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Mexico Violento

Olinalá acepta protección militar contra narcotraficantes

Olinalá intenta volver a la normalidad al aceptar la protección de Marina y Ejército contra la presencia de narcotraficantes que reclutan a jóvenes

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Los primeros diálogos entre gobierno estatal y el Consejo Ciudadano sobre la seguridad en Huamuxtitlán. Foto: Sergio Ferrer

Reinician clases en las escuelas y la gente estará alerta a la presencia militar

Por Sergio Ferrer

OLINALÁ, Guerrero.- El Consejo Ciudadano de Olinalá decidió que este miércoles se reanuden las actividades escolares después de que el alcalde Eusebio González Rodríguez confirmara la presencia de corporaciones militares de manera indefinida para la protección de la comunidad. El acuerdo al que se llegó incluye la disolución de los retenes que habían sido instalados por el mismo pueblo desde el 27 de octubre para bloquear acceso al crimen organizado ante la indiferencia de las autoridades.

La protección militar que tendrá Olinalá son 60 efectivos del ejército y 46 de la Secretaría de Marina que estarán de manera indefinida, y en el caso de la Marina también cubrirán los municipios de La Cañada.

Por la tarde del martes, el alcalde se reunió con ciudadanos del Consejo de Olinalá, e informaron a los pobladores el acuerdo de retirar los retenes. Al acudir habitantes al estacionamiento del ayuntamiento, la subsecretaria de asuntos políticos Rossana Mora Patiño, quien arribó en avioneta a La Cañada, propuso la celebración de tres reuniones siendo una de carácter cerrado, sin explicar los motivos de porqué de esta manera.

Los ciudadanos conminaron al alcalde a trabajar por la población mientras que habitantes señalaron su postura de mantener la idea de la creación de una policía comunitaria y la petición al gobierno estatal de un fiscal especializado para que tome las denuncias que puedan generarse luego de la violencia que desató el crimen organizado en dicho municipio.

En la primera con alrededor de 30 habitantes, se presentó al Teniente de Corbeta de Infantería de Marina Salvio Molina Chegue, y al Teniente Coronel Raúl Galindo del 93 Batallón con sede en Tlapa, quienes estarán al mando de las operaciones que se realicen bajo el programa Guerrero Seguro en Olinalá, primer municipio de La Montaña que se incluye en éste.

En cuanto a la situación de la depuración y certificación de la Policía Preventiva Municipal en la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño ratificó que se efectuará prontamente y sobre casetas de revisión en las entradas de la cabecera reiteró que no necesariamente tendrían que construirse de manera simultánea ni en todos los seis puntos porque no era viable sitiar el pueblo por lo que se podrían establecer en base a un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Elementos de la Marina Armada de México en el estacionamiento del ayuntamiento. Foto: Sergio Ferrer

“No se investigarán a ciudadanos por posesión de armas”

La funcionaria de gobierno Rossana Mora Patiño, reiteró que se reiniciarán las clases así como el retiro de los retenes para que no obstruyan el trabajo de las fuerzas armadas, y acordó que no habrá investigación de las armas que los ciudadanos tuvieron en los retenes al ser producto de un reclamo social.

En la primera reunión, los ciudadanos pidieron la investigación exhaustiva de la Policía Municipal y su comandante, y asimismo que se revise porqué fueron soltados presuntos delincuentes. Otro habitante solicitó capacitación y consejos a los ciudadanos sobre cómo actuar ante alguna situación de riesgo tanto en las casas como en las escuelas y sugirió darles técnicas de qué hacer si ven un incidente.

Otro ciudadano cuestionó a la funcionaria sobre el respeto a la creación de una policía comunitaria en el pueblo, porque les recordó “que las autoridades habían sido rebasadas”.

El alcalde Eusebio González Rodríguez con el Teniente de Corbeta de Infantería de Marina, Salvio Molina Chegue, y el Teniente Coronel, Raúl Galindo, del 93 Batallón. Foto: Sergio Ferrer

Se analiza crear una policía comunitaria 

Para la funcionaria de gobierno, Mora Patiño, crear una policía comunitaria “no es una cosa simple de hacer”. Contestó en actitud férrea que la CRAC –Policía Comunitaria con sede en San Luis Acatlán– se regía bajo usos y costumbres por lo que el estado la respetaba, pero que entraría en el marco regulatorio de la nueva constitución de Guerrero a fin de que se le validaran “algunos” derechos y dependa de la policía municipal.

Después, arremetió contra los “teléfonos descompuestos” en referencia a la prensa. La funcionaria no dijo nombres de periodistas ni medios, pero señaló que a veces no entendían la duda o no comprendían lo que los funcionarios decían, por eso se volvían “teléfono descompuesto” y solicitó una comunicación directa a través de los representantes del pueblo y el gobierno y no por otras vías de manera indirecta como la prensa escrita.

De este punto no se concretó que diera más detalles al respecto en entrevista, porque cuando llegó el momento de que el alcalde y el Consejo Ciudadano dieron información, la secretaría de asuntos políticos se fue por una puerta alterna a donde se encontraba la gente sin dar la cara a los ciudadanos.

Otra situación que enfatizó Mora Patiño al grupo de ciudadanos fue que “el pueblo no estaba en posición de sugerirle nada al Ejército o la Marina”. Dijo que si ellos necesitaban algo que enseñarles se los pedirían.

En la primera reunión al haber duda sobre la desintegración de los retenes, la subsecretaría aseguró que de no llegar a acuerdos tomarían otro tipo de acciones, que hubieran sido en este caso contra la población que resguardaba los retenes, aunque sólo quedo en amenaza porque se llegó a un consenso en la segunda reunión.

“Si no respetan la negociación vamos a aplicar la ley”, se escuchó decir a un funcionario del gobierno del estado, mientras los ciudadanos es lo que solicitan precisamente con los narcotraficantes.

Funcionarios y militares en diálogo con los ciudadanos Foto: Sergio Ferrer

Las voces de Olinalá

De las voces recopiladas en la reunión que congregó a habitantes para saber a que conclusión llegaron los funcionarios del gobierno, representantes de las fuerzas armadas, ayuntamiento y Consejo Ciudadano, se reiteró que no hubiera represalias contra los campesinos.

Otra petición fue la investigación a fondo no sólo a la policía municipal, sino también a los funcionarios del ayuntamiento. Integrantes del Consejo Ciudadano, insistieron en que la seguridad era una labor que se seguirá persiguiendo.

En otro punto, un hombre dijo saber que su vida corría peligro porque ha recibido llamadas con amenazas de muerte pero señaló que estaban conscientes de que les había tocado a ellos ser el frente de la lucha a lo que los pobladores respondieron que no estaban solos.

En la tercera reunión que fue abierta, el presidente municipal dijo estar de acuerdo con la investigación a la policía o funcionarios pero reviró que no aceptaría acusaciones infundadas por lo que aprovechó para pedir a ciudadanos que si tenían alguna denuncia tuvieran valor civil para presentarla.

Un hombre tomó el micrófono y dio seis números telefónicos desde los cuales le llamaron para amenazarlo. Antes, en corto un taxista afirmó al reportero que el crimen organizado les intentaba cobrar una cuota de cinco mil pesos por mes, pero no lo lograron.

Mujeres exigen trabajar a los funcionarios 

Una señora que habita Olinalá desde 1989 señaló que las mujeres también están unidas y dispuestas a enfrentar los problemas de la comunidad y exigió a los funcionarios municipales no sólo cobrar su sueldo sino también tienen que trabajar, lo que fue aplaudido por la población asistente además de reiterarle al presidente se comprometiera por escrito con los ciudadanos.

Otro ciudadano, celebró que “Olinalá se haya levantado en armas porque no se podía más con la criminalidad al no haber respuesta de ninguna de las autoridades”. Se quejó de que en Internet hubo quienes soltaron burlas de los olinaltecos.

Un representante del Consejo Ciudadano, ratificó que para Olinalá el 27 de octubre fue parteaguas de un proceso histórico de la comunidad. Un eco de duda de campesinos es saber que pasará cuando vayan solos o con algún familiar a la milpa o a revisar su ganado.

En las barricadas que por la tarde del martes se desalojaron, el ánimo de la gente no decayó, si bien han confiado en las autoridades para que les proporcionen seguridad, están en alerta ante cualquier posible peligro o venganza del crimen organizado.

Otros comentarios vertidos en una plática informal al reportero fue el consejo al Obispo Garfias que si no es la solución las armas, “que venga a vivir a Olinalá” protestando que de no haber acudido a las armas los criminales los hubieran masacrado porque ya tenían un plan contra varios habitantes. Un hombre criticó el abandono que ha tenido el presidente de la República y el gobernador con La Montaña.

Al final del día, el alcalde e integrantes del Consejo Ciudadano, acudieron a las barricadas para informar que se dejaría la seguridad en manos de las fuerzas federales, pero que se hacía extensiva la invitación de la unidad en el pueblo.

En el segundo retén visitado un hombre pidió atender detalles específicos como un control de la gente que en las fiestas se viste de tigre, se informe cuando alguien lleve serenata, se siga con el toque de queda y se proporcione atención a la juventud.

Otro testimonio recopilado en un retén recordó que en Chilapa cuando venían de regreso a Olinalá hace varias semanas, fueron agredidos por hombres con armas largas, lo cual también ha sido avisado aunque no de manera explicita por habitantes de Tlapa que viajan a Chilpancingo y pasan por dicha población.

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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