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Mexico

Olinalá acepta protección militar contra narcotraficantes

Olinalá intenta volver a la normalidad al aceptar la protección de Marina y Ejército contra la presencia de narcotraficantes que reclutan a jóvenes

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Los primeros diálogos entre gobierno estatal y el Consejo Ciudadano sobre la seguridad en Huamuxtitlán. Foto: Sergio Ferrer

Reinician clases en las escuelas y la gente estará alerta a la presencia militar

Por Sergio Ferrer

OLINALÁ, Guerrero.- El Consejo Ciudadano de Olinalá decidió que este miércoles se reanuden las actividades escolares después de que el alcalde Eusebio González Rodríguez confirmara la presencia de corporaciones militares de manera indefinida para la protección de la comunidad. El acuerdo al que se llegó incluye la disolución de los retenes que habían sido instalados por el mismo pueblo desde el 27 de octubre para bloquear acceso al crimen organizado ante la indiferencia de las autoridades.

La protección militar que tendrá Olinalá son 60 efectivos del ejército y 46 de la Secretaría de Marina que estarán de manera indefinida, y en el caso de la Marina también cubrirán los municipios de La Cañada.

Por la tarde del martes, el alcalde se reunió con ciudadanos del Consejo de Olinalá, e informaron a los pobladores el acuerdo de retirar los retenes. Al acudir habitantes al estacionamiento del ayuntamiento, la subsecretaria de asuntos políticos Rossana Mora Patiño, quien arribó en avioneta a La Cañada, propuso la celebración de tres reuniones siendo una de carácter cerrado, sin explicar los motivos de porqué de esta manera.

Los ciudadanos conminaron al alcalde a trabajar por la población mientras que habitantes señalaron su postura de mantener la idea de la creación de una policía comunitaria y la petición al gobierno estatal de un fiscal especializado para que tome las denuncias que puedan generarse luego de la violencia que desató el crimen organizado en dicho municipio.

En la primera con alrededor de 30 habitantes, se presentó al Teniente de Corbeta de Infantería de Marina Salvio Molina Chegue, y al Teniente Coronel Raúl Galindo del 93 Batallón con sede en Tlapa, quienes estarán al mando de las operaciones que se realicen bajo el programa Guerrero Seguro en Olinalá, primer municipio de La Montaña que se incluye en éste.

En cuanto a la situación de la depuración y certificación de la Policía Preventiva Municipal en la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño ratificó que se efectuará prontamente y sobre casetas de revisión en las entradas de la cabecera reiteró que no necesariamente tendrían que construirse de manera simultánea ni en todos los seis puntos porque no era viable sitiar el pueblo por lo que se podrían establecer en base a un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Elementos de la Marina Armada de México en el estacionamiento del ayuntamiento. Foto: Sergio Ferrer

“No se investigarán a ciudadanos por posesión de armas”

La funcionaria de gobierno Rossana Mora Patiño, reiteró que se reiniciarán las clases así como el retiro de los retenes para que no obstruyan el trabajo de las fuerzas armadas, y acordó que no habrá investigación de las armas que los ciudadanos tuvieron en los retenes al ser producto de un reclamo social.

En la primera reunión, los ciudadanos pidieron la investigación exhaustiva de la Policía Municipal y su comandante, y asimismo que se revise porqué fueron soltados presuntos delincuentes. Otro habitante solicitó capacitación y consejos a los ciudadanos sobre cómo actuar ante alguna situación de riesgo tanto en las casas como en las escuelas y sugirió darles técnicas de qué hacer si ven un incidente.

Otro ciudadano cuestionó a la funcionaria sobre el respeto a la creación de una policía comunitaria en el pueblo, porque les recordó “que las autoridades habían sido rebasadas”.

El alcalde Eusebio González Rodríguez con el Teniente de Corbeta de Infantería de Marina, Salvio Molina Chegue, y el Teniente Coronel, Raúl Galindo, del 93 Batallón. Foto: Sergio Ferrer

Se analiza crear una policía comunitaria 

Para la funcionaria de gobierno, Mora Patiño, crear una policía comunitaria “no es una cosa simple de hacer”. Contestó en actitud férrea que la CRAC –Policía Comunitaria con sede en San Luis Acatlán– se regía bajo usos y costumbres por lo que el estado la respetaba, pero que entraría en el marco regulatorio de la nueva constitución de Guerrero a fin de que se le validaran “algunos” derechos y dependa de la policía municipal.

Después, arremetió contra los “teléfonos descompuestos” en referencia a la prensa. La funcionaria no dijo nombres de periodistas ni medios, pero señaló que a veces no entendían la duda o no comprendían lo que los funcionarios decían, por eso se volvían “teléfono descompuesto” y solicitó una comunicación directa a través de los representantes del pueblo y el gobierno y no por otras vías de manera indirecta como la prensa escrita.

De este punto no se concretó que diera más detalles al respecto en entrevista, porque cuando llegó el momento de que el alcalde y el Consejo Ciudadano dieron información, la secretaría de asuntos políticos se fue por una puerta alterna a donde se encontraba la gente sin dar la cara a los ciudadanos.

Otra situación que enfatizó Mora Patiño al grupo de ciudadanos fue que “el pueblo no estaba en posición de sugerirle nada al Ejército o la Marina”. Dijo que si ellos necesitaban algo que enseñarles se los pedirían.

En la primera reunión al haber duda sobre la desintegración de los retenes, la subsecretaría aseguró que de no llegar a acuerdos tomarían otro tipo de acciones, que hubieran sido en este caso contra la población que resguardaba los retenes, aunque sólo quedo en amenaza porque se llegó a un consenso en la segunda reunión.

“Si no respetan la negociación vamos a aplicar la ley”, se escuchó decir a un funcionario del gobierno del estado, mientras los ciudadanos es lo que solicitan precisamente con los narcotraficantes.

Funcionarios y militares en diálogo con los ciudadanos Foto: Sergio Ferrer

Las voces de Olinalá

De las voces recopiladas en la reunión que congregó a habitantes para saber a que conclusión llegaron los funcionarios del gobierno, representantes de las fuerzas armadas, ayuntamiento y Consejo Ciudadano, se reiteró que no hubiera represalias contra los campesinos.

Otra petición fue la investigación a fondo no sólo a la policía municipal, sino también a los funcionarios del ayuntamiento. Integrantes del Consejo Ciudadano, insistieron en que la seguridad era una labor que se seguirá persiguiendo.

En otro punto, un hombre dijo saber que su vida corría peligro porque ha recibido llamadas con amenazas de muerte pero señaló que estaban conscientes de que les había tocado a ellos ser el frente de la lucha a lo que los pobladores respondieron que no estaban solos.

En la tercera reunión que fue abierta, el presidente municipal dijo estar de acuerdo con la investigación a la policía o funcionarios pero reviró que no aceptaría acusaciones infundadas por lo que aprovechó para pedir a ciudadanos que si tenían alguna denuncia tuvieran valor civil para presentarla.

Un hombre tomó el micrófono y dio seis números telefónicos desde los cuales le llamaron para amenazarlo. Antes, en corto un taxista afirmó al reportero que el crimen organizado les intentaba cobrar una cuota de cinco mil pesos por mes, pero no lo lograron.

Mujeres exigen trabajar a los funcionarios 

Una señora que habita Olinalá desde 1989 señaló que las mujeres también están unidas y dispuestas a enfrentar los problemas de la comunidad y exigió a los funcionarios municipales no sólo cobrar su sueldo sino también tienen que trabajar, lo que fue aplaudido por la población asistente además de reiterarle al presidente se comprometiera por escrito con los ciudadanos.

Otro ciudadano, celebró que “Olinalá se haya levantado en armas porque no se podía más con la criminalidad al no haber respuesta de ninguna de las autoridades”. Se quejó de que en Internet hubo quienes soltaron burlas de los olinaltecos.

Un representante del Consejo Ciudadano, ratificó que para Olinalá el 27 de octubre fue parteaguas de un proceso histórico de la comunidad. Un eco de duda de campesinos es saber que pasará cuando vayan solos o con algún familiar a la milpa o a revisar su ganado.

En las barricadas que por la tarde del martes se desalojaron, el ánimo de la gente no decayó, si bien han confiado en las autoridades para que les proporcionen seguridad, están en alerta ante cualquier posible peligro o venganza del crimen organizado.

Otros comentarios vertidos en una plática informal al reportero fue el consejo al Obispo Garfias que si no es la solución las armas, “que venga a vivir a Olinalá” protestando que de no haber acudido a las armas los criminales los hubieran masacrado porque ya tenían un plan contra varios habitantes. Un hombre criticó el abandono que ha tenido el presidente de la República y el gobernador con La Montaña.

Al final del día, el alcalde e integrantes del Consejo Ciudadano, acudieron a las barricadas para informar que se dejaría la seguridad en manos de las fuerzas federales, pero que se hacía extensiva la invitación de la unidad en el pueblo.

En el segundo retén visitado un hombre pidió atender detalles específicos como un control de la gente que en las fiestas se viste de tigre, se informe cuando alguien lleve serenata, se siga con el toque de queda y se proporcione atención a la juventud.

Otro testimonio recopilado en un retén recordó que en Chilapa cuando venían de regreso a Olinalá hace varias semanas, fueron agredidos por hombres con armas largas, lo cual también ha sido avisado aunque no de manera explicita por habitantes de Tlapa que viajan a Chilpancingo y pasan por dicha población.

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Investigaciones

Lugarteniente de Heriberto Lazcano cobraba en Hidalgo como ‘maestro’ de secundaria

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Al tiempo que operaba con Los Zetas, tenía dos plazas de maestro

Por Juan Ricardo Montoya

El 3 de diciembre de 2010, en la colonia Magisterio del municipio de Huejutla de Reyes, enclavado en el corazón de la Huasteca Hidalguense, fuerzas federales lograron la captura  de Eduardo Ramírez Valencia ‘El Profe’, peligroso lugarteniente de Heriberto Lazcano Lazcano, extinto líder de Los Zetas y quien tenía dos plazas de maestro de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

Al igual que Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’, líder de lo que era el grupo delictivo Caballeros Templarios quien también cobraba como maestro en su natal Michoacán, en Hidalgo Eduardo Ramírez Valencia ‘El Profe’ -pese a estar ocupado la mayor parte de su tiempo en organizar y ejecutar plagios, levantones y asesinatos que le ordenaba Lazcano-, se las ingeniaba para cubrir sus dos plazas de maestro de secundaria y telesecundaria por las que percibía un sueldo neto de 20 mil pesos mensuales.

En lo que es un capítulo más del surrealismo en que viven los miembros de algunos grupos criminales en México, al momento de ser capturado, el nombre de Eduardo Ramírez Valencia ‘El Profe’ aparecía en la nómina de la SEPH correspondiente al primer trimestre de 2010.

En esa nómina, Ramírez Valencia tenía dos claves, que corresponden a una plaza distinta. La primera estaba foliada con el número 78613EO3636.00130541 que lo acreditaba como profesor de secundaria, y la segunda con el folio 78679E278130.00132434 como maestro de telesecundaria.

De acuerdo con el documento, Eduardo Ramírez Valencia, en el primer trimestre de 2010 (enero a marzo) cobró la cantidad de 63 mil 502 pesos.

En el desglose de la nómina, Ramírez Valencia tuvo 36 horas durante esos tres meses, 30 como maestro de una telesecundaria foránea y seis más por secundaria. Por la de docente de telesecundaria recibió, en tres meses, 54 mil, 817 pesos: 21 mil 315 en enero; 15 mil 717 en febrero y 17 mil 784 en marzo de 2010.

Por la plaza de maestro de secundaria foránea, cobró en el primer trimestre de 2010 sólo ocho mil 65 pesos: tres mil 343 en enero; dos mil 516 en febrero y dos mil 825 en marzo.

En la nómina se especificaba que Ramírez Valencia no había participado en concurso de plazas, pero sí en la carretera magisterial. Se ignora en qué planteles escolares dio clases y qué materias impartía. Tampoco se sabe si siguió dando clases de abril a la primera semana del 2010 en que fue capturado.

Entérate: Expedientes Hidalgo: Frustrado secuestro evidenció complicidad de policías ministeriales con Los Zetas – (losangelespress.org)

 

En aquel entones, con 44 años de edad, y originario del municipio huasteco de Huejutla, en esa región, la gente aseguraba que Ramírez Valencia era maestro jubilado.

Era parte del grupo de maestros del círculo cercano de Mirna García, exdirigente de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación (SNTE) detenida, en 2014, por un supuesto fraude de 123 millones de pesos y luego liberada.
Actualmente se encuentra prófuga de la justicia.

A tal grado era la cercanía de Ramírez Valencia con el SNTE que el también profesor Darío Badillo Ramírez, en 2010, diputado local del Partido Nueva Alianza por el XIII distrito, con sede en la región huasteca reconoció que era amigo del narcotraficante.

«Sí, es amigo mío de toda la vida, oriundo de La Huasteca», se limitó a decir el legislador cuestionado por reporteros días después de la detención de Eduardo Ramírez.

«Es un profesor al que conozco de toda la vida; ignoro las situaciones de las que lo acusan, hay otras personas que han sido detenidas, un comerciante que se llama Rubén Monterrubio, una persona que hasta donde yo lo conozco es una persona dedicada al comercio, a los abarrotes», abundó.

Sobre las actividades de Ramírez Valencia, el legislador comentó:»desconozco a qué se dedicaba él, fuera del magisterio».

No obstante, el entonces diputado local puso en duda la veracidad de la información con la que contaban los soldados y policías federales que mediante operativos lograron la captura de los presuntos narcos.

«Hubo otros operativos donde se llevaron a otras personas, incluso uno en Huejutla; entiendo que algunos de ellos fueron liberados. Es el mismo caso que ocurrió en Michoacán«.

 «Que feo es que el área de inteligencia no haga su papel como corresponde, porque eso que digan -a final de cuentas- usted perdone como que es una situación que apena mucho y la imagen que deja en las personas», remató.

El entonces legislador denunció en aquel entonces que los soldados habían irrumpido en la casa de su sobrino Darío Humberto Badillo Zúñiga, se lo llevaron a un cuartel y lo mantuvieron incomunicado por más de una hora; al no tener más elementos para mantenerlo detenido, lo liberaron.

En el comunicado de prensa que se emitió por la captura de Eduardo Ramírez Valencia, se informó que había sido detenido en un operativo conjunto realizado por la Policía Federal Preventiva y el Ejército en Huejutla de Reyes.

Era considerado como responsable de las negociaciones para el tráfico de droga desde Panamá. También del envío de armas, venta y distribución de drogas en los estados de Veracruz y Tamaulipas, y también de administrar las finanzas y realizar los pagos a los miembros de la organización en el estado de Hidalgo.

Supuestamente, El Profe brindaba seguridad a Heriberto Lazcano, cuando éste visitaba Huejutla de Reyes, para descansar y tratar asuntos de venta y distribución de droga.

Durante el operativo en el que fue detenido Ramírez Valencia, también fue aprehendido Rubén Barragán Monterrubio, alias ‘El Montes’ y fueron incautadas cuatro armas largas, una pistola, 288 cartuchos, seis cheques por 430 mil pesos, así como 32 mil 500 pesos en efectivo y cuatro vehículos.

Para la captura se utilizaron tres helicópteros del tipo Mil Mi-17 y UH-60 Black Hawk de la Policía Federal que estuvieron sobrevolando a baja altura por toda la ciudad en respaldo a las fuerzas de tierra que llevaban a cabo cateos y detenciones en la colonia Magisterial -del SNTE- donde fue capturado El Profe y otros de sus cómplices.

Tras ser aprehendidos fueron conducidos e introducidos  de inmediato a uno de los helicópteros el cual los llevó a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

El 9 de diciembre de 2010 Eduardo Ramírez Valencia fue trasladado al Cereso de Pachuca.

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Mexico

Procuraduría de Hidalgo investiga a tres policías por amedrentar a una pareja en carretera

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policias Hidalgo

Un policía con pistola en mano intenta bajarlos del auto, sin justificación

Por Juan Ricardo Montoya

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) informó que inició una investigación penal contra tres policías, uno con ellos con una pistola en la mano, grabados en video al amedrentar a una pareja que iba a bordo de una camioneta sobre la carretera México-Laredo. Los hechos ocurrieron en el municipio de Actopan, 25 kilómetros al noroeste de Pachuca, por presuntamente haberse «pasado» dos luces rojas en igual número de semáforos.

Los policías son agentes de esa dependencia, por lo que estarían sujetos de inmediato a un proceso de sanción. Así lo informa la propia procuraduría, encargada a Santiago Nieto Castillo, en una tarjeta informativa publicada luego de los hechos.

La dependencia puntualizó que se seguirá con “la política de cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción, la cual aplica también para servidoras y servidores públicos en funciones de procuración de justicia.”

La noche del miércoles 22, gracias a un vídeo que publicó en su cuenta de redes sociales, una mujer relató que por la tarde ella y su pareja viajaban en su camioneta sobre la carretera México-Laredo, en el tramo correspondiente a Actopan. Ahí fueron  amedrentados por tres hombres que iban a bordo de un vehículo que no era oficial, además de que ellos mismos no se identificaron como policías o ministerios públicos. Los tres individuos rebasaron a la pareja, obligándolos a pararse a la vera de la carretera.

En el video se observa únicamente a dos de los tres individuos, uno de ellos con barba, que trata de abrir por la fuerza la portezuela del copiloto, sin lograrlo. Ello ocurría mientras otro gesticulaba con el arma de cargo, gritándoles que rompería el cristal, si no abrían la portezuela. Aunque no se observa que hubiera apuntado a los tripulantes del vehículo civil, el ministerial desenfunda el arma y la sostiene con ambas manos. El joven le pidió calma y que no le apuntara, al tiempo que le hacía ver que no trataría de irse.

Uno de los judiciales le reprocha el haberse pasado dos luces rojas, a lo que el joven le explicó que fue para llevar a la mujer con un médico. En el video los policías ministeriales no se identificaron como tales y la mujer no da detalles de su situación. Sólo dijo que mientras estaba la discusión, ella llamó al 911, tras lo cual llegó una ambulancia, cuyos paramédicos la revisaron y que la encontraron bien. Sólo hace ver que los ministeriales insistían en revisar el auto y que temía que, al hacerlo, fueran a «plantarle algo».

En octubre de 2022, una pareja que viajaba en otro auto fue asesinada mientras esperaba en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en Actopan, sobre ese mismo tramo de la México-Laredo. Un año antes, en septiembre de 2021, vecinos de Actopan se manifestaron contra el gobierno municipal por el mal estado en que se encontraban los semáforos que, luego de reclamos fueron «reparados» con papel de colores puesto sobre los focos de esos dispositivos de control de tráfico, lo que hacía la reparación impráctica e improvisada.

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Mexico

Movimiento Triqui denuncia atentado contra simpatizantes ante indiferencia de autoridades de Oaxaca

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En una emboscada, el 17 de marzo, dispararon al auto en el que viajaban miembros de la comunidad Coyuchi

La dirigencia del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) informó que el viernes 17 de marzo, alrededor de las cuatro y media de la mañana, fueron emboscadas simpatizantes de esa organización de la comunidad de Coyuchi, Oaxaca. El vehículo en que viajaban recibió una ráfaga de disparos. Señalan que todas las personas salieron ilesas, sólo hubo daños al vehículo en que viajaban.

Acudían a vender plátanos en la Plaza de Viernes en Juxtlahuaca, cerca de la comunidad de Sabana Copala, pequeña población en la frontera entre Oaxaca y Guerrero, ubicada a 140 kilómetros al poniente de Oaxaca capital y a 200 kilómetros al oriente de Acapulco.

Desde ese día, MULT ha exigido a los gobiernos federal y estatal que se esclarezcan los distintos hechos denunciados ante los medios de comunicación. También piden que los organismos nacional y estatal de derechos humanos documenten las agresiones en contra sus miembros y seguidores.

Señalan como responsables de los hechos al jefe de los grupos paramilitares Macario García Merino y sus secuaces Horacio Santiago García y Marcos García de Jesús, vinculados al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, el llamado MULTI, organización con la que sostienen una agria disputa en la Zona Triqui, en la colindancia entre los estados de Oaxaca y Guerrero.

MULT hace notar que todos los viernes los triquis y los mixtecos acuden al día de plaza en la cabecera municipal para surtir sus víveres y vender sus productos. Por ello, exigen al gobierno estatal y municipal que garanticen el libre tránsito de personas y mercancías, brinden seguridad para los transeúntes y eviten las agresiones de quienes siguen atentando contra la paz en la llamada Zona Triqui. También advierten que, de continuar estas agresiones contra sus simpatizantes y miembros, convocarán a un bloqueo en todas las regiones donde tienen presencia.

Por último, exhortan a sus compañeros a preparar la marcha estatal del próximo diez de abril, aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, a realizarse en Oaxaca de Juárez. Una de las demandas sustantivas de esa movilización será el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes del MULT. También pedirán medidas que acaben con la impunidad de los asesinos y los autores intelectuales de diversos crímenes en las zonas rurales de Oaxaca.

Comunicado del 17 de marzo de 2023 del MULT

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