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Mexico Violento

Notimex definirá rumbo de la 4T entre legalidad e impunidad

Notimex, clave en el rumbo que tomará la política laboral durante esta administración

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Adriana Urrea

Hace 133 días estalló la primera huelga en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de una institución dependiente del Gobierno Federal: en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Este movimiento derivó principalmente de una violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de su directiva.

El conflicto laboral que inició con la llegada de la actual directora general de la Agencia, Sanjuana Martínez, propuesta por el Ejecutivo, tiene características propias por las que debería ser atendido de forma expedita. Se trata del medio público de mayor alcance e influencia en el país: el 80 por ciento de los huelguistas son mujeres, en su mayoría jefas de familia y porque la huelga se desarrolla en medio de la emergencia sanitaria más severa en la historia mundial, por la propagación del virus COVID-19.

La Dirección General se niega a un diálogo y menos quiere alcanzar una solución que permita a las y los trabajadores de Notimex (algunos con hasta 30 años de antigüedad en la institución) poder regresar a su fuente de trabajo y atender las medidas de resguardo en casa, cuando México vive el momento más letal por la pandemia.

El caso de Notimex incumple lo establecido en el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio, así como los convenios 89, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de las leyes mexicanas y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante la gestión de Sanjuana Martínez ha prevalecido el hostigamiento laboral, violaciones de las condiciones de trabajo (30 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo), una clara intromisión en la vida sindical, la formación de un sindicato patronal y con ello amenazas de despido por no participar en el mismo; hasta hoy, se despidió al 80% de la planta laboral de forma injustificada, incluida una mujer embarazada y personas con discapacidad, y se dio una suplantación de trabajadores.

El presidente de México ha dicho que este conflicto se resolverá y deberá ser ante las autoridades competentes y ha instruido a que haya un diálogo y una solución en apego a la Ley. Esto tampoco ha sido atendido por la Dirección General de la Agencia.

En este escenario hay dos posturas claras al interior del Gobierno mexicano y, aquella que gané, será la que determinará el rumbo no sólo de esta Agencia sino de toda la actuación de la administración federal. Es decir, cuál va a ser la política laboral.

Por un lado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que abrió el sexenio con una reforma laboral que promueve y defiende la libertad sindical y de asociación, ha actuado en apego a sus atribuciones y cumpliendo con su promesa. Fue esta misma reforma, la que permitió a las y los trabajadores de Notimex rescatar su sindicato después de que se quedó acéfalo por intromisión de la Dirección General.

Hasta ahora las instancias y funcionarios de dicha Secretaría han aplicado la reforma conforme lo establecido. Esto permitió que, previo un recuento solicitado por la Dirección, se declarara “legalmente existente” la huelga que estalló el 21 de febrero. Esto no lo reconoció Notimex, por el contrario, se atacó a las autoridades con información falsa.

Posteriormente, el 14 de mayo, se apreció a la directiva para que respetara el Derecho de Huelga, pues de lo contrario sería sancionada, e incluso se pidió la intervención del órgano máximo de administración de Notimex, la Junta de Gobierno, para aplicar y vigilar el cumplimiento del resolutivo. Finalmente, la Agencia paró la publicación de información hasta el 9 de junio pasado, pero manteniendo actividades administrativas.

Los representantes legales de Notimex en su insistencia para no respetar la resoluciones de la autoridad laboral, han interpuesto recursos legales sin sentido, con el único objetivo de confundir a los participantes y a la audiencia.

Por otro lado, la postura de la Dirección General de desconocer el derecho de las y los trabajadores y de desacreditar su movimiento con acusaciones falsas y difamaciones, está respaldado abiertamente en la Secretaría de la Función Pública (SFP), la encargada de vigilar el buen desempeño de los funcionarios públicos.

Es bien sabido, que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, es amiga cercana de la Directora de Notimex y no ha dudado en mostrarle su apoyo en redes sociales.

Esta relación de amistad quedó evidenciada en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de Notimex, que se llevó a cabo de forma virtual el 28 de junio. Con el respaldo de un funcionario de la SFP, la Dirección insistió en la necesidad de levantar las operaciones de la Agencia, argumentando el Derecho a la Información de la Ciudadanía, lo cual se le negó dado que hay una resolución de la autoridad laboral en ese sentido.

No obstante, minutos después de dicha reunión en la que se reiteró la negativa para operar hasta que no se resuelva el conflicto laboral, la Dirección retomó la publicación de información en redes sociales y el portal de noticias de Notimex, destacando el respaldo de la SFP.

Cabe destacar que las demandas que los trabajadores sindicalizados han interpuesto ante dicha dependencia por las diferentes faltas de la Dirección, no han procedido hasta hoy.

En términos legales, el Derecho a la Información no es superior al Derecho de Huelga. Además, con la suspensión de labores en Notimex no se limita el acceso a la información de la población, dado que no es el único medio público de comunicación. Por el contrario, al no respetar el Derecho de Huelga, sí pone en riesgo la libertad de asociación del Derecho Colectivo, e incluso la libertad de expresión.

Adicionalmente, las y los trabajadores demandan el Derecho a la Salud, debido a que ha sido la negativa de la Dirección la que ha extendido el movimiento de huelga y los mantiene en campamentos a la intemperie, pese a los riesgos que existen por la pandemia y los embates climáticos que hoy se viven en el país.

La postura de los funcionarios del sector laboral deja de manifiesto la intención de apegarse a la Ley y de respetar una reforma laboral que ellos establecieron y que tiene como propósito reforzar la defensa de los derechos de las y los trabajadores. En tanto, la actuación de la SPF es de defender y promover una actuación ilegal y de rebeldía a las propias autoridades del gobierno. Sobreponiendo el interés de la nación a intereses personales.

La división de posturas de las propias dependencias al interior del gobierno de la Cuarta Transformación, la 4T, no se limita a estas dependencias federales. Lo más grave, es que estamos en la definición de un gobierno que se apegará a Derecho, con la aplicación de la Ley de forma correcta y realmente acabar con las malas prácticas del pasado, o será un gobierno en el que se sigan permitiendo la impunidad y el compadrazgo, sin importar el bienestar del pueblo.

Esto, ¡ya lo veremos!

 

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Playa del Carmen destaca obras de remodelación con inversiones de 107 millones de pesos para reactivar economía

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PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Todo se encuentra listo para que este miércoles 24 de febrero, en el marco del Día de la Bandera, la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, entregue las obras de modernización de la Quinta Avenida, calles perpendiculares y el Parque Fundadores, en las que se invirtieron 107 millones de pesos, dando inicio a la reactivación económica de Playa de Carmen luego de más de 11 meses de pandemia por Covid-19.

Estas obras dieron inicio en junio pasado, aprovechando la parálisis económica generada por la emergencia sanitaria, permitiendo la reactivación gradual del sector de la construcción con la generación de 558 empleos directos al tiempo que comenzó la remodelación completa de esta arteria ícono de Solidaridad y del Parque Fundadores, que contempló la obra subterránea y la superficial.

El secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de SustentabilidadDavid Duarte Castilla informó que, por la calidad de los materiales, la obra tendrá una durabilidad de al menos 30 años; además, se logró que todos los locatarios se conectaran al drenaje sanitario evitando que las aguas negras no vayan a parar a la zona costera, que es el principal atractivo del destino.

En esta remodelación el gobierno de Solidaridad invirtió poco más de 107 millones de pesos que contemplaron: mejorar la imagen urbana y el mobiliario de esta calle peatonal, en la que se retiraron adoquines para cambiarlos por baldosas y adocreto que le darán mayor durabilidad; también está la introducción de los servicios subterráneos como el drenaje, cableado de energía eléctrica, cablevisión, Internet, cámaras del C-4, alumbrado con tecnología LED, reforestación con más de 4 mil árboles y plantas nativas; así como rampas, pozos de absorción, jardineras, bancas, entre otros.

Con estas obras, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete cumple con impulsar la reactivación económica para beneficio de los solidarenses, generando condiciones favorables para el sector turístico al recibir a los visitantes con una imagen renovada y mejores servicios.

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán arrestada por tráfico internacional de drogas en EEUU

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De acuerdo con un boletín de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.

Coronel Aispuro, de 31 años, es ciudadana estadounidense, con doble nacionalidad mexicana, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles, en el condado de Virginia. Su comparecencia inicial será en un tribunal federal mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia.

Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con funcionarios mexicanos para ayudar a Guzmán en su escape del penal del Altiplano, Estado de México, el 11 de julio de 2015.

Después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros detenidos antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

Guzmán Loera fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

La acusación de Coronel Aispuro está basada en los cargos de conspiración y distribución de un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo, en Washington, del FBI, dieron el anuncio.

La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso.

El subdirector interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso.

Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

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