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Nuevo proyecto vial en Amazonia peruana pone en riesgo a indígenas en aislamiento

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Por Francesca García Delgado

LIMA, Perú.– La selva del Alto Madre de Dios, en el distrito de Tambopata, en el sureste de Perú, no solo es una de las zonas más biodiversas del mundo, sino también cobija importantes Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI).

De acuerdo a cifras provistas por el Ministerio de Cultura, hubo más de 150 encuentros o avistamientos con estas poblaciones, más precisamente con el pueblo mashco piro, una de las pocas etnias en aislamiento voluntario en la Amazonia, entre los años 2011 y 2015. Prácticamente, uno cada 10 días.

Y en estos bosques únicos en el planeta, se ejecutará el asfaltado del Corredor Vial Cusco – Madre de Dios, uno de los proyectos viales más importantes en la actual carpeta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú.

La obra que ha puesto en alerta a ambientalistas y líderes indígenas.

El Corredor Vial Cusco-Madre de Dios

Esta nueva ruta de 270 kilómetros pretende mejorar las conexiones entre los departamentos peruanos de Cusco, en los Andes,  y Madre de Dios, en la Amazonia, incorporando y mejorando tres carreteras existentes como parte de una inversión de 59 millones de dólares

Este proyecto es parte del programa Proregión, el cual fue creado en el 2017 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mejorar la conectividad del país con la rehabilitación de vías departamentales.

Los fondos serán ejecutados por el MTC a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado).

Además, el proyecto tiene financiamiento inicial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por más de 340 millones de dólares para intervenir en total más de 4.200 kilómetros de vías en el Perú.

La licitación fue ganada en enero de 2020 por el Consorcio CCECC Perú, integrado por la empresa China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal Perú en 90 % y por Road Solutions Empresa Individual de Responsabilidad Limitada con el 10 % restante.

La primera está siendo investigada como parte de una presunta red criminal de constructoras chinas que habrían ganado millonarias licitaciones en el MTC a cambio de sobornos. La empresa ha rechazado estas afirmaciones.

Mientras estos escándalos suceden en las altas esferas, sobre el terreno crece el recelo en torno al nuevo corredor. No es, ni mucho menos, la primera carretera controvertida que se construye a través de zonas sensibles de Perú, con la emblemática Vía Interoceánica Sur que atraviesa la región de Madre de Dios como ejemplo notable.

Pero estas experiencias previas están avivando la preocupación de que este último proyecto pueda alterar los paisajes y las comunidades, amenazar los territorios indígenas e incluso alimentar la actividad ilícita, cuestiones que algunos observadores consideran que las autoridades no han abordado adecuadamente, ya que las dudas se ciernen sobre las evaluaciones de impacto social y medioambiental del proyecto.

Comunidades vulnerables en Madre de Dios

El corredor vial Cusco-Madre de Dios es en la actualidad un camino de tierra que parece derretirse con las lluvias. Resulta de la unión de las vías departamentales CU-112, CU-113 y MD-103 registradas por el MTC.

Se trata de 270 kilómetros que se buscan pavimentar para mejorar la comunicación entre ambas regiones. La inversión total de esta obra asciende a S/220 millones (unos 59 millones de dólares) divididos en seis años.

De los 270 kilómetros, 189 (los últimos tres tramos) atraviesan las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y de la Reserva Comunal Amarakaeri.

Diversas investigaciones e instituciones del Estado peruano han confirmado la presencia de narcotráfico, pistas de aterrizaje clandestinas y sembríos ilegales de hoja de coca ilegal en estas zonas de protección.

Incluso el distrito cusqueño de Kosñipata es un foco de hoja de coca y es uno de los puntos por el que atraviesa la vía. Detalles que no están incluidos en el instrumento ambiental del proyecto ni figuran en el planeamiento de esta infraestructura.

madre de dios carretera

 

“Estas obras impactan directamente en la biodiversidad de estos bosques, además de poner en riesgo la vida de las etnias que viven en él”, explica Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

La especialista añadió, que experiencias previas como la construcción del tramo 3 de la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) han demostrado que estas vías abren camino a actividades ilícitas como la minería ilegal y el crecimiento acelerado de la deforestación.

“Perú es uno de los pocos países con población PIACI. Si como Estado necesitas mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, es preciso identificar algún mecanismo para la protección de los pueblos en aislamiento, no solo considerar los estándares ambientales”, sostuvo Baldovino.

Luis Felipe Torres, antropólogo e investigador sobre PIACI, puntualizó que este corredor está integrado a una vía que durante años se amplió de forma no oficial entre Cusco y Madre de Dios, y que incluso llega hasta la comunidad nativa de Diamante.

Ahí hay dos Puestos de Control y Vigilancia (PCV) del Ministerio de Cultura, donde trabajan agentes de protección de los pueblos yine, matsigenka y de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad). En total son tres puestos de control en el ámbito de la Reserva Territorial Madre de Dios para la protección de los Mashco Piro.

Cuando Diálogo Chino le consultó al Ministerio de Cultura por los impactos que podría ocasionar el corredor vial Cusco-Madre de Dios en los PIACI, respondieron por escrito sin pronunciarse directamente sobre esta obra.

Sin embargo, la protección se hace cada vez más cuesta arriba, ya que la construcción y planificación de las carreteras continúa.

“Los Estados establecen políticas especiales a favor de los PIACI que se basan en proteger un territorio para que estas poblaciones puedan vivir con autonomía. Sin embargo, esta carretera complica la protección territorial del parque. Ya tenemos la experiencia con la Carretera Interoceánica que aumentó la deforestación y colonización exponencial”, declaró Torres.

Autoridades no priorizan al medioambiente

Julio Cusurichi, presidente de Fenamad, organización que representa a 39 comunidades en Cusco y Madre de Dios, explica que han advertido reiteradamente la amenaza que una vía atraviese las zonas de protección mencionadas.

Su temor va más allá de la migración masiva y la exacerbación de economías ilícitas, sino también incluye la vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento voluntario.

“El gobierno regional de Madre de Dios ejecutó un camino años atrás sin tener ningún estudio de esa infraestructura. Se trata de una carretera que se hace sin componentes de seguridad jurídica para los territorios de las comunidades”, explicó Cusurichi en referencia a la iniciativa del exgobierno del departamento, que en 2015 pretendió construir la carretera entre Nuevo Edén a Boca Colorado.

Consultado sobre la opinión técnica “favorable” que emitió el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp) sobre el mejoramiento del corredor vial Cusco – Madre de Dios, John Flores, jefe del Parque Nacional del Manu, dijo que ellos respondieron exclusivamente sobre los impactos directos de la vía sobre las dos Áreas Naturales Protegidas: Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri.

Según Flores, no les correspondía opinar sobre el impacto en la Zona de Amortiguamiento debido a que es competencia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Sin embargo, cuando insistimos en recordar la experiencia de la Carretera Interoceánica Sur que fue construida en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y que generó el incremento acelerado de la minería ilegal que amenaza constantemente a la reserva, Flores aceptó que cualquier construcción o mejora de vías es potencialmente negativa.

“Hay temas en los que no podemos influir en casi nada. Sobre todo, cuando hay una presión social fuerte. Eso prima más en las autoridades, y me refiero al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al gobierno local y regional, que son los que presionan para que se desarrolle esto. A veces el tema ambiental y las áreas protegidas las ponen en segundo orden”, añadió Flores.

Diálogo Chino solicitó una entrevista con un representante del Serfor sobre los impactos del proyecto. La respuesta fue que brindaron una opinión técnica en el marco de un instrumento de gestión ambiental a solicitud de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC y no pueden dar más alcances sobre los impactos del proyecto. Por otro lado, y a pesar de la insistencia, el MTC no respondió a las consultas.

Evaluaciones de impacto defectuosas

El proyecto de mejoramiento y conservación del Corredor Vial Cusco – Madre de Dios fue sometido a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no a un Estudio de Impacto detallado (EIA-d), este último es instrumento de gestión ambiental de máxima rigurosidad que cualquier proyecto de gran envergadura presenta al Estado para mitigar los posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades.

A diferencia del EIA-d, el DIA se aplica a proyectos que se consideran que tendrán impactos ambientales negativos leves. Esto está establecido en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del año 2001.

El DIA se otorga en un régimen de clasificación anticipada y al igual que sus términos de referencia, cuentan con una opinión previa favorable del Ministerio del Ambiente. La controversia en este punto es que si bien la ley no considera que la pavimentación de una vía tenga consecuencias graves, la evidencia demostraría lo contrario.

Ciro Salazar, especialista del Programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) refiere que este instrumento ambiental condiciona a priori la idea que los proyectos no tendrán impactos negativos pese a que la realidad sea distinta. Añade también que esto influye en los criterios con que se eligen las áreas de influencia directa de los proyectos y la evaluación real de los impactos.

“Esto está relacionado con una falla en el sistema de inversión pública. Cuando se declara la viabilidad o la construcción de proyectos, estos se hacen con información de mala calidad no solo en términos socio ambientales sino también en aspectos económicos y técnicos”, indicó Salazar a Diálogo Chino.

“Desde esos documentos se desconoce toda la gama de impactos indirectos como la deforestación, cambio de uso de suelo, migraciones descontroladas, pese a que tienes la experiencia de la Interoceánica Sur que es un caso de estudio internacional. No existe mención alguna en el estudio de perfil con que se evalúa la viabilidad de este proyecto, incluso porque atraviesa zonas cocaleras”, declaró.

El especialista precisó que tras evaluar el estudio de perfil del proyecto, el DIA, el Análisis Ambiental y Social Complementario y el Plan de Gestión Ambiental y Social propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), detectó que la información sobre realidades en torno al proyecto como la presencia de actividades ilícitas, zonas deforestadas e incluso la presencia de pueblos indígenas en aislamiento como los mashco piro, no fueron incluidas en la evaluación social y ambiental para establecer salvaguardas que minimicen los riesgos.

El especialista aclaró que no se cuestiona que se mejore la conectividad porque existe una dinámica económica en estas localidades, pero considera que se deben adoptar medidas preventivas frente a los altos riesgos que implica.

El Estudio de Preinversión del proyecto, publicado por el MTC,  detalla los posibles impactos ambientales y sociales que podrían aparecer durante la ejecución del proyecto. Ahí se hace referencia a la posible alteración de la calidad del aire por polvos y gases, la generación de ruido, así como a la alteración de la calidad de suelos y de las aguas.

Además, advierte sobre la afectación de cobertura vegetal, las expectativas y afectación de la población, pero no sobre actividades ilícitas como cultivos de hoja de coca, deforestación o afectación de pueblos en aislamiento voluntario.

La obra está en marcha, lo que pase en los próximos meses es aún incierto.

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Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.

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Denuncia de abusos a gran escala en cárceles de El Salvador, filtrada a organización internacional

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abusos en cárceles salvadoreñas

 

NUEVA YORK – Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes 27 “abusos a gran escala” en las cárceles de El Salvador, recogidos en una base de datos que según esa organización humanitaria se filtró desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del país centroamericano.

El documento “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción” que impera en El Salvador desde marzo de 2022, expresó Tamara Taraciuk, directora en funciones para América en HRW.

“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijo Taraciuk.

La base de datos proporciona los nombres, las edades y el género de las personas procesadas durante el régimen de excepción, por delitos definidos de manera amplia, de modos que violan las garantías básicas del debido proceso, según HRW.

La organización sostuvo que una fuente confiable aseguró que la base de datos pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y para evaluar su autenticidad HRW comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes.

Incluyó casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias, por lo que la información “resulta consistente con los hallazgos de HRW y Cristosal”, una organización humanitaria fundada por obispos anglicanos y que opera en América Central.

El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa “suspendió derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas”, recordó HRW.

La medida se ha prorrogado 10 veces y aún se encuentra vigente.

Policías y soldados han detenido a más de 61 000 personas, según cifras oficiales. Alrededor de 3000 han sido liberadas de prisión, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58 000 permanecen encarceladas.

A fines de agosto pasado, 1082 menores detenidos durante el régimen de excepción, 918 niños y 164 niñas, habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 con edades de que tenían 12 o 13 años, sobre la base de una ley de marzo de 2022 que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 año.

La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza, también conocido como Mariona.

En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo, “en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada”, señaló HRW.

Según sus datos, 39 000 personas fueron acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8000 por ser miembros de una “organización terrorista”.

En comparación, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148, es decir, menos de 0,3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”.

HRW sostiene que “el derecho salvadoreño define ´organización terrorista´ de una forma amplia que no resulta compatible con los estándares internacionales”, lo cual “abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas”.

También indicó ya para el pasado agosto “más de 50 000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86 000 personas”, siendo que el sistema penitenciario tenía capacidad para 30 000.

La mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7600 a 33 000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8500 a 23.300.

Según HRW y Cristosal, “en algunos casos los agentes se han negado a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional”.

“Este hallazgo respalda las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones masivas de derechos humanos y especialmente en medio de una ausencia de procesos de investigación y el cumplimiento de garantías judiciales”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Las autoridades “deberían reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”, según HRW.

Tal estrategia debería “abordar las causas estructurales de la violencia de las pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusión social”.

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Fuente: ipsnoticas.net

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Argentina: Centro Ana Frank convoca a periodistas y medios a combatir discursos de odio y mensajes genocidas

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Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Proyecto IHRA): contra la distorsión, negación y banalización de la tragedia.

«Los discursos de odio construyeron el holocausto.
Todo comenzó con la palabra. La historia nos enseña, también, que así comenzaron otros genocidios y los terrorismos de Estado».

Es parte del mensaje que está difundiendo el Centro Ana Frank de Argentina para América Latina, el cual produjo dos materiales de uso y disponibilidad libre. Tratan sobre cómo manejar, administrar y combatir los discursos de odio y mensajes genocidas y/o antisemitas en Medios de Comunicación y Redes Sociales, y hay una convocatoria especial para periodistas y medios a seguir a guía para erradicar los discursos de odio.

La Guía hace referencia al legado de Ana Frank como «los aprendizajes que debemos extraer del holocausto como el hecho histórico de mayor dimensión y sistematización de matanzas masivas y exterminio de personas judías, discapacitados, homosexuales, opositores, la comunidad romaní o lo integrantes de los Testigos de Jehová -entre otras minorías-, por parte de los nazis y sus cómplices durante la Segunda Guerra Mundial«.

El documento también contiene contenidos y sugerencias para periodistas (redactores y editores) y el Manual incluye sugerencias para community managers, sobre cómo regular mensajes de odio en las redes sociales.

El documento alude en su prefacio a los principios que manejaba la manipulación propagandística de Goebbels, y que sigue operando desde diferentes perspectivas y tiempos. Estos principios se refieren a «la negación (desconocer la realidad histórica y sus consecuencias), la distorsión (reconocer aspectos y hechos, pero justificándolos, minimizándolos) y la banalización (del holocausto y otros genocidios), y funcionan transformando a la memoria de la tragedia y el sufrimiento del exterminio en algo intrascendente y menor».

Ambos materiales son resultado de los seminarios realizados en Bariloche, San Juan, Tucumán y Asunción del Paraguay en el año 2022.
Estas publicaciones fueron realizadas con el apoyo de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos y Educación, junto a la Defensoría del Público de la Nación, la Agencia Nacional de Noticias Télam, la Universidad Nacional de San Martín, el Museo del Holocausto de Buenos Aires y el Congreso Judío Latinoamericano.

Enlace para bajar las guías: @guiaymanual | Linktree

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Presidente Alberto Fernández construye agenda para relación estratégica entre la Unión Europea y la CELAC

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Alberto Fernández, presidente de Argentina, busca crear lazos de comercio con la Unión Europea

El presidente argentino se reunió con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, con el objetivo de alcanzar acuerdos en materias primas y energía

Por Diego Ruiz D.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, mantuvo hoy una reunión con el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, con quien dialogó sobre la importancia de fortalecer los principales temas de la agenda bilateral y la relación estratégica entre la Unión Europea y la CELAC.

El mandatario coincidió con Michel en destacar la complementariedad entre ambas regiones y la importancia de continuar el trabajo impulsado en los últimos años para alcanzar nuevos acuerdos de entendimiento sobre materias primas y energía, cuya relevancia se tornó estratégica ante los desafíos que plantea el escenario mundial.

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En ese sentido resaltaron que América Latina se erige como una zona de paz y estabilidad, situación que permite afianzar la alianza como socios comerciales a largo plazo.

La Unión Europea es el tercer socio comercial de la Argentina y el principal inversor externo. Existe, además, una amplia agenda de cooperación en diversos campos que incluyen ciencia y tecnología, género, derechos humanos, educación, cultura, energía, digitalización y biotecnología, entre otros.

A fines de marzo de 2022, en su carácter de presidente pro tempore de la CELAC, Alberto Fernández sostuvo una videoconferencia con Michel con el objeto de reactivar el diálogo birregional entre ambos bloques y recuperar los espacios de trabajo al más alto nivel, a través del impulso de una comisión mixta.

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Estuvieron presentes en el encuentro, por Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; y la jefa de Gabinete de la cartera, Luciana Tito; mientras que por la Unión Europea asistieron el embajador en Argentina, Amador Sánchez Rico; el jefe de Asuntos Exteriores, Simon Mordue; y el consejero de Asuntos Exteriores, Cibrán Fernández Silva.

 

 

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