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Justicia pendiente

Organización de derechos humanos, parte del acoso a madres de Juárez

Norma Ledezma de Justicia para nuestras hijas amenaza a madre de Juárez por exigir la verdad al gobernador de Chihuahua

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El gobernador de Chihuahua, César Duarte, inaugurando el Centro de Justicia para mujeres en memoria de la hija de Norma Ledezma. Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, México.- Las madres de Ciudad Juárez con hijas desaparecidas y víctimas de feminicidios, aparte de ser acosadas por policías municipales, sufren el acoso político de las organizaciones civiles que intentan proteger al gobierno del Estado o recaudar recursos para su propio funcionamiento.

Uno de los casos con más evidencias de este acoso es el de la responsable de la organización Justicia para nuestras hijas, Norma Ledezma, quien ha sido denunciada por proferir amenazas, burlas y acoso a las madres de víctimas para que desistan de su presión al gobernador César Duarte, por los casos de sus hijas.

Después de la audiencia pública del 3 de febrero, a la que el Comité de Madres y familiares con hijas desaparecidas obligaron al gobernador para que respondiera sobre los más de 230 restos óseos sin identificar en el Servicio Forense Mexicano de los que no tenía información precisa, seis policías municipales allanaron la casa de la señora Karla Castañeda por cuestionar al funcionario. Ella es madre de Cinthia Jacobed Castañeda Alvarado, desaparecida a los 13 de años de edad el 24 de octubre de 2008, sin más información del crimen.

Castañeda denunció a los medios alternativos internacionales de estos hechos. Asímismo expresó su temor al acoso policial y a que la hayan filmado en video sin su autorización en el momento de ser interrogada por los policías dentro de su propia casa y en presencia de sus tres hijos menores. Incluso, una de sus hijas entró en un colapso nervioso por la presencia de los policías.

A las horas del acoso policial, llegaron dos camionetas de la Fiscalía del Estado, y una funcionaria que se identificó como psicóloga la obligó a firmar un documento oficial en el que, según la funcionaria, decía que la señora Karla Castañeda se negaba a recibir ayuda psicológica. Horas más tarde, fue visitada por la señora María García (madre de la víctima de feminicidio Jéssica Leticia Peña García, desaparecida a los 15 años de edad, el 19 de agosto de 2010).

La señora García, quien ha declarado a los medios afines al gobierno que su caso estaba resuelto con la entrega de los restos óseos de su hija y que ella estaba conforme con el gobierno del Estado, pretendía convencer a Castañeda de que asistiera a una reunión privada con el gobernador César Duarte, porque «la iba a ayudar en su caso», la condición era dejar de protestar con el Comité de Madres.

Karla Castañeda se negó a tener una reunión a solas con el gobernador y empezó a recibir las llamadas de la señora Norma Ledezma, de la organización de Chihuahua Justicia para nuestras hijas. Ledezma se rió de la madre y la cuestionó con la «Caminata por la vida de sus hijas», que emprendieran junto con otas cuatro personas para exigir justicia a las autoridades, el pasado 15 de enero de 2013, por los crímenes de género.

“¿Qué sacaste de la Caminata? ¿Sólo llagas?”, le dijo y Ledezma explotó en carcajadas por el auricular, según el testimonio de Castañeda. También le gritó que si no pensaba lo que estaba haciendo, porque al negarse a hablar con el gobernador, ahora “su vida estaba en riesgo por la gente de Leyzaola”, en clara referencia al director de la Policía Municipal, Julián Leyzaola, y al reciente acoso policial.

Ledezma incluso reclamó enérgicamente a Castañeda sus declaraciones a Los Ángeles Press y reproducidas masivamente por www.5oymexico.org, preguntando: “¿por qué dices que el gobierno te está acosando, si de quien te tienes que cuidar es de la gente de Leyzaola?”.

¿Quién es Norma Ledezma?

Norma Ledezma es madre de la víctima de feminicidio Paloma Angélica Escobar Ledezma, asesinada en marzo de 2002. La memoria de su hija enmarca la instancia de gobierno Centro de justicia para mujeres y, junto con otras activistas, Ledezma fundó la organización Justicia para nuestras hijas ese mismo año. Desde entonces se ha dedicado al activismo y a la revisión de expedientes de feminicidios.

Un testigo confidencial de la fiscalía, confirmó a este medio que Ledezma tiene un agente ministerial que funge de guardaespaldas de tiempo completo con nómina del estado, y que los viáticos y camionetas para trasladarse de Chihuahua a Ciudad Juárez forman parte de los recursos públicos proveídos por el gobierno, más sus propios honorarios. «Incluso, puedo decir más, pero temo a represalias también», dijo la testigo.

Su organización civil, pese al perfil de ser «no gubernamental», Ledezma colabora estrechamente con las autoridades, de acuerdo a los comentarios de la testigo, pero trabaja con las madres como si fuera una organización independiente obteniendo la información que aportan las madres sobre los casos de sus hijas y conteniendo las presiones a las autoridades.

La ruta de los acosos 

No es la primera vez que Ledezma se ve involucrada en denuncias por acoso a víctimas de feminicidios para acallarlas o para que cambien su versión. Hace poco más de un año trascendió hasta las autoridades migratorias de Estados Unidos, otra denuncia en su contra junto con las denuncias también en contra de la fiscal Rosa María Sandoval Chávez por amenazas de muerte y acoso al testigo protegido Manuel García, por el caso de Marisela Escobedo.

En marzo de 2010, Ledezma y su guardaespaldas, a quien identificaban como «Comandante SantaCruz», fueron mensajeros de las amenazas a Manuel García, hermano de la madre de Brenda Berenice Castillo, desaparecida el 6 de enero de 2009. Las agresión fue porque García se negó a cambiar su testimonio para incriminar a la señora Escobedo, y al solicitar la ayuda a Ledezma, ella se la negó dejándolo en absoluta indefensión a sabiendas que su vida corría peligro.

El hecho investigado por el gobierno estadounidenese y llevado a juicio por el abogado de migración Carlos Spector de El Paso, Texas, logró abrir el proceso de asilo político para Manuel García amenazado por las mismas autoridades.

Otros testimonios de madres

Madres de Juárez que se sienten nerviosas por los recientes acosos hacia la señora Karla Castañeda declararon también de manera anónima que en otras ocasiones la directora de Justicia para nuestras hijas las ha obligado a reunirse para revisar expedientes, incluso contra su propia voluntad, y les ha dicho con insistencia que “ella no acepta traiciones de las madres” y “que se cuiden de dar un paso en falso”.

Ledezma les pide la información que las madres recopilan bajo su propio riesgo, y Ledezma va integrándola a los expedientes sobre las víctimas para hacerlos llegar a las autoridades bajo el supuesto de que van a ayudar a las madres, explican. En un recuento de anécdotas y situaciones similares de acoso ahora por la represión hacia Castañeda, incluso ellas también abordaron el tema de Marisela Escobedo, y dijeron que cuando las madres del Comité intentaron unirse con Escobedo para acompañarla en la Caminata el 7 de diciembre de 2010, días antes de que la asesinaran, Ledezma se opuso a esa acción y las condicionó a retirarles ayuda si apoyaban a Escobedo.

Las madres comentaron que Norma Ledezma les dijo en esos momentos en que estaban reunidas que “si iban a estar así, que ella no las iba a seguir ayudando”, y que siempre estuvo un policía, amigo de ella, vigilándolas. Dicen las madres que insistió Ledezma: “Lo de Marisela es una cosa y lo de los expedientes es otra”.

Las finanzas de Justicia para nuestras hijas

Justicia para nuestras hijas ha venido operando como una organización no gubernamental enfocada en la búsqueda, asistencia e integración de expedientes de víctimas de feminicidios, desde 2002. No obstante, la organización registrada como asociación civil, además de recibir recursos públicos para su operación, también recibe donaciones y financimientos de empresas privadas y agencias internacionales.

Una de las agencias internacionales de las que ha recibido apoyo es Global Fund for Women, con base en San Francisco, California. El registro que se adjunta en este espacio es de dos financiamientos en 2011 por un monto de US$ 53,000.00 dólares. El propósito que dice la organización buscar es el de ayudar a las víctimas y a sus madres «porque las autoridades no llevan a cabo la búsqueda y los familiares deciden buscar a sus hijas ellos mismos». La organización de Ledezma también dice que «promueve el acceso a la justicia». Y para poder calificar en los financiamientos estipula como propósito, incluso, que en el estado de Chihuahua las mujeres y las niñas disfruten sus derechos y sean capaces de vivir una vida con seguridad, y donde la verdad y la justicia sea un derecho para las víctimas de feminicidios.

Organization’s Purpose: Justicia para Nuestras Hijas A.C. [Justice for Our Daughters, Civil Association] (Justicia), established in Chihuahua in 2002, is an organization of family members of women who were disappeared or murdered in Cuidad Juárez and Chihuahua, who, since the authorities did not carry out a search, decided to search for their daughters themselves. The mission on the group is to locate women and girls who were disappeared or murdered in Chihuahua, and to promote access to justice for the survivors and their families. Justicia para Nuestras Hijas envisions transforming the state of Chihuahua into a place where women and girls enjoy their rights fully and are able to live safely, and where the right to the truth and to justice are a reality for victims of femicide and forced disappearance and their families.

Entre otros apoyos privados, de acuerdo a la propia información que provee el portal de la organización también recibió en 2011 de Iniciativa México el monto de $2, 250,000 pesos, así como de otras empresas que apoyan las cuestiones de género. Norma Ledezma se presenta como crítica del gobierno ante los medios, sin embargo su acoso a las madres que se oponen a la simulación de la justicia de sus hijas es una muestra clara de su participación en la manipulación gubernamental de las investigaciones sobre estos crímenes de género. Así lo manifestaron quienes han estado observando y padeciendo estos acosos y amenazas.

 

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CNTE condena despido de activista poblana como docente de bachillerato

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La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de Puebla condenó el despido de sus funciones de docente de bachillerato de la luchadora social y periodista, Claudia Martínez Sánchez.

Por medio de un comunicado, el magisterio disidente señaló que la comunicadora fue despedida por publicar notas informativas críticas al gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa, en las que revelaba el hostigamiento de la lucha del pueblo de Coyomeapan contra los cacicazgos respaldados por la administración estatal.

De acuerdo con la CNTE, su jefe inmediato le comunicó sobre su despido por su labor social como activista y sólo mantendría su trabajo en caso si ofrecía disculpas por haber criticado al gobierno de Barbosa, sin embargo, la activista desistió a traicionar sus labores personales.

Por ello, el organismo magisterial consideró que es preocupante la represión a los luchadores sociales en Puebla, por lo que se perseguirán a todas las personas que incurran en reclamar y defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación en la entidad.

De la misma manera, la CNTE recordó que el pasado 15 de septiembre la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) desalojó con violencia a los docentes de la delegación de las primarias de Tecamachalco, y algunos educadores fueron enviados a los separos de la fiscalía estatal.

También recordó que las autoridades educativas estatales trataron como delincuentes a los docentes del municipio de Amozoc, por reclamar la falta de garantías laborales, por lo que acusaron que el gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se rehúsa a dialogar con los docentes que reclaman sus derechos.

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Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

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Por Claudia Martínez Sánchez

La defensora de derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez envió una carta pública desde el penal de Tehuacán, Puebla, donde se encuentra presa con delitos fabricados como represalia política por su activismo, para convocar a la unidad de la comunidad indígena de Coyomeapan y formar un consejo que lidere las acciones colectivas para resguardar sus derechos.

Montaño Gutiérrez fue aprehendida junto con otros defensores de la comunidad como Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastasio González Sanguinez, a quienes se les fabricaron delitos por ejercer su libertad de expresión y asociación para denunciar el despojo de tierras, amenazas y hostigamiento a indígenas, presencia de grupos armados bajo gestión de la familia Celestino Rosas, que llevan once años de cacicazgo en Coyomeapan.

Desde el penal, la maestra indígena, pide a la comunidad no negociar con los caciques y formar un consejo de líderes que haga frente a la situación de crisis de seguridad y violencia de derechos humanos.

Carta pública

Desde el Penal de Tehuacán, Pue., día 25 de octubre de 2021

“Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca

 he negociado con la sangre de mis hermanos”.

Tránsito Amaguaña

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

PRESENTE

Compañeras y compañeros de la UNIDAD DE COYOMEAPAN, agradezco mucho por su permanencia y por no bajar la guardia que hemos formado, nuestro deber como UNIDAD DE COYOMEAPAN es mantenernos firmes para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, así mismo compañeras y compañeros nuestras palabras de orden son: ni un paso atrás compañeros.

Lo difícil era iniciar, ahora que estamos en la lucha, hay que unir fuerzas para RESISTIR las tempestades en las que estamos y las tormentas que se avecinan, todo eso de una manera inteligente y sin perder la cordura.

Ahora bien, ¿qué sigue?, ¿qué se tiene que hacer?, en el trayecto de nuestra UNIDAD DE COYOMEAPAN se formó una comitiva que ha sido nuestro guía hasta el momento. Ahora, lo procedente es la reivindicación, pues   es importante FORMAR UN CONSEJO de quien va llevar la batuta y empezar a solidificar una estructura para que la RESISTENCIA siga activa, con un propósito consensado por nosotras y nosotros que conformamos la UNIDAD DE COYOMEAPAN.

Compañeras y compañeros a trabajar…En una sola voz que se repita de forma consciente: POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LLEGAR A UNA NEGOCIACIÓN CON LOS “CELESTINOS Y SUS COMPINCHES”. Nosotros nos hemos manifestado pacíficamente y hemos querido un dialogo para favorecer a nuestros pueblos, pero nos ignoraron, esperamos así que nuestra experiencia con las autoridades sea una muestra de aprendizaje.

Que la fuerza y el coraje de nuestros pueblos sea el motivo para seguir en este camino.

Atentamente

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

La Mtra. Basilisa Montaño Gutiérrez

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CNDH emite medidas cautelares a favor de científicos del Conacyt

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en favor de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que son investigados por presuntos desvíos de recursos económicos al considerar que hubo violación a sus derechos humanos.

El organismo independiente señaló que el pasado 15 de octubre recibió la solicitud de los científicos de Conacyt que acusaron que han sido violados sus derechos humanos por el proceso penal que desarrolla la FGR en su contra al tratarlos como presuntos delincuentes.

De acuerdo con la CNDH, la FGR no debe dar a conocer los nombres de los científicos investigados, aunado a que tampoco deberá dar a conocer información judicial sobre el caso que sólo debe ser parte de las pesquisas que deben implementar las autoridades ministeriales.

El organismo defensor de derechos humanos pidió que se garantice la dignidad y el honor de los científicos investigados por la FGR, aunado a que deberá facilitar las carpetas de investigación que están abiertas en contra de los académicos que fueron acusados por la fiscalía federal.

La CNDH ordenó un plazo de 24 horas para atender esta exigencia general por parte de la FGR, por lo que de lo contrario serán acreedores a una sanción por incumplimiento de las acciones específicas para preservar el cuidado de los derechos humanos de los científicos.

La FGR acusó a un grupo de 31 científicos que fueron acusados de crear un fondo de Conacyt durante la administración federal pasada para utilizar recursos públicos, no obstante, la Ley General de Ciencia y Tecnología así lo estableció y por ello ninguno de los académicos ha sido detenido por las autoridades.

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