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Mexico Violento

ONGs piden revocar premio de ddhh a Isabel Miranda de Wallace

ONGs piden a Enrique Peña Nieto la revocación del premio de derechos humanos dado a Isabel Miranda de Wallace al revelarse simulación de secuestro de su hijo Hugo Alberto

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Momento de la premiación a Isabel Miranda por Felipe Calderón en 2010. Foto: Notimex

Momento de la premiación a Isabel Miranda por Felipe Calderón en 2010. Foto: Notimex/Archivo

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- En una misiva al titular del Poder Ejecutivo en México, Enrique Peña Nieto, la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad solicitó retirar el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda Torres, otorgado por el expresidente Felipe Calderón en diciembre de 2010.

La petición fue coordinada por el presidente de la organización canadiense, David Bertet, y el presidente de Gente de México por la Democracia, Giel Meza, después de la difusión de investigaciones periodísticas que revelaron la fabricación de pruebas y tortura a los inculpados en el conocido “caso Wallace”, por Los Ángeles Press, y otro medio.

La organización canadiense que investiga y promueve el debido proceso, así como los derechos humanos a procesados en este país, argumentó que las pruebas que se han publicado en las investigaciones ponen en duda la calidad ética de Isabel Miranda Torres al simular el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Con fecha del 23 de junio y sita en Montreal, el activista canadiense, David Bertet, destacó en el documento, también enviado al Poder Legislativo y al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que las confesiones fueron arrancadas bajo tortura de cinco inculpados del caso, cuatro ya sentenciados y uno en espera, de acuerdo a la valoración siquiátrica certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Hasta ahora hemos encontrado sólidas evidencias de que el crimen no se perpetró, ni se dieron las circunstancias que injustamente inculpan a esas personas”, se señala en la petición en referencia a Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz, César Freyre, Juana Hilda González Lomelí y Antonio y Alberto Castillo. Así mismo, las organizaciones denunciaron la presunta responsabilidad de Isabel Miranda Torres en los delitos de falsedad a autoridades, fraude procesal, falsificación de documentos y variación de nombres que se habrían cometido para “fabricar” el caso Wallace.

El documento de cuatro páginas, enfatizó que –en nueve años– la parte acusadora del Caso Wallace no ha podido acreditar una sola evidencia pericial, además de que se encontró una “red de funcionarios públicos de diversas instancias judiciales, entre éstas la Procuraduría General de la República que privilegiaron influencias, crearon documentos apócrifos y participaron directa y flagrantemente en la violación de derechos humanos de los inculpados”.

Respecto a las violaciones de derechos humanos de los inculpados, también se mencionó la violación al derecho a la asistencia de un abogado defensor y el derecho a la presunción de inocencia. Éste último, violado desde 2006 por Isabel Miranda de Wallace, al poner los espectaculares con los nombres y rostros de los inculpados antes de ser investigados judicialmente de acuerdo al debido proceso.

Documento completo aquí.

Carta-revocacion-premio-DH[1]-page-001Enlace para firmar la petición aquí

Mexico Violento

Grupo armado embosca a alcaldesa de Guerrero, con 2 heridos

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Un grupo armado emboscó a la alcaldesa de Juan R. Escudero, Guerrero, Diana Carolina Costilla Villanueva, cuando viajaba por el puente de Omitlán cuando se dirigía a la cabecera municipal, donde dos policías municipales resultaron lesionados.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero (FGJEG), los hechos ocurrieron en la carretera estatal Ayutla de los Libres Tierra Colorada, donde sujetos desconocidos les dispararon y Janet “N” y Alejandro “N”, escoltas principales de la edil, fueron lesionados.

Los uniformados locales fueron trasladados al Hospital General de Chilpancingo, por lo que en el sitio se encontraron 30 casquillos en contra de la munícipe, y uno de los vehículos que escoltaba a la presidenta municipal presentó ocho impactos de bala y otra unidad con tres.

Al sitio arribaron elementos de la policía estatal, así como de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que implementaron un operativo de búsqueda de los responsables de la emboscada contra Costilla Villanueva, pero hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.

La presidenta municipal no resultó lesionada, pero la fiscalía capitalina abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, aunado a que se reforzará la seguridad en la demarcación.

Guerrero es uno de los estados más violentos del país, en donde convergen diferentes organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de las drogas, por lo cual también se han confirmado diferentes ataques contra autoridades municipales.

 

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Justicia pendiente

Libertad a falsos culpables y víctimas de tortura, demandaron familias de internos en cárceles mexicanas

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Familiares de falsos culpables y delitos fabricados se manifestaron en una marcha del 8 de diciembre en la CDMX

 

Cientos de familiares de personas privadas de libertad con delitos fabricados y víctimas de tortura en prisiones mexicanas se concentraron ayer en el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, de la Ciudad de México, para marchar hacia el Senado de la república y exigir libertad y respeto a sus derechos humanos.

De diferentes estados, viajaron familiares de internos en los Centros federales de readaptación social (CEFERESOS) y de algunos estatales (CERESO) para exponer los casos de graves violaciones de derechos humanos, desde el aislamiento total hasta brutales golpizas, amenazas a sus familias, falta de atención médica y de alimentos saludables.

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En el penal de Puebla, por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por el interno Jens Herrera Guzmán, en un módulo de 85 personas, hay 17 que ingresaron con delitos fabricados, y 27 personas siguen sin sentencia. Tirzo Zúniga Vargas y el mismo Jens Herrera llevan 26 años sin sentencia acusados de secuestro en 1996 sin víctima ni pruebas.

Tras revelar en esta estadística además internos con enfermedades terminales, enfermos de Covid sin atención médica, fallecimientos sin explicación y adultos mayores de hasta 88 años que han compurgado 31 años de cárcel con 33 de sentencia, Herrera Guzmán fue trasladado a otro penal sin notificación a sus familiares y le expropiaron sus pertenencias.

Durante la marcha, varios familiares de internos con procesos en el fuero común denunciaron estos traslados arbitrarios a penales federales, sin la notificación a sus abogados o familiares, y aislándolos a los internos por varias semanas. También se denunció que en esos traslados son torturados o sometidos a maltrato y les niegan el agua potable por días.

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En los penales del Estado de México, Barrientos, Otumba, Tenancingo Centro, Chiconautla, entre otros, denunciaron plagas de chinches y piojos, maltrato, falta de higiene en los alimentos que dan en bolsas de plástico, además de la extorsión de las autoridades de los penales que trabajan con grupos delictivos de internos para obligar a otros a que consuman drogas o paguen por uso de electrodomésticos, cobijas, comida o seguridad.

De los Ceferesos mencionados Almoloya de Juárez, Tapachula, Michoacán y Durango, coincidieron en su denuncia docenas de familiares cómo fabricaron carpetas a sus PPL, torturaron a los inculpados en detenciones arbitrarias y los acusaron de delitos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada. Los familiares en la marcha mostraron fotografías de los internos torturados, con heridas graves, algunos desnudos atados a una mesa dentro de las celdas, y otros mostraron documentos de instancias de derechos humanos.

Incluso se informó durante la marcha que en Perote Veracruz había fallecido un interno, y se les avisó a la familia que había sido por Covid, al igual que hace tres semanas en el penal de Tapachula, donde la directora del penal Ericka Tecnopala entregó el cuerpo cremado a los familiares alegando que lo tuvieron que cremar para evitar contagios, sin embargo, los mismos internos dieron otra versión a la familia del fallecido, que había sido golpeado brutalmente dentro de su celda y había muerto por los golpes.

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La marcha dirigida por José Humbertus Pérez Espinoza concluyó en el Senado de la república, donde una comitiva ingresó al edificio para entregar sus demandas a los representantes de los senadores.

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Justicia pendiente

Fiscalía CDMX investiga a ex alcalde de Benito Juárez por corrupción inmobiliaria

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Christian Damián Von Roehrich es investigado por la Fiscalía de la CDMX

 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició una investigación contra el ex alcalde de Benito Juárez, Christian Damián Von Roehrich, actual diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), por delitos vinculados a la corrupción inmobiliaria.

La fiscalía capitalina detalló que se logró una orden de aprehensión en contra del legislador local panista por el uso ilegal de funciones y atribuciones en la función pública, ya que fue acusado de formar parte de la denominada red del “Cártel Inmobiliario”.

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El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, expuso que el Congreso de la Ciudad de México no concederá ningún tipo de protección al ex alcalde de Benito Juárez, por lo que aseveró que recaerá el peso de la ley en contra del ex servidor público local.

De la misma manera, la fiscalía capitalina acusó a otros tres ex servidores públicos vinculados en la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, ya que presuntamente en la gestión del panista un total de 130 inmuebles violaron el espacio de uso de suelo y excedían el número de niveles permitidos que representaban más de siete mil 142 millones de pesos.

Al respecto, el juez octavo de Distrito en Materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos, concedió el amparo provisional que interpuso el ex alcalde acusado para que tenga acceso a sus cuentas bancarias personales.

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Por su parte, la bancada del PAN a nivel nacional acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar a las instituciones con un uso faccioso para atender los intereses políticos en contra de la oposición y por ello enfatizaron que no permitirán que se incurran en estas anomalías.

 

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