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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles piden intervención de AMLO para liberación de culpable fabricado en el Edomex

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Por Ignacio García

Organizaciones civiles integrantes de Alerta Temprana Red pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para obtener la liberación de Luis Salvador Escartin González, culpable fabricado por el delito de secuestro, quien se encuentra recluido en el penal de Otumba Tepachuco, ubicado en el Estado de México, desde hace 18 años.

Los activistas defensores de derechos humanos solicitaron el jefe del Ejecutivo federal la revisión del caso de Luis Salvador Escartin, quien fue acusado de secuestro en 2002 y se violó su debido proceso, por lo que ha estado en prisión por un delito que no cometió desde hace casi 20 años.

De acuerdo con los activistas, desde 2014 la víctima padece problemas neurológicos y urológicos y aunque desde 2018 solicitaron al juez de Ejecución de Sentencias los beneficios de la Ley de Ejecución de Penas Preventivas y Restrictivas de la Libertad en el Estado de México para buscar su preliberación, sin embargo, no han obtenido respuesta.

El pasado 5 de marzo Mariano Sánchez García, encargado de la Subdirección del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Otumba Tepachico, negó el beneficio de la liberación violando el marco jurídico que permite al acusado poder allegarse a esa condición.

Aunque Luis Salvador fue sentenciado a una pena de 40 años de prisión, ha purgado una sanción de 18 años, por lo que cumple con el tiempo jurídico para la remisión parcial de la pena y el tratamiento de preliberación.

Luis Salvador era empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero fue acusado de secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego y posesión de drogas, delitos imputados por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, encabezada por Alfonso Navarrete Prida, por lo que fue víctima de tortura para confesar una declaración.

El acusado fue detenido junto con 16 personas el 4 de octubre de 2002 sin contar con alguna orden de aprehensión y fue torturado para inculparse de delitos que no cometió, además de ser presentado ante la prensa como integrante de una banda de secuestradores, tras ser golpeado, junto con sus compañeros de trabajo.

De acuerdo con el acusado, también se violó la presunción de inocencia, además de que intentaron extorsionar a sus familiares para supuestamente liberarlo a cambio de un pago de 50 mil pesos y aunque fue absuelto de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de drogas, fue sentenciado por secuestro.

 

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El Caso Wallace

Torturadores del caso Wallace, hoy fiscales de investigación en la Fiscalía General de Justicia de CDMX

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Por Guadalupe Lizárraga

Osvaldo Jiménez Juárez, ex agente del Ministerio público reconocido ante juez federal por Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz como uno de los agentes de SIEDO que les infligió torturas con violencia sexual para que se incriminaran por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace, actualmente se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la alcaldía de Xochimilco, además de ser asesor jurídico para la ciudadanía en TV Azteca.

Jiménez Juárez fue identificado por su voz al momento de leer un documento en la audiencia pública del 5 de marzo de 2014, en el Juzgado Décimo Sexto de Procesos Penales Federales, presidida por el Juez Raúl Angulo Garfias para el careo entre Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y César Freyre Morales, los tres acusados por Isabel Miranda Torres, bajo la causa penal 35/2006.

Cuando Jacobo Tagle lo escuchó hablar, de inmediato reconoció su voz, y lo denunció ante el juez “como una de las personas que lo torturaron” en el penal de Villa Aldama, Veracruz, donde tuvo la segunda tortura y fue violado con un tolete de acuerdo con su testimonial en el Protocolo de Estambul positivo, de 88 páginas.

En ese careo, tanto César Freyre Morales como Jacobo Tagle expusieron que la implicación de Brenda Quevedo había sido por las torturas físicas y psicológicas que sufrieron, más las amenazas a sus familias y maltratos en prisión, y que ello lo habían expuesto ya en su declaración preparatoria. Incluso, Freyre Morales remitió a una denuncia interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los mismos actos de tortura.

En el caso de Brenda Quevedo Cruz, su defensa presentó una inconformidad por no acción penal contra Osvaldo Jiménez Juárez ante la entonces Procuraduría General de la República con el oficio AP/411/AP/DGDCSP/11. En este documento se reclamó la omisión de la autoridad para investigar al funcionario señalado como agresor sexual y torturador de Brenda Quevedo, y se agregó un comentario del director del penal dirigido a ella el mismo día de los hechos, 27 de noviembre de 2009, en el que el funcionario reconoció la agresión:

“Qué sentía mucho lo que había pasado, que a él no le habían dicho a qué iban exactamente a entrar estas personas”…

Otro de los denunciados por abuso sexual y tortura fue Fermín Ubaldo Cruz, quien ahora se desempeña como fiscal de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Junto con él Braulio Robles Zúñiga también identificado como el coordinador de las torturas siendo agente del Ministerio Público subordinado a las órdenes de Isabel Miranda.

Su denunciante, Juana Hilda González Lomelí, víctima de detención arbitraria, fue llevada del arraigo a la entonces Siedo-PGR, el 8 de febrero de 2006, sin su abogada. Durante el trayecto fue abusada dentro del vehículo en el que la transportaron y en la Siedo fue nuevamente amenazada con hacerle lo mismo a su hija, por lo que declaró contra las cinco personas implicadas como supuestamente banda de secuestradores.

Robles Zuñiga ha sido denunciado reiteradamente y en diferentes instancias gubernamentales, como en la Cámara de diputados en foros legislativos por Elena Uscanga, madre de Jael Malagón Uscanga, otra víctima del falso caso Wallace, por los mismos actos de tortura.

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Fabricación de culpables

Víctimas de García Luna y Cárdenas Palomino, desde prisión, denuncian torturas y montajes de la Policía Federal

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El 25 de febrero de 2012, Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, lideraron detenciones arbitrarias, torturas y encarcelamientos a personas que aún se encuentran pagando condenas por delitos que no cometieron.

Es el caso de Roberto Carlos Gómez Zúñiga, Armando Ernesto Salinas Gómez, Emmanuel Alejandro Moisés Vásquez Viera, Israel Gómez Zúñiga, Daniel Alejandro Castañeda Sánchez, Gabriel Gómez Zúñiga, Carlos Gabriel Balandrín Gómez, Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, Alejandro Eduardo Perafán Sánchez y Diego Romero Carral. Todos ellos fueron víctimas de tortura física y psicológica para simular un caso resuelto por parte de un grupo de agentes de la extinta Policía Federal, donde Luis Cárdenas Palomino fungía como segundo al mando de la corporación.

Pero su principal torturadora fue una fiscal procesada en octubre de 2020 por fabricar pruebas en el caso Ayotzinapa, Blanca Alicia Bernal Castilla. Así lo señalaron los culpables fabricados que estuvieron incomunicados y sometidos a torturas por más de 13 horas, para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación de la SEIDO, acusados injustamente por los delitos de secuestro agravado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Los hechos

A través de una misiva de más de 20 páginas a Los Ángeles Press, los agraviados señalaron que llevan 9 años privados de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social, número 17 “CPS Michoacán”, número 13 “CPS Oaxaca” y número 15 “CPS Chiapas”, luego de ser detenidos en diferentes lugares y circunstancias de tiempo y modo, sin existir una orden judicial de arresto.

Seis personas, entre éstas un menor de edad, fueron aprehendidas cuando se encontraban al interior del centro nocturno “Bar Minezota” en Ecatepec de Morelos, Estado de México; mientras que dos de los suscritos fueron detenidos al interior de su domicilio en presencia de sus padres en la alcaldía Gustavo A. Madero en CDMX, y uno al interior de su casa habitación en la misma demarcación frente a su esposa e hijos.

Actualmente se encuentran sujetos a un proceso penal, aún en periodo de instrucción, bajo la causa 44/2012 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

Luego de ser detenidos, los introdujeron a un inmueble desconocido donde fueron objeto de una escenificación “ajena a la realidad” para ser exhibidos ante los medios de comunicación, bajo el argumento de que pertenecían a una banda de secuestradores y que habían sido aprehendidos en dicho inmueble, donde también se encontró una persona sin vida.

Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Federal donde continuaron las torturas en su contra a través de diferentes técnicas, con el objetivo de que aceptaran los falsos delitos por los que era inculpados.

Una vez que dejaron dichas instalaciones, en su camino a la SEIDO en un camión blindado, fueron testigos de otra detención arbitraria de un sujeto que se encontraba en la vía pública bajo el argumento de “estar de pinche chismoso”; la persona responde al nombre de Ricardo Iván Gutiérrez Trejo, quien actualmente se encuentra sujeto a un proceso penal por la misma causa.

La torturadora

La agente del Ministerio Público Blanca Alicia Bernal Castilla fue quien coordinó las torturas de las 10 víctimas de fabricación de delitos, según lo relatado en las misivas. Se trata de la misma persona que actualmente cumple condena por tortura y fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa.

En la madrugada del 25 al 26 de febrero del 2012, señalaron las víctimas que rindieron sus declaraciones oralmente sin la presencia física de un defensor, porque no se los permitieron y posteriormente la agente Bernal Castilla los obligó a firmar sus declaraciones sin poder leerlas como era su derecho.

Ante la negativa de los detenidos de firmar sin leer los documentos, la agente los amenazó de que si seguían negándose detendrían a más miembros de sus familias, y ordenó a los policías federales: “denles otra madriza porque no quieren firmar”.

Tras las amenazas y torturas, cinco inculpados terminaron accediendo a firmar sus declaraciones sin tener conocimiento real de su contenido, mismas que fueron tomadas como autocriminatorias por los delitos de secuestro agraviado, delincuencia organizada y posesión de cartuchos para armas de fuego.

Las demás víctimas realizaron un esfuerzo sobre humano para resistir la tortura por parte de Bernal Castilla, teniendo como resultado la fabricación de declaraciones ministeriales e imputaciones en contra de ellos.

Entre las víctimas, un menor de edad

Las golpizas a las víctimas fueron parejas. Entre las víctimas, un joven de 17 años, Christopher Eduardo Molinero Hernández, tuvo que ser hospitalizado de urgencias en la Cruz Roja de Polanco, el 25 de febrero de 2012, a causa de una obstrucción de las vías respiratorias, a punto de la asfixia, tras la tortura con una bolsa de plástico en su cabeza.

El hecho se encuentra acreditado como prueba de descargo con la documental pública consistente en el oficio número DM/0002EX/HCRM-2013 con la fecha del 2 de enero de 2013, emitida por el director médico de la Cruz Roja Mexicana.

Se le hizo saber a la agente del Ministerio Público, y ella misma pidió un perito oficial para que determinara la edad clínica del menor. Y en el expediente quedó plasmado que “Christopher Eduardo Molinero Hernández tenía una edad clínica dental de mayor de 16 años y menor a 18 años al momento de su revisión”.

Pero la agente Bernal Castilla ignoró los resultados y obligó al joven a declarar su autoincriminación, sin la presencia de sus padres o tutores, y bajo tortura.

Fabricación de culpables, una cortina de humo

Hoy se conoce que Genaro García Luna siendo secretario de Seguridad Pública Federal simuló una política frontal de combate al narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, a través de la fabricación de culpables, con detenciones arbitrarias masivas, torturas y encarcelamientos injustos, de manera sistemática. No obstante, desde su paso por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en 2001, ya fabricaba culpables con los delitos de secuestro. Incluso, hay víctimas de más de 20 años en prisión injusta han demostrado su inocencia y aún siguen en prisión.

Sin embargo, cuando García Luna emprendió de manera indiscriminada la fabricación de culpables fue durante su gestión en la Secretaría de Seguridad con el objetivo de simular eficiencia policial con una “cortina de humo” en México, escenificando montajes de detenciones de presuntos criminales por delitos de alto impacto para mostrar “resultados” de la estrategia contra el narcotráfico y los secuestros; en tanto favorecía a cárteles mexicanos a través de sobornos y conspirando en el tráfico de drogas a Estados Unidos de América; hecho por el cual se encuentra detenido y sujeto a un juicio penal en dicho país.

Entre los montajes mediáticos destacan las víctimas del falso caso Wallace, en el que recientemente un oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos identificó a Isabel Miranda Torres, como una persona vinculada a García Luna, durante la petición de asilo de Alejandro Garduño Real, defensor público de Jacobo Tagle Dobin, el mismo defensor de Francisco García Medel, del caso Nelson Vargas, y de Noé Robles Hernández, del caso Martí.

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Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

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Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

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