El centro alberga a mujeres migrantes, pero desde 2001 retenía a familias con niños

En el noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las empresas polleras es equiparable a la época feudal. Algunos trabajadores no saben ni siquiera el monto de su salario, menos pueden organizarse para construir un espacio de trabajo más digno, por el temor de ser detenidos y deportados

Por Kau Sirenio

@Kausirenio 

El estado de Arkansas era de los estados confederados que se oponían a la abolición de esclavitud. De ahí que las calles de la ciudad de Springdale tengan nombres de supremacistas blancos como: Winfield Scott, George B. McClellan, Henry W. Halleck, Ulysses S. Grant. O de los dueños de los fundadores de las trasnacionales como la pollería Tyson y Walmart: John W. Tyson y Sam Walton.

La historia de discriminación y explotación no termina ahí, sino que se extiende en la universidad de Arkansas, donde el departamento de ciencia avícola es el principal referente de la pollería Tyson, que tienen el mayor número de trabajadores migrantes con problemas de movilidad de sus extremidades y en algunos casos de trombosis cerebral.

El rechazo a los otros en esta ciudad se percibe en sus panteones, donde cada población tiene su propio cementerio. El de los negros o esclavos se encuentra en un terreno baldío, unas piedras puntiagudas sirven de lápida. Luego sigue una barda de azulejos que lo divide con la de los blancos, ahí, las tumbas cuentan con cruces de mármol. Al noroeste de la ciudad se encuentra la sepultura exclusiva para militares y miembros del Ejército Confederado. Mientras que los cadáveres de los migrantes latinos son repatriados a sus países de origen.

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Con una población de 69 mil 797 habitantes, Springdale es la ciudad donde llegan los migrantes mexicanos y centroamericanos. A pesar de la política antimigrantes, en esta ciudad es común encontrar comercios con productos mexicanos y centroamericanos. De comida hay de todos los sabores y sazones.

La política migratoria es estandarizada con la Ley federal de Migración en el noroeste de Arkansas. Al igual que en los estados de Georgia, Misisipi, Tennessee, Luisiana y Alabama, no tiene ciudades santuarios, por lo que las policías locales colaboran activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por su sigla en inglés.

Esta relación antimigrantes permitió que la policía local colaborara con el ICE para detener a 680 trabajadores de siete plantas procesadoras de alimentos en una redada conjunta en Misisipi el 8 de agosto en 2018. La mayoría de los detenidos son latinos.

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En mayo de 2018, la fundadora y directora de la organización comunitaria Venceremos,  Magali Licolli, describió la condición en que trabajaban los migrantes: “Cuando vi lo jodido de la situación de los trabajadores de la pollería El Tyson me di cuenta de lo complicado que es la vida de los migrantes indocumentados Arkansas, Estados Unidos”.

Las activista hacía énfasis sobre la explotación de los migrantes en el noroeste de Arkansas. “Venían pacientes a la clínica comunitaria a pedir ayuda para atención médica por sus discapacidades físicas a causa de los accidentes laborales. Era tal la crueldad en que trabajaban que no les permitía ir al baño, tenían que usar pañales desechables porque no se podían mover la cadena de producción”.

Las personas migrantes que trabajan en Tyson cada día están en peligro de perder la movilidad de sus cuerpos debido al trabajo que realizan en la pollería, lo triste de este caso es que los cónsules y el embajador de México en Estados Unidos poco hace por investigar el ambiente laboral en que se encuentran los connacionales.

Mientras que el salario de los migrantes no les alcanza para la renta, alimentación y medicinas. Y lo que es peor, a muchos de ellos les quedan secuelas irreparables, a causa de la presión en las bandas de destazar pollos.

Refugios de #Texas 🇺🇸 llegaron a su máxima capacidad.
Como medida, la Patrulla Fronteriza ha tenido que liberar hasta el momento a 500 migrantes, en su mayoría venezolanos. https://t.co/9zLnnurQTY pic.twitter.com/wSVynhemui

— Los Ángeles Press (@losangelespress) September 13, 2022

Así las cosas, en el noroeste de Arkansas, la explotación laboral en las polleras es equiparable a la época feudal. Algunos trabajadores no saben ni siquiera el monto de su salario, menos pueden organizarse para construir un espacio de trabajo más digno, por el temor de ser detenidos y deportados, porque el Tyson tiene una plantilla de capellanes que persuade a los trabajadores a no quejarse de la situación en que trabajan.

Magali Licolli puso al tanto en la entrevista en mayo de 2018 lo que sucedía en Springdale,  por ejemplo, los trabajadores no podía pedir trato digno, salario justo, aguinaldo y vacaciones a las empresas polleras, porque eso era condenarse a ser despedido.

“Ellos ven a los trabajadores que se organizan como comunistas, los llaman rojos y no permiten que se organicen. Las iglesias, universidades y organizaciones sociales reciben dinero de los empresarios, por eso no apoyan a los jornaleros avícolas”.

La situación de los migrantes en Estados Unidos es cada vez más compleja y nadie hace por revisar estos abusos en las empresas transnacionales. Las organizaciones sociales y religiosas en esta región están más apegadas al poder económico que a la vida humana.

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Lo que duele en esta historia es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presume las remesas que los paisanos que trabajan en el estado de Arkansas envían a México, pero poco hace por acompañar a los migrantes abandonados por la pollería el Tyson.

Mientras usted siga degustando una alita o pierna de una marca transnacional de comida rápida, la situación de los trabajadores del Tyson no cambiará.

El Gobierno del presidente Joe Biden mantuvo su postura de que es “imposible” la detención y deportación de todos los inmigrantes indocumentados, porque no hay recursos suficientes, por ello defendió su política de enfocarse en personas con récord criminal y que representan un peligro para la seguridad nacional.

Ese y otros aspectos se abordaron en la sesión de argumentos orales ante la Corte Suprema de los procuradores generales Elizabeth Prelogar, de la Administración Biden, y del Judd Stone, de Texas.

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El caso fue aceptado por el Máximo Tribunal luego de una demanda de los gobiernos republicanos de Texas y Louisiana contra el memorando de septiembre del 2021 firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En esa guía se pide a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) priorizar a inmigrantes indocumentados con récord criminal, en lugar de detener y procesar para la deportación a una persona solamente por no tener papeles.

Los jueces cuestionaron a ambos procuradores sobre tres aspectos: 1) si un estado tiene o no el derecho de demandar al Gobierno federal sobre sus políticas –en este caso migratorias—; 2) si las reglas de deportación obedecen la ley de inmigración o no, y 3) si el juez de Distrito de Texas, Drew Tipton, tenía el poder de suspender una orden de este tipo.

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“Juez [Brett] Cavanaugh, usted preguntó cuáles serían las consecuencias… si este tribunal realmente dijera que desplazará toda discreción de ejecución [migratoria], entonces el DHS estaría bajo la obligación judicialmente exigible de tomar medidas de ejecución contra cualquier persona”, dijo la procuradora Prelogar. “Eso significa que no tendríamos los recursos o la capacidad para perseguir a las personas que son amenazas para la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza”.

Varios de los jueces, incluidos Samuel Alito, el presidente del Tribunal John Roberts y el juez Kavanaugh expresaron escepticismo sobre las políticas “discrecionales” de la Administración Biden sobre los inmigrantes indocumentados.

“¿No deberíamos simplemente decir cuál es la ley?”, sugirió el juez Roberts, quien luego reconoció que el Gobierno federal no tendría acceso a recursos necesarios para aplicar la norma sin excepciones, es decir, deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados.

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Como medida, la Patrulla Fronteriza ha tenido que liberar hasta el momento a 500 migrantes, en su mayoría venezolanos. https://t.co/9zLnnurQTY pic.twitter.com/wSVynhemui

— Los Ángeles Press (@losangelespress) September 13, 2022

La jueza Sonia Sotomayor cuestionó sobre el argumento de los gobiernos demandantes en cuanto a la decisión de deportación, ya que enfatizó que todos los jueces tienen discrecionalidad al respecto, entonces consideró que las guías tenían como base esa discrecionalidad, es decir, que los oficiales de ICE eran instruidos en determinar “varios factores” para el arresto de una persona.

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Con información de La Opinión.