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Justicia pendiente

Organización Campesina inicia campaña por liberación de presos políticos con más de 20 años de cárcel

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Por Guadalupe Lizárraga

Con un boletín de prensa y una reunión presencial en Chilpancingo, Guerrero, dirigida por la defensora de derechos humanos Norma Mesino, inició la campaña por la liberación de cuatro presos políticos, miembros de la organización, quienes algunos llevan más de 20 años acusados falsamente por delitos de secuestro y homicidio, como actos de represión política del Estado y venganzas personales promovidas con el apoyo de Genaro García Luna desde 2001.

Se trata de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino, quienes se encuentran presos en diferentes cárceles de Guerrero y en Atlacholoacha, Morelos. Desplazados de la masacre de Aguas Blancas, Gilberto Aguirre y Antonio Barragán fueron torturados en su detención y en su celda directamente por Eduardo Gallo y Tello, quien obtuvo recursos técnicos y humanos por parte de Genaro García Luna. Los jornaleros agrícolas detenidos ilegalmente en Baja California fueron inculpados por crímenes cometidos por el mismo Gallo y Tello, quien en venganza contra los secuestradores de su hija en el año 2000, los ejecutó con un comando armado y violó a la madre de uno de ellos.

En el caso de Hernández Refugio y Ávila Camacho, quienes se encuentran en los reclusorios de Chilpancingo y Acapulco respectivamente, fueron acusados de secuestro y homicidio, torturados y con violaciones al debido proceso, aislándolos permanentemente en celdas de castigo y sin contacto con sus familias.

La organización dijo tener esperanza en el nuevo gobierno del estado de Guerrero, de Evelyn Salgado, para la liberación de estos presos políticos en el contexto del acuerdo presidencial del pasado 25 de agosto de 2021, publicado en el Diario de la Federación.

Comunicado de la OCSS

INICIO DE LA CAMPAÑA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA OCSS

A las organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles y populares:
A los diferentes organismos de derechos humanos:
A los medios de comunicación:
Al pueblo en general:

La Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS, desde su fundación en 1994, ha luchado por los derechos de los pueblos pobre de Guerrero teniendo grandes logros en la región y ha contribuido a la defensa de los derechos humanos; las libertades fundamentales y la democracia en nuestro país. Durante el Viejo Régimen, sus integrantes y organizaciones afines fueron víctimas de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos constituyendo un genocidio equiparado, puesto que les han querido exterminar como un grupo nacional, mediante masacres y ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias, desaparición forzada, torturas, detenciones arbitrarias, prisión política, exilio y desplazamiento forzado de personas, cuyas secuelas de impunidad y afectaciones continuadas prevalecen aún en el naciente, que intenta desmontar el Narco Estado Policiaco Militar que impuso casi cuatro décadas de Neoliberalismo y corrupción que despojó a los mexicanos de sus riquezas para dárselos a los poderosos.

Por medio del presente boletín, con el cual damos inició a la campaña por la libertad de los presos políticos de la OCSS, solicitamos que los casos de nuestros compañeros presos políticos: Antonio BARRAGÁN CARRASCO, Gilberto AGUIRRE BAHENA Gerónimo HERNÁNDEZ REFUGIO y Orlando ÁVILA MESINO, sean contemplados dentro de la ley de amnistía que el Ejecutivo federal planteó, en semanas pasadas, para liberar a personas inocentes privadas de manera injusta en las diferentes cárceles del país; lo cual ofreció el presidente, Andrés Manuel LÓPEZ OBRADOR, en su conferencia de prensa del día 10 de agosto pasado, de revisar los casos concretos de nuestros cuatro compañeros.

Nuestros compañeros se encuentran privados de su libertad de manera injusta, desde hace varios años en diferentes cárceles del estado de Guerrero, por delitos fabricados. A continuación presentamos un resumen de cada uno de los casos:

Antonio BARRAGÁN CARRASCO preso de conciencia, luchador por los derechos de jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, Baja California, sobreviviente de la Masacre de Aguas Blancas, desplazado político de su lugar de origen, preso desde 24 de septiembre de 2001 con delitos fabricados y asociados a su actividad política, víctima de tortura junto con sus coprocesados y nunca se investigó de manera efectiva. Se solicita a las autoridades jurisdiccionales correspondientes dar atención y seguimiento conforme a derecho al asunto de Antonio BARRAGAN CARRASCO quien es víctima de tortura y fabricación de delitos por parte de un particular, Eduardo GALLO Y TELLO, con aquiescencia de las autoridades tales como Genaro GARCÍA LUNA.

Gilberto AGUIRRE BAHENA preso político. Desplazado interno después de la masacre de aguas Blancas, militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Detenido el 16 de mayo 2002, en Mexicali, Baja California; quien, actualmente se encuentra preso en el penal de Las Cruces de Acapulco, Guerrero a causa de la fabricación de delito, detención ilegal, víctima de tortura y violaciones al debido proceso, por parte de un particular, Eduardo GALLO Y TELLO, con aquiescencia de las autoridades tales como Genaro GARCÍA LUNA.

“Yo y mi familia hemos sido objeto de agresiones: Mi hermano, Eugenio AGUIRRE BAHENA fue asesinado el 15 de julio de 1995 por «paramilitares», entre ellos Charo BENITEZ (EL PUJAS), Florentino CRUZ GUZMAN, Gabriel VAZQUEZ, Eulalio LOEZA, y Adolfo CRUZ GUZMAN, quienes operan impunemente en la región de Tepetixtla, Gro. Mi papá Roberto AGUIRRE, fue desaparecido por los militares en los años 70. Mi primo de Benito BAHENA, desparecido en los noventa, aún no parece; Mi hermano Salomé AGUIRRE BAHENA desaparecido durante 11 días, fue detenido el 9 de agosto de 1998, en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Policía Judicial del Estado y de la Policía Judicial Federal. Fue sometido a diferentes torturas por elementos de la Policía Judicial Federal y del Ejército Mexicano, además de ser recluido en el Penal de Acapulco donde continua hasta la fecha con un proceso bastante irregular. Por todos estos antecedentes, he vivido la persecución política y varios organismos de derechos humanos me han considerado “preso de conciencia”.

Por otro lado, están los casos de Jerónimo Hernández y Orlando Ávila, quienes, de manera coincidente, fueron detenidos y sometidos a proceso por los delitos de secuestro y homicidio calificado, respectivamente, cometidos en contra de personas que nunca conocieron y ocurridos en lugares donde nunca estuvieron.

Jerónimo HERNÁNDEZ REFUGIO preso político. Su proceso penal duró 17 años, y durante ese tiempo estuvo recluido en Acapulco, Taxco, Durango y actualmente en el reclusorio de Chilpancingo, donde se encuentra en un área de castigo, lo cual ha dificultado el contacto con su familia y compañeros de la organización. Fue condenado a 20 años de prisión de los cuales lleva casi 19, pero en este año su defensor le promovió un amparo directo en contra de esa sentencia debido a que no se le había promovido este recurso, el cual está por resolverse.

Orlando ÁVILA MESINO preso político. Se encuentra recluido en Acapulco, y su proceso ha durado más de 9 años. En agosto del 2018 se le dictó una sentencia condenatoria de 27 años de prisión, pero la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, ordenó una reposición para que el Juez investigue si quienes lo señalaron fueron objeto de tortura.

Los casos de nuestros cuatro compañeros entran plenamente en la propuesta que planteo el Ejecutivo de liberar a personas injustamente encarceladas. Los cuatro compañeros se encuentran presos por su participación en nuestra organización y por luchar por justicia para nuestros pueblos; así como por luchar el castigo a los responsables de la masacre de Aguas Blancas. En este sentido solicitamos el apoyo de organizaciones sociales, de derechos humanos y medios de comunicación para dar difusión a nuestra petición para que nuestros compañeros puedan estar por fin con sus esposas y a sus hijos, que son las que más están sufriendo su injusto encarcelamiento.

Asimismo, solicitamos la intervención de la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, para lograr la inmediata libertad de nuestros compañeros; ya que una de deudas que debe de saldar con los gobiernos del pasado es, precisamente, la liberación de todos los presos políticos y de conciencia.

¡Derribemos las rejas de la injusticia!
¡Libertad a los presos políticos de la OCSS!
¡Libertad inmediata a Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena Gerónimo Hernández Refugio y Orlando Ávila Mesino!

ATENTAMENTE

Organización Campesina de la Sierra del Sur
Familiares de los compañeros presos políticos
Organización Indígena Campesina “Vicente Guerrero”
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo de Guerrero

Chilpancingo, Guerrero a 8 de septiembre de 2021.

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Justicia pendiente

UIF suma más de 380 denuncias ante la FGR contra más de 2 mil personas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 386 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 2 mil 505 personas desde diciembre de 2018, así lo informó la directora de asuntos normativos de la dependencia federal, Mireya Valverde.

La funcionaria federal explicó que la UIF ha bloqueado 41 mil 646 cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas y morales que son investigadas por la comisión de diferentes delitos financieros y cuyo monto asciende a 6 mil 516 millones 617 mil 91 pesos.

De acuerdo con la representante de la UIF, la institución ha dado vista 260 hechos posiblemente constitutivos de irregularidades administrativas o fiscales a autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Agregó que han implementado diferentes estrategias de combate a la corrupción y el lavado de dinero en el país con organizaciones del crimen organizado, por lo que han logrado detener las operaciones financieras de las principales agrupaciones delictivas de México.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México, mencionó que el gobierno federal ha avanzado en el combate a los delitos financieros cometidos en el país que representan la principal forma de obtención recursos económicos para continuar con sus operaciones criminales.

Asimismo, refirió que son necesarias las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos para combatir los principales delitos financieros cometidos en los dos países y por lo cual es fundamental la inteligencia financiera como la de la UIF para alcanzar determinados objetivos.

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Justicia pendiente

Padres de familia de normalistas de Ayotzinapa denuncian que no existen respuestas sobre desaparición

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Padres de familia de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014, denunciaron que no existen respuestas sobre la desaparición de los normalistas por parte de las autoridades federales.

Tras participar en la marcha por el séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los familiares de los normalistas reconocieron que han existido deficiencias en las investigaciones que han efectuado las autoridades federales para conocer la verdad sobre lo que ocurrió hace siete años.

Dijeron que han pasado tres años desde el inicio de la actual administración federal y la comisión de la verdad no ha dado a conocer los resultados de las indagatorias, ya que sólo se han identificado los restos óseos de tres de los estudiantes desaparecidos, pero el resto se encuentra desconocido.

Indicaron que persisten las preguntas sobre el paradero de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y qué sucedió con ellos, así como las razones y los responsables de su desaparición y por ello el gobierno federal no ha entregado información adecuada.

Asimismo, indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no han entregado indagatorias serias sobre los resultados, pues tiene seis meses sin poder ejecutar órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, aunado a que tampoco ha citado a declarar Tomás Zerón, ex director de la Agencia Federal de Investigación, quien pudo tener conocimiento sobre la desaparición.

El 26 de septiembre de 2014 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron presuntamente por presuntos integrantes del crimen organizado asociados a “Guerreros Unidos”, que los acusaron supuestamente de haber formado parte de una organización delictiva rival, pero su paradero aún es desconocido.

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Justicia pendiente

UIF bloquea más de 100 cuentas bancarias de narcotraficantes

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de 100 cuentas bancarias vinculadas a diferentes cárteles de la droga como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo, Tláhuac, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que implementaron estas acciones a personas relacionadas con organizaciones delictivas que operan en Jalisco y el Estado de México, por lo que destacó que el gobierno federal optó por la inteligencia financiera para combatir al crimen organizado.

El funcionario federal mencionó que en Jalisco bloquearon 57 personas vinculadas al CJNG, Los Cuinis, La Nueva Plaza, Cártel del Pacífico, Los Matazetas y el Cártel de Juárez, aunado a que en 2020 bloquearon las cuentas de mil 478 personas relacionadas con el CJNG.

En el Estado de México la dependencia federal bloqueó cuentas a 129 personas relacionadas al Cártel de Tláhuac, Cártel del Golfo, Cártel Nuevo Imperio, Célula de los Beltrán Leyva, Guerreros Unidos, CJNG, La Familia Michoacana, La Nueva Empresa, La Nueva Familia, La Unión Tepito, Los Caballeros Templarios, Los Cano, Los Peñafiel, Los Popoca y Los Mutiladores.

Agregó que estas estrategias de inteligencia financiera continuarán en los siguientes meses para combatir a los grupos del crimen organizado que siguen operando en el país, por lo cual se analizarán las medidas específicas particulares de la UIF.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado está basada en la inteligencia, por lo que han bloqueado las cuentas bancarias de los criminales, debido a que es una de las formas de reducir su capacidad de operación.

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