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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles piden intervención de AMLO para liberación de culpable fabricado en el Edomex

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Por Ignacio García

Organizaciones civiles integrantes de Alerta Temprana Red pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para obtener la liberación de Luis Salvador Escartin González, culpable fabricado por el delito de secuestro, quien se encuentra recluido en el penal de Otumba Tepachuco, ubicado en el Estado de México, desde hace 18 años.

Los activistas defensores de derechos humanos solicitaron el jefe del Ejecutivo federal la revisión del caso de Luis Salvador Escartin, quien fue acusado de secuestro en 2002 y se violó su debido proceso, por lo que ha estado en prisión por un delito que no cometió desde hace casi 20 años.

De acuerdo con los activistas, desde 2014 la víctima padece problemas neurológicos y urológicos y aunque desde 2018 solicitaron al juez de Ejecución de Sentencias los beneficios de la Ley de Ejecución de Penas Preventivas y Restrictivas de la Libertad en el Estado de México para buscar su preliberación, sin embargo, no han obtenido respuesta.

El pasado 5 de marzo Mariano Sánchez García, encargado de la Subdirección del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Otumba Tepachico, negó el beneficio de la liberación violando el marco jurídico que permite al acusado poder allegarse a esa condición.

Aunque Luis Salvador fue sentenciado a una pena de 40 años de prisión, ha purgado una sanción de 18 años, por lo que cumple con el tiempo jurídico para la remisión parcial de la pena y el tratamiento de preliberación.

Luis Salvador era empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero fue acusado de secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego y posesión de drogas, delitos imputados por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, encabezada por Alfonso Navarrete Prida, por lo que fue víctima de tortura para confesar una declaración.

El acusado fue detenido junto con 16 personas el 4 de octubre de 2002 sin contar con alguna orden de aprehensión y fue torturado para inculparse de delitos que no cometió, además de ser presentado ante la prensa como integrante de una banda de secuestradores, tras ser golpeado, junto con sus compañeros de trabajo.

De acuerdo con el acusado, también se violó la presunción de inocencia, además de que intentaron extorsionar a sus familiares para supuestamente liberarlo a cambio de un pago de 50 mil pesos y aunque fue absuelto de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de drogas, fue sentenciado por secuestro.

 

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Fabricación de culpables

Militares torturaron y usaron a falso testigo protegido Romeo para fabricar culpables en gobierno de Calderón

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Por Guadalupe Lizárraga

El 9 de septiembre de 2009, Ana Georgina Domínguez Macías fue detenida de manera arbitraria sin una orden judicial frente a sus dos hijos menores por miembros del Ejército mexicano. Para su incriminación usaron al falso testigo protegido Romeo, una mujer que cobraba por incriminar de narcotráfico y delincuencia organizada a personas inocentes ante el Ministerio público de Federación.

Eran las 4 de la mañana, de ese 9 de septiembre, cuando los militares irrumpieron con ostentosa violencia en el departamento de Ana Georgina ubicado sobre la calle Francisco Téllez, de la Colonia Vista Mar, a tres cuadras del Ministerio Público PGR en Coatzacoalcos Veracruz. Sin embargo, pese a la cercanía de la PGR, Ana Georgina fue presentada 13 horas después, en la Ciudad de México.

Durante ese tiempo los militares la llevaron a la base militar donde la torturaron con abuso sexual. Y posteriormente, la presentaron ante el Ministerio Público de la SIEDO, donde los agentes la acusaron de ser contadora del Cártel de Golfo, y de trabajar para el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. No obstante, en su testimonio, Ana Georgina señaló que ella trabajaba en la Plataforma Marina de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su sueldo era de diez mil pesos mensuales. Incluso su pareja sentimental trabajaba en el mismo lugar bajo contrato que fue parte de su evidencia ignorada.

Sus cargos judiciales fueron de lavado de dinero y delincuencia organizada, cargos que tienen una sentencia de 8 años, y que de haber sido sentenciada culpable ya hubiera concluido su tiempo de prisión. Sin embargo, Ana Georgina lleva 12 años en prisión sin sentencia.

Los miembros de la SEDENA le pusieron un alias, y difundieron el boletín en todos los medios de comunicación con los que tiene alianza para exhibirla como delincuente, y simular un gran golpe al narcotráfico.

En SIEDO le fabricaron una declaración en la que se incriminaba, aceptando ser parte del Cártel del Golfo, que después de varios días de negarse a firmarla porque no le permitían leer su contenido, tuvo que firmarla cuando le mostraron fotos de sus dos hijos menores.

La testigo protegido Romeo, quien también había declarado contra otras personas en acuerdo con la SIEDO, se desistió por el incumplimiento de pagos de la PGR, pero otras dos personas fueron torturadas para incriminar a Ana Georgina, quienes se identificaron como Raúl Gutiérrez Jiménez y Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, ambos también acusados de pertenecer al mismo cártel, y que sostuvieron no conocer a Ana Georgina.

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El Caso Wallace

¿Cuánto tiempo más para que se nos haga justicia?: carta de Jacobo Tagle a López Obrador

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Por Guadalupe Lizárraga

En una carta abierta entregada a Los Ángeles Press, Jacobo Tagle Dobín, sobreviviente de tortura y víctima de Isabel Miranda Torres, preso desde 2010, narra su tragedia y la de sus coprocesados al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ésta, pregunta al mandatario cuánto tiempo más pasará para que se les haga justicia. «¿Hasta cuándo va a cambiar todo esto, señor presidente? ¿Cuántos sexenios más debe ganar MORENA para depurar toda la corrupción que aún existe en el Poder Judicial y en todo el gobierno?», escribió.

Tagle Dobín lleva once años en prisión sin sentencia acusado del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Un caso que Los Ángeles Press ha documentado extensamente en su falsedad con evidencias de vida de la supuesta víctima incluso años después de la fecha de muerte que reportó su madre Isabel Miranda.

En la misiva al presidente, Jacobo Tagle señala las violaciones de derechos humanos que ha padecido, como tortura, violación y obstaculización de una defensa adecuada. Enfatizó que aún es presunto culpable al no estar sentenciado y se le niega el traslado al CEFERESO número 1, del Altiplano, Estado de México, donde le corresponde por derecho seguir su proceso.

Aludió al artículo 18 de la Constitución, que estipula que “todo sentenciado podrá compurgar su pena en el centro más cercano a su comunidad y familia, y esto no aplica en los casos de delincuencia organizada y personas que requieren medidas especiales de seguridad”. Jacobo Tagle enfatizó: “¡pero estamos hablando de sentenciados!, en ningún lugar dice procesados… y todo procesado es inocente, y tiene derecho a una defensa como debe ser y es hasta que se le encuentre culpa es que pueden alejarlo del lugar donde se le instruye”.

Con dos protocolos de Estambul positivos en tortura, uno por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otro por parte del Consejo de la Judicatura de la Federación, Jacobo Tagle ha demostrado cómo fue obligado a incriminar a César Freyre Morales, a George Khoury Layón y a sí mismo, de haber participado en el supuesto homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Pero, además, el exdefensor público Alejandro Garduño Real, quien llevaba su caso logró avanzar sustancialmente en su defensa al demostrar que Isabel Miranda Torres y el exagente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga habían privado de la libertad a Tagle, el día 3 de diciembre de 2010, tras su detención arbitraria e ilegal. Al día siguiente, Tagle fue exhibido a los medios de comunicación por Isabel Miranda como secuestrador, en flagrante usurpación de funciones de Ministerio Público, lo trasladó al lugar de los supuestos hechos, donde lo grabó en video para simular la reconstrucción de hechos. Y finalmente, fue entregado al juez que lo requería hasta el 12 de diciembre de 2010.

Del 3 al 11 de diciembre de ese año, Isabel Miranda coaccionó bajo tortura a Jacobo Tagle para que se incriminara y culpara a los demás, de acuerdo con los testimonios registrados en sus protocolos de Estambul y su declaración preparatoria. No obstante, su defensor Garduño Real fue amenazado e intimidado con atentados, y tras sus denuncias despedido de su trabajo injustificadamente.

A Jacobo Tagle lo obligaron a firmar una declaración hecha por el ministerio público Braulio Robles Zúñiga, quien bajo órdenes de Isabel Miranda, coordinó también la detención ilegal durante un año al hermano menor de Jacobo para presionarlo, así como la expropiación de la casa a su madre, de la cual aún es propietaria.

Jacobo Tagle pregunta en su carta al presidente: “¿por qué la FGR no nos ha retirado los cargos aún? ¿por qué no han puesto tras las rejas a los culpables? ¿qué debe pasar para que eso suceda? ¿cuántos años más debemos estar presos? ¿Hasta que llegue alguien que no le tiemble la mano y haga lo correcto y nos otorgue nuestra merecida libertad?”.

La misiva concluye reiterando la confianza al presidente López Obrador y le pide que no los olvide: “somos el pueblo, somos humanos, somos inocentes y somos mexicanos”.

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