expresidente derrotado por más de 7 millones de votos, su ego está herido: Joe Biden

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Agencias

Tras la conmemoración del primer aniversario de la insurrección mortal del 6 de enero en Estados Unidos, cuando partidarios de Donald Trump asaltaron el Capitolio en un intento por revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, el presidente Joe Biden expuso la responsabilidad singular que tuvo el expresidente Trump y se refirió a él como «expresidente derrotado». Lo señaló de crear «una red de mentiras» y de incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio.

«Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió», dijo Biden en su discurso desde el Capitolio, sobre el ataque que dejó cinco muertos y 140 agentes heridos.

Biden se refirió a Trump, sin mencionar su nombre: «El expresidente de Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora más el poder que los principios».

Asimismo, denunció que Trump y sus aliados decidieron que «la única forma de ganar para ellos es suprimir el voto y subvertir las elecciones», en un contexto de crecientes reformas a nivel estatal que, en la práctica, prometen dificultar el voto de las minorías y las personas con menos recursos económicos.

«No puedes amar nuestro país solo cuando ganas. No puedes obedecer la ley solo cuando te conviene. No puedes ser patriótico cuando abrazas las mentiras y las permites». Visiblemente irritado, Biden reiteró que no existe ninguna prueba de fraude, como insiste Trump, y que éste solo ha provocado que los votantes republicanos desconfíen de la legitimidad de los comicios celebrados.

«Él no solo es un expresidente. Es un expresidente derrotado, por un margen de más de 7 millones de sus votos, en unas elecciones completas, libres y justas», subrayó Biden.

El fiscal general Merrick Garland, por su parte, prometió continuar investigando los pormenores de la insurrección y señaló que 725 agitadores han sido detenidos e imputados hasta la fecha.

“El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de hacer que todos los perpetradores de la insurrección del 6 de enero rindan cuenta de sus actos ante la ley, tanto aquellos que estuvieron presentes ese día como aquellos que de alguna otra manera fueron penalmente responsables del asalto a nuestra democracia. Seguiremos los hechos hasta donde sea que nos lleven”.

 

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Estados Unidos

Chicago cancela de nuevo clases presenciales por incremento de contagios de Covid-19

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Tras el incremento nuevamente de casos de Covid-19, la ciudad de Chicago canceló las clases presenciales en escuelas públicas este miércoles después de que el Sindicato de Docentes de Chicago realizara votaciones para que las clases volvieran a impartirse de manera virtual en protección a la población escolar.

En un comunicado, el sindicato dijo: “Esta decisión se tomó con un gran pesar y un enfoque singular en la seguridad de los estudiantes y la comunidad”.

Esto se produce al tiempo que escuelas de todo el país intentan determinar cómo mantener seguros a los estudiantes y docentes a medida que la variante ómicron se propaga con rapidez por la comunidad. En los suburbios de Chicago, un distrito tuvo que cerrar cinco escuelas el martes después de que se enfermaran más de 500 docentes y miembros del personal.

En el estado de Florida, miles de docentes se están ausentado del trabajo por enfermedad al tiempo que los casos de COVID-19 se disparan en los alrededores de la ciudad de Miami. El martes, el presidente Biden reiteró su apoyo para que se siguieran impartiendo clases presenciales en las escuelas durante el aumento de contagios por COVID-19.

El presidente Joe Biden señaló: “Sabemos que nuestros hijos pueden estar seguros cuando están en la escuela. Por eso, creo que debemos mantener las actividades presenciales en las escuelas”.

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