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La red en lucha

Ombudsman de Chihuahua recibe queja de periodista por acoso gubernamental

El titular de la Comisión Estatal de DDHH, José Luis Armendáriz, recibió la primera queja contra el gobierno de Corral por acoso a periodista de La Opción

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José Lus Armendáriz, presidente de la CEDH de Chihuahua. Foto: red

Entrevista a José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua por hostilidad a periodistas. 

Por Guadalupe Lizárraga

CHIHUAHUA, México.- El ejercicio de la libertad de expresión en el estado de Chihuahua desde el año 2000 ha cobrado la vida de 21 periodistas. Los dos últimos asesinatos, el de Jesús Adrián Rodríguez y Miroslava Breach, en diciembre de 2016 y marzo de 2017, respectivamente, fueron perpetrados en la actual administración del panista Javier Corral Jurado. Pese al cambio del partido en el gobierno, del PRI al PAN, la hostilidad a periodistas persiste y la amenaza de “eliminar políticamente a los críticos” del gobierno sigue latente.

Éste es el contexto en el que Manuel Osbaldo Salvador, director de La Opción de Chihuahua, ha denunciado una serie de amenazas, acoso y terror fiscal por parte del gobierno del estado a propósito de publicaciones críticas, mientras que otros 21 periodistas están amenazados de cárcel.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, recientemente nombrado como coordinador general de la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), en entrevista para Los Ángeles Press, habla sobre la hostilidad a periodistas en Chihuahua y la necesidad de capacitar a funcionarios públicos en materia de derechos humanos.

Guadalupe Lizárraga.- Desde su perspectiva, ¿sí hay violaciones de derechos humanos en las denuncias del director de La Opción de Chihuahua? ¿Cuál es su opinión al respecto?

José Luis Armendáriz.- Hay una serie de narraciones, de circunstancias, una exposición de diferentes hechos en los que está considerando el quejoso que le está afectando el ejercicio de libertad de expresión como medio de comunicación. Por lo pronto, de los hechos que está planteando, probablemente, tenemos que partir de abrir una investigación al respecto. Ya desde luego, los hechos quedan sujetos durante el proceso de investigación, sujetos a prueba, pero por lo pronto, de los hechos que plantea sí están en el supuesto que la ley obliga a radicar quejas.

GL.- ¿Ha recibido quejas de otros periodistas por amenazas de muerte o algún tipo de acoso por parte del gobierno o de grupos delictivos?

JLA.- Recientemente, no. En este año, no, pero en otros años sí ha habido quejas, en 2015 y 2014, pero recientemente no, la primera queja que recibo es la de La Opción, la primera queja que recibimos este año en esa modalidad.

GL.-¿Con los asesinatos de Miroslava Breach y de Adrián Rodríguez no hubo antes una queja de derechos humanos, o algún indicio de que estaban en peligro?

JLA.- No. Radicamos dos quejas de oficios con motivo de los asesinatos por parte de CEDH, meses después ya en el proceso de investigación, la CNDH, ejerciendo su facultad de atracción, pidió el expediente junto con todas las constancias y actualmente la CNDH tiene a cargo las averiguaciones de los dos casos.

GL.-¿Considera, desde su perspectiva, que sí hay un ambiente hostil en Chihuahua para ejercer el periodismo?

JLA.-Bueno, hay señalamientos en esta queja en particular. Quiero comentarte que hay un sistema integral de protección a periodistas en Chihuahua desde 2010, y en la última sesión sobre el sistema se propuso a los periodistas la necesidad de brindar capacitación tanto al sector público como hacia el interior de los gremios periodísticos, para poder –en un momento dado– ir generando unas relaciones de buen trato, de atención, de consecución social, de la equidad periodística de manera más afable. Fue una propuesta planteada por los propios periodistas.

GL.-¿Está en vigencia este sistema?

JLA.- Así es. Es un sistema construido desde 2010, es el primer sistema que se elaboró en todo el país. Es mucho más antiguo que la Ley de protección para periodistas. Tiene varias funciones, una educativa, para brindar capacitación a servidores públicos como una forma de prevenir el acoso a periodistas como también capacitación a los gremios y colegios de periodistas. Tiene un sistema de medidas cautelares para la solicitud de medidas cautelares de prevención y atención de agresiones a periodistas. Tiene un capítulo relacionado con medidas de autoprotección, es decir, de compromisos éticos que asumen para no exponerse más allá de los riesgos naturales; y tiene un último capítulo de flujo de información, una serie de compromisos que las autoridades deben asumir frente a los periodistas en relación a la disposición a la información oportuna en comisiones de igualdad y contenidos éticos, el trato de igualdad hacia los medios. Y ese sistema tiene un órgano que se llama comité de riesgo integrado por cinco periodistas, un representante de cada uno de los poderes del estado y un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

GL.-¿La actual administración de gobierno ha participado de los cursos, entrenamientos y formación del sistema para el buen trato con los periodistas?

JLA.-Tiene una representante del Ejecutivo. Y en la última sesión estuvo de acuerdo que realizáramos estos talleres y cursos para también generar cercanías, buen ambiente en el trabajo periodístico y crear vínculos sanos con el servicio público.

GL.-¿Pero los funcionarios de esta administración ya han recibido estos cursos?

JLA.-Todavía no. En la próxima sesión vamos a ver ese tema para hacer esa estructuración de capacitaciones para trabajarlo tanto en el sector público como en los colegios de periodistas.

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España

España aprueba definitivamente nueva Ley de Memoria Democrática que declara ilegal la dictadura franquista

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ley memoria democrática aprobada en España

El Senado ha rechazado los vetos de las derechas y más de 500 enmiendas presentadas, por lo que la norma ya no tendrá que volver al Congreso y entra en vigor

España tiene ya una nueva Ley de Memoria Democrática. El Senado acaba de aprobar definitivamente por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones la norma impulsada por el Gobierno y enfila así su entrada en vigor. Ninguna de las más de 500 enmiendas presentadas por los grupos han sido respaldadas ni tampoco los vetos de PP, Vox y Ciudadanos han salido adelante tras el largo pleno celebrado este miércoles, por lo que el texto se mantiene, y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado, tal cual salió del Congreso a principios de verano.

A punto estuvo entonces la ley de darse por perdida por falta de apoyos, pero un acuerdo con varios de los socios habituales del Gobierno salvó uno de los proyectos más simbólicos de la legislatura. La norma pretende ser una nueva hoja de ruta en materia de memoria histórica y, entre otras cosas, resignifica el Valle de los Caídos, retira los títulos nobiliarios concedidos por Franco, asume las exhumaciones como responsabilidad de Estado o declara ilegal la dictadura y las sentencias dictadas por los tribunales franquistas.

Más de cinco horas han estado los senadores debatiendo este miércoles sobre esta legislación que viene a sustituir y ampliar la vigente, aprobada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero.

“Hoy saldamos una deuda histórica con quienes defendieron la democracia cuando fue derribada y sufrieron cárcel, exilio y persecución durante décadas, muchos asesinados en las tapias de un cementerio o en una cuneta, donde aún permanecen sus restos. También saldamos una deuda con sus familiares y sus descendientes y, por fin, con toda la sociedad española”, ha afirmado la socialista Eva Granados, encargada de cerrar la sesión.

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El Gobierno ha sufrido para sacar adelante la ley, sobre la que una parte de la izquierda cree que es “mejorable” y ha reclamado más ambición.

Es el caso de ERC, que como ya hiciera en el trámite en el Congreso, se ha abstenido. Esta visión crítica es un parecer que comparten también algunas asociaciones memorialistas, que creen que la norma es “insuficiente” y que seguirá dejando impunes en nuestro país los crímenes franquistas, que, de momento, únicamente están siendo investigados en Argentina.

El proyecto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero el texto se da un plazo de hasta un año para que algunos de sus preceptos sean llevados a la práctica: es el caso de la reforma de la ley de asociaciones para incluir como causa de extinción la apología del franquismo o el mandato al Gobierno para que realice una auditoría de bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. También habrá un año de plazo para realizar el estudio que evalúe qué reparaciones económicas a las víctimas se han llevado a cabo hasta ahora, ya que la ley no reconoce explícitamente el derecho a la indemnización.

La oposición de las derechas

Las críticas más duras han venido de la bancada de las derechas, que tildan la ley de “sectaria”. “¿Por qué se empeñan en rechazar una ley que es un acto de justicia elemental?”, les ha preguntado Granados al PP, Ciudadanos y Vox. “Memoria es lo contrario al olvido y en democracia el olvido no es una opción, memoria es el reconocimiento, la reparación y la dignificación de todas las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura”, ha zanjado la senadora.

Que la ley es “un arma arrojadiza” y una “traición a los españoles” que “pretende convertirnos en una democracia militante de izquierdas” son algunas de las opiniones manifestadas por la popular Amelia Salanueva, a la que posteriormente ha complementado su compañera Salomé Pradas para acusar al Gobierno de “reescribir la historia” y “reabrir heridas del pasado”. “Hasta que no se abran las fosas, no se cerrarán las heridas”, le ha respondido en su turno Granados.

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Una argumentación similar ha desplegado Vox, que incluso habla de “vulneración de derechos fundamentales” y ha prometido “no parar hasta conseguir su total derogación”, en palabras de José Manuel Marín. Las tres derechas ponen en el foco un precepto de la ley incluido para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos más allá de la muerte del dictador, hasta 1983.

Algo con lo que el senador de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha acusado al Ejecutivo de “cuestionar pilares básicos de nuestro sistema democrático” como la Transición a pesar de que la medida no extiende el ámbito de aplicación de la ley, que llega hasta la promulgación de la Constitución.

Para justificar su ‘no’ a la norma, estos tres partidos también han traído a colación a la banda terrorista ETA, como ya hicieran en el Congreso. La ley “crea una desigualdad inaceptable” entre “víctimas de primera y de segunda”, ha asegurado Sánchez englobando a las personas asesinadas por los etarras en el segundo grupo y a las del franquismo en el primero. Víctimas estas últimas que aún aguardan en muchos casos incluso a recuperar a sus familiares desaparecidos y que tuvieron que esperar más de 30 años para ser mínimamente reconocidas y nombradas por la ley.

Todas las demás formaciones han plantado cara al negacionismo de la memoria histórica de PP, Vox y Ciudadanos. Y de hecho, una de las primeras en responder ha sido el PNV, que en palabras de Estefanía Beltrán ha lamentado que “no quieran ninguna ley que reconozca la verdad de lo ocurrido” y que “prefieran un manto de silencio sobre esta etapa de totalitarismo fascista”. “Hoy decimos alto y claro a la derecha y extrema derecha que la memoria democrática es ley porque así lo quiere la ciudadanía”, ha añadido la socialista Granados. “La memoria nos ayuda cada día a saber quiénes fuimos, quiénes somos y qué país queremos ser”, ha resumido la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en un vídeo que ha lanzado en redes sociales para celebrar la aprobación.

 

 

Cuestiones pendientes

La sensación generalizada es que la norma supone un avance con respecto a la ley actual, pero aún así, algunos grupos no disimulan el sabor agridulce con el que se quedan. Entre ellos, ERC, Geroa Bai o Compromís, que reclaman más ambición. Los republicanos, que han sido claros –“Esta no es la ley de ERC”, ha dicho el senador Josep María Reniu–, se han abstenido en la votación, pero han advertido al Gobierno de que estarán “atentos y vigilantes al cumplimiento” de las disposiciones del proyecto.

 

Si en algo coinciden varios de los partidos críticos es en que creen que la ley debería ser más contundente con la persecución y enjuiciamiento de los crímenes franquistas, algo que incluso ha manifestado Amnistía Internacional. Consideran que falta en el texto la supresión explícita de los obstáculos que hoy impiden que se juzguen estas vulneraciones de derechos humanos en España y opinan que no valdrá con la creación de una Fiscalía especializada ni con la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos que declara imprescriptibles y no amnistiables los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

ERC ha lamentado, además, que la mesa haya inadmitido a trámite una de las enmiendas presentadas por el grupo y que reclamaba la “supresión” del título de Rey de España, una propuesta que no se ha debatido porque “requeriría una reforma del artículo 56.2 de la Constitución”, según les comunicó el Senado. “Es incomprensible la disparidad de criterios en el Congreso y Senado, toda vez que allí se tramitó y se votó”, ha denunciado Reniu.

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Fuente: eldiario.es

 

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Oriente Medio

Amnistía Internacional pide a la UE responsabilizar a Israel por ‘crimen de apartheid’ contra población Palestina

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Amnistía Internacional urgió a la unión Europea a que condenara los crímenes de Israel sobre los ciudadanos de Palestina.

En los territorios ocupados de Cisjordania, soldados israelíes mataron a tiros a dos palestinos e hirieron a un tercero el lunes cuando conducían su automóvil cerca de un control de seguridad en las afueras de la ciudad de Ramala. El ejército de Israel acusó a los jóvenes de conspirar para embestir con su auto a los soldados.

Las familias de los jóvenes cuestionaron el relato de Israel diciendo que los soldados abrieron fuego contra el vehículo y los mataron “a sangre fría”. Esto se produce al tiempo que el Consejo de Asociación de la Unión Europea e Israel celebraron ayer martes su primera reunión en diez años.

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En vísperas de la reunión, Amnistía Internacional dijo en un comunicado que “Israel está cometiendo el crimen de apartheid contra la población palestina. Se trata de un crimen de lesa humanidad que exige que la Unión Europea haga rendir cuentas a los dirigentes de Israel y garantice que no apoya en modo alguno el sistema de apartheid. Toda cooperación debe centrarse en el desmantelamiento del cruel sistema de opresión y dominación de Israel”.

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó las acciones violentas perpetradas por soldados y colonos israelíes contra las población civil en los territorios ocupados de Palestina y Jerusalén Este, y alertó sobre las consecuencias del incremento de estos incidentes en los últimos meses.

Lee más: ¿Tiene solución el conflicto de palestino-israelí?

 

«Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que intervengan urgentemente a fin de proporcionar protección internacional al pueblo palestino», solicitó Nabil Abu Rudeineh, portavoz de la ANP.

Este ataque de Israel a ciudadanos palestinos fueron uno de los últimos que tuvieron consecuencias fatales.

Con información de Democracy Now!

 

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Europa

El Kremlin no aclara qué territorios de Ucrania forman parte de su anunciada anexión

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El presidente de Rusia reveló anexiones a Rusia sin revelar de cuáles regiones de Ucrania se tratan

Por Icíar Gutiérrez

El Kremlin sigue sin aclarar qué partes de los territorios de Ucrania están bajo el paraguas de su anexión no reconocida internacionalmente tras los referéndums ampliamente condenados como ilegales y falsos y, por tanto, cuáles serían sus supuestas fronteras en este momento.

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó el viernes en una ceremonia cuatro “tratados de adhesión” junto a los líderes colocados por Moscú en los territorios ocupados de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, que este lunes han sido ratificados por la Duma.

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Pero de estas cuatro áreas, Jersón y Lugansk son los únicos territorios sobre los que las tropas rusas están cerca de tener un control total y siete meses después la guerra continúa en todas estas zonas.

Durante su discurso del viernes, Putin no despejó la incógnita de si su anexión cubría todas las regiones ucranianas de Zaporiyia y Jersón, o solo las partes que Rusia ya controla. Este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tampoco lo ha aclarado.

Peskov ha asegurado que las regiones de Donetsk y Lugansk en su totalidad eran parte de Rusia, según informa The Guardian. Al ser preguntado por la prensa si los territorios de las regiones de Jersón y Zaporiyia controlados por el Ejército ucraniano son territorios rusos, Peskov ha respondido: “Ahora no tengo nada que añadir”. “Ahora no puedo responder a su pregunta. Sin lugar a dudas, en cualquier caso cualquier configuración dependerá únicamente de la voluntad de la gente que viven en estos territorios”, ha dicho, según recoge EFE.

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En este sentido, Peskov ha asegurado que Moscú “consultará” a la población de Jersón y Zaporiyia para definir cuáles serán sus fronteras. “Continuaremos consultado a la población de estas regiones”, ha dicho, sin dar detalles sobre cómo se llevarían a cabo las consultas con los habitantes de estas regiones.

 

 

 

 

mapa anexiones de Putin

Mapa de las anexiones a Rusia por Putin.

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Fuente: eldiario.es

Fotografía: ALEXANDER NEMENOV/AFP vía Getty Images.

 

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