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Justicia pendiente

Organización Campesina inicia campaña por liberación de presos políticos con más de 20 años de cárcel

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Por Guadalupe Lizárraga

Con un boletín de prensa y una reunión presencial en Chilpancingo, Guerrero, dirigida por la defensora de derechos humanos Norma Mesino, inició la campaña por la liberación de cuatro presos políticos, miembros de la organización, quienes algunos llevan más de 20 años acusados falsamente por delitos de secuestro y homicidio, como actos de represión política del Estado y venganzas personales promovidas con el apoyo de Genaro García Luna desde 2001.

Se trata de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, quienes se encuentran presos en diferentes cárceles de Guerrero y en Atlacholoacha, Morelos. Desplazados de la masacre de Aguas Blancas, Gilberto Aguirre y Antonio Barragán fueron torturados en su detención y en su celda directamente por Eduardo Gallo y Tello, quien obtuvo recursos técnicos y humanos por parte de Genaro García Luna. Los jornaleros agrícolas detenidos ilegalmente en Baja California fueron inculpados por crímenes cometidos por el mismo Gallo y Tello, quien en venganza contra los secuestradores de su hija en el año 2000, los ejecutó con un comando armado y violó a la madre de uno de ellos.

En el caso de Hernández Refugio y Ávila Camacho, quienes se encuentran en los reclusorios de Chilpancingo y Acapulco respectivamente, fueron acusados de secuestro y homicidio, torturados y con violaciones al debido proceso, aislándolos permanentemente en celdas de castigo y sin contacto con sus familias.

La organización dijo tener esperanza en el nuevo gobierno del estado de Guerrero, de Evelyn Salgado, para la liberación de estos presos políticos en el contexto del acuerdo presidencial del pasado 25 de agosto de 2021, publicado en el Diario de la Federación.

Comunicado de la OCSS

INICIO DE LA CAMPAÑA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA OCSS

A las organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles y populares:
A los diferentes organismos de derechos humanos:
A los medios de comunicación:
Al pueblo en general:

La Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS, desde su fundación en 1994, ha luchado por los derechos de los pueblos pobre de Guerrero teniendo grandes logros en la región y ha contribuido a la defensa de los derechos humanos; las libertades fundamentales y la democracia en nuestro país. Durante el Viejo Régimen, sus integrantes y organizaciones afines fueron víctimas de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos constituyendo un genocidio equiparado, puesto que les han querido exterminar como un grupo nacional, mediante masacres y ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias, desaparición forzada, torturas, detenciones arbitrarias, prisión política, exilio y desplazamiento forzado de personas, cuyas secuelas de impunidad y afectaciones continuadas prevalecen aún en el naciente, que intenta desmontar el Narco Estado Policiaco Militar que impuso casi cuatro décadas de Neoliberalismo y corrupción que despojó a los mexicanos de sus riquezas para dárselos a los poderosos.

Por medio del presente boletín, con el cual damos inició a la campaña por la libertad de los presos políticos de la OCSS, solicitamos que los casos de nuestros compañeros presos políticos: Antonio BARRAGÁN CARRASCO, Gilberto AGUIRRE BAHENA Gerónimo HERNÁNDEZ REFUGIO y Orlando ÁVILA MESINO, sean contemplados dentro de la ley de amnistía que el Ejecutivo federal planteó, en semanas pasadas, para liberar a personas inocentes privadas de manera injusta en las diferentes cárceles del país; lo cual ofreció el presidente, Andrés Manuel LÓPEZ OBRADOR, en su conferencia de prensa del día 10 de agosto pasado, de revisar los casos concretos de nuestros cuatro compañeros.

Nuestros compañeros se encuentran privados de su libertad de manera injusta, desde hace varios años en diferentes cárceles del estado de Guerrero, por delitos fabricados. A continuación presentamos un resumen de cada uno de los casos:

Antonio BARRAGÁN CARRASCO preso de conciencia, luchador por los derechos de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, Baja California, sobreviviente de la Masacre de Aguas Blancas, desplazado político de su lugar de origen, preso desde 24 de septiembre de 2001 con delitos fabricados y asociados a su actividad política, víctima de tortura junto con sus coprocesados y nunca se investigó de manera efectiva. Se solicita a las autoridades jurisdiccionales correspondientes dar atención y seguimiento conforme a derecho al asunto de Antonio BARRAGAN CARRASCO quien es víctima de tortura y fabricación de delitos por parte de un particular, Eduardo GALLO Y TELLO, con aquiescencia de las autoridades tales como Genaro GARCÍA LUNA.

Gilberto AGUIRRE BAHENA preso político. Desplazado interno después de la masacre de aguas Blancas, militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Detenido el 16 de mayo 2002, en Mexicali, Baja California; quien, actualmente se encuentra preso en el penal de Las Cruces de Acapulco, Guerrero a causa de la fabricación de delito, detención ilegal, víctima de tortura y violaciones al debido proceso, por parte de un particular, Eduardo GALLO Y TELLO, con aquiescencia de las autoridades tales como Genaro GARCÍA LUNA.

“Yo y mi familia hemos sido objeto de agresiones: Mi hermano, Eugenio AGUIRRE BAHENA fue asesinado el 15 de julio de 1995 por «paramilitares», entre ellos Charo BENITEZ (EL PUJAS), Florentino CRUZ GUZMAN, Gabriel VAZQUEZ, Eulalio LOEZA, y Adolfo CRUZ GUZMAN, quienes operan impunemente en la región de Tepetixtla, Gro. Mi papá Roberto AGUIRRE, fue desaparecido por los militares en los años 70. Mi primo de Benito BAHENA, desparecido en los noventa, aún no parece; Mi hermano Salomé AGUIRRE BAHENA desaparecido durante 11 días, fue detenido el 9 de agosto de 1998, en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Policía Judicial del Estado y de la Policía Judicial Federal. Fue sometido a diferentes torturas por elementos de la Policía Judicial Federal y del Ejército Mexicano, además de ser recluido en el Penal de Acapulco donde continua hasta la fecha con un proceso bastante irregular. Por todos estos antecedentes, he vivido la persecución política y varios organismos de derechos humanos me han considerado “preso de conciencia”.

Por otro lado, están los casos de Jerónimo Hernández y Orlando Ávila, quienes, de manera coincidente, fueron detenidos y sometidos a proceso por los delitos de secuestro y homicidio calificado, respectivamente, cometidos en contra de personas que nunca conocieron y ocurridos en lugares donde nunca estuvieron.

Jerónimo HERNÁNDEZ REFUGIO preso político. Su proceso penal duró 17 años, y durante ese tiempo estuvo recluido en Acapulco, Taxco, Durango y actualmente en el reclusorio de Chilpancingo, donde se encuentra en un área de castigo, lo cual ha dificultado el contacto con su familia y compañeros de la organización. Fue condenado a 20 años de prisión de los cuales lleva casi 19, pero en este año su defensor le promovió un amparo directo en contra de esa sentencia debido a que no se le había promovido este recurso, el cual está por resolverse.

Orlando ÁVILA MESINO preso político. Se encuentra recluido en Acapulco, y su proceso ha durado más de 9 años. En agosto del 2018 se le dictó una sentencia condenatoria de 27 años de prisión, pero la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, ordenó una reposición para que el Juez investigue si quienes lo señalaron fueron objeto de tortura.

Los casos de nuestros cuatro compañeros entran plenamente en la propuesta que planteo el Ejecutivo de liberar a personas injustamente encarceladas. Los cuatro compañeros se encuentran presos por su participación en nuestra organización y por luchar por justicia para nuestros pueblos; así como por luchar el castigo a los responsables de la masacre de Aguas Blancas. En este sentido solicitamos el apoyo de organizaciones sociales, de derechos humanos y medios de comunicación para dar difusión a nuestra petición para que nuestros compañeros puedan estar por fin con sus esposas y a sus hijos, que son las que más están sufriendo su injusto encarcelamiento.

Asimismo, solicitamos la intervención de la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, para lograr la inmediata libertad de nuestros compañeros; ya que una de deudas que debe de saldar con los gobiernos del pasado es, precisamente, la liberación de todos los presos políticos y de conciencia.

¡Derribemos las rejas de la injusticia!
¡Libertad a los presos políticos de la OCSS!
¡Libertad inmediata a Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino!

ATENTAMENTE

Organización Campesina de la Sierra del Sur
Familiares de los compañeros presos políticos
Organización Indígena Campesina “Vicente Guerrero”
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo de Guerrero

Chilpancingo, Guerrero a 8 de septiembre de 2021.

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Ayotzinapa fue un crimen de Estado y la verdad histórica fue fabricada: Encinas

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Ayotzinapa fue un crimen de Estado y la verdad histórica fue fabricada: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, reconoció que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, aunado a que la denominada “verdad histórica” fue fabricada.

Encinas explicó que hubo vinculación de todos los órdenes de las autoridades con el crimen organizado, específicamente con el grupo conocido como “Guerreros Unidos”, por lo cual la acción la “verdad histórica” que dio a conocer el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue una acción concertada desde los más altos niveles del país.

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De acuerdo con el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no fueron incineradas en el basurero de Cocula como originalmente dio a conocer el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que también hubo omisión por parte del Ejército con la desaparición de los jóvenes.

De la misma manera, dijo que no hay indicios de que ninguno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa esté vivo, por lo que incluso se identificó el código genético de tres jóvenes que fueron quemados.

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Asimismo, expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones contra 35 funcionarios de alto nivel que estuvieron implicados en fabricar la versión falsa del paradero de los jóvenes, aunque rechazó que entre ellos se encuentre el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Además, Encinas recordó que Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos era militar activo, pero el Ejército mexicano no hizo nada para buscarlo, pese a que estaba como infiltrado para conocer los movimientos de los estudiantes.

 

 

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‘Youtuber’ Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse «saturada»

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Meme Yamel reconoce ignorar a víctimas de Isabel Miranda de Wallace por sentirse "saturada"

Por Guadalupe Lizárraga

En una serie de tuits, la youtuber Meme Yamel respondió a la periodista Guadalupe Lizárraga sobre la revelación que hizo Alma Nelly Flores, esposa de César Freyre Morales, a Los Ángeles Press, el haber sido ignorada cuando le solicitó ayuda en julio de 2021 para darle mayor visibilidad a las violaciones de derechos humanos sufridas por su esposo, César Freyre, a lo largo de 16 años de encarcelamiento injusto, con un protocolo de Estambul positivo en tortura. Mientras que en el caso de Brenda Quevedo Cruz, promovido por Defensoría pública, todos los medios, incluyendo los youtuberos y a ella misma, han hecho suyos los boletines de prensa de la institución.

Justificó la youtubera que era un ser humano y estaba «saturada», por lo que podrían olvidársele algunas cosas y pidió disculpas.

«Soy un ser humano, me saturo. Hay cosas que se me pueden llegar a olvidar y me disculpo, pero ¿de ahí a decir que sigo la línea de la defensoría y que por eso no voltee a ver a los demás? Wow.»

Tras leer la nota de César Freyre, Elena Uscanga, la madre de Jael Malagón Uscanga, mencionó que a ellos también les había hecho lo mismo. Después de que Meme Yamel se presentara a la conferencia matutina con el caso de Brenda Quevedo, también recurrieron a ella para que mostrara los otros casos de las víctimas de la fabricación. Sin embargo, no hubo respuesta de parte de la youtubera.

Meme Yamel acusó a la periodista de quererse «colgar» de su persona para «sacar un nota». A lo que Lizárraga le recordó que la denuncia había sido de la familiar de la víctima, y cuestionó el por qué habría de «colgarse» de una mala réplica de su trabajo.

Un siguiente tuit de la youtuber señala que «nadie la obligó o presionó para reconocer a periodistas que investigaron el caso». Sin embargo, la investigación que reveló los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace Miranda, iniciada en 2014 por Guadalupe Lizárraga, demostró que en 2018 todavía la supuesta víctima estaba activa en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tenía un número de seguro social, contaba con tres actas de nacimientos y dos actas de defunción y había siete testigos que interactuaron con él años después de la supuesta fecha de muerte que alega Isabel Miranda de Wallace como el 11 de julio de 2005.

Incluso, en 2006, dos de los testigos denunciaron ante la Procuraduría General de la República, hoy FGR, y en el programa de Ciro Gómez Leyva, a quienes posteriormente Isabel Miranda de Wallace los acusó de intento de extorsión.

Para Meme Yamel, «el problema de la periodista, dice, es que ella quiere ser la protagonista de la historia y los protagonistas son las víctimas». No obstante, a la única víctima que le da cobertura, con imprecisiones y falta de rigor periodístico señalado por Guadalupe Lizárraga, es a Brenda Quevedo Cruz, de quien emprendió campaña el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, y promovió en medios, youtubers y periodistas para que le dieran cobertura «viral» a su boletín de prensa posterior a la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de emitir una opinión de libertad por la larga prisión preventiva que sufría Brenda.

Las víctimas que siguen bajo consigna

El caso Wallace implica a ocho víctimas de detención arbitraria, tortura y encarcelamiento injusto, algunas por más de 16 años. De las seis víctimas acusadas directamente son Juana Hilda González Lomelí, caso recién atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con amparo interpuesto por Isabel Miranda de Wallace, y que los medios han dado cobertura desde el empuje de Defensoría pública.

Otras víctimas son los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz, a quienes les negaron aplicar el protocolo de Estambul bajo el falso argumento de que ya estaban sentenciados, y que la madre de ellos solicitó el apoyo mediático para visibilizar sus casos.

Jacobo Tagle Dobín, sin sentencia con tres protocolos de Estambul positivos en tortura, uno de éstos aplicado por el Consejo de la Judicatura de la Federación, y César Freyre Morales, sentenciado a 131 años de cárcel con protocolo positivo en tortura.

Las otras dos víctimas relacionadas de manera indirecta para justificar una «banda de secuestradores» son George Khoury Layón, con reconocimiento de inocencia y opinión de libertad de Naciones Unidas, que vivió su tortura más reciente el 12 de junio de 2022, y Jael Malagón Uscanga, con registro de tortura en 2010, de la que quedó parcialmente ciego dentro del Cefereso #1, El Altiplano, Estado de México, y de la que le dijeron sus atacantes que no era nada personal, sino órdenes de Isabel Miranda de Wallace.

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En la serie de tuits de Meme Yamel en respuesta a la periodista Guadalupe Lizárraga también asevera que respecto a las otras víctimas del caso Wallace dio lectura a una carta de Jacobo Tagle. No obstante, Los Ángeles Press, ha publicado y dado lectura a varias cartas de todas las víctimas, a excepción de Tony Castillo. En el caso de César Freyre se publicó en este medio, en 2019, una carta de 17 páginas y 25 puntos en donde narra la tortura a detalle y da nombres de sus agresores que sigue siendo ignorada por los medios, por Meme Yamel y los demás operadores de las redes sociales en favor del gobierno de López Obrador.

Para enterarte más: Represalias en penales a víctimas del Caso Wallace por exigir justicia – Los Ángeles Press

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

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Fiscalía de Campeche pide desafuero de Alejandro 'Alito' Moreno por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de Justicia de Campeche (FGE Campeche) solicitó a la Cámara de Diputados federal que desafueren al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como ‘Alito‘, por ser responsable de presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal estatal de Campeche, Renato Sales, solicitó a los legisladores federales que inicien el procedimiento de desafuero contra el legislador federal para que se pueda desarrollar el proceso penal en contra del líder del tricolor.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que recibieron la petición de la fiscalía estatal de Campeche para que puede continuar la investigación que se inició en su contra, por lo que deberán dar seguimiento de ley correspondiente.

De acuerdo con el fiscal estatal, la investigación contra Alito Moreno no tiene relación con los audios que recientemente ha publicado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pues aseguró que los ingresos económicos que percibió como servidor público no corresponden a las propiedades y bienes que ha obtenido.

Recordó que una de las propiedades de “Alito” tiene un valor de 130 millones de pesos, aunado a que el contenido de la misma tiene un costo de más de 50 millones de pesos, por lo que consideró que debe demostrar que todos estos bienes los ha adquirido de forma legal.

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Por su parte, el dirigente nacional del PRI acusó que hay una persecución política en su contra, debido a que es una de las figuras más visibles de la oposición contra el gobierno federal, y por ello aseveró que el gobierno de Campeche pretende fabricarle delitos para afectar su imagen.

 

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