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Mexico Violento

Olinalá acepta protección militar contra narcotraficantes

Olinalá intenta volver a la normalidad al aceptar la protección de Marina y Ejército contra la presencia de narcotraficantes que reclutan a jóvenes

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Los primeros diálogos entre gobierno estatal y el Consejo Ciudadano sobre la seguridad en Huamuxtitlán. Foto: Sergio Ferrer

Reinician clases en las escuelas y la gente estará alerta a la presencia militar

Por Sergio Ferrer

OLINALÁ, Guerrero.- El Consejo Ciudadano de Olinalá decidió que este miércoles se reanuden las actividades escolares después de que el alcalde Eusebio González Rodríguez confirmara la presencia de corporaciones militares de manera indefinida para la protección de la comunidad. El acuerdo al que se llegó incluye la disolución de los retenes que habían sido instalados por el mismo pueblo desde el 27 de octubre para bloquear acceso al crimen organizado ante la indiferencia de las autoridades.

La protección militar que tendrá Olinalá son 60 efectivos del ejército y 46 de la Secretaría de Marina que estarán de manera indefinida, y en el caso de la Marina también cubrirán los municipios de La Cañada.

Por la tarde del martes, el alcalde se reunió con ciudadanos del Consejo de Olinalá, e informaron a los pobladores el acuerdo de retirar los retenes. Al acudir habitantes al estacionamiento del ayuntamiento, la subsecretaria de asuntos políticos Rossana Mora Patiño, quien arribó en avioneta a La Cañada, propuso la celebración de tres reuniones siendo una de carácter cerrado, sin explicar los motivos de porqué de esta manera.

Los ciudadanos conminaron al alcalde a trabajar por la población mientras que habitantes señalaron su postura de mantener la idea de la creación de una policía comunitaria y la petición al gobierno estatal de un fiscal especializado para que tome las denuncias que puedan generarse luego de la violencia que desató el crimen organizado en dicho municipio.

En la primera con alrededor de 30 habitantes, se presentó al Teniente de Corbeta de Infantería de Marina Salvio Molina Chegue, y al Teniente Coronel Raúl Galindo del 93 Batallón con sede en Tlapa, quienes estarán al mando de las operaciones que se realicen bajo el programa Guerrero Seguro en Olinalá, primer municipio de La Montaña que se incluye en éste.

En cuanto a la situación de la depuración y certificación de la Policía Preventiva Municipal en la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño ratificó que se efectuará prontamente y sobre casetas de revisión en las entradas de la cabecera reiteró que no necesariamente tendrían que construirse de manera simultánea ni en todos los seis puntos porque no era viable sitiar el pueblo por lo que se podrían establecer en base a un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Elementos de la Marina Armada de México en el estacionamiento del ayuntamiento. Foto: Sergio Ferrer

“No se investigarán a ciudadanos por posesión de armas”

La funcionaria de gobierno Rossana Mora Patiño, reiteró que se reiniciarán las clases así como el retiro de los retenes para que no obstruyan el trabajo de las fuerzas armadas, y acordó que no habrá investigación de las armas que los ciudadanos tuvieron en los retenes al ser producto de un reclamo social.

En la primera reunión, los ciudadanos pidieron la investigación exhaustiva de la Policía Municipal y su comandante, y asimismo que se revise porqué fueron soltados presuntos delincuentes. Otro habitante solicitó capacitación y consejos a los ciudadanos sobre cómo actuar ante alguna situación de riesgo tanto en las casas como en las escuelas y sugirió darles técnicas de qué hacer si ven un incidente.

Otro ciudadano cuestionó a la funcionaria sobre el respeto a la creación de una policía comunitaria en el pueblo, porque les recordó “que las autoridades habían sido rebasadas”.

El alcalde Eusebio González Rodríguez con el Teniente de Corbeta de Infantería de Marina, Salvio Molina Chegue, y el Teniente Coronel, Raúl Galindo, del 93 Batallón. Foto: Sergio Ferrer

Se analiza crear una policía comunitaria 

Para la funcionaria de gobierno, Mora Patiño, crear una policía comunitaria “no es una cosa simple de hacer”. Contestó en actitud férrea que la CRAC –Policía Comunitaria con sede en San Luis Acatlán– se regía bajo usos y costumbres por lo que el estado la respetaba, pero que entraría en el marco regulatorio de la nueva constitución de Guerrero a fin de que se le validaran “algunos” derechos y dependa de la policía municipal.

Después, arremetió contra los “teléfonos descompuestos” en referencia a la prensa. La funcionaria no dijo nombres de periodistas ni medios, pero señaló que a veces no entendían la duda o no comprendían lo que los funcionarios decían, por eso se volvían “teléfono descompuesto” y solicitó una comunicación directa a través de los representantes del pueblo y el gobierno y no por otras vías de manera indirecta como la prensa escrita.

De este punto no se concretó que diera más detalles al respecto en entrevista, porque cuando llegó el momento de que el alcalde y el Consejo Ciudadano dieron información, la secretaría de asuntos políticos se fue por una puerta alterna a donde se encontraba la gente sin dar la cara a los ciudadanos.

Otra situación que enfatizó Mora Patiño al grupo de ciudadanos fue que “el pueblo no estaba en posición de sugerirle nada al Ejército o la Marina”. Dijo que si ellos necesitaban algo que enseñarles se los pedirían.

En la primera reunión al haber duda sobre la desintegración de los retenes, la subsecretaría aseguró que de no llegar a acuerdos tomarían otro tipo de acciones, que hubieran sido en este caso contra la población que resguardaba los retenes, aunque sólo quedo en amenaza porque se llegó a un consenso en la segunda reunión.

“Si no respetan la negociación vamos a aplicar la ley”, se escuchó decir a un funcionario del gobierno del estado, mientras los ciudadanos es lo que solicitan precisamente con los narcotraficantes.

Funcionarios y militares en diálogo con los ciudadanos Foto: Sergio Ferrer

Las voces de Olinalá

De las voces recopiladas en la reunión que congregó a habitantes para saber a que conclusión llegaron los funcionarios del gobierno, representantes de las fuerzas armadas, ayuntamiento y Consejo Ciudadano, se reiteró que no hubiera represalias contra los campesinos.

Otra petición fue la investigación a fondo no sólo a la policía municipal, sino también a los funcionarios del ayuntamiento. Integrantes del Consejo Ciudadano, insistieron en que la seguridad era una labor que se seguirá persiguiendo.

En otro punto, un hombre dijo saber que su vida corría peligro porque ha recibido llamadas con amenazas de muerte pero señaló que estaban conscientes de que les había tocado a ellos ser el frente de la lucha a lo que los pobladores respondieron que no estaban solos.

En la tercera reunión que fue abierta, el presidente municipal dijo estar de acuerdo con la investigación a la policía o funcionarios pero reviró que no aceptaría acusaciones infundadas por lo que aprovechó para pedir a ciudadanos que si tenían alguna denuncia tuvieran valor civil para presentarla.

Un hombre tomó el micrófono y dio seis números telefónicos desde los cuales le llamaron para amenazarlo. Antes, en corto un taxista afirmó al reportero que el crimen organizado les intentaba cobrar una cuota de cinco mil pesos por mes, pero no lo lograron.

Mujeres exigen trabajar a los funcionarios 

Una señora que habita Olinalá desde 1989 señaló que las mujeres también están unidas y dispuestas a enfrentar los problemas de la comunidad y exigió a los funcionarios municipales no sólo cobrar su sueldo sino también tienen que trabajar, lo que fue aplaudido por la población asistente además de reiterarle al presidente se comprometiera por escrito con los ciudadanos.

Otro ciudadano, celebró que “Olinalá se haya levantado en armas porque no se podía más con la criminalidad al no haber respuesta de ninguna de las autoridades”. Se quejó de que en Internet hubo quienes soltaron burlas de los olinaltecos.

Un representante del Consejo Ciudadano, ratificó que para Olinalá el 27 de octubre fue parteaguas de un proceso histórico de la comunidad. Un eco de duda de campesinos es saber que pasará cuando vayan solos o con algún familiar a la milpa o a revisar su ganado.

En las barricadas que por la tarde del martes se desalojaron, el ánimo de la gente no decayó, si bien han confiado en las autoridades para que les proporcionen seguridad, están en alerta ante cualquier posible peligro o venganza del crimen organizado.

Otros comentarios vertidos en una plática informal al reportero fue el consejo al Obispo Garfias que si no es la solución las armas, “que venga a vivir a Olinalá” protestando que de no haber acudido a las armas los criminales los hubieran masacrado porque ya tenían un plan contra varios habitantes. Un hombre criticó el abandono que ha tenido el presidente de la República y el gobernador con La Montaña.

Al final del día, el alcalde e integrantes del Consejo Ciudadano, acudieron a las barricadas para informar que se dejaría la seguridad en manos de las fuerzas federales, pero que se hacía extensiva la invitación de la unidad en el pueblo.

En el segundo retén visitado un hombre pidió atender detalles específicos como un control de la gente que en las fiestas se viste de tigre, se informe cuando alguien lleve serenata, se siga con el toque de queda y se proporcione atención a la juventud.

Otro testimonio recopilado en un retén recordó que en Chilapa cuando venían de regreso a Olinalá hace varias semanas, fueron agredidos por hombres con armas largas, lo cual también ha sido avisado aunque no de manera explicita por habitantes de Tlapa que viajan a Chilpancingo y pasan por dicha población.

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Mexico Violento

Enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes deja 12 muertos en Jalisco

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Esta madrugada se produjo un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías municipales y estatales durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de El Salto, Jalisco, donde murieron 12 personas, de las cuales ocho fueron civiles y cuatro uniformados.

El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, por lo que anunció que apoyarán a las familias de los efectivos abatidos.

El mandatario estatal señaló que los policías realizaban un operativo en una casa de seguridad, donde presuntos delincuentes mantenían secuestradas a personas, por lo que se produjo un enfrentamiento armado, ya que en el interior del inmueble localizaron armamento oculto y cuatro policías municipales de El Salto fallecieron.

Por su parte, el fiscal estatal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, sostuvo que la policía municipal recibió el reporte de sujetos armados que ingresaban a dos personas esposadas en una vivienda en la colonia San Lorenzo, por lo que los policías acudieron a verificar el lugar y fueron agredidos por los presuntos delincuentes.

En la refriega fallecieron los cuatro policías municipales, por lo que al sitio arribaron elementos de la policía municipal y estatal, por lo que en el sitio fallecieron ocho presuntos delincuentes, cuyos cuerpos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía estatal que acordonaron la zona, por lo que después del enfrentamiento que duró más de una hora se localizaron los cuerpos de los presuntos delincuentes, aunado a que se liberaron a dos personas que habían sido reportadas como secuestradas.

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