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Justicia pendiente

Organización de derechos humanos, parte del acoso a madres de Juárez

Norma Ledezma de Justicia para nuestras hijas amenaza a madre de Juárez por exigir la verdad al gobernador de Chihuahua

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El gobernador de Chihuahua, César Duarte, inaugurando el Centro de Justicia para mujeres en memoria de la hija de Norma Ledezma. Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, México.- Las madres de Ciudad Juárez con hijas desaparecidas y víctimas de feminicidios, aparte de ser acosadas por policías municipales, sufren el acoso político de las organizaciones civiles que intentan proteger al gobierno del Estado o recaudar recursos para su propio funcionamiento.

Uno de los casos con más evidencias de este acoso es el de la responsable de la organización Justicia para nuestras hijas, Norma Ledezma, quien ha sido denunciada por proferir amenazas, burlas y acoso a las madres de víctimas para que desistan de su presión al gobernador César Duarte, por los casos de sus hijas.

Después de la audiencia pública del 3 de febrero, a la que el Comité de Madres y familiares con hijas desaparecidas obligaron al gobernador para que respondiera sobre los más de 230 restos óseos sin identificar en el Servicio Forense Mexicano de los que no tenía información precisa, seis policías municipales allanaron la casa de la señora Karla Castañeda por cuestionar al funcionario. Ella es madre de Cinthia Jacobed Castañeda Alvarado, desaparecida a los 13 de años de edad el 24 de octubre de 2008, sin más información del crimen.

Castañeda denunció a los medios alternativos internacionales de estos hechos. Asímismo expresó su temor al acoso policial y a que la hayan filmado en video sin su autorización en el momento de ser interrogada por los policías dentro de su propia casa y en presencia de sus tres hijos menores. Incluso, una de sus hijas entró en un colapso nervioso por la presencia de los policías.

A las horas del acoso policial, llegaron dos camionetas de la Fiscalía del Estado, y una funcionaria que se identificó como psicóloga la obligó a firmar un documento oficial en el que, según la funcionaria, decía que la señora Karla Castañeda se negaba a recibir ayuda psicológica. Horas más tarde, fue visitada por la señora María García (madre de la víctima de feminicidio Jéssica Leticia Peña García, desaparecida a los 15 años de edad, el 19 de agosto de 2010).

La señora García, quien ha declarado a los medios afines al gobierno que su caso estaba resuelto con la entrega de los restos óseos de su hija y que ella estaba conforme con el gobierno del Estado, pretendía convencer a Castañeda de que asistiera a una reunión privada con el gobernador César Duarte, porque «la iba a ayudar en su caso», la condición era dejar de protestar con el Comité de Madres.

Karla Castañeda se negó a tener una reunión a solas con el gobernador y empezó a recibir las llamadas de la señora Norma Ledezma, de la organización de Chihuahua Justicia para nuestras hijas. Ledezma se rió de la madre y la cuestionó con la «Caminata por la vida de sus hijas», que emprendieran junto con otas cuatro personas para exigir justicia a las autoridades, el pasado 15 de enero de 2013, por los crímenes de género.

“¿Qué sacaste de la Caminata? ¿Sólo llagas?”, le dijo y Ledezma explotó en carcajadas por el auricular, según el testimonio de Castañeda. También le gritó que si no pensaba lo que estaba haciendo, porque al negarse a hablar con el gobernador, ahora “su vida estaba en riesgo por la gente de Leyzaola”, en clara referencia al director de la Policía Municipal, Julián Leyzaola, y al reciente acoso policial.

Ledezma incluso reclamó enérgicamente a Castañeda sus declaraciones a Los Ángeles Press y reproducidas masivamente por www.5oymexico.org, preguntando: “¿por qué dices que el gobierno te está acosando, si de quien te tienes que cuidar es de la gente de Leyzaola?”.

¿Quién es Norma Ledezma?

Norma Ledezma es madre de la víctima de feminicidio Paloma Angélica Escobar Ledezma, asesinada en marzo de 2002. La memoria de su hija enmarca la instancia de gobierno Centro de justicia para mujeres y, junto con otras activistas, Ledezma fundó la organización Justicia para nuestras hijas ese mismo año. Desde entonces se ha dedicado al activismo y a la revisión de expedientes de feminicidios.

Un testigo confidencial de la fiscalía, confirmó a este medio que Ledezma tiene un agente ministerial que funge de guardaespaldas de tiempo completo con nómina del estado, y que los viáticos y camionetas para trasladarse de Chihuahua a Ciudad Juárez forman parte de los recursos públicos proveídos por el gobierno, más sus propios honorarios. «Incluso, puedo decir más, pero temo a represalias también», dijo la testigo.

Su organización civil, pese al perfil de ser «no gubernamental», Ledezma colabora estrechamente con las autoridades, de acuerdo a los comentarios de la testigo, pero trabaja con las madres como si fuera una organización independiente obteniendo la información que aportan las madres sobre los casos de sus hijas y conteniendo las presiones a las autoridades.

La ruta de los acosos 

No es la primera vez que Ledezma se ve involucrada en denuncias por acoso a víctimas de feminicidios para acallarlas o para que cambien su versión. Hace poco más de un año trascendió hasta las autoridades migratorias de Estados Unidos, otra denuncia en su contra junto con las denuncias también en contra de la fiscal Rosa María Sandoval Chávez por amenazas de muerte y acoso al testigo protegido Manuel García, por el caso de Marisela Escobedo.

En marzo de 2010, Ledezma y su guardaespaldas, a quien identificaban como «Comandante SantaCruz», fueron mensajeros de las amenazas a Manuel García, hermano de la madre de Brenda Berenice Castillo, desaparecida el 6 de enero de 2009. Las agresión fue porque García se negó a cambiar su testimonio para incriminar a la señora Escobedo, y al solicitar la ayuda a Ledezma, ella se la negó dejándolo en absoluta indefensión a sabiendas que su vida corría peligro.

El hecho investigado por el gobierno estadounidenese y llevado a juicio por el abogado de migración Carlos Spector de El Paso, Texas, logró abrir el proceso de asilo político para Manuel García amenazado por las mismas autoridades.

Otros testimonios de madres

Madres de Juárez que se sienten nerviosas por los recientes acosos hacia la señora Karla Castañeda declararon también de manera anónima que en otras ocasiones la directora de Justicia para nuestras hijas las ha obligado a reunirse para revisar expedientes, incluso contra su propia voluntad, y les ha dicho con insistencia que “ella no acepta traiciones de las madres” y “que se cuiden de dar un paso en falso”.

Ledezma les pide la información que las madres recopilan bajo su propio riesgo, y Ledezma va integrándola a los expedientes sobre las víctimas para hacerlos llegar a las autoridades bajo el supuesto de que van a ayudar a las madres, explican. En un recuento de anécdotas y situaciones similares de acoso ahora por la represión hacia Castañeda, incluso ellas también abordaron el tema de Marisela Escobedo, y dijeron que cuando las madres del Comité intentaron unirse con Escobedo para acompañarla en la Caminata el 7 de diciembre de 2010, días antes de que la asesinaran, Ledezma se opuso a esa acción y las condicionó a retirarles ayuda si apoyaban a Escobedo.

Las madres comentaron que Norma Ledezma les dijo en esos momentos en que estaban reunidas que “si iban a estar así, que ella no las iba a seguir ayudando”, y que siempre estuvo un policía, amigo de ella, vigilándolas. Dicen las madres que insistió Ledezma: “Lo de Marisela es una cosa y lo de los expedientes es otra”.

Las finanzas de Justicia para nuestras hijas

Justicia para nuestras hijas ha venido operando como una organización no gubernamental enfocada en la búsqueda, asistencia e integración de expedientes de víctimas de feminicidios, desde 2002. No obstante, la organización registrada como asociación civil, además de recibir recursos públicos para su operación, también recibe donaciones y financimientos de empresas privadas y agencias internacionales.

Una de las agencias internacionales de las que ha recibido apoyo es Global Fund for Women, con base en San Francisco, California. El registro que se adjunta en este espacio es de dos financiamientos en 2011 por un monto de US$ 53,000.00 dólares. El propósito que dice la organización buscar es el de ayudar a las víctimas y a sus madres «porque las autoridades no llevan a cabo la búsqueda y los familiares deciden buscar a sus hijas ellos mismos». La organización de Ledezma también dice que «promueve el acceso a la justicia». Y para poder calificar en los financiamientos estipula como propósito, incluso, que en el estado de Chihuahua las mujeres y las niñas disfruten sus derechos y sean capaces de vivir una vida con seguridad, y donde la verdad y la justicia sea un derecho para las víctimas de feminicidios.

Organization’s Purpose: Justicia para Nuestras Hijas A.C. [Justice for Our Daughters, Civil Association] (Justicia), established in Chihuahua in 2002, is an organization of family members of women who were disappeared or murdered in Cuidad Juárez and Chihuahua, who, since the authorities did not carry out a search, decided to search for their daughters themselves. The mission on the group is to locate women and girls who were disappeared or murdered in Chihuahua, and to promote access to justice for the survivors and their families. Justicia para Nuestras Hijas envisions transforming the state of Chihuahua into a place where women and girls enjoy their rights fully and are able to live safely, and where the right to the truth and to justice are a reality for victims of femicide and forced disappearance and their families.

Entre otros apoyos privados, de acuerdo a la propia información que provee el portal de la organización también recibió en 2011 de Iniciativa México el monto de $2, 250,000 pesos, así como de otras empresas que apoyan las cuestiones de género. Norma Ledezma se presenta como crítica del gobierno ante los medios, sin embargo su acoso a las madres que se oponen a la simulación de la justicia de sus hijas es una muestra clara de su participación en la manipulación gubernamental de las investigaciones sobre estos crímenes de género. Así lo manifestaron quienes han estado observando y padeciendo estos acosos y amenazas.

 

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Juez vincula a proceso a otros 2 ex funcionarios por colapso de la Línea 12 del Metro

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Dos encargados del Proyecto Metro fueron señalados de ser responsables del colpaso de la Línea 12 del Metro.

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a otros dos ex funcionarios públicos del Proyecto Metro, por lo cual hasta el momento suman 10 ex servidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juzgador determinó que son responsables el ex director responsable de la construcción, Guillermo “N”, y el ex subdirector de obra civil, Héctor “N”, del colapso de la Línea 12 del Metro, por lo que son acusados de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad por las 26 personas que fallecieron.

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El juez no fijó medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, pero tienen prohibido salir del país, y acercarse o tener contacto con las víctimas, por lo que seguirán con su proceso en libertad.

De acuerdo con el juzgador, se fijaron seis meses para la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa a los ex servidores públicos de provocar el colapso de la Línea 12 del Metro por el mal diseño, construcción y uso deficiente de materiales para su edificación.

Las acusaciones de la fiscalía capitalina se centran en fallas de origen, pero no en la falta de mantenimiento de este proyecto de transporte público que estaba en funcionamiento desde 2012 al cierre de la administración de Marcelo Ebrard.

Lee más: La extraña discriminación en el mantenimiento de la línea 12 del Metro

Los familiares de las víctimas han acusado que hubo responsabilidad de los distintos gobiernos capitalinos, tanto de Marcelo Ebrard por ser el artífice del proyecto, así como de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum que no dieron el mantenimiento de este proyecto.

Juez vincula a proceso a 8 ex funcionarios del gobierno capitalino por tragedia de Línea 12

La medida se da tres meses después de que un juez de distrito vinculó a proceso a ocho ex servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a propiedad por el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 26 de mayo de 2021 en el que murieron 26 personas.

El juzgador señaló que hubo responsabilidad de los ex servidores públicos por las fallas que propiciaron la caída del Metro, por lo cual siete de los ochos ex funcionarios formaron parte del Proyecto Metro y la otra fue parte del consorcio constructor de la obra.

 

 

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Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

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Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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