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Nuevo proyecto vial en Amazonia peruana pone en riesgo a indígenas en aislamiento

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Por Francesca García Delgado

LIMA, Perú.– La selva del Alto Madre de Dios, en el distrito de Tambopata, en el sureste de Perú, no solo es una de las zonas más biodiversas del mundo, sino también cobija importantes Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI).

De acuerdo a cifras provistas por el Ministerio de Cultura, hubo más de 150 encuentros o avistamientos con estas poblaciones, más precisamente con el pueblo mashco piro, una de las pocas etnias en aislamiento voluntario en la Amazonia, entre los años 2011 y 2015. Prácticamente, uno cada 10 días.

Y en estos bosques únicos en el planeta, se ejecutará el asfaltado del Corredor Vial Cusco – Madre de Dios, uno de los proyectos viales más importantes en la actual carpeta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú.

La obra que ha puesto en alerta a ambientalistas y líderes indígenas.

El Corredor Vial Cusco-Madre de Dios

Esta nueva ruta de 270 kilómetros pretende mejorar las conexiones entre los departamentos peruanos de Cusco, en los Andes,  y Madre de Dios, en la Amazonia, incorporando y mejorando tres carreteras existentes como parte de una inversión de 59 millones de dólares

Este proyecto es parte del programa Proregión, el cual fue creado en el 2017 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mejorar la conectividad del país con la rehabilitación de vías departamentales.

Los fondos serán ejecutados por el MTC a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado).

Además, el proyecto tiene financiamiento inicial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por más de 340 millones de dólares para intervenir en total más de 4.200 kilómetros de vías en el Perú.

La licitación fue ganada en enero de 2020 por el Consorcio CCECC Perú, integrado por la empresa China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal Perú en 90 % y por Road Solutions Empresa Individual de Responsabilidad Limitada con el 10 % restante.

La primera está siendo investigada como parte de una presunta red criminal de constructoras chinas que habrían ganado millonarias licitaciones en el MTC a cambio de sobornos. La empresa ha rechazado estas afirmaciones.

Mientras estos escándalos suceden en las altas esferas, sobre el terreno crece el recelo en torno al nuevo corredor. No es, ni mucho menos, la primera carretera controvertida que se construye a través de zonas sensibles de Perú, con la emblemática Vía Interoceánica Sur que atraviesa la región de Madre de Dios como ejemplo notable.

Pero estas experiencias previas están avivando la preocupación de que este último proyecto pueda alterar los paisajes y las comunidades, amenazar los territorios indígenas e incluso alimentar la actividad ilícita, cuestiones que algunos observadores consideran que las autoridades no han abordado adecuadamente, ya que las dudas se ciernen sobre las evaluaciones de impacto social y medioambiental del proyecto.

Comunidades vulnerables en Madre de Dios

El corredor vial Cusco-Madre de Dios es en la actualidad un camino de tierra que parece derretirse con las lluvias. Resulta de la unión de las vías departamentales CU-112, CU-113 y MD-103 registradas por el MTC.

Se trata de 270 kilómetros que se buscan pavimentar para mejorar la comunicación entre ambas regiones. La inversión total de esta obra asciende a S/220 millones (unos 59 millones de dólares) divididos en seis años.

De los 270 kilómetros, 189 (los últimos tres tramos) atraviesan las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y de la Reserva Comunal Amarakaeri.

Diversas investigaciones e instituciones del Estado peruano han confirmado la presencia de narcotráfico, pistas de aterrizaje clandestinas y sembríos ilegales de hoja de coca ilegal en estas zonas de protección.

Incluso el distrito cusqueño de Kosñipata es un foco de hoja de coca y es uno de los puntos por el que atraviesa la vía. Detalles que no están incluidos en el instrumento ambiental del proyecto ni figuran en el planeamiento de esta infraestructura.

madre de dios carretera

 

“Estas obras impactan directamente en la biodiversidad de estos bosques, además de poner en riesgo la vida de las etnias que viven en él”, explica Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

La especialista añadió, que experiencias previas como la construcción del tramo 3 de la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) han demostrado que estas vías abren camino a actividades ilícitas como la minería ilegal y el crecimiento acelerado de la deforestación.

“Perú es uno de los pocos países con población PIACI. Si como Estado necesitas mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, es preciso identificar algún mecanismo para la protección de los pueblos en aislamiento, no solo considerar los estándares ambientales”, sostuvo Baldovino.

Luis Felipe Torres, antropólogo e investigador sobre PIACI, puntualizó que este corredor está integrado a una vía que durante años se amplió de forma no oficial entre Cusco y Madre de Dios, y que incluso llega hasta la comunidad nativa de Diamante.

Ahí hay dos Puestos de Control y Vigilancia (PCV) del Ministerio de Cultura, donde trabajan agentes de protección de los pueblos yine, matsigenka y de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad). En total son tres puestos de control en el ámbito de la Reserva Territorial Madre de Dios para la protección de los Mashco Piro.

Cuando Diálogo Chino le consultó al Ministerio de Cultura por los impactos que podría ocasionar el corredor vial Cusco-Madre de Dios en los PIACI, respondieron por escrito sin pronunciarse directamente sobre esta obra.

Sin embargo, la protección se hace cada vez más cuesta arriba, ya que la construcción y planificación de las carreteras continúa.

“Los Estados establecen políticas especiales a favor de los PIACI que se basan en proteger un territorio para que estas poblaciones puedan vivir con autonomía. Sin embargo, esta carretera complica la protección territorial del parque. Ya tenemos la experiencia con la Carretera Interoceánica que aumentó la deforestación y colonización exponencial”, declaró Torres.

Autoridades no priorizan al medioambiente

Julio Cusurichi, presidente de Fenamad, organización que representa a 39 comunidades en Cusco y Madre de Dios, explica que han advertido reiteradamente la amenaza que una vía atraviese las zonas de protección mencionadas.

Su temor va más allá de la migración masiva y la exacerbación de economías ilícitas, sino también incluye la vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento voluntario.

“El gobierno regional de Madre de Dios ejecutó un camino años atrás sin tener ningún estudio de esa infraestructura. Se trata de una carretera que se hace sin componentes de seguridad jurídica para los territorios de las comunidades”, explicó Cusurichi en referencia a la iniciativa del exgobierno del departamento, que en 2015 pretendió construir la carretera entre Nuevo Edén a Boca Colorado.

Consultado sobre la opinión técnica “favorable” que emitió el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp) sobre el mejoramiento del corredor vial Cusco – Madre de Dios, John Flores, jefe del Parque Nacional del Manu, dijo que ellos respondieron exclusivamente sobre los impactos directos de la vía sobre las dos Áreas Naturales Protegidas: Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Según Flores, no les correspondía opinar sobre el impacto en la Zona de Amortiguamiento debido a que es competencia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Sin embargo, cuando insistimos en recordar la experiencia de la Carretera Interoceánica Sur que fue construida en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y que generó el incremento acelerado de la minería ilegal que amenaza constantemente a la reserva, Flores aceptó que cualquier construcción o mejora de vías es potencialmente negativa.

“Hay temas en los que no podemos influir en casi nada. Sobre todo, cuando hay una presión social fuerte. Eso prima más en las autoridades, y me refiero al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al gobierno local y regional, que son los que presionan para que se desarrolle esto. A veces el tema ambiental y las áreas protegidas las ponen en segundo orden”, añadió Flores.

Diálogo Chino solicitó una entrevista con un representante del Serfor sobre los impactos del proyecto. La respuesta fue que brindaron una opinión técnica en el marco de un instrumento de gestión ambiental a solicitud de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC y no pueden dar más alcances sobre los impactos del proyecto. Por otro lado, y a pesar de la insistencia, el MTC no respondió a las consultas.

Evaluaciones de impacto defectuosas

El proyecto de mejoramiento y conservación del Corredor Vial Cusco – Madre de Dios fue sometido a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no a un Estudio de Impacto detallado (EIA-d), este último es instrumento de gestión ambiental de máxima rigurosidad que cualquier proyecto de gran envergadura presenta al Estado para mitigar los posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades.

A diferencia del EIA-d, el DIA se aplica a proyectos que se consideran que tendrán impactos ambientales negativos leves. Esto está establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del año 2001.

El DIA se otorga en un régimen de clasificación anticipada y al igual que sus términos de referencia, cuentan con una opinión previa favorable del Ministerio del Ambiente. La controversia en este punto es que si bien la ley no considera que la pavimentación de una vía tenga consecuencias graves, la evidencia demostraría lo contrario.

Ciro Salazar, especialista del Programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) refiere que este instrumento ambiental condiciona a priori la idea que los proyectos no tendrán impactos negativos pese a que la realidad sea distinta. Añade también que esto influye en los criterios con que se eligen las áreas de influencia directa de los proyectos y la evaluación real de los impactos.

“Esto está relacionado con una falla en el sistema de inversión pública. Cuando se declara la viabilidad o la construcción de proyectos, estos se hacen con información de mala calidad no solo en términos socio ambientales sino también en aspectos económicos y técnicos”, indicó Salazar a Diálogo Chino.

“Desde esos documentos se desconoce toda la gama de impactos indirectos como la deforestación, cambio de uso de suelo, migraciones descontroladas, pese a que tienes la experiencia de la Interoceánica Sur que es un caso de estudio internacional. No existe mención alguna en el estudio de perfil con que se evalúa la viabilidad de este proyecto, incluso porque atraviesa zonas cocaleras”, declaró.

El especialista precisó que tras evaluar el estudio de perfil del proyecto, el DIA, el Análisis Ambiental y Social Complementario y el Plan de Gestión Ambiental y Social propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), detectó que la información sobre realidades en torno al proyecto como la presencia de actividades ilícitas, zonas deforestadas e incluso la presencia de pueblos indígenas en aislamiento como los mashco piro, no fueron incluidas en la evaluación social y ambiental para establecer salvaguardas que minimicen los riesgos.

El especialista aclaró que no se cuestiona que se mejore la conectividad porque existe una dinámica económica en estas localidades, pero considera que se deben adoptar medidas preventivas frente a los altos riesgos que implica.

El Estudio de Preinversión del proyecto, publicado por el MTC,  detalla los posibles impactos ambientales y sociales que podrían aparecer durante la ejecución del proyecto. Ahí se hace referencia a la posible alteración de la calidad del aire por polvos y gases, la generación de ruido, así como a la alteración de la calidad de suelos y de las aguas.

Además, advierte sobre la afectación de cobertura vegetal, las expectativas y afectación de la población, pero no sobre actividades ilícitas como cultivos de hoja de coca, deforestación o afectación de pueblos en aislamiento voluntario.

La obra está en marcha, lo que pase en los próximos meses es aún incierto.

***

Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.

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Latinoamérica

Huracán Ian incrementa vulnerabilidad en Cuba, con vientos de hasta 200 kms/hora

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El huracán ian provocó decenas de daminificados en Cuba

LA HABANA – Con acciones de recuperación en marcha y daños socioeconómicos aún por contabilizar, el paso por Cuba del huracán Ian evidenció la vulnerabilidad de familias e infraestructuras del país para afrontar estos fenómenos que se avizoran cada vez más destructivos debido al cambio climático.

En la madrugada y primeras horas de la mañana del 27 de septiembre Ian cruzó de sur a norte por Pinar del Río, la más occidental de las 15 provincias cubanas, con vientos de 185 kilómetros por hora (categoría tres de cinco en la escala Saffir-Simpson), y rachas superiores a los 200 kilómetros.

“Sentíamos cómo el aire quería arrancar el techo. La lluvia entraba por debajo de las puertas y las ventanas. Mi esposa y yo cubrimos los electrodomésticos con nailon y nos refugiamos con el niño en el baño, el único lugar de la casa con placa (pared de concreto)”, recordó el profesor Jesús Arévalo, residente en la ciudad de Pinar del Río, a 155 kilómetros al oeste de La Habana.

Arévalo explicó por teléfono que ya colocó las dos tejas de zinc desprendidas de la cubierta de su vivienda, “pero en el barrio a varias personas se les mojaron pertenencias, colchones y equipos, porque perdieron parte del techo y hasta los tanques (depósitos) para almacenar agua”.

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De acuerdo con el gobierno de Pinar del Río, de las 30 000 viviendas impactadas, 4338 corresponden a derrumbes totales y que de las más de 50 000 personas evacuadas, se mantienen en albergues 1017 y otras 910 en casas de familiares.

Los fuertes vientos de Ian también se sintieron en las provincias de Artemisa, La Habana, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud, la segunda mayor isla de este archipiélago, ubicada al sur.

“Hay que elevar más la percepción de riesgo, porque no siempre se destupen alcantarillas, recogen la basura o se informa adecuadamente cómo asegurar los techos más endebles”: Ramón Plasencia.

Además del fallecimiento de tres personas, en el occidente cubano se reportan afectaciones en inmuebles, infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, así como en miles de hectáreas de cultivos y caída del arbolado.

A las fuerzas locales que participan en la desobstrucción de viales y recogida de escombros y desechos se sumaron brigadas de otros territorios para acelerar el restablecimiento de los servicios.

Hasta el domingo 2, disponía de electricidad 7,3 % de los clientes en Pinar del Río. En la vecina Artemisa, la segunda provincia con mayores impactos, se encontraba operativo 50 % del servicio y más de 95 % en el caso de La Habana, según la Unión Eléctrica.

Ante situaciones excepcionales como esta en Cuba se activa el sistema de la Defensa Civil, organizado desde el nivel nacional hasta el local, con el objetivo de proteger a la población y la economía.

Dicho sistema incluye acciones de prevención, preparación, vigilancia, alerta temprana y pronósticos de peligro, la evaluación de variables y riesgos, así como el aviso y orientación a la ciudadanía.

Además de la visita del presidente Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios a las zonas devastadas, el gobierno designó al general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa para dirigir y coordinar las acciones de recuperación, dada su experiencia ante estos fenómenos.

residentes calle La Habana

En varios barrios de la capital y de las provincias de Cuba, personas damnificadas reclamaron el restablecimiento de servicios de electricidad y agua mediante cacerolazos y el bloqueo de vías. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

Contexto desfavorable, tras ‘Ian’

Ian asoló el occidente cubano en medio de penurias económicas agravadas por los efectos de la pandemia de covid y el fortalecimiento del embargo estadounidense.

La isla, con sus fuentes de ingresos deprimidas, encuentra obstáculos para acceder a créditos en organismos financieros y tiene pendiente pagos de la deuda con los acreedores internacionales.

Problemas sociales acumulados hacen más compleja la recuperación. Por ejemplo, en Pinar del Río cientos de familias aguardan desde hace dos décadas por una vivienda tras perderla durante anteriores ciclones.

Por otra parte, la inflación, la desvalorización de salarios y pensiones, el creciente precio de los alimentos y el desabastecimiento de productos de primera necesidad, entre otros factores, han provocado un deterioro de las condiciones de vida de un porcentaje significativo de familias, señalan sociólogos y economistas.

Las personas con ingresos insuficientes cuentan con escasas posibilidades de mejorar sus hogares o comprar alimentos duraderos para afrontar el paso de ciclones tropicales.

El Consejo de Ministros dispuso el 1 de octubre que el presupuesto del Estado financie 50% de los precios de los materiales de construcción, depósitos para agua y colchones que se venderán a la población damnificada, al igual que la posibilidad de acceder a créditos bancarios, subsidios o financiamiento por la seguridad social para quienes no puedan costear los bienes.

Además de la ayuda que proveerá el gobierno central, autoridades locales exhortaron a incrementar la producción territorial de materiales para cubrir los déficits.

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Según datos oficiales 37 % de los 3,9 millones de inmuebles en Cuba están en regular o  mal estado técnico constructivo, y se requieren 863 000 viviendas adicionales en un país de 11,1 millones de habitantes.

En 2019 comenzó a aplicarse la Política de la Vivienda, un plan gubernamental que propone eliminar el déficit en una década, pero aún sin los resultados esperados debido a las dificultades económicas.

Para 2022 se proyecta concluir 38 000 viviendas, pero a ese ritmo serían necesarios más de 20 años para cumplir la meta, sin tener en cuenta futuras afectaciones por huracanes u otros fenómenos.

La estadounidense Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) estima para la actual temporada ciclónica hasta el 30 de noviembre en el Atlántico norte, el golfo de México y el mar Caribe, unas 14 tormentas tropicales, siete de las cuales podrían convertirse en huracanes.

caminos damnificados cuba

Un árbol bloquea el tráfico en una avenida de La Habana donde los vientos sostenidos de hasta 90 kilómetros por hora de Ian derribaron cerca de un millar, lo cual afectó el tendido eléctrico y telecomunicaciones. Foto: Jorge Luis Baños / IPS

Otros daños por el huracán Ian

Los vientos de Ian provocaron al final de la tarde del día 27 el colapso del sistema eléctrico nacional y dejó a oscuras a este país caribeño de 11,1 millones de habitantes, hasta que comenzaron a habilitarse paulatinamente los circuitos 24 horas después.

La envejecida infraestructura de generación térmica, con frecuentes roturas y necesarias reparaciones, ha provocado en los últimos meses apagones diarios de 12 horas y más en gran parte de las localidades.

Zonas de los 15 municipios de La Habana y de otras provincias permanecieron hasta más de 100 horas sin fluido eléctrico o bajo voltaje.

“Tuvimos que comernos rápido la comida que se descongeló. Además de estar cada vez más cara y difícil de resolver, es muy duro tener que echársela a los animales como pasó con varios vecinos”, señaló la trabajadora informal Yurima Blanco, residente con su madre jubilada y dos hijos en el capitalino municipio de Arroyo Naranjo.

En distintas zonas de la capital cubana y otras provincias personas reclamaron el restablecimiento de los servicios de electricidad y agua mediante cacerolazos y el bloqueo de viales, y en algunas de las protestas callejeras se exteriorizaron inconformidades con la gestión del gobierno y reclamos de cambios políticos.

Durante la noche y madrugada del 29 y 30 de septiembre plataformas que monitorean el tráfico global de internet corroboraron un corte masivo del servicio en el país, similar al ocurrido tras las protestas del 11 de julio de 2021 que también tuvieron como trasfondo, entre múltiples factores, la irritación ciudadana por el estado de la economía y los continuos apagones.

 

Autoridades han reconocido la legitimidad y el derecho a las protestas. También sostienen que algunas están aupadas desde el exterior con el objetivo de fomentar la desestabilización interna y que aplicarán las leyes ante actos vandálicos.

En La Habana, los vientos sostenidos de Ian alcanzaron hasta 90 kilómetros por hora y derribaron cerca de un millar de árboles, lo cual demoró la recuperación de los servicios, esgrimen funcionarios locales.

“Si los árboles no se podan a tiempo con vientos fuertes se caen y dañan el tendido eléctrico. Hay que elevar más la percepción de riesgo, porque no siempre se destupen alcantarillas, recogen la basura o se informa adecuadamente cómo asegurar los techos más endebles”, argumentó al conversar el ingeniero civil Ramón Plasencia, residente en el municipio de Boyeros.

De acuerdo con Plasencia, “también es importante que el gobierno priorice más las inversiones en la infraestructura crítica y se construyan viviendas más resistentes, o veremos agravarse estos problemas, porque si algo es seguro es que los huracanes serán cada vez más destructivos”.

cubanos sin luz eléctrica

Un matrimonio utiliza la luz de un teléfono móvil, mientras intentan preservar los alimentos luego de más de 48 horas sin electricidad en su residencia en La Habana, debido al paso del huracán Ian. Foto: Jorge Luis Baños/IPS

Ayudas a Cuba tras los daños de Ian

Hasta este lunes 3, Cuba recibió más de la mitad de las 100 toneladas de ayuda humanitaria brindada por el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Según reportes oficiales, en la primera semana de octubre debe llegar desde Venezuela un cargamento con 300 000 bolsas de alimentos, 52 transformadores eléctricos y 22 500 metros cuadrados de cubiertas de techo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ofreció ayuda de emergencia, incluidos alimentos, y aseguró que junto con sus agencias responderá a las necesidades que identifiquen las autoridades cubanas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregó al hospital Abel Santamaría de la ciudad de Pinar del Río unas ocho toneladas de medicamentos como antibióticos, antinflamatorios, analgésicos, medios quirúrgicos, oxímetros, material de cura y otros insumos para la atención de pacientes.

Lee más: «Provocar hambre y desesperación»: Se cumplen 55 años del Bloqueo contra Cuba

 

En un tuit este lunes 3, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos “hemos intercambiado información sobre los daños cuantiosos y pérdidas lamentables ocasionados por el Huracán Ian en ambos países” y “también mantenemos comunicación con otros gobiernos interesados en los estragos y necesidades para la recuperación en Cuba”.

Instituciones, organizaciones de la sociedad civil y personas solidarias recogen donaciones para las familias damnificadas.

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Fuente: ipsnoticias.net

 

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La red en lucha

Grave retroceso en derechos humanos y democracia en Centroamérica

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Las intenciones de reelección de Nayib Bukele no son las únicas acciones autoritaristas en Centroamérica

El autoritarismo de Bukele quiebra nuevamente el Estado de derecho

Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – Algunos de los avances democráticos alcanzados en América Central, tras el fin de los conflictos bélicos de los años 80, han sufrido un notable e incesante retroceso en los últimos años, sobre todo en aquellos países con gobiernos con tendencias autoritarias.

Eso se ha visto reflejado, entre otras cosas, en el resquebrajamiento o pérdida de derechos que se daban por descontado, como el de la libertad de expresión, el derecho a la debida asistencia legal ante una detención y el de no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos.

Esas carencias fueron parte del día a día en una América Central sumida a finales de los 70 en una aguda turbulencia política que estalló en guerras civiles en los años 80, por ejemplo en El Salvador, aunque en Guatemala había comenzado ya en 1960.

Esa inestabilidad en la región, donde ahora viven 43 millones de personas, terminó a principios de los 90, a partir de acuerdos de paz y procesos de democratización.

No te pierdas: Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

Ahora, el miedo a ser detenido por razones políticas o a ser encarcelado arbitrariamente, como en aquellos días oscuros, ha vuelto a presentarse en países como El Salvador, gobernando desde junio de 2019 por Nayib Bukele, un milenial con una querencia creciente por el autoritarismo.

También ha pasado con creciente crudeza en Nicaragua, donde ninguno de sus críticos políticos, de los estamentos sociales y de los medios ha escapado a la represión de Daniel Ortega, atornillado en el poder desde 2007.

Déjà vu bélico

“Yo ando con miedo porque tengo tatuajes, porque los policías y soldados no ven si son artísticos, ellos ven a una tatuada y ya asumen que una es delincuente”, afirmó a IPS la camarera Liliana Eleonor, que trabaja en una pizzería en el norte de San Salvador.

Eleonor, de 37 años, se refería al estado de excepción que está vigente desde finales de marzo en esta pequeña nación de 6,7 millones de habitantes.

Esa política, aprobada el 27 de marzo por una Asamblea Legislativa controlada desde mayo de 2022 por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, ha suspendido varios derechos constitucionales, como mecanismo para combatir el crimen y mantener a raya los homicidios cometidos por las pandillas.

Muchos de esos pandilleros tienen tatuajes como marca de lealtad a su respectivo grupo, principalmente los dos principales: la MS13 y el Barrio 18, que en conjunto se calcula que superan los 60 000 miembros.

Hasta la fecha van más de 52 000 personas capturadas, acusadas de ser pandilleros, en redadas masivas ejecutadas por policías y soldados.

Y aunque se entiende que la mayoría de los detenidos sí forman parte de esas estructuras criminales, hay personas que no, como lo han denunciado familiares y evidenciado organizaciones de derechos humanos.

Para saber más del tema: Presidente Bukele impone estado de excepción por ola de homicidios en El Salvador

“Ando siempre nerviosa cuando voy por la calle y veo policías o soldados porque pienso: ya me van a parar, me van a llevar (a prisión)”, insistió Leonor, al final de su turno de trabajo, la madrugada de este viernes 16 de septiembre.

Ella dijo saber de amigos que han sido capturados precisamente porque tenían tatuajes y por su aspecto: jóvenes melenudos seguidores del rock metal.

“Yo tengo amigos metaleros que se los han llevado detenidos por los tatuajes, por esto del régimen de excepción, y no les dieron oportunidad de defenderse, ni a la familia”, agregó Eleonor.

La falta de la debida asistencia legal a los capturados y de una verdadera investigación de los casos son dos de los varios cuestionamientos hechos contra el estado de excepción por parte de organizaciones civiles.

Sin embargo, la controversial medida es respaldada mayoritariamente por la población en general, según varias encuestas, pues ahora las personas notan una disminución sensible de la criminalidad.

La falta del debido proceso “suena mucho a los años de guerra civil”, sostuvo la investigadora Natalia Ponce, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

“Es un primer paso para la desaparición forzada”, subrayó.

La guerra civil salvadoreña dejó unos 70 000 muertos y 8000 desaparecidos entre 1980 y 1992.

Eleonor aseguró que ella no se opone a la medida gubernamental contra las pandillas, pero siempre que no se encarcele a personas inocentes.

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión. Sin embargo el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes.

También se restringió el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

detenciones en El Salvador

Liliana Eleonor, de 37 años, trabaja en una pizzería en el norte de San Salvador, y al final de su turno laboral siente miedo de andar por las calles de la ciudad, pues por los tatuajes en su cuerpo puede ser estigmatizada como pandillera, detenida y encarcelada, por el estado de excepción en El Salvador. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Prohibido criticar

Otro derecho ganado en la región que se daba por sentado, pero que ha sufrido un neto retroceso, es de la libertad de expresión y, vinculado a este, el de la libertad de prensa.

Por ejemplo, en Guatemala fue detenido, el 29 de julio, José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico, un medio crítico del gobierno del derechista Alejandro Giammattei, en la presidencia desde enero de 2020.

Ese medio de comunicación, fundado en 1996, había sacado a la luz investigaciones sobre corrupción y manejos oscuros de funcionarios de varios gobiernos, entre ellos el de Giammatei.

El proceso judicial contra Zamora, que sigue en curso, sería parte de una vendetta por parte de Giammatei, ha asegurado a IPS el hijo del periodista, Ramón Zamora.

En El Salvador fue capturado el 21 de agosto el tuitero Luis Alexander Rivas Samayoa, de 38 años, por haber publicado que miembros del Batallón Presidencial, encargado entre otras cosas de la seguridad del presidente de la República, daban protección a Karim Bukele, hermano del presidente,

Karim Bukele, que no es funcionario público, departía en una playa del país junto a familiares, protegidos por soldados del ejército, como si fueran su seguridad privada, y Rivas denunció el hecho en Twitter.

En El Salvador, “en efecto hay un retroceso democrático de la institucionalidad pública, en otorgar garantías básicas para la ciudadanía, en general”, acotó la investigadora Ponce.

Ella participó en la presentación de un informe, el 8 de septiembre, sobre vulneraciones de derechos cometidos en 2021 contra quienes defienden los derechos humanos en el país, como parte de un esfuerzo en el que participaron otras organizaciones.

El reporte dio cuenta de 29 casos de vulneraciones contra activistas de derechos humanos, basado en informaciones publicadas en la prensa local. Se identificó que la libertad de expresión es uno de los derechos más vulnerados.

“Aunque no pueden hacerse inferencias estadísticas a nivel nacional, sí es para llamar la atención”, de lo grave que está la situación en el país, dijo Ponce.

Bukele anunció la noche del jueves 15 de septiembre que lanzará su candidatura para las elecciones de 2024 y buscar una reelección continua, algo que en principio estaba restringido constitucionalmente.

Pero los magistrados de la Corte Constitucional, impuestos en mayo de 2021 por la Asamblea, controlada por el oficialismo, le dieron el aval a la reelección inmediata, y se prevé desde ya el triunfo de Bukele, por la aceptación de la que goza.

 

La dictadura de Ortega

Los casos más graves de violaciones a los derechos humanos, políticos y de libertad expresión se han dado en Nicaragua, en especial a partir de las multitudinarias protestas de  2018.

En abril de 2018 el presidente Ortega, que ya lleva cuatro periodos en el poder, desde 2007, frenó a sangre y fuego una revuelta popular contra su gobierno de corte dictatorial.

La respuesta represiva de Ortega produjo más de 300 de muertos y persecución política contra ciudadanos y opositores políticos, que ha vuelto a avivarse desde agosto.

La editora recomienda: EEUU publica primera lista de funcionarios señalados de corrupción en Centroamérica

 

El gobierno de Ortega mandó cerrar medios independientes, como los fundados por el veterano periodista Carlos Fernando Chamorro, quien ahora se encuentra exilado en Costa Rica, mientras culminó en agosto la confiscación del histórico diario La Prensa.

Se sabe que al menos unos 70 periodistas han dejado el país debido al acoso y persecución iniciada por la dictadura de Ortega, que se ha reavivado en la antesala de las elecciones municipales de noviembre, que se da por hecho que ganarán sus designados, debido a que ha cooptado y todas las instituciones del país.

La lucha de los pueblos indígenas

Otros derechos, surgidos de los procesos democráticos iniciados en América Central, como el acuerdo de paz alcanzando en Guatemala, en diciembre de 1996, comenzaron a levantar vuelo pero quedaron truncados en el camino.

Eso pasó con los varios derechos recogidos por el acuerdo de paz en favor de la población indígena en Guatemala, que se calcula ronda 60 % de los 17,4 millones de habitantes.

Uno de esos logros plasmados en el documento era el del reconocimiento pleno, jurídico, de los territorios indígenas, históricamente arrebatados por procesos de expropiación por parte de la oligarquía del país, contó el líder cachiquel Leocadio Juracán.

Los cachiqueles son uno de los más de 20 pueblos originarios en los que se divide la etnia maya, que ha convivido con el pueblo garífuna y xinca.

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“En eso del reconocimiento de nuestros territorios estuvimos avanzando bastante”, señaló Juracán, desde San Lucas Tolimán, en el departamento de Sololá, en el suroeste de Guatemala.

Agregó que a partir de investigaciones y peritajes se logró avanzar y establecer que los propietarios de determinados territorios eran comunidades indígenas, que evidentemente lo fueron desde antes de la Colonia, con la llegada de los españoles, en el siglo XVI, pero de los que fueron despojados con el devenir del tiempo.

Pero el avance en el reconocimiento de sus territorios quedó estancado en abril de 2021, cuando tomaron posesión los nuevos magistrados de la Corte Constitucional para el periodo 2021-2026, añadió Juracán.

Agregó que los del periodo saliente habían fallado a favor de las comunidades indígenas en los litigios, y los nuevos responden más a intereses oligárquicos.

Algunos territorios recuperados, “hasta la fecha no se han inscrito legalmente”, pues se recurre a la estrategia de retrasar el proceso, aseguró.

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La red en lucha

En riesgo, 244 millones de hectáreas en la Amazonia

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Incendios y otros fenómenos naturales están afectando grandes cantidades de hectáreas del Amazonas

 

LIMA – En la Amazonia hay unos 244 millones de hectáreas, una superficie mayor a la Argelia y casi tan grande como Argentina, cuyo bioma está en riesgo al no tener estatus adecuados para su protección, advirtió un estudio presentado este lunes 5 en un encuentro de pueblos indígenas en esta capital peruana.

“Hasta 20 % de los bosques ha sido destruido, por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería”, dijo en el encuentro el indígena curripaco venezolano Gregorio Díaz Mirabal, líder de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Agregó que los pueblos indígenas de la Amazonia “ya no queremos que la superficie de bosques baje de 80 %, porque sería nuestra destrucción”.

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En el encuentro de la Coica, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) presentó su estudio “La Amazonia a contrarreloj: Un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80 %” de su bioma.

El informe muestra el tamaño del problema, pues de los 7 004 120 kilómetros cuadrados del bioma amazónico todavía hay 2 441 607 (244 millones de hectáreas) expuestas a actividades extractivas al no contar con el estatus protector de áreas protegidas o de territorios indígenas.

Marlene Quintanilla, de la boliviana Fundación Amigos de la Naturaleza, indicó que las últimas dos décadas han sido las de mayor transformación de la Amazonia.

“Cada año se pierden, en promedio, dos millones y medio de hectáreas. Comparadas con países, cada año se eliminan bosques del tamaño de Haití”, expresó.

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La Amazonia es compartida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Los siete Estados soberanos sostienen desde 1978 la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

“Hasta  20 % de los bosques ha sido destruido, por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería”: Gregorio Díaz Mirabal.

Raisg sostiene que “allí donde hay fuerte presencia estatal se presentan amenazas y presiones o impulsores legales y, donde la presencia estatal es débil, se presentan impulsores ilegales”.

Si 20 % del territorio ya ha sido transformado, Raisg pide medidas urgentes, en los próximos tres años, para salvar el 80 % restante. Seis por ciento tiene una alta degradación y necesita restauración, 41 % con bajos niveles de degradación necesita protección, y solo 33 % está intacto.

El análisis revela que el reconocimiento de territorios indígenas –hay 6983 territorios de ese tipo, con 2 418 705 kilómetros cuadrados o 28,6 % de la Amazonia– ha sido fundamental, pues solo cuatro por ciento de esos espacios se ha degradado.

En cambio, han sufrido transformaciones 33 % de los espacios amazónicos que no tienen ese estatus o el de áreas protegidas.

La transformación alcanza a 34 % del espacio amazónico en Brasil (que a su vez tiene 60,3 % de la Amazonia), a 24 % de la boliviana, 16 % de la ecuatoriana, 14 % de la colombiana y 10 % de la peruana.

Los incendios forestales son una ruda muestra de la destrucción: según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, en los últimos 30 días se registraron vía satélite 31 513 alertas de incendios en la Amazonia, haciendo del pasado agosto el peor desde 2010, cuando hubo 45 018 quemas.

Según la Raisg, la industria ganadera es la mayor impulsora de la deforestación, y representa casi dos por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, haciendo que buena parte de la Amazonia emita más CO2 del que absorbe.

También deploró que “los bloques petroleros, centrales hidroeléctricas y minas se planifican a lo largo y ancho de la Amazonia. Los marcos legales vigentes generan condiciones para que los Estados concesionen licencias en bosques intactos o territorios indígenas sin el consentimiento libre previo e informado”.-

Además se señala que las comunidades indígenas y rurales tradicionales son hostigadas y muchos líderes de etnias, ambientales y comunitarios han sido asesinados por la disputa de tierra y derechos: 232 entre 2015 y 2019, y más de 100 solo en 2020.

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“El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica es una solución urgente para salvaguardar ese 80 % de la Amazonia. Debemos actuar todos en unidad, y debemos hacerlo antes de 2025”, dijo Díaz Mirabal.

Los territorios indígenas –a diferencia de las áreas protegidas- no cuentan con presupuestos específicos de los gobiernos de la región ni son objeto de financiamiento internacional, se recordó en el marco del encuentro.

La propuesta básica del informe Raisg es que deben detenerse la deforestación y las actividades extractivas si se quiere salvar la Amazonia, reconocer los derechos de los pueblos indígenas de la región y tender un nuevo manto de protección sobre los 244 millones de hectáreas que están desprotegidas y en riesgo.

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Fuente: ipsnoticias.net

 

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