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Justicia pendiente

Organizaciones civiles denuncian agresiones de policías de la CDMX a familiares de personas desaparecidas

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Por Ignacio García

Integrantes de distintas organizaciones civiles que conforman el movimiento Alerta Temprana Red denunciaron que familiares de personas desaparecidas han sido víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de policías de la Ciudad de México, por lo que pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un comunicado, los activistas señalaron que los familiares de personas desaparecidas han sido agredidas en los alrededores de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde familiares de otras causas se encuentran en campamento pidiendo justicia, por lo cual pidieron también la intervención de la titular de la dependencia federal, Olga Sánchez Cordero.

Recordaron que Yoltzi Martínez Corrales y otras mujeres, familiares de personas desaparecidas, han intentado desde hace varios días solicitar una audiencia con Olga Sánchez Cordero sin obtener una respuesta satisfactoria, por lo que también intentaron ingresar por un balcón y fueron desalojadas por policías capitalinos con golpes.

De acuerdo con los denunciantes, Yoltzi Martínez quedó atrapada entre los barrotes del balcón y fue golpeada y encerrada, violando sus derechos humanos, por lo que le impidieron una entrevista con Sánchez Cordero,  y por lo que demandaron atención inmediata a las medidas urgentes de protección para salvaguardar su integridad física, psicológica y jurídica.

Desde hace más de cinco meses familiares de víctimas de desaparición han exigido la intervención de la Segob, por lo que instalaron un plantón para el cumplimiento de sus demandas, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte de la dependencia federal.

La demanda fue solicitada por 25 organizaciones civiles que conforman Alerta Temprana Red, por lo que también solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se resguarde la garantía de los derechos humanos de los familiares de las víctimas.

Otros casos sin respuesta en Segob

Entre las familias de víctimas de derechos humanos que piden audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se encuentra el caso del Capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón , a quien reiteradamente han ignorada por tener una sentencia condenatoria por homicidio. Sin embargo, Malagón fue obligado bajo tortura a incriminarse en junio de 2010 y se han presentado pruebas de tortura como el protocolo de Estambul. Su caso, ha cobrado relevancia después de diez años de haber pedido justicia por sus denuncias contra militares de alto rango que operaban con el narcotráfico.

Guardería ABC es otra de las causas que presentan familiares de víctimas del incendio de la guardería de Hermosillo, sin justicia ni reparación de daño, o el de Oscar Kabata, quien lleva quince días en espera de ser atendida por el caso de su hijo, torturado por militares de elite bajo el mando del general Felipe de Jesús Espitia, en 2009.

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Justicia pendiente

Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a otros 2 ex funcionarios por colapso de la Línea 12 del Metro

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Dos encargados del Proyecto Metro fueron señalados de ser responsables del colpaso de la Línea 12 del Metro.

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a otros dos ex funcionarios públicos del Proyecto Metro, por lo cual hasta el momento suman 10 ex servidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juzgador determinó que son responsables el ex director responsable de la construcción, Guillermo “N”, y el ex subdirector de obra civil, Héctor “N”, del colapso de la Línea 12 del Metro, por lo que son acusados de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad por las 26 personas que fallecieron.

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El juez no fijó medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, pero tienen prohibido salir del país, y acercarse o tener contacto con las víctimas, por lo que seguirán con su proceso en libertad.

De acuerdo con el juzgador, se fijaron seis meses para la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa a los ex servidores públicos de provocar el colapso de la Línea 12 del Metro por el mal diseño, construcción y uso deficiente de materiales para su edificación.

Las acusaciones de la fiscalía capitalina se centran en fallas de origen, pero no en la falta de mantenimiento de este proyecto de transporte público que estaba en funcionamiento desde 2012 al cierre de la administración de Marcelo Ebrard.

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Los familiares de las víctimas han acusado que hubo responsabilidad de los distintos gobiernos capitalinos, tanto de Marcelo Ebrard por ser el artífice del proyecto, así como de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum que no dieron el mantenimiento de este proyecto.

Juez vincula a proceso a 8 ex funcionarios del gobierno capitalino por tragedia de Línea 12

La medida se da tres meses después de que un juez de distrito vinculó a proceso a ocho ex servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a propiedad por el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 26 de mayo de 2021 en el que murieron 26 personas.

El juzgador señaló que hubo responsabilidad de los ex servidores públicos por las fallas que propiciaron la caída del Metro, por lo cual siete de los ochos ex funcionarios formaron parte del Proyecto Metro y la otra fue parte del consorcio constructor de la obra.

 

 

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Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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