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ONG Renace, de San Luis Potosí, pide libertad de presos vulnerables y delitos menores por Covid-19

Organizaciones civiles de San Luis Potosí buscan la libertad de presos vulnerables por protección de la pandemia.

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Por Ana Dora Cabrera Vázquez

SAN LUIS POTOSÍ, México.- La organización civil RENACE Capítulo San Luis, que preside el abogado José Mario de la Garza Marroquín, presentó una solicitud urgente al director del Centro de Reinserción Social, número uno “La Pila”, en San Luis Potosí, para que se otorgue el beneficio de pre-liberación a internos que cumplan ciertas características por la crisis sanitaria del virus Sars-Cov2.

Con base en la Constitución y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el documento de RENACE pide a la autoridad penitenciaria de SLP, que aplique una política penitenciaria de salud de manera urgente ante la pandemia de la enfermedad Coronavirus.

Para que ésta a su vez, solicite al Poder Judicial de la Federación, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado con previa vista de la Fiscalía General de San Luis Potosí, la pre-liberación de toda persona que se encuentre dentro de cinco circunstancias o conjunte dos o más de riesgo.

A internos que compurguen una pena menor a cinco años por un delito cometido sin violencia. Sentenciados por la realización de un delito sobre el patrimonio sin violencia, y personas que hayan sido sentenciadas por delito culposo.

También para persona sin importar el tiempo de sentencia, que tenga alguna enfermedad crónico- degenerativa o terminal, o persona adulta mayor.

Personas que el delito sentenciado sea cometido en agravio de la federación o entidad y corresponda el perdón.

Posteriormente, la organización social, RENACE a través de un posicionamiento exhortó a las autoridades de los seis Centros de Reinserción en el estado, a implementar máximas medidas de higiene para garantizar la salud de la población penitenciaria, del personal de custodia y administrativo.

Luego con fundamento en el Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, RENACE recomienda que en prevención a la sobrepoblación y como medida de contención a la pandemia de Covid-19, se examinen los casos para ver la factibilidad de liberar a personas vulnerables como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

Desde que se presentó el primer caso positivo al virus Sars-Cov2 en la capital potosina (19 de marzo) la autoridad penitenciaria informó, que se realiza vigilancia sanitaria dentro del CERESO “La Pila”, para detectar posibles enfermedades respiratorias entre la población penitenciaria.

Se reportan dos personas de la sección varonil con tuberculosis, los cuales se atienden y permanecen en aislamiento para evitar contagio.

Hasta el momento no se informa de algún caso sospechoso o positivo a Covid-19 en ese Centro penitenciario.

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México de conciencia

Activistas y ciudadanos protestan por cierre de oficinas de la PROFEPA en Tijuana y Ensenada

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Por Ignacio García

Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunció el cierre de las oficinas de representación en los municipios de Ensenada y Tijuana, en Baja California, activistas y ciudadanos se pronunciaron en contra de esta decisión federal al considerar que se trata de una institución que debe proteger y vigilar de forma permanente las afectaciones al medio ambiente en el país.

Sashenka Fierro Reséndiz, bióloga de la región, señaló en comentario a la página de la institución, que las funciones de las oficinas de la PROFEPA en esos municipios son de importancia ante la crisis climática que padece el planeta, por lo que debe atender las violaciones a los reglamentos y leyes en materia ambiental en Baja California, que al cerrar estos espacios será más difícil emitir las denuncias correspondientes, así como la actuación de las autoridades federales.

La bióloga refirió que este tipo de decisiones reflejan la falta de compromiso del gobierno federal para preservar y proteger el medio ambiente, sobre todo en zonas protegidas, por lo que contrario al cierre de las oficinas se requiere la contratación de más personal y mayor presupuesto para la dependencia, y por ello solicitó que se revierta esta decisión.

De la misma manera, Charlotte Vizzuet Montoya, ciudadana de la región, manifestó su preocupación por la decisión del gobierno federal, pues dijo que “limitará la presencia en el territorio de los oficiales que atienden los delitos ambientales, debido a que Baja California presenta diferentes complejidades territoriales y de accesibilidad y con la eliminación de las oficinas de la Profepa se limita la capacidad de atender estas problemáticas”.

También Laura Isabel Martínez Ríos del Río, miembro de la Pro Esteros, AC y de The Ocean Foundation, asociaciones dedicadas a la preservación de la vida mariana y medio ambiente, señaló que la labor de la PROFEPA ha sido crucial en los últimos 30 años para rescatar la fauna silvestre en peligro y realizar inspecciones y vigilancia por delitos ambientales sin importar las circunstancias, por lo que con el cierre de las oficinas se dejan desprotegidos dos parques nacionales, dos áreas de protección de flora y fauna y tres reservas de biósfera del Golfo de Baja California.

Consideró que al operar en Mexicali se tendrán que duplicar los gastos para viáticos, combustibles y para atender cualquier denuncia que se presente en Ensenada y Tijuana, mientras que los trámites que tengan que realizar los ciudadanos también serán más costosos por los tiempos de traslado, situación por la cual solicitó revertir esta decisión.

Otro usuario no identificado que trabaja en la reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles sostuvo que esta determinación provocará que la PROFEPA sea completamente ineficiente para atender las quejas ambientales que ocurran en la zona, por lo que también dejará pérdidas económicas para la zona.

Indicó que este acuerdo incumple los principios de la Ley de Mejora Regulatoria, ya que no existe el beneficio social y los costos de la entrada en vigor del mismo serán graves, por lo que reiteró que no existe justificación para el cierre de las oficinas de representación.

Enlace del acuerdo de Conamer:

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Justicia pendiente

México tiene más de 7 millones de predios en riesgo de deslaves por asentamientos irregulares

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El titular del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), José Iracheta Carroll, señaló que en México existen más de 7.5 millones de lotes en condiciones de irregularidad, los cuales se encuentran en situación de riesgo como en el cerro del Chiquihuite en el Estado de México.

El funcionario federal explicó que cada año alrededor de cien mil familias de escasos recursos adquieren viviendas en zonas de riesgo, debido a que se han encarecido las zonas urbanas en los últimos años y que son de difícil acceso para las personas de nivel socioeconómico bajo.

De acuerdo con el responsable del Insus, existe una falta de regulación por parte de las autoridades municipales y estatales para permitir la construcción de viviendas en espacios de elevado riesgo para las personas de escasos recursos económicos, por lo que consideró que se necesita atender esta situación.

Agregó que este tipo de condiciones son frecuentes en la Ciudad de México y el Estado de México, donde se han contabilizado diferentes asentamientos irregulares, en donde se ha permitido la construcción de espacios habitacionales en áreas de elevado riesgo que puede deslavarse por el reblandecimiento de la tierra ante las recientes lluvias.

Indicó que se necesitan acciones oportunas por parte de los tres niveles de gobierno para que se atiendan estas problemáticas en diferentes municipios donde se han presentado construcciones permanentes en el Valle de México.

La semana pasada se desgajó el cerro del Chiquihuite, en Ecatepec, Estado de México, donde murieron dos personas, además de que fueron afectadas diez viviendas en la región, por lo que las autoridades federales continúan con las indagatorias correspondientes.

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Con voz propia

Foro Público: La tragedia de Tula que pudo evitarse

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Foro Público

La semana pasada el municipio de Tula vivió la peor inundación en los últimos 40 años, debido al desbordamiento del río Tula, el cual es uno de los más contaminados del mundo y que dejó más de 3 mil viviendas afectadas en nueve municipios, sin embargo, este desastre pudo evitarse con una adecuada coordinación de las autoridades municipales, estatales y federales.

Luego de que 17 personas fallecieron por falta de atención médica ante la falta de suministro de energía eléctrica en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tula, surgen las dudas en torno a los responsables de la administración pública que no previeron los efectos de una inundación con estas dimensiones.

Si bien es cierto que la inundación fue atípica, las autoridades federales, estatales y municipales debieron pronosticar diferentes escenarios fatales sobre las consecuencias de mantener viviendas humanas en las laderas de uno de los ríos más contaminados del mundo, pues en cualquier momento representarían un riesgo para la población.

Los municipios del Valle del Mezquital fueron de los más afectados, pero no sólo por las recientes lluvias, sino también por el desbordamiento de las principales presas cercanas y los túneles emisores oriente y centro provenientes de la Ciudad de México y que provocan afectaciones para la población.

La región de Tula históricamente ha sido una de las más abandonadas por la Federación por los elevados niveles de contaminación causados por la presencia de la refinería Miguel Hidalgo, así como de la termoeléctrica, las caleras y cementeras que arrojan sus desechos en el río, así como los residuos sólidos y líquidos generados en la Ciudad de México, por lo que la población de esa zona ha estado en el abandono por años.

Las autoridades federales deben abrir una investigación correspondiente para verificar la responsabilidad de los encargados de alertar sobre la creciente del río Tula y que afectó a los trabajadores del Hospital del IMSS, en el que fallecieron 17 personas y que pudo ser evitado de contar con las medidas preventivas correspondientes.

El gobierno federal históricamente se ha olvidado de Tula, una región rica en cultura y tradiciones que recuerda el apogeo de la civilización tolteca debe resarcir los daños de miles de personas que perdieron sus pertenencias por dejar que el municipio se convierta en un basurero permanente para la Ciudad de México y el Estado de México.

Ahora, las autoridades han anunciado que investigarán los hechos ocurridos para prevenir que se presenten nuevos incidentes similares, sin embargo, dados los antecedentes de la escasa justicia existente por desastres que pudieron ser evitados y cuyos resultados son deficientes, no es de extrañar que se repita esta tendencia en lo que resta de este año.

Tula es un municipio que requiere un saneamiento profundo con el apoyo de las autoridades de todos los niveles para lograr una recuperación sostenible para revertir los efectos adversos en el medio ambiente tanto en el suelo como en el agua y el aire, que durante años han sido afectados.

Las condiciones sanitarias serán en los próximos días adversas y se requerirán del apoyo permanente de las autoridades para lograr una recuperación efectiva y transversal en beneficio de los más afectados, además de invertir recursos extraordinarios para impulsar obras que desvíen los residuos sólidos de la región y se fomente como una política obligatoria el tratamiento de las aguas residuales que siguen siendo un foco de infección permanente, principalmente para la población más vulnerable.

Nota aparte: Los municipios de Hidalgo necesitan una inversión económica necesaria para lograr la recuperación de las viviendas y comercios que se perdieron por el paso de las aguas negras en la región sur, así como en el Valle del Mezquital.

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