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Mexico Violento

Nuevas detenciones en Puebla contra asistentes a mesas de diálogo y protestas en Palacio de Gobierno

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Por Claudia Martínez Sánchez

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta ordenó nuevamente detenciones contra quienes protestaran de las comunidades. Ahora fueron habitantes del municipio de Quecholac, uno de los 217 que integran el estado.

Yolanda Beristain, de 70 años, fue detenida de manera arbitraria por protestar frente a Casa Aguayo, actual sede de Palacio de Gobierno del Ejecutivo del estado, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. La mujer de la tercera edad, entró acompañada con una comisión de cinco habitantes procedentes del municipio de Quecholac bajo el engaño gubernamental de que se iba a realizar una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación.

En esta mesa de diálogo se trataría el caso del  alcalde de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, detenido el 28 de septiembre por los supuestos delitos de peculado y abuso de autoridad.

Luego de estas detenciones, un grupo de habitantes viajaron hasta Casa Aguayo para manifestar su inconformidad por la aprehensión de su gobernante municipal. Ya dentro de las oficinas de Gobernación, la mujer de la tercera edad Yolanda Andrade fue detenida por elementos de la policía estatal y ministerial con una supuesta orden de aprehensión.

En reiteradas ocasiones se ha señalado a Viliulfo Ramos González como unos de los principales actores represores de los movimientos sociales, quien opera con supuestos periodistas que no escriben en ningún medio de comunicación y se acreditan con identificación de Prensa para infiltrarse en las marchas y protestas, y en las mesas de diálogo.

Viliulfo Ramos González, funcionario de gobierno que infiltra a periodistas en las protestas de las comunidades poblanas. Foto: perfil de FB.

Cabe recordar que las últimas violaciones a los derechos humanos en contra de defensores en Puebla fue en el Ajalpan, cuando Gobernación del estado, simuló una mesa de diálogo para resolver la persecución política, amenazas de muerte  y despojo de tierras en Coyomepan, por parte de Araceli Celestino Rosas y su hermano David Celestino. En dicha mesa de Gobernación fueron arrestados de manera violenta Basiliza Montaño, Eruviel Aguilar Gómez, Anastacio González Sanguinez y, días después, Gonzalo Martínez en su domicilio.

En la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha denunciado recientemente la criminalización de las protestas, las fabricaciones de delitos y detenciones arbitrarias en contra de indígenas defensores en Coyomepan.

Miembros del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas denunciaron en diferentes foros públicos al gobernador Miguel Barbosa de los agravios a periodistas, además de espionaje y señalamientos en los que públicamente el funcionario evidencia a reporteros que son críticos con este gobierno.

Lista de detenciones y persecución por parte del gobierno de Puebla

  1. a) Detención y persecución judicial del ambientalista Miguel López Vega, el 23 de enero del 2020.
  2. b) Detención de 14 integrantes del movimiento social “Amozoc Seguro” y persecución judicial, el 23 de junio de 2020.
  3. c) Criminalización y desestimación en la toma del Congreso del Estado de Puebla por parte de feministas, el 28 de noviembre de 2020.
  4. d) Criminalización, persecución judicial y denuncias contra feministas en la marcha del 8M, 9 de marzo de 2021.
  5. e) Criminalización, persecución judicial y detención de 43 normalistas de Teteles, Tiripetío, Ayotzinapan (Puebla) y otras Normales Rurales, el 1 de junio de 2021.
  6. f) Criminalización, persecución judicial y detención de pobladores de Coyomeapan, septiembre de 2021.
  7. g) Criminalización y persecución judicial contra 50 integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental.
  8. h) Criminalización de maestros el 14 de septiembre en la Secretaría de Educación Pública con lujo de violencia y con presencia de granaderos.
  9. i) Criminalización, persecución judicial y detención de 4 defensores indígenas  de Coyomeapan, el 1 de septiembre 2021.
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Mexico Violento

Red Solidaria Década contra la Impunidad denuncia que México debe ser juzgado por violaciones a derechos humanos

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La Red Solidaria Década Contra la Impunidad denunció que México tendrá que rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones de derechos humanos cometidas en el caso Tzompaxtle Tecpile, por lo cual deberá concluir en una reforma constitucional para evitar más detenciones arbitrarias.

Por medio de un comunicado, la secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino, señaló que el caso Tzompaxtle Tecpile y otros que han documentado abordan la detención arbitraria e ilegal de los indígenas nahuas de Astacinga, Veracruz, por elementos de la policía federal en Veracruz en enero de 2006.

De acuerdo con la organización defensora de los derechos humanos, las víctimas estuvieron sujetas a un procedimiento judicial que violó las garantías de un juicio justo entre otras situaciones, debido a que las víctimas fueron retenidas y requisadas sin orden judicial y sin existir flagrancia, aunado a que no fueron informadas sobre la causa de su aprehensión y fueron puestas en prisión preventiva oficiosa.

De la misma manera, durante el periodo en el que permanecieron recluidas se les fabricaron pruebas falsas para mantenerlos en prisión, por lo que la CIDH ha convocado a México a una audiencia pública el próximo 23 de junio en San José, Costa Rica, para que la corte pueda determinar los hechos y consecuencias jurídicas que sean emitidas la próxima semana.

Desde hace 15 años la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó una petición especial ante la CIDH, misma que fue admitida el pasado 2018 y que emitió recomendaciones especiales y finalmente el año pasado el caso fue llevado en la Corte Interamericana.

Asimismo, enfatizó que buscan que con este caso se muestren las arbitrariedades del proceso penal mexicano en el que miles de personas son sometidas a prisión preventiva oficiosa sin haber recibido alguna sentencia, por lo que enfatizó que se debe garantizar la dignidad a todas las personas.

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Justicia pendiente

Excesiva burocratización atraer caso de Juana Hilda González a la SCJN: Abogado Gerardo Manrique

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#ElFalsoCasoWallace

  • La SCJN no atrae el caso Wallace, atrae el caso de Juana Hilda González

  • La víctima no es Hugo Alberto Wallace: abogado

Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Gerardo Augusto Manrique, experto en ejecución penal, señaló en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press que la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si hubo o no violaciones al debido proceso va a resultar en una burocratización excesiva y en el aumento de los plazos de dictado de resoluciones de un proceso que claramente no fue debido y que se demostró desde el inicio de la acusación.

En el momento en que circula en video la declaración de Juana Hilda González Lomelí acusando a otras personas e incriminándose del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda sin un defensor presente, es una violación al debido proceso. No se le puede dar valor probatorio, y esto fue el 8 de febrero de 2006, explica el abogado. Y apuntó que “cuando la Corte atrae un caso, se lleva más tiempo en resolverlo porque tiene procesos más lentos, porque hay un mecanismo de procesamiento de la información, de documentación del caso, del debate mismo, que requiere mucho más de tiempo que si se discute en un tribunal colegiado o en los propios juzgados de distrito”.

También aclaró Manrique que no es el caso Wallace el que está atrayendo la Suprema Corte y enfatizó que el caso Wallace se refiere a una serie de procesos de un caso fabricado con una supuesta víctima de secuestro y homicidio. Sino que se trata del caso únicamente de Juana Hilda González, y aunque pudiera impactar a los demás casos, podría solo resolver el de ella.

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Mexico Violento

Juez vincula a proceso a 8 sujetos por presunta delincuencia organizada

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Un juez de distrito federal vinculó a proceso a ocho personas por su presunta responsabilidad en la delincuencia organizada por la posesión de metanfetamina, cocaína, mariguana, armas de fuego y cartuchos útiles.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el juzgador federal determinó que existen suficientes elementos para vincular a proceso a las cuatro personas que fueron detenidas por las autoridades federales durante el cumplimiento de la orden de cateo de cuatro inmuebles en el estado de Morelos.

La FGR colaboró con la Guardia Nacional para catear los inmuebles, tras recibir una denuncia anónima en los lugares donde se almacenaba y vendían drogas y donde se localizaron 13 kilos 831.7 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 22 kilos 537 gramos de mariguana, acetona, seis armas de fuego, 385 cartuchos de diversas calibres, cinco cargadores y cinco vehículos.

Las personas imputadas permanecerán recluidas en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) de Morelos, por lo que se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Morelos es uno de los estados más afectados por el crimen organizado, debido al tráfico de drogas que se producen de la zona sur del país y que se exportan a Estados Unidos, por lo que se tratan de diferentes luchas internas entre los grupos del narcotráfico que tratan de ocupar puestos estratégicos.

Según datos de inteligencia federal, los diferentes grupos del crimen organizado que compiten la zona se desprenden de la escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, por lo que se mantiene la pugna entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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