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Ombudsman de Chihuahua recibe queja de periodista por acoso gubernamental

El titular de la Comisión Estatal de DDHH, José Luis Armendáriz, recibió la primera queja contra el gobierno de Corral por acoso a periodista de La Opción

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José Lus Armendáriz, presidente de la CEDH de Chihuahua. Foto: red

Entrevista a José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua por hostilidad a periodistas. 

Por Guadalupe Lizárraga

CHIHUAHUA, México.- El ejercicio de la libertad de expresión en el estado de Chihuahua desde el año 2000 ha cobrado la vida de 21 periodistas. Los dos últimos asesinatos, el de Jesús Adrián Rodríguez y Miroslava Breach, en diciembre de 2016 y marzo de 2017, respectivamente, fueron perpetrados en la actual administración del panista Javier Corral Jurado. Pese al cambio del partido en el gobierno, del PRI al PAN, la hostilidad a periodistas persiste y la amenaza de “eliminar políticamente a los críticos” del gobierno sigue latente.

Éste es el contexto en el que Manuel Osbaldo Salvador, director de La Opción de Chihuahua, ha denunciado una serie de amenazas, acoso y terror fiscal por parte del gobierno del estado a propósito de publicaciones críticas, mientras que otros 21 periodistas están amenazados de cárcel.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, recientemente nombrado como coordinador general de la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en entrevista para Los Ángeles Press, habla sobre la hostilidad a periodistas en Chihuahua y la necesidad de capacitar a funcionarios públicos en materia de derechos humanos.

Guadalupe Lizárraga.- Desde su perspectiva, ¿sí hay violaciones de derechos humanos en las denuncias del director de La Opción de Chihuahua? ¿Cuál es su opinión al respecto?

José Luis Armendáriz.- Hay una serie de narraciones, de circunstancias, una exposición de diferentes hechos en los que está considerando el quejoso que le está afectando el ejercicio de libertad de expresión como medio de comunicación. Por lo pronto, de los hechos que está planteando, probablemente, tenemos que partir de abrir una investigación al respecto. Ya desde luego, los hechos quedan sujetos durante el proceso de investigación, sujetos a prueba, pero por lo pronto, de los hechos que plantea sí están en el supuesto que la ley obliga a radicar quejas.

GL.- ¿Ha recibido quejas de otros periodistas por amenazas de muerte o algún tipo de acoso por parte del gobierno o de grupos delictivos?

JLA.- Recientemente, no. En este año, no, pero en otros años sí ha habido quejas, en 2015 y 2014, pero recientemente no, la primera queja que recibo es la de La Opción, la primera queja que recibimos este año en esa modalidad.

GL.-¿Con los asesinatos de Miroslava Breach y de Adrián Rodríguez no hubo antes una queja de derechos humanos, o algún indicio de que estaban en peligro?

JLA.- No. Radicamos dos quejas de oficios con motivo de los asesinatos por parte de CEDH, meses después ya en el proceso de investigación, la CNDH, ejerciendo su facultad de atracción, pidió el expediente junto con todas las constancias y actualmente la CNDH tiene a cargo las averiguaciones de los dos casos.

GL.-¿Considera, desde su perspectiva, que sí hay un ambiente hostil en Chihuahua para ejercer el periodismo?

JLA.-Bueno, hay señalamientos en esta queja en particular. Quiero comentarte que hay un sistema integral de protección a periodistas en Chihuahua desde 2010, y en la última sesión sobre el sistema se propuso a los periodistas la necesidad de brindar capacitación tanto al sector público como hacia el interior de los gremios periodísticos, para poder –en un momento dado– ir generando unas relaciones de buen trato, de atención, de consecución social, de la equidad periodística de manera más afable. Fue una propuesta planteada por los propios periodistas.

GL.-¿Está en vigencia este sistema?

JLA.- Así es. Es un sistema construido desde 2010, es el primer sistema que se elaboró en todo el país. Es mucho más antiguo que la Ley de protección para periodistas. Tiene varias funciones, una educativa, para brindar capacitación a servidores públicos como una forma de prevenir el acoso a periodistas como también capacitación a los gremios y colegios de periodistas. Tiene un sistema de medidas cautelares para la solicitud de medidas cautelares de prevención y atención de agresiones a periodistas. Tiene un capítulo relacionado con medidas de autoprotección, es decir, de compromisos éticos que asumen para no exponerse más allá de los riesgos naturales; y tiene un último capítulo de flujo de información, una serie de compromisos que las autoridades deben asumir frente a los periodistas en relación a la disposición a la información oportuna en comisiones de igualdad y contenidos éticos, el trato de igualdad hacia los medios. Y ese sistema tiene un órgano que se llama comité de riesgo integrado por cinco periodistas, un representante de cada uno de los poderes del estado y un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

GL.-¿La actual administración de gobierno ha participado de los cursos, entrenamientos y formación del sistema para el buen trato con los periodistas?

JLA.-Tiene una representante del Ejecutivo. Y en la última sesión estuvo de acuerdo que realizáramos estos talleres y cursos para también generar cercanías, buen ambiente en el trabajo periodístico y crear vínculos sanos con el servicio público.

GL.-¿Pero los funcionarios de esta administración ya han recibido estos cursos?

JLA.-Todavía no. En la próxima sesión vamos a ver ese tema para hacer esa estructuración de capacitaciones para trabajarlo tanto en el sector público como en los colegios de periodistas.

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México destaca entre 180 países por su historial trágico de periodistas asesinados: Reporteros Sin Fronteras

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PARÍS (IPS).– El ejercicio del periodismo está parcialmente bloqueado en más de 130 países, afirmó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) al publicar recientemente su clasificación sobre la libertad de prensa en 180 naciones, entre los cuales, del continente americano, México destaca en el número 143 por su historial trágico de periodistas asesinados, junto con Brasil en el ranking 111 y Colombia en el 134. 

Solo 12 países –Costa Rica y Jamaica en América Latina y el Caribe- destacan en una zona blanca en el mapa de RSF, por una buena situación de la libertad de prensa según esa oenegé, mientras que en 73 por ciento de los Estados hay graves impedimentos o serios obstáculos para la profesión periodística, como es en Brasil que ocupa el lugar 111 y Colombia 134, Argentina 69 y Perú 91, mientras que el país sudamericano con mejor situación es Uruguay, en el puesto 18 de la tabla.

El periodismo “es la mejor vacuna contra la desinformación. Por desgracia, su producción y distribución se ven bloqueadas con demasiada frecuencia por factores políticos, económicos y tecnológicos, y, en ocasiones, incluso culturales”, dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire.

La zona blanca la encabezan cuatro países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, escoltados por Costa Rica y Países Bajos, mientras que los seis con peor desempeño son Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, China, Yibuti y Vietnam.

En los “países totalitarios” se mantienen la censura, la vigilancia, la propaganda en internet y las situaciones de peligro para los periodistas, quienes además, “por causa o con el pretexto de la crisis sanitaria” provocada por la covid-19, enfrentan cierre de accesos a coberturas sobre el terreno y a las fuentes de información, indicó RSF.

“La pandemia representó una forma de oportunidad para algunos Estados que restringieron la libertad de prensa”, dijo Deloire, y la situación se exacerbó en países como Irán (en el puesto 174 de la lista) o Arabia Saudita (170).

La región de Medio Oriente y Norte de África siguió siendo la más represiva, dura y peligrosa para los periodistas en 2020, según el informe, en tanto que Malasia registró el peor deterioro, cayendo 18 lugares en el ranking hasta el puesto 119, con respecto a los informes de RSF del año precedente.

Europa y América (Norte, Centro y Sur) se mantienen como los continentes más favorables a la libertad de prensa, aunque América Latina registra el “mayor desgaste” (2,5 por ciento más) este año, según RSF.

La mayor caída en la región el último año es la de El Salvador (82 en la tabla), que descendió ocho puestos, porque en ese país “los periodistas tienen muchas dificultades para obtener información oficial sobre la gestión de la epidemia”.

Los países latinoamericanos peor clasificados son Cuba (171, sin cambios), Honduras (151, descendió tres lugares) y Venezuela (148, bajó un puesto).

En África, con un buen número de países rezagados, las mejores posiciones las ocupan Namibia (24), Cabo Verde (27) y Ghana (30), y en Asia y Oceanía los mejor valorados son Nueva Zelanda (8), Samoa (21), Corea del Sur (42) y Taiwán (43).

El reporte indicó que el nivel mundial de libertad de los medios de comunicación se había mantenido en general estable durante 2020, aunque con un deterioro cifrado en 12 por ciento desde que se lanzó la clasificación por primera vez en 2013.

Parte del problema es la pérdida de confianza en los periodistas, impulsada por la polarización política y la desinformación en línea, dijo RSF. Un sondeo de la firma estadounidense Edelman Trust encontró que 59 por ciento de encuestados en 28 países creían que los periodistas engañaban deliberadamente al público.

RSF recordó que su Índice Mundial de Libertad de Prensa se basa en cuestionarios enviados a expertos de todo el mundo, combinados con datos sobre abusos y actos de violencia contra periodistas, para formar una imagen que incluye el pluralismo, la independencia de los medios, la autocensura y otros factores.

A-E/HM

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Más de 400 personas ejecutadas por pena de muerte en 18 países, en medio de la pandemia covid-19

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LONDRES (IPS).- Los desafíos planteados por la pandemia covid-19 no disuadieron a 18 países de aplicar la pena capital, y en 2020 fueron ejecutadas al menos 483 personas, deploró en su más reciente informe la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

Agnès Callamard, secretaria general de AI, observó que “la pena de muerte es un castigo abominable, y llevar a cabo ejecuciones en medio de una pandemia subraya aún más su inherente crueldad”.

Las 483 ejecuciones representaron una disminución de 26 por ciento respecto de las 657 de 2019, de 70 por ciento en relación al tope de 1634 en 2015, y se trata del número más bajo registrado por AI en los últimos 10 años.

Sin embargo, esas cifras pueden ser mucho mayores porque no consideran informes de países que clasifican los datos sobre pena de muerte como secreto de Estado, o sobre los que existe información limitada: China, Corea del Norte, Siria y Vietnam.

Amnistía Internacional cree que China ejecuta a miles de personas cada año, lo que convierte una vez más a ese país en “el verdugo más prolífico del año”, por delante de Irán (246), Egipto (107), Irak (45) y Arabia Saudita (27).

Esos cuatro países efectuaron 88 por ciento de todas las ejecuciones de las que tuvo conocimiento Amnistía Internacional el año pasado.

El anterior gobierno estadounidense, liderado pro Donald Trump, “ejecutó la asombrosa cifra de 10 personas en menos de seis meses de 2020”, y se reanudaron las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años.

Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales, y al menos 23 de las personas ejecutadas fueron condenadas en relación con casos de violencia política tras juicios manifiestamente injustos, empañados por “confesiones” forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos, como tortura y desaparición forzada, según Amnistía Internacional.

Irán “utilizó cada vez más la pena de muerte como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios, lo cual contraviene del derecho internacional”, indicó el  reporte.

Países de Asia y Oceanía violaron normas internacionales que prohíben la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio intencional, y se impuso por delitos de drogas en China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, por corrupción en China y Vietnam, y por blasfemia en Pakistán.

En Bangladesh y Pakistán se impusieron esas condenas en tribunales establecidos mediante legislación especial y que normalmente utilizaban procedimientos diferentes a los de tribunales ordinarios, y en Maldivas fueron condenadas cinco personas que tenían menos de 18 años al momento de cometerse el delito.

En América, sólo Estados Unidos aplicó la pena de muerte en 2020.

“Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la covid-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa”, declaró Callamard.

Según la responsable “la pandemia provocó que muchas personas condenadas a muerte no pudieran acceder a asistencia letrada en persona, y muchas de las que querían brindar apoyo debieron exponerse a riesgos considerables para la salud”.

“El uso de la pena de muerte en estas condiciones es una agresión especialmente atroz contra los derechos humanos”, agregó.

El número de condenas a muerte dictadas en todo el mundo y de las que se tuvo noticia en 2020 fueron 1477, una disminución de 36 por ciento respecto de 2019.

El año pasado Chad y el estado estadounidense de Colorado abolieron la pena de muerte, Kazajistán se comprometió a abolirla, y Barbados concluyó las reformas para derogar la pena de muerte preceptiva.

Hasta abril de 2021, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la han abolido en la ley o en la práctica.

A-E/HM

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Activistas del mundo se solidarizan con la periodista Helena Maleno ante su violenta deportación de Marruecos

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La comunidad internacional de derechos humanos y periodistas envían carta al presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castrejón, en apoyo a la activista Helena Maleno, quien denunció este lunes que Marruecos la ha “deportado y expulsado con violencia”, y ha acusado al Ministerio del Interior de España y a la Policía marroquí de hostigamiento y de haber puesto en peligro su vida y la de su hija.

“Desde abril de 2020 he sufrido un total de 37 ataques, amenazas de muerte, agresiones seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia. El Ministerio del Interior, en concreto la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales de la Policía Nacional), en colaboración con la Policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento, que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija”, ha aseverado Maleno en un vídeo publicado este lunes, por lo que activistas de diferentes países envían una carta al Gobierno español.

Dirigido al Señor D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón,

Presidente del Gobierno de España.

El 23 de enero de 2021, la defensora de derechos humanos Helena Maleno fue deportada y expulsada de Marruecos cuando volvía de un breve viaje de trabajo en España. Marruecos ha sido el país de residencia de Helena y su familia durante los últimos 20 años. Tras ser objeto de una violenta y repentina deportación, Helena se vio obligada a permanecer varias semanas separada de su hija menor de edad, temiendo por la seguridad de la misma mientras permanecía en el país que la había expulsado. A pesar de que tanto los tribunales de España como de Marruecos han reconocido que la labor de Helena no es delito, la criminalización orquestada durante años desde el Ministerio del Interior de España – y en concreto, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de España- ha logrado que Helena y su familia hayan tenido que abandonar forzosamente su hogar.

Helena Maleno es defensora de derechos humanos y fundadora del Colectivo Caminando Fronteras. Es experta en migración y trata de seres humanos, centrada en derechos de mujeres e infancia. Su labor de defensa ha permitido salvar la vida de más de 100 000 personas migrantes en nuestras fronteras, tal y como registra Caminando Fronteras. Cuenta con el reconocimiento de la ONU y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, destacando el apoyo de la Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as de derechos Humanos. Ha sido distinguida con más de veinte premios de derechos humanos nacionales e internacionales, y recientemente ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Islas Baleares.

No obstante, después de años de criminalización, de haber ganado procesos judiciales tanto en España como en Marruecos, derivados de montajes policiales, que terminaron con el reconocimiento de su defensa de derechos de las personas migrantes, las violencias contra ella y su familia no han cesado.

Durante el proceso judicial en Marruecos vio su derecho y el de sus hijos a vivir en el país vulnerado: se les arrebató la residencia y las solicitudes de ser restituida han sido sistemáticamente rechazadas. Finalmente, la policía marroquí la expulsó violentamente del país como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos.

De tal forma, exigimos:

    • El reconocimiento público del trabajo de Helena Maleno como defensora de derechos humanos y el impacto positivo de su labor para la democracia y el Estado de derecho.
    • El cese de la criminalización, depurando responsabilidades en las instituciones pertinentes para la no repetición de acciones persecutorias contra su persona.
    • La protección de Helena Maleno y de su familia, permitiendo el ejercicio de su legítima labor de defensa de derechos humanos.
    • La reparación de los innumerables daños instigados contra la defensora y su familia.

Atentamente,

FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, International Service for Human Rights, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, Women’s Link Worldwide, Front Line Defenders, Oxfam Intermón, Coordinadora Estatal de ONGD, Red Migrantes con Derechos, CEAR, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos, Servicio Jesuita al Migrante, Alianza por la Solidaridad, ALUNA – Acompañamiento psicosocial.

Más información: Caminandofronteras.org

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