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Fabricación de culpables

«Nuestra lucha no era a puerta cerrada»: Nestora Salgado

Nestora Salgado, premio nacional de ddhh 2014 otorgado por la Fundación Don Sergio Méndez Arceo, desde la cárcel pide no dejar la lucha por la dignidad

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Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES, California.- Para Nestora Salgado García, líder comunitaria de Olinalá, el gobierno de Guerrero ha quedado en evidencia por los abusos de derechos humanos contra ella. “Nuestra lucha no era a puerta cerrada. De hecho tuve entrevistas con jueces y fiscales de la región. Incluso con el gobernador, ministerios públicos y jefes de gobierno para ponernos de acuerdo cómo iba a trabajar la Policía comunitaria”, dijo en entrevista para Los Ángeles Press desde el interior del penal federal El Rincón, Tepic, Nayarit, donde se encuentra recluida desde el 21 de agosto de 2013.

“Lo que le correspondía al Ministerio Público era realizar las investigaciones correspondientes y no las hizo. Ellos saben que yo no soy culpable de nada”, atajó la líder reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014 otorgado por la Fundación Don Sergio Méndez Arceo, al destacar por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en la Montaña Guerrero. Desde su reclusión, Salgado agradeció el reconocimiento a la gente que ha creído en ella y dio ánimos a los mexicanos para que sigan la defensa de sus pueblos ante los abusos de los gobiernos.

Nestora Salgado presenta evidencia y argumentos de los delitos del síndico Armando Patrón Jiménez ante funcionarios federales y estatales. Foto: PC-Olinalá

Nestora Salgado presenta evidencia y argumentos de los delitos del síndico Armando Patrón Jiménez ante funcionarios federales y estatales. Foto: PC-Olinalá

Salgado García explicó que, tanto ella como los demás indígenas presos, no fueron acusados como civiles o actores individuales, sino como policías comunitarios, en el ejercicio de su deber acordado con las autoridades del Estado. Al día siguiente de haber sido detenida por las fuerzas armadas sin orden judicial, le declararon auto de formal prisión, y el primer delito imputado fue por secuestro al síndico Armando Patrón Jiménez. El funcionario, quien había sido detenido por la Policía comunitaria por robo de reses y estar involucrado en un doble asesinato, nunca puso una demanda contra Salgado y desistió en ser “la parte acusadora”. Las autoridades, sin embargo, no investigaron a Patrón Jiménez, pese a que Salgado, en su calidad de coordinadora regional de autoridades comunitarias, presentó evidencias en su contra a altos funcionarios de gobierno federal y estatal, así como del ministerio público.

“Yo sólo estoy luchando porque no nos estén matando”, dijo Nestora Salgado. “No estamos actuando mal, al contrario, estamos haciendo lo que ellos (las autoridades) no quieren hacer, y nos han desaparecido gente, nos han matado gente. ¿Cómo es posible que nosotros inocentes estemos presos y a los criminales los dejen libres?”, cuestiona en la llamada telefónica desde la cárcel.

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Manta elaborada por activistas de Nueva York por la liberación de Nestora. Foto: Francisco Ramírez

Después de no haber no procedido el delito de secuestro en contra de la supuesta víctima Armando Patrón Jiménez, Nestora Salgado fue acusada por el delito de “secuestro agravado” contra varios jóvenes, entre éstos dos menores de edad. La denuncia con falsos testimonios fue incorporada en un expediente fabricado por la Procuraduría del Estado, a cargo de Iñaki Blanco. No obstante, los cargos fueron desechados por un juez federal, el 29 de marzo, al considerar que Nestora Salgado actuaba legalmente en su calidad de coordinadora de la Policía comunitaria, un derecho reconocido por la Constitución mexicana y por la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 169 en el apartado sobre derechos de los Pueblos Indígenas.

Salgado también se refirió a la Ley 701, del Estado, y enfatizó que es un la ley reconocida y que el gobierno no puede ignorarla porque se le señalan sus abusos con la comunidad. «Con cada denuncia que hacemos les tocamos intereses muy claros», dijo.

Actualmente, Nestora Salgado sigue presa en espera de la resolución del Poder Judicial del Estado de Guerrero, mientras sigue creciendo el prestigio de su lucha por la dignidad de las comunidades indígenas.

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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Fabricación de culpables

‘Se fabricó el delito para esconder a los verdaderos responsables’: Abogado Gerardo Manrique sobre caso Solid Gold

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  • Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, sentenciada a 22 años de prisión

  • Por violaciones al debido proceso debía tener sentencia absolutoria, dice abogado

Por Guadalupe Lizárraga

Tras la noticia de la sentencia condenatoria a 22 años de prisión a Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, acusada por el delito de obtener beneficio de la explotación sexual ajena, el abogado Gerardo Augusto Manrique señaló las faltas al debido proceso y el problema estructural del sistema que permite la impunidad de los verdaderos responsables del delito.

Para Manrique, quien estuvo en la última fase de su defensa, la conclusión acusatoria de la Fiscalía General de la República presentó “bastante problemáticas técnicas y de investigación del propio delito, por lo que el Órgano jurisdiccional debía haber resuelto una sentencia absolutoria”.

El abogado explicó que cuando una persona es acusada de un delito, no se puede realmente saber materialmente lo que pasó, entonces el procesamiento de la información tiene ciertas reglas; esas reglas es lo que se llama el debido proceso, y uno de los pilares fundamentales del debido proceso es que el Estado tiene que demostrar la culpabilidad.

En el caso de Claudia  Ivonne Sánchez Mayorga, el abogado enfatizó que no existen elementos suficientes para acreditarse ese beneficio económico del cual habla la acusación. “Si el delito es el beneficio de la explotación sexual ajena tiene que haber víctimas de explotación sexual, tiene que haber el acto de explotación, pero también tiene que haber el beneficio económico, y este elemento no está claro en la acusación”.

El defensor señaló que el Ministerio Público tenía que acreditar la culpabilidad, y que en lo personal él está convencido de la inocencia de Claudia Ivonne, pero en el procesamiento de cómo se presenta la acusación derivado de la investigación que tenía que ser seria, tenía que ser profesional, tenía que ser exhaustiva, todo eso no sucedió, por lo tanto, más allá de mi opinión personal -señaló el abogado-, el hecho de que la investigación presente tantas deficiencias nos tenía que llevar a que se le dictara una sentencia absolutoria.

El tema del supuesto beneficio económico queda completamente oscuro, especificó Manrique, “no hay una forma clara en que el órgano jurisdiccional pueda decir que está justificado con las constancias del expediente”, y abundó que en el caso de Claudia “se fabricó el delito para esconder a los verdaderos responsables”.

Señaló que sí existió una red de explotación sexual, pero que Claudia Ivonne claramente no estaba involucrada. “Y nosotros creemos que esto tiene más con el encubrir a los verdaderos responsables de esos hechos, generando la culpabilidad artificial de Claudia”.

El abogado apuntó que ya “el sólo hecho de que el proceso se haya tardado ocho años en decidir si era culpable o inocente es ya de por sí una violación a sus derechos, y a la lógica misma, no puedes tardarte tanto en juzgar a una persona. Si te tardas tanto es porque hay un problema estructural del propio sistema, y un segundo punto es que el ente de investigación de delitos y de acusación no se está llevando a cabo de manera correcta, ahí pues también tenemos un problema estructural”.

Concluyó Gerardo Manrique que ambas situaciones generadas en del poder judicial sobrepasa el caso de Claudia Ivonne, “esto lo vemos en muchos casos y eso es en realidad en lo que se debía estar más preocupado, no tanto en si Claudia cometió o no el delito que le atribuyen, el tema más allá de su caso, es que estructuralmente está mal diseñado el sistema y ello termina impactando en los derechos de cada una de las personas involucradas, sobre todo en los acusados”.

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Fabricación de culpables

Juez federal niega cambio de medida cautelar a expolicía Porfirio Sánchez Mendoza acusado de tortura

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una audiencia judicial de más de seis horas, un juez federal negó el cambio de medida cautelar solicitado por la defensa de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, exsecretario de Seguridad Pública en Aguascalientes y policía federal de Genaro García Luna, acusado de tortura y detención ilegal contra George Khoury Layón, en prisión desde 2009, con reconocimiento de inocencia.

La víctima señaló ante el juez que temía por su vida y la de su familia si su victimario seguía el proceso en libertad condicional, además temía por la vida de quienes atestiguaron su detención arbitraria e ilegal el 2 de septiembre de 2009, tal como quedó asentado en video de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se encontraba dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

La audiencia se prolongó por la defensa de Sánchez Mendoza, que presentó a un grupo de familiares, servidores públicos e incluso de agentes de la Guardia Nacional que declararon en favor de la “honorabilidad” del policía en juicio.

Por su parte, George Khoury Layón señaló que el agente del Ministerio Público no intervino prácticamente en el juicio, y al cuestionarlo, el agente argumentó que “lo habían cambiado hacía un mes, y no conocía el caso”. Por lo que Khoury apreció la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Khoury Layón, con opinión de libertad del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas desde 2017 y reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación de 2019, señaló que Porfirio Javier Sánchez Mendoza intervino en las tres últimas detenciones, de cuatro de las que fue víctima, ordenadas por el empresario Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol.

La primera detención fue el 16 de julio de 2005, y desde entonces se le quiso relacionar con el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La siguiente detención arbitraria fue el 30 de enero de 2006, perpetrada por el policía federale Porfirio Sánchez Mendoza y su suboficial Rolando Mayorga Cordero, éste último actualmente prófugo. Posteriormente, tras obtener una sentencia absolutoria el 14 de febrero de 2012, al momento de su salida de prisión, Porfirio Sánchez Mendoza volvió a detenerlo el 26 de febrero de ese año.

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