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Justicia pendiente

Organizaciones civiles denuncian agresiones de policías de la CDMX a familiares de personas desaparecidas

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes de distintas organizaciones civiles que conforman el movimiento Alerta Temprana Red denunciaron que familiares de personas desaparecidas han sido víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de policías de la Ciudad de México, por lo que pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un comunicado, los activistas señalaron que los familiares de personas desaparecidas han sido agredidas en los alrededores de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde familiares de otras causas se encuentran en campamento pidiendo justicia, por lo cual pidieron también la intervención de la titular de la dependencia federal, Olga Sánchez Cordero.

Recordaron que Yoltzi Martínez Corrales y otras mujeres, familiares de personas desaparecidas, han intentado desde hace varios días solicitar una audiencia con Olga Sánchez Cordero sin obtener una respuesta satisfactoria, por lo que también intentaron ingresar por un balcón y fueron desalojadas por policías capitalinos con golpes.

De acuerdo con los denunciantes, Yoltzi Martínez quedó atrapada entre los barrotes del balcón y fue golpeada y encerrada, violando sus derechos humanos, por lo que le impidieron una entrevista con Sánchez Cordero,  y por lo que demandaron atención inmediata a las medidas urgentes de protección para salvaguardar su integridad física, psicológica y jurídica.

Desde hace más de cinco meses familiares de víctimas de desaparición han exigido la intervención de la Segob, por lo que instalaron un plantón para el cumplimiento de sus demandas, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte de la dependencia federal.

La demanda fue solicitada por 25 organizaciones civiles que conforman Alerta Temprana Red, por lo que también solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se resguarde la garantía de los derechos humanos de los familiares de las víctimas.

Otros casos sin respuesta en Segob

Entre las familias de víctimas de derechos humanos que piden audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se encuentra el caso del Capitán Vladimir Ilich Malagón Rendón , a quien reiteradamente han ignorada por tener una sentencia condenatoria por homicidio. Sin embargo, Malagón fue obligado bajo tortura a incriminarse en junio de 2010 y se han presentado pruebas de tortura como el protocolo de Estambul. Su caso, ha cobrado relevancia después de diez años de haber pedido justicia por sus denuncias contra militares de alto rango que operaban con el narcotráfico.

Guardería ABC es otra de las causas que presentan familiares de víctimas del incendio de la guardería de Hermosillo, sin justicia ni reparación de daño, o el de Oscar Kabata, quien lleva quince días en espera de ser atendida por el caso de su hijo, torturado por militares de elite bajo el mando del general Felipe de Jesús Espitia, en 2009.

Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Justicia pendiente

INAI obliga a la SEP transparentar documentos sobre historial académico de Alfredo Jalife

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Los Ángeles Press

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas.

Por medio de una notificación, el INAI estableció que la SEP realizó una incorrecta clasificación de datos sensibles sobre la petición que solicitó Los Ángeles Press sobre los documentos que respalden los estudios profesionales de Alfredo Jalife, ya que entregó los informes tachando las fechas, el examen profesional, número de título profesional, incluso su lugar de nacimiento, entre otros.

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal clasificó mal la información sobre el acta de examen profesional, ya que no cae en ningún supuesto previsto en el artículo 116 de Ley, mientras que en las enmendaduras también clasificó erróneamente la información confidencial el número de acta de nacimiento, pues es un documento público y no recae en ninguna prohibición establecida en el artículo 113 de la Ley.

El 18 de septiembre de 2020, este espacio informativo solicitó en la plataforma de transparencia a la SEP la documentación sobre la cédula profesional como médico cirujano a nombre de Alfredo Jalife Rahme Barrios y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar esos certificados académicos.

Posteriormente, el 14 de octubre la SEP respondió con el oficio de los documentos solicitados pero con datos eliminados como la firma de los particulares, el nombre de los particulares y el interesado, fotografía, número de libro y floja de folio, género y sexo, lugar, fecha y entidad de nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, Registro Federal del Contribuyente (RFC), número de folio y de expediente, teléfono, fecha de inicio y terminación de estudios, fecha de examen profesional, servicio social, estado civil y trayectoria académica.

Después el 23 de octubre se interpuso el recurso de revisión por la respuesta emitida por la SEP y el 30 de octubre la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI y el 4 de noviembre se acordó tanto a las autoridades educativas como a este espacio informativo sobre la admisión del recurso.

Después del proceso interno, el INAI determinó el pasado 2 de febrero emitir una nueva notificación que ordenó a la SEP la resolución a favor de transparentar los documentos solicitados, pues no vulnera los datos personales del señalado y por ende deberá entrar la información pedida.

 

Documento de Transparencia, primera y última página.

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Justicia pendiente

Defensa de Rosario Robles inicia negociación con FGR para recuperar libertad

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Por Ignacio García

Los abogados de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para que recupere su libertad.

Los representantes legales de la ex funcionaria federales entablaron los primeros acercamientos con las autoridades judiciales para que se desarrolle una negociación en la que provea de información en torno a los esquemas de corrupción de la anterior administración federal a cambio de su libertad.

Debido a que Robles es acusada por la FGR de haber desviado más de cinco mil millones de pesos, ha sido procesada penalmente desde hace un año y medio, por lo cual pretende recuperar su libertad como lo hizo su ex compañero de gabinete, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), que colaboró con las autoridades federales en el caso Odebrecht.

La también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México manifestó que está dispuesta a declararse culpable de las acusaciones que se la imputan a cambio de obtener beneficios jurídicos para aportar datos sobre la identificación y sanción de todas las personas involucradas en la denominada “Estafa Maestra”.

Con esta medida, la ex servidora pública estaría dispuesta a declarar en contra de otros ex funcionarios de alto nivel de la anterior administración, aunque la defensa legal ha señalado que hasta el momento no se ha contemplado el nombre del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, después de haber sido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual dirigió a nivel nacional, fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diputada local.

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