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Justicia pendiente

Organización de derechos humanos, parte del acoso a madres de Juárez

Norma Ledezma de Justicia para nuestras hijas amenaza a madre de Juárez por exigir la verdad al gobernador de Chihuahua

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El gobernador de Chihuahua, César Duarte, inaugurando el Centro de Justicia para mujeres en memoria de la hija de Norma Ledezma. Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, México.- Las madres de Ciudad Juárez con hijas desaparecidas y víctimas de feminicidios, aparte de ser acosadas por policías municipales, sufren el acoso político de las organizaciones civiles que intentan proteger al gobierno del Estado o recaudar recursos para su propio funcionamiento.

Uno de los casos con más evidencias de este acoso es el de la responsable de la organización Justicia para nuestras hijas, Norma Ledezma, quien ha sido denunciada por proferir amenazas, burlas y acoso a las madres de víctimas para que desistan de su presión al gobernador César Duarte, por los casos de sus hijas.

Después de la audiencia pública del 3 de febrero, a la que el Comité de Madres y familiares con hijas desaparecidas obligaron al gobernador para que respondiera sobre los más de 230 restos óseos sin identificar en el Servicio Forense Mexicano de los que no tenía información precisa, seis policías municipales allanaron la casa de la señora Karla Castañeda por cuestionar al funcionario. Ella es madre de Cinthia Jacobed Castañeda Alvarado, desaparecida a los 13 de años de edad el 24 de octubre de 2008, sin más información del crimen.

Castañeda denunció a los medios alternativos internacionales de estos hechos. Asímismo expresó su temor al acoso policial y a que la hayan filmado en video sin su autorización en el momento de ser interrogada por los policías dentro de su propia casa y en presencia de sus tres hijos menores. Incluso, una de sus hijas entró en un colapso nervioso por la presencia de los policías.

A las horas del acoso policial, llegaron dos camionetas de la Fiscalía del Estado, y una funcionaria que se identificó como psicóloga la obligó a firmar un documento oficial en el que, según la funcionaria, decía que la señora Karla Castañeda se negaba a recibir ayuda psicológica. Horas más tarde, fue visitada por la señora María García (madre de la víctima de feminicidio Jéssica Leticia Peña García, desaparecida a los 15 años de edad, el 19 de agosto de 2010).

La señora García, quien ha declarado a los medios afines al gobierno que su caso estaba resuelto con la entrega de los restos óseos de su hija y que ella estaba conforme con el gobierno del Estado, pretendía convencer a Castañeda de que asistiera a una reunión privada con el gobernador César Duarte, porque «la iba a ayudar en su caso», la condición era dejar de protestar con el Comité de Madres.

Karla Castañeda se negó a tener una reunión a solas con el gobernador y empezó a recibir las llamadas de la señora Norma Ledezma, de la organización de Chihuahua Justicia para nuestras hijas. Ledezma se rió de la madre y la cuestionó con la «Caminata por la vida de sus hijas», que emprendieran junto con otas cuatro personas para exigir justicia a las autoridades, el pasado 15 de enero de 2013, por los crímenes de género.

“¿Qué sacaste de la Caminata? ¿Sólo llagas?”, le dijo y Ledezma explotó en carcajadas por el auricular, según el testimonio de Castañeda. También le gritó que si no pensaba lo que estaba haciendo, porque al negarse a hablar con el gobernador, ahora “su vida estaba en riesgo por la gente de Leyzaola”, en clara referencia al director de la Policía Municipal, Julián Leyzaola, y al reciente acoso policial.

Ledezma incluso reclamó enérgicamente a Castañeda sus declaraciones a Los Ángeles Press y reproducidas masivamente por www.5oymexico.org, preguntando: “¿por qué dices que el gobierno te está acosando, si de quien te tienes que cuidar es de la gente de Leyzaola?”.

¿Quién es Norma Ledezma?

Norma Ledezma es madre de la víctima de feminicidio Paloma Angélica Escobar Ledezma, asesinada en marzo de 2002. La memoria de su hija enmarca la instancia de gobierno Centro de justicia para mujeres y, junto con otras activistas, Ledezma fundó la organización Justicia para nuestras hijas ese mismo año. Desde entonces se ha dedicado al activismo y a la revisión de expedientes de feminicidios.

Un testigo confidencial de la fiscalía, confirmó a este medio que Ledezma tiene un agente ministerial que funge de guardaespaldas de tiempo completo con nómina del estado, y que los viáticos y camionetas para trasladarse de Chihuahua a Ciudad Juárez forman parte de los recursos públicos proveídos por el gobierno, más sus propios honorarios. «Incluso, puedo decir más, pero temo a represalias también», dijo la testigo.

Su organización civil, pese al perfil de ser «no gubernamental», Ledezma colabora estrechamente con las autoridades, de acuerdo a los comentarios de la testigo, pero trabaja con las madres como si fuera una organización independiente obteniendo la información que aportan las madres sobre los casos de sus hijas y conteniendo las presiones a las autoridades.

La ruta de los acosos 

No es la primera vez que Ledezma se ve involucrada en denuncias por acoso a víctimas de feminicidios para acallarlas o para que cambien su versión. Hace poco más de un año trascendió hasta las autoridades migratorias de Estados Unidos, otra denuncia en su contra junto con las denuncias también en contra de la fiscal Rosa María Sandoval Chávez por amenazas de muerte y acoso al testigo protegido Manuel García, por el caso de Marisela Escobedo.

En marzo de 2010, Ledezma y su guardaespaldas, a quien identificaban como «Comandante SantaCruz», fueron mensajeros de las amenazas a Manuel García, hermano de la madre de Brenda Berenice Castillo, desaparecida el 6 de enero de 2009. Las agresión fue porque García se negó a cambiar su testimonio para incriminar a la señora Escobedo, y al solicitar la ayuda a Ledezma, ella se la negó dejándolo en absoluta indefensión a sabiendas que su vida corría peligro.

El hecho investigado por el gobierno estadounidenese y llevado a juicio por el abogado de migración Carlos Spector de El Paso, Texas, logró abrir el proceso de asilo político para Manuel García amenazado por las mismas autoridades.

Otros testimonios de madres

Madres de Juárez que se sienten nerviosas por los recientes acosos hacia la señora Karla Castañeda declararon también de manera anónima que en otras ocasiones la directora de Justicia para nuestras hijas las ha obligado a reunirse para revisar expedientes, incluso contra su propia voluntad, y les ha dicho con insistencia que “ella no acepta traiciones de las madres” y “que se cuiden de dar un paso en falso”.

Ledezma les pide la información que las madres recopilan bajo su propio riesgo, y Ledezma va integrándola a los expedientes sobre las víctimas para hacerlos llegar a las autoridades bajo el supuesto de que van a ayudar a las madres, explican. En un recuento de anécdotas y situaciones similares de acoso ahora por la represión hacia Castañeda, incluso ellas también abordaron el tema de Marisela Escobedo, y dijeron que cuando las madres del Comité intentaron unirse con Escobedo para acompañarla en la Caminata el 7 de diciembre de 2010, días antes de que la asesinaran, Ledezma se opuso a esa acción y las condicionó a retirarles ayuda si apoyaban a Escobedo.

Las madres comentaron que Norma Ledezma les dijo en esos momentos en que estaban reunidas que “si iban a estar así, que ella no las iba a seguir ayudando”, y que siempre estuvo un policía, amigo de ella, vigilándolas. Dicen las madres que insistió Ledezma: “Lo de Marisela es una cosa y lo de los expedientes es otra”.

Las finanzas de Justicia para nuestras hijas

Justicia para nuestras hijas ha venido operando como una organización no gubernamental enfocada en la búsqueda, asistencia e integración de expedientes de víctimas de feminicidios, desde 2002. No obstante, la organización registrada como asociación civil, además de recibir recursos públicos para su operación, también recibe donaciones y financimientos de empresas privadas y agencias internacionales.

Una de las agencias internacionales de las que ha recibido apoyo es Global Fund for Women, con base en San Francisco, California. El registro que se adjunta en este espacio es de dos financiamientos en 2011 por un monto de US$ 53,000.00 dólares. El propósito que dice la organización buscar es el de ayudar a las víctimas y a sus madres «porque las autoridades no llevan a cabo la búsqueda y los familiares deciden buscar a sus hijas ellos mismos». La organización de Ledezma también dice que «promueve el acceso a la justicia». Y para poder calificar en los financiamientos estipula como propósito, incluso, que en el estado de Chihuahua las mujeres y las niñas disfruten sus derechos y sean capaces de vivir una vida con seguridad, y donde la verdad y la justicia sea un derecho para las víctimas de feminicidios.

Organization’s Purpose: Justicia para Nuestras Hijas A.C. [Justice for Our Daughters, Civil Association] (Justicia), established in Chihuahua in 2002, is an organization of family members of women who were disappeared or murdered in Cuidad Juárez and Chihuahua, who, since the authorities did not carry out a search, decided to search for their daughters themselves. The mission on the group is to locate women and girls who were disappeared or murdered in Chihuahua, and to promote access to justice for the survivors and their families. Justicia para Nuestras Hijas envisions transforming the state of Chihuahua into a place where women and girls enjoy their rights fully and are able to live safely, and where the right to the truth and to justice are a reality for victims of femicide and forced disappearance and their families.

Entre otros apoyos privados, de acuerdo a la propia información que provee el portal de la organización también recibió en 2011 de Iniciativa México el monto de $2, 250,000 pesos, así como de otras empresas que apoyan las cuestiones de género. Norma Ledezma se presenta como crítica del gobierno ante los medios, sin embargo su acoso a las madres que se oponen a la simulación de la justicia de sus hijas es una muestra clara de su participación en la manipulación gubernamental de las investigaciones sobre estos crímenes de género. Así lo manifestaron quienes han estado observando y padeciendo estos acosos y amenazas.

 

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Justicia pendiente

Por ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan, organizaciones exigen destitución del gobernador Barbosa

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Los Ángeles Press

Un grupo de 35 organizaciones y defensores de derechos humanos, encabezados por la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, lanzaron una carta pública de extrañamiento al gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la que se exige su destitución, por las recientes ejecuciones extrajudiciales a indígenas de Coyomeapan.

La represión tuvo lugar en la comunidad de Zoquitlán, el 9 de mayo, en torno a las 17 horas, donde policías de estado rafaguearon a indígenas que caminaban de regreso a su casa, dejando tres muertos, uno de ellos menor de edad, y siete heridos.

El conflicto data de junio 2021, tras un fraude electoral en la comunidad de Coyomeapan, donde la familia Celestino Rosas, impuso al presidente municipal, siendo esposo de la diputada federal Araceli Celestino Rosas. La protesta de la comunidad ha tenido como represalia el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, como Basilisa Montaño Gutiérrez y Gonzalo Martínez, y el hostigamiento a la periodista Claudia Martínez Sánchez, quien ha reportado sistemáticamente las agresiones a la comunidad y la restricción de las libertades constitucionales de los indígenas.

Ciudad de México, a 13 de mayo 2022

CARTA PÚBLICA

Los y las abajo firmantes integrantes de la sociedad civil, manifestamos nuestro extrañamiento por la represión contra la comunidad indígena de Coyomeapan, realizada por integrantes de la policía estatal del estado de Puebla, y exigimos la inmediata intervención de las autoridades federales e organismos internacionales para resolver las demandas de verdad y justicia.

El pasado 9 de mayo al rededor de las 17:00 hrs., algunos activistas indígenas nahuas de Coyomeapan, Puebla, que se encuentran en resistencia pacifica, por la defensa de sus derechos políticos, civiles y de la tierra y su territorio, caminaban de regreso a su hogar, cuando al pasar por la comunidad de Zoquitlán, Coyomeapan, fueron emboscados y rafagueados por integrantes de la policía estatal misma que haciendo uso excesivo de su fuerza pública, ejecuta a los activistas indígenas; Teofilo Barrera Herrera, de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y a un menor de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo, y dejando a 7 heridos entre los que se encuentra el profesor Lauro Gil Arguelles, todos ellos integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan.

Por lo que manifestamos por este medio nuestro extrañamiento al Estado mexicano por la omisión a estos hechos, y solicitamos a la ONU y a la CIDH, solicten información a el gobierno por estos lamentables hechos.

Recordando que 4 activistas de Coyomeapan se encuentran en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa a sus derechos humanos, entre ellos la defensora de derechos humanos y teóloga Basilisa Montaño Gutirrez, integrantes también del Movimiento Unidad por Coyomeapan, y que la periodista Claudia Martínez Sánchez, fuera desplazada de su hogar en Puebla, por ejercer su derecho difundir la criminalización social que sufre la comunidad indígena de Coyomeapan.

Ante este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de esta comunidad y sus habitantes;

¡Exigimos la destitución del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta!
¡Solicitamos la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República!
¡Condenamos la criminalización de la protesta social!
¡Exigimos el alto al uso excesivo de la fuerza publica!
¡Libertad inmedita a la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño
Gutierrez y los tres activistas que se encuentran en prisión, desde el 21 de septiembre del
2021!
¡Responzabilizamos al Estado de los hechos del 9 de mayo 2022!

FIRMAS
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los
Derechos Humanos en México (AFADEM)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Los Ángeles Press
Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos
Desarrollo Humano Internacional AC
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU)
Mujeres Co_Incidiendo con Mujeres AC
Colectiva Radial Poder Político de las Mujeres
Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC
Senderos Para el Desarrollo Comunitario
Voz del Anahuac
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Cdmx
Zenzontle
Casa de los Pueblos México
Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP- Coahuila)
Colectivo Viva Voz
25 Día Naranja A.C.
Madres Exigiendo Justicia
CAM-CAI
Colectiva Brujas Zapateras
Colectiva Lilith Violeta
Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
FIAC A.C.
FUNDACION ARTE Y MUNDO SOSTENIBLE A.C.
FINASBIH A.C.
Colectivo para la Equidad y la defensa de los derechos de las mujeres «Techiyaliztli»
33 Mujeres A.C.
Organización Jugestes-Cnpa
Colectivo de Mujeres por la Equidad la Salud y la Educación A.C.
Asociación para el Desarrollo Integral de Comunidades y Colonias A.C
Fray Julián Cruzalta Aguirre
Dramaturgo Humberto Robles
Senador José Narro Céspedes
Jackie Campbell)
Olimpya Jaimes López
Hilda Pérez Vázquez
Leticia López Zamora
Cynthia Bravo Moore
Vanessa Klainer Berkowitz
Dulce Mildret Sainz Torres
Isaura Contreras
Beatriz Salas Martínez
Claudia Magaña Lugo
Daniela Flores
Adriana Díaz González

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Justicia pendiente

Autoridades de DDHH ignoran caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, con tortura y fabricación de delitos

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Por Guadalupe Lizárraga

El caso de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue expuesto de nuevo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se denunció cómo las autoridades responsables de impartir justicia y reparar el daño han ignorado a la víctima de tortura y fabricación de delitos en 2013, además de ocultar documentos de su expediente y estar sin sentencia, por lo que se pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema corte de Justicia de la Nación.

La primera vez que se presentó este caso, por la representación de Los Ángeles Press, fue en 2019. Sin embargo, desde entonces, es muy poco lo que se ha avanzado, pese a que su defensa ha demostrado su inocencia, así como el haber sido torturada y mutilada en el penal de El Rincón, Nayarit, a donde llegó con cinco meses de embarazo. Tuvo a su hija en una clínica con atención de emergencia, ambas discriminadas en atención médica, por ser un caso de consigna de la “sociedad civil” contra el tráfico de mujeres, conocido como «Solid Gold».

En la intervención del reportero Ramón Flores, se expuso que la Unidad de Transparencia y la de Contraloría interna de la Fiscalía General de la República han ignorado la instrucción presidencial y que las nuevas conclusiones de la fiscalía, “vuelven a ser una burda fabricación criminal sin pruebas, que incluye el encubrir la tortura a la que sometieron” a Sánchez Mayorga.

La denuncia del reportero enfatizó que servidores públicos que operaban en red con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, han ocultado a la Fiscalía de Asuntos Internos y a CONAPRED, los videos de las cámaras de seguridad y el expediente médico que evidencian la tortura sufrida por la víctima.

Por lo que pidió que su causa penal sea atraída por la Suprema Corte de Justicia y que el Consejo de la Judicatura, con la jueza por Ministerio de Ley, revise y resuelva su caso.

También se denunció que la Defensoría pública federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han ignorado -del mismo modo- este caso, pasando por alto las graves violaciones de derechos humanos, igual que otros miles de casos similares, y enfatizó el reportero en las condiciones en que se encuentran las internas del penal de Santa Martha Acatitla, además del abandono jurídico para su defensa.

Finalmente, se pidió una libre audiencia pública al interior del reclusorio femenil y varonil, con autoridades de derechos humanos, entre éstas el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se investiguen los suicidios y los maltratos a las reclusas.

Testimonio desde la cárcel de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga

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Justicia pendiente

Seguridad Pública detiene a presunto operador de “Guerreros Unidos”, vinculado en caso Ayotzinapa

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El subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que elementos de seguridad detuvieron a Salvador “N”, presunto operador del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El funcionario federal explicó que este individuo contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada que se cumplimentó con Jardines de Cuernavaca en Guerrero, por lo que también es conocido como parte del brazo armado conocido como “Los Peques” o “Los Titos” vinculados a la desaparición de los normalistas.

De acuerdo con el representante del gobierno federal, se solicitó su vinculación a proceso penal, por su presunta responsabilidad en los hechos delictivos que ocurrieron en septiembre de 2014.

Añadió que es señalado por ser uno de los responsables de la violencia que se presenta en la zona sur de Guerrero, por lo que había sido señalado por haber trabajado para la organización delictiva que ordenó la desaparición de los estudiantes normalistas.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que es una prioridad de la actual administración federal esclarecer los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, hace casi ocho años, por lo que manifestó que continuarán con las investigaciones con la comisión de la Verdad.

Desde que inició la actual administración federal, se han desarrollado diferentes investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en Ayotzinapa, por lo que se demostró que hubo intervención de agentes del Estado mexicano para colocar presuntamente los restos de los normalistas en el basurero de Cocula.

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