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Latinoamérica

ONU urge a gobierno de Chile atender cuestión Mapuche

El gobierno de Chile es exhortado por la ONU a atender la comunidad Mapuche y dejar de aplicar la ley antiterrorista

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Ben Emmerson instó al gobierno chileno a que adopte una estrategia nacional para solucionar el conflicto mapuche dentro de un plazo definido y breve. Foto: Marianela Jarroud/IPS

Ben Emmerson instó al gobierno chileno a que adopte una estrategia nacional para solucionar el conflicto mapuche dentro de un plazo definido y breve. Foto: Marianela Jarroud/IPS

Por Marianela Jarroud

SANTIAGO, Chile (IPS).- Activistas valoraron el pronunciamiento del relator especial de la ONU, Ben Emmerson, quien urgió a las autoridades chilenas a poner la cuestión mapuche entre sus prioridades y las exhortó a que se abstengan de aplicar la ley antiterrorista ante reivindicaciones de tierras ancestrales.

“La legislación antiterrorista ha sido utilizada de forma discriminatoria contra los indígenas mapuches (…), lo cual ha resultado en una verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y ha sido factor de deslegitimación de sus reclamos territoriales”, sentenció Emmerson al finalizar su primera visita oficial a Chile, que se extendió por dos semanas.

Paulina Acevedo, portavoz del no gubernamental Observatorio Ciudadano, especializado en cuestiones indígenas, señaló que es “muy importante el énfasis que ha puesto el relator en el sentido de que ha hecho recomendaciones claras al estado chileno y para el corto plazo”.

“La experiencia dicta que la acumulación de recomendaciones en un mismo sentido avanza hacia seguir presionando a las autoridades sobre algún tipo de cambio”, añadió Acevedo.

“Se le ha hecho ver al estado chileno por múltiples órganos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) la necesidad de modificar la ley antiterrorista y hoy día lo está haciendo el relator especial específicamente para este punto”, indicó.

La activista destacó que, “en ese sentido, se abre una mirada auspiciosa de cambio”.

Emmerson señaló en rueda de prensa este martes 30 que su visita a Chile le brindó “oportunidad suficiente para llegar a ciertas conclusiones” y recomendar que se adopte con urgencia una estrategia nacional para solucionar el llamado conflicto mapuche “dentro de un plazo definido y relativamente breve”.

Esta estrategia debe ser concebida e implementada por una comisión consultiva nacional, en la que participen todos los actores involucrados, explicó el abogado británico, tras entrevistarse con comuneros y líderes mapuches, representantes de la justicia, la policía y funcionarios del gobierno del derechista Sebastián Piñera y parlamentarios, entre otros.

También pidió el fin de la impunidad frente a las acciones violentas de la policía contra comunidades mapuches, recomendó a la Fiscalía de Chile que utilice “leyes penales comunes para investigar, procesar y castigar los reclamos y protestas” y estimó indispensable que el Estado disponga de más recursos para acelerar la devolución de sus territorios.

El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y contraterrorismo aseguró en su declaración que la “piedra angular” de la “estrategia nacional debe ser el reconocimiento constitucional del derecho mapuche de existir como pueblo indígena dentro del Estado de Chile”.

En un aparte con IPS tras la conferencia de prensa, Emmerson dijo a IPS que “la participación política de parte de las comunidades mapuches es axiomática, es esencial al éxito de una estrategia nacional”.

Agregó que en los últimos días visitó muchas de esas comunidades en sus casas. “No solo se sienten aisladas, sino que cuentan con parcelas muy pequeñas de tierra improductiva, lo cual hace que vivan en circunstancias de pobreza y rodeados de grandes haciendas, comerciales, productivas, que en el pasado eran suyas”, relató.

“Entonces, sí existe ese sentimiento de aislamiento, de abandono del Estado, pero también de desconexión de uno y de otro”, insistió Emmerson.

“Asegurar un proceso de participación a través de la comisión consultiva es el único medio para incorporar a todas esas comunidades dentro de un proceso político para que participen en una solución negociada”, apuntó.

Respecto de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el relator de la ONU enfatizó que “debería cesar inmediatamente” su puesta en práctica, pues “se ha aplicado en forma desproporcionada contra los mapuches”.

Esta norma, cuestionada por organismos internacionales, establece la extensión de la detención preventiva hasta por dos años, permite la interferencia de las comunicaciones, el uso de testigos “sin rostro” y el aumento de condenas respecto de igual delito contemplado en el Código Penal común.

Emmerson advirtió que en su viaje a las regiones de La Araucanía y del Bío-bio, en el sur del país, donde se concentran las comunidades mapuches, observó una situación “extremadamente volátil y probable de convertirse en un conflicto regional de gran envergadura, salvo que se tome acción urgente para abordar las manifestaciones de violencia” y sus causas.

Los mapuches, que con casi un millón de integrantes conforman hoy la mayor etnia indígena de Chile, mantuvieron una enconada resistencia por más de 300 años a la conquista española, hasta que fueron controlados a sangre y fuego en lo que se denominó “la pacificación de La Araucanía”.

En el marco de su persistente lucha por la devolución de sus tierras ancestrales, aparecieron grupos que apelaron a la quema de vehículos y de haciendas forestales en manos de terratenientes.

Uno de los últimos casos trágicos ocurrió en enero, cuando un pequeño grupo, presuntamente mapuche, incendió la vivienda principal de un establecimiento rural, donde murieron carbonizados Werner Luchsinger y su esposa Vivianne McKay.

Ese atentado mereció la atención especial de Emmerson, quien pidió respeto a los derechos de las víctimas de lo que denominó “violencia rural” y demandó su esclarecimiento y castigo. Pero siempre bajo la legislación penal común, enfatizó.

Los actos violentos perpetrados por supuestos grupos de mapuches son sucedidos en general por una represión indiscriminada de la policía, que incluye allanamientos ilegales en comunidades indígenas, según denuncias de activistas y víctimas.

Acevedo destacó que la invitación al relator de la ONU fue formulada por el propio Estado, “por lo que no sería correcto que las autoridades desconozcan las recomendaciones que él ha hecho”.

Consultado al respecto, Emmerson recordó que el Estado chileno tiene trayectoria de colaboración con las Naciones Unidas y que “uno no va al médico, recibe una receta y la tira a la basura”.

El experto puntualizó que el gobierno que asuma en marzo de 2014 debe tener como eje principal de sus políticas la no aplicación de la ley antiterrorista al pueblo mapuche.

Según todas las encuestas, la socialista Michelle Bachelet podría volver a ocupar la Presidencia, como lo hizo de 2006 a 2010, como líder de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría. Curiosamente, durante su mandato fue cuando más se aplicó la ley antiterrorista en las últimas dos décadas.

Sin embargo, hoy asegura que “en ningún caso volvería a aplicarla”.

 

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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