A seis años del homicidio de la periodista, la investigación sigue incompleta y con violaciones de derechos humanos en impunidad por parte del exgobernador Javier Corral y agentes de la FGE y FEADLE

PRIMERA PARTE

Por Guadalupe Lizárraga

Vestido de pants, sudadera gris y zapatos tenis, el uniforme de prisión en Aquiles Serdán, Chihuahua, Hugo Amed Schultz Alcaraz narra cómo fue aquel día cuando recibió la llamada de Javier Corral Jurado para que fuera a Palacio de Gobierno, dos meses después del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea.

Le dijo que fuera “a echarse un refresquito”. En la llamada no mencionó de qué necesitaba hablar con él, pero Corral era el gobernador, y Schultz, el presidente municipal de Chínipas. Por el poco contacto que había entre ellos como funcionarios públicos, Schultz asumía la llamada como una orden, siendo ambos del mismo partido.

Era 27 de mayo de 2017, sábado. Llegó a la oficina del gobernador en torno a las 6 de la tarde, todavía no oscurecía, pero faltaba poco. Corral estaba acompañado del entonces fiscal general del estado César Augusto Peniche, además de Carlos Mario Jiménez Holguín, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, de Erick Alejandro Rangel Ríos, ministerio público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio, quien a su vez era el encargado de la carpeta de investigación 19-2017-8091 sobre el asesinato de la periodista, y había un quinto agente, José Roberto Frías Aguayo, entonces coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Narcomenudeo.

“Llego a la oficina y me los presentan a cada uno. El gobernador estaba tomando una cerveza y me ofreció una, y me dijo:

–Oiga profe, lo cité aquí porque lo vamos a entrevistar para evitar la presión mediática, porque lo queremos proteger.

–¿De qué se trata? –preguntó Schultz, nervioso ante una situación tan inusual.

–De Miroslava, –respondió sin cortapisas el gobernador.

Tenían una computadora lista en la oficina, y Javier Corral –caminando hacia la mesa donde estaba instalada– le habla a Schultz:

–Venga, profe, aquí le vamos a echar la mano.

“Y me empiezan a hacer preguntas, presionándome a que yo dijera el nombre de Los Salazar”, dice Schultz a Los Ángeles Press, poniendo el énfasis en Corral, Peniche y Jiménez Holguín, a quienes les respondía reiteradamente: “pero yo, de ellos, no sé nada”.

Incluso el ministerio público de Homicidios, Rangel Ríos, insistió un tanto molesto:

–¡Es que no nos dice nada, profe!

–¡Como se los demuestro! ¡si yo no sé nada! –contesta Schultz en el mismo tono a Rangel.

“Me insistían en que hiciera señalamientos de esa familia, los Salazar. Rangel escribía en la computadora, mientras me preguntaba y yo iba leyendo en la pantalla, que apenas alcanzaba a ver, porque uso lentes para leer”, explica Schultz, de cómo el ministerio público le tomaba la declaración en la oficina del gobernador Corral. Rangel Ríos, al tiempo que tecleaba, preguntaba a Schultz: “¿Así, profe?”. Y Schultz se defendía, “no, yo no estoy diciendo eso. Quíteselo, por favor”. Rangel Ríos volvía a leer rápido en la pantalla las respuestas que daba el entrevistado, y preguntaba de nuevo “¿Esto sí, profe?”.

Schultz reitera a esta periodista que fueron muy insistentes en poner el apellido Salazar en sus declaraciones, como él en negarlo. Insistente también, Corral en ofrecerle cervezas cuando subía la tensión entre ellos.

“Pero yo estaba muy cansado y estresado, y no sabía nada de lo que ellos me preguntaban. Corral y Peniche tergiversaban lo que yo decía, y cuando les corregía volvían a preguntarme lo mismo. Fueron seis horas de mucha presión, hasta las 12 de la noche estuvieron con preguntas, y escribiendo y borrando, y volviendo a escribir”, detalla Schultz Alcaraz.

Los hombres de la fiscalía iban a hablar a una mesa aparte en la Sala de Juntas. Allí tenían la impresora, a distancia de donde entrevistaban a Schultz. En todo momento, estuvieron Corral y Peniche.

“El documento final lo imprimieron y me lo dieron para que lo firmara sin que yo lo volviera a leer. Y ya que lo firmé, me despedí de todos. Yo estaba muy nervioso, pero yo no iba a desconfiar del gobernador, porque además yo no tenía nada que temer”, explica, “pero ya después, leí cosas que pusieron ellos y que yo no había dicho”.

Durante la entrevista en la cárcel a Hugo Schultz, que duró un par de horas, estuvo presente su abogado particular, Manuel Norberto Cortez Vázquez, quien, a pregunta expresa de esta periodista sobre el derecho a no declarar de su cliente, respondió: “Como testigo no tiene derechos, como imputado sí. Pero el profe fue invitado a la oficina del gobernador, no fue en calidad de imputado, no estaba su abogado ni se le podía coaccionar a declarar contra sí mismo o contra otras personas”. El abogado puntualiza: “no tiene valor jurídico”.

Sin embargo, en el tomo IV de la carpeta de investigación mencionada, bajo la rúbrica del agente del Ministerio Público José Roberto Frías Aguayo, se encuentra esta declaración de Hugo Amed Schultz en tres páginas y, al final, en una cuarta, aparece solo la leyenda: “Constancia: En la misma hora y fecha se hace constar que por separado se recabaron los datos de identidad del testigo, los cuales se guardan en sobre cerrado y lacrado”. Concluye con la firma de Frías Aguayo.

En esa misma declaración, se especifica que se llevó a cabo a las 15:30 horas del 27 de mayo de 2017, y que se trata del testigo de identidad reservada con la clave “Boby”, a quien -se especifica- se le tomó protesta para que se condujera con la verdad en los términos del artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales y “haciéndole del conocimiento de los artículos 307 y 308 del Código Penal para aquellos que declaran con falsedad ante la autoridad…”

Esas hojas impresas llevan la firma y huella de Hugo Amed Schultz Alcaraz, pero no le tomaron la protesta, no le leyeron sus derechos, ni fue a esa hora cuando se reunió con ellos en la oficina del gobernador. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua fabricó su testimonio con alteraciones como una declaración ministerial en calidad de “testigo de identidad reservada” con la clave de “Boby”.

El fiscal Peniche y el gobernador Corral dijeron, además, que la declaración la había hecho Schultz en la fiscalía, pero Schultz recalcó a este medio: “jamás fui a la fiscalía, no existe una prueba de que yo estuve ahí, un video que me haya grabado, jamás se me mandó un citatorio para que yo hiciera una declaración. Es la primera vez que doy mi versión”.

Dieciséis días después, el 12 de junio de 2017, la Procuraduría General de la República, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, en colaboración con la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI/0000214/2017 incorporaba la información de Hugo Amed Schultz como “persona de interés” dentro del grupo nominado Los Salazar.

El origen, mayo 2016

Miroslava Breach, en su columna Don Mirone, publicada por el diario El Norte de Juárez hizo varias referencias sobre Hugo Amed Schultz entre abril y mayo de 2016, lo que un año después originó su acusación. Lo calificó de “impresentable” y en noviembre de 2016, volvió a señalarlo sin ninguna prueba, sólo bajo el argumento de que ella era de Chínipas y que conocía a todos los que estaban relacionados con el narcotráfico. Escribió: “es el mismo que vio, calló y negoció con el narco del pueblo la designación de su sobrino Juan Miguel Salazar como candidato a la presidencia municipal”. En ese mismo espacio, lo mencionó como “emisario para amedrentar a los partidos o periodistas”(Don Mirone, El Norte de Juárez, 25 de noviembre de 2016).

El 27 de mayo de 2016, Schultz salió a los medios y respondió por su cuenta las alusiones en la prensa: “hay una percepción equivocada respecto a las condiciones de seguridad pública que se vive en Chínipas, pues, aunque la población está situada en una zona de alto riesgo por la presencia cercana de grupos dedicados al narcotráfico, en la cabecera municipal y en los poblados del municipio no se han registrado incidentes graves de violencia o agresión en contra de los pobladores, turistas, o distribuidores de insumos básicos”. (El Heraldo de Chihuahua, 27 de mayo de 2017).

De acuerdo con diversas fuentes en Chínipas, Miroslava por años no había visitado su tierra natal. Tampoco conocía personalmente a Hugo Schultz, ni a su familia, no hubo jamás una llamada entre ellos o cualquier otro tipo de comunicación. Esta información la corroboró la persona que asistía directamente en la presidencia municipal a Schultz, pero también lo corroboraron ellos mismos, cada uno en su momento.

Cuando Alfredo Piñera Guevara, el ex vocero del PAN, grabó por su iniciativa a Miroslava, en conversación telefónica, le preguntó: “Nunca te juntaste con la gente de San Juanito ni con el presidente municipal?”. Y ella responde: “No, con nadie. Absolutamente con nadie. Yo soy de Chínipas y sé de quién se trataba” (Acuerdo de atracción de la carpeta de investigación FEDSHDPDSC/UNAI-CHIH/0000214/2017, FEADLE, 7 de enero de 2018).

En este mismo documento, se retoma el testimonio de Hugo Schultz, dado en Palacio de Gobierno a Javier Corral y César Augusto Peniche, el 27 de mayo de 2017, fabricado posteriormente por el agente Frías Aguayo como declaración ministerial en calidad de “testigo de identidad reservada Boby”, y en el punto número 10 del documento dice: “Declaración del testigo denominado Boby, quien en lo que interesa informó que no conoce personalmente a Miroslava, que la conoció por las notas que publicaba…”.

Previo a este punto, destaca la declaración de Alfredo Piñera Guevara, quien dijo que “su teléfono graba en automático todas las llamadas salientes y entrantes, por lo que conservó dichos audios de ambas llamadas, y después le llamó Schultz y le preguntó que, si ya había hablado con las periodistas (Miroslava Breach y Patricia Mayorga), le respondió que sí, y el declarante decidió enviarle las grabaciones del 25 de mayo de 2016…”.

No obstante, Piñera no presentó la grabación de la supuesta llamada de Schultz, tampoco especificó el día y hora precisa de esas interacciones telefónicas o por WhatsApp, ni se hizo un análisis informático de su celular ni del de Schultz para verificar el intercambio de llamadas, siendo que fue una de las evidencias principales para la atracción del caso de la FEADLE. Sólo la palabra de Piñera, y las grabaciones de su conversación con las periodistas fue suficiente para que la PGR imputara al expresidente municipal.

Hugo Schultz, durante la entrevista en prisión, dijo a Los Ángeles Press, que él nunca recibió una grabación, ni físicamente ni por vía de mensajería electrónica, tal como afirmó Piñera. Tampoco en su detención, el 17 de diciembre de 2020, cuando se le decomisó el celular, se hizo un análisis de sus llamadas ni de la computadora que usaba para su administración en el municipio.

Cuando esta periodista preguntó por el celular de Schultz a la defensa sobre los artículos asegurados del detenido, la respuesta fue que se desconocía dónde había quedado ese celular con el número 635 294-8191. No hubo cadena de custodia, ni oficio que notificara el decomiso por parte de la fiscalía, no existe en los 26 tomos de la carpeta de investigación. De su cartera, le extrajeron dinero en efectivo, una cadena de oro y el celular.

Durante los siguientes tres meses del homicidio de Miroslava, tanto la Fiscalía General del estado de Chihuahua como la PGR, realizaron análisis exhaustivos de informática en los celulares y computadoras de la víctima y de dos imputados, Juan Carlos Moreno Ochoa ‘El Larry’, de 49 años, y Jaciel Villegas Villa, de 32. Sin embargo, el celular de Schultz no sólo fue excluido de esos análisis informáticos, sino fue extraviado sin expedir ningún reporte.

Las fabricaciones de la FEADLE

El 9 de julio de 2020, a las 10:21 horas, la agente del Ministerio Público de la Federación Iris Gabriela Santoyo Cuervo, quien asumió la coordinación del caso para la FEADLE ell 7 de enero de 2018, envió por vía electrónica una solicitud de orden de aprehensión en contra de Hugo Amed Schultz Alcaraz al Juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal en Chihuahua, que en ese momento se encontraba en funciones administrativas el juez Eduardo Javier Sáenz Torres.

Al día siguiente, la respuesta se dio en audiencia privada a las 19:33 horas, por el juez de Control Nelsson Pedraza Sotelo, negando librar la orden de aprehensión en contra de Schultz, porque “los datos de prueba no justificaron la probabilidad de la participación”.

Los datos de prueba presentados en una narrativa por Santoyo Cuervo se ajustaban a cuatro páginas tamaño oficio; la primera era de presentación y referencias jurídicas y la última, de firma. El nombre de Hugo Amed Schultz lo señalaba con imprecisiones. La agente fiscal decía que “al verse afectados los intereses de Crispín Salazar Zamorano, instruyó a su grupo identificar quién había entregado la información a Miroslava Breach Velducea”, en referencia a las columnas periodísticas que un año antes, 2016, habían sido publicados en El Norte con el seudónimo de Don Mirone.

Santoyo Cuervo no pudo sostener con argumentos que “Crispín Salazar había instruido a su grupo a identificar la fuente”, tampoco que Hugo Schultz pertenecía al mismo grupo en mención, y mucho menos podía explicar cómo al mismo tiempo Schultz operaba con Carlos Arturo Quintana ‘El 80’, siendo grupos antagónicos en una región tan específica, tal como Miroslava lo había lanzado en sus columnas. La agente del Ministerio Púbico de la Federación, no pudo presentar evidencias, datos de prueba, o testigos de por qué Schultz, siendo del PAN, habría sido el promotor del candidato del PRI como su sucesor a Juan Miguel Salazar, según lo escrito por Miroslava, quien falsamente lo relacionaba como sobrino de Schultz.

El supuesto parentesco de Schultz con Juan Miguel Salazar era muy fácil corroborarlo con las actas de nacimiento, entrevistas al círculo familiar de ambos, incluso la misma agente de la FEADLE pudo haber solicitado los test genéticos, puesto que hay dos familiares directos de Juan Miguel Salazar internos en centros federales de readaptación social. Así se hizo con la familia de Jaciel Villegas Villa y con Juan Carlos Moreno Ochoa, incluso con los familiares del autor material del crimen, Ramón Andrés Zabala Corral. Además se reconstruyó -con ciertas imprecisiones- la red más cercana de Los Salazar y se entrevistó a Carlos Arturo Quintana Quintana. No obstante, en el caso de Schultz no se investigó a la familia, ni se investigaron los supuestos vínculos que tenía con Los Salazar y ni con ‘El 80’.

La agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo, solicitó al juez de control una orden de aprehensión para Hugo Schultz, basada sólo en artículos de opinión de la víctima y en acusaciones de amenazas sin pruebas de sus familiares.

“Esta información llegó al entonces presidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz, quien decidió por cuenta propia identificar a la fuente de información de la periodista…”, alega la fiscal la supuesta intervención de Schultz en el homicidio.

La presión cayó sobre el expresidente municipal cuando estaba en Chínipas; “unos hombres encapuchados lo interceptaron en un parque público, y le preguntaron si él sabía quién estaba dando esa información a Miroslava”. Schultz no lo sabía y, según el relato de la fiscal Santoyo Cuervo, “no quería meterse en problemas”. Continúa que después de ese hecho, Schultz recurrió en busca de apoyo a su partido, el PAN, para que públicamente se aclarara la situación con un boletín de prensa por la gravedad del asunto. No obstante, Schultz, en su calidad de presidente municipal, salió a los medios el 27 de mayo de 2016, a responder sobre las calumnias mediáticas.

Otra falsedad de la agente del Ministerio Público Iris Gabriela Santoyo Cuervo fue decir al juez que el encargado de comunicación social Alfredo Piñera, con identidad reservada de Casio, “le entregó vía WhatsApp la grabación de las conversaciones al imputado Hugo Amed Schultz Alcaraz, al igual que la grabación de la conversación con Asia. Con estas grabaciones en su poder, el imputado regresó a Chínipas y se los entregó a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias ‘El Larry’, quien en ese momento era el jefe de la plaza de Los Salazar en el municipio de Chínipas”.

Hugo Amed Schultz explica que, si fuera verdad lo dicho por Piñera Guevara, habrían identificado el mensaje y la grabación como evidencias en su celular que decomisaron en su detención. Sin embargo, el único dato de prueba era el dicho de la agente del Ministerio Público.

Después de la negativa del juez de liberar la orden de aprehensión contra Schultz, el 15 de julio de 2020, la FEADLE, por medio de Santoyo Cuervo, apeló la decisión del juez. Pero no hubo una audiencia pública para la imputación de Hugo Schultz; si bien la fiscalía no tenía la obligación de informarle que lo estaban investigando, la formulación de la imputación debía ser por medio de una audiencia pública, de acuerdo con el abogado penalista Gerardo Augusto Manrique, quien explicó a Los Ángeles Press que aunque le hayan imputado el cargo, es nulo y tendrían que repetir el proceso. Para ello, recordó el Artículo 20 Constitucional.

Sin embargo, el 15 de diciembre de 2020, la FEADLE promovió en un tribunal de alzada la orden de aprehensión contra Schultz, incorporando la declaración arrancada bajo tortura a Édgar Salazar Gaxiola, de 23 años, hijo de Crispín Salazar Zamorano, a quien habían detenido el 22 de enero de 2019, con falsos cargos de extorsión. La tortura fue por parte de policías federales de la División de Inteligencia, bajo la orden de la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo, y tenía como propósito fabricar un testigo para cuadrar la relación Schultz-Salazar.

La detención arbitraria de Hugo Schultz

El jueves 17 de diciembre de 2020, en torno a las 8 de la mañana, Karina Martínez, esposa de Hugo Amed Schultz, le pidió que fuera por tortillas para el desayuno. Tenía a sus hijos en casa, por los preparativos de la Navidad, junto con una señora que les ayudaba a hacer el aseo. Schultz salió en su auto y, dice su esposa, “ya no regresó”.

Incluso comentó a la señora de la limpieza: ‘Yo creo que Hugo se fue a sembrar el maíz y a moler la harina porque no llega’. Martínez comenta que eso mencionó cuando había pasado más de una hora y no sabían de él ni se comunicaba. Al principio no le preocupaba porque “pensó que se había entretenido con algún vecino a platicar”, pero fue hasta después de casi tres horas que le permitieron hacer una llamada a su familia para informarle que estaba detenido en la fiscalía del estado.

Schultz cuenta a detalle que, al salir de su casa, presintió que lo iban siguiendo, pero continuó su camino. De repente, se le emparejó abruptamente un auto de marca Sentra, color gris, sin logos, de donde se bajaron varios hombres vestidos de civil con pistolas escuadras. Él pensó de inmediato que era un secuestro. Lo metieron al Sentra y uno de ellos se llevó su auto. Al llegar a la fiscalía, le dijeron que estaba detenido por el homicidio de Miroslava.

Las acusaciones sin pruebas

A las 10:18 horas del 23 de marzo de 2017, ingresaban el cuerpo de la periodista Miroslava Breach Velducea al servicio forense de la ciudad de Chihuahua. El registro de su muerte quedaba a las 6:46 horas por el impacto de ocho disparos. Con el nombre completo de la víctima en mayúsculas y la fecha se iniciaba la carpeta de investigación, en la Fiscalía General del Estado con el número de caso único 19-2017-8019, mientras que en la PGR se identificaba con el número de expediente C.I FEDSDHPDSC/UNAI-CHI/0000214/2017 bajo la advertencia de “información clasificada” y “confidencial” por cinco años.

Quien se encargó de esas primeras gestiones fue el agente del Ministerio Público, José Roberto Frías Aguayo, adscrito a la Unidad de Investigación en Delitos contra la Vida, y el mismo agente que fabricó el testimonio bajo coacción de Hugo Schultz en una declaración ministerial como “testigo de identidad reservada”. Pero también la Procuraduría General de la República y la FEADLE intervinieron con entrevistas a familiares, vecinos, trabajadores de negocios aledaños al domicilio de la víctima, taxistas, así como amigos y reporteros con los que convivía Miroslava, y el círculo cercano de las “personas de interés”, incluyendo novias, esposas, hijos, y demás familiares.

Los más cercanos a la víctima y funcionarios públicos fueron protegidos como “testigos con identidad reservada”, y desde los dos siguientes meses después del homicidio, la fiscalía de Chihuahua tenía suficiente información y datos de prueba de tres personas que habrían participado en el homicidio, Ramón Andrés Zabala Corral, de 25 años, presunto autor material del crimen; Juan Carlos Moreno Ochoa, presunto autor intelectual, y Wilber Jaciel Villegas Villa, quien proporcionó auto y ayuda para perpetrar el crimen.

Entre las entrevistas a vecinos, hubo una vecina -de la que nos reservamos su identidad por seguridad- que en su testimonio a la fiscalía del estado mencionó haber visto al gobernador Javier Corral entrar a la casa de Miroslava poco tiempo después de los hechos, en torno a las 9 de la mañana. Fue la única persona que lo mencionó en el registro de entrevistas, sin embargo, hay periodistas que afirman la existencia de un video de cámaras de seguridad que registraron su presencia.

Tres horas después del supuesto registro sobre Corral, a las 12:36 horas, Andrea Plata Breach, de 22 años, hija mayor de Miroslava, da su primera declaración ministerial a la FGE sobre los hechos, y señala sin titubear que Hugo Schultz y a Carlos Arturo Quintana ‘El 80’ son los responsables de las amenazas a su madre.

La joven se encontraba en un estado alterado, según la narrativa de Emergencias 066 de C4, bajo el folio 1901.01667931, con fecha del 23 de marzo de 2017, iniciada a las 6:53 horas y terminada a las 11:26 horas, con actualización a las 12:19 del mismo día. Andrea Breach fue llamada por su hermano menor inmediatamente después de los hechos, vio a su madre en la camioneta herida faltamente, llamó a Emergencias 066, y a sus tías Rosa María Breach y Guadalupe Alcira Figueroa Velducea, prima de su madre. Atendió a Javier Corral y declaró -con aparente precisión en detalles periodísticos de la autoría de su madre- en menos de cinco horas, al menos dos veces ante un agente del Ministerio Público de la fiscalía del estado.

Narrativa de Emergencias 066. Carpeta de Investigación NUC 19-2017-8091

Dijo que su madre había escrito un reportaje “acerca personas vinculadas al narcotráfico que se postulaban para cargos públicos, en su mayoría de la zona serrana, Chínipas uno de ellos…” publicado entre abril y junio de 2016, antes del proceso electoral especifica la joven, y afirma: “posterior a eso sé que recibió un mensaje o más bien que la estaban buscando para darle un mensaje por parte de la persona que apodan ‘El 80’, a través del exalcalde de Chínipas de nombre Hugo Schultz, que decía que no pisara la sierra…”.

Seis horas después del ingreso del cuerpo de Miroslava al servicio forense, su hermana Rosa María Breach Velducea y su prima Alcira Guadalupe Figueroa Velducea comparecían ante el Ministerio Público para identificar el cuerpo.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua envió los oficios para los servicios forenses y el registro civil para que la familia tuviera un certificado de defunción. La hora quedó registrada a las 16:41 del 23 de marzo de 2017. Veinte minutos más tarde, a las 17 horas, Rosa María Breach Velducea da su primera declaración a la FGE después de identificar el cuerpo de su hermana, y alude de inmediato al exgobernador César Duarte Jáquez, señalando que Miroslava había hecho una investigación “totalmente documentada”, y “relacionada con actividades ilícitas realizadas en dicha administración, en relación a los nexos del narcotráfico y de todas las propiedades ilícitas que había comprado el gobernador y todos sus allegados…”.

El 25 de marzo, la hermana de Miroslava declaraba en relación con las supuestas amenazas de Hugo Schultz, que “el gobernador electo Javier Corral dio la instrucción para que se hablara con el presidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, situación que tranquilizó a Miroslava porque bajaron las llamadas de amenazas…”.

Rosa María Breach declara también ante la PGR ese día, y se refiere a Hugo Amed Schultz, “que hace año y medio, Corral tuvo que llamarle para pedirle protección a su hermana por amenazas de éste”. Allí mismo se refiere a César Duarte, a quien, según la hermana, también le tenía miedo, porque había recibido amenazas.

Declaraciones muy similares ante ministerios públicos de las dos fiscalías, la del estado y la federal, provinieron de su otra hermana, Brissa Guadalupe Breach y de su prima Alcira Guadalupe Figueroa, los días 23, 25 y 29 de marzo. Son las únicas acusaciones contra Hugo Amed Schultz por supuestas amenazas contra Miroslava.

Amenizaron el Grupo Pesado y Cadetes de Linares y les entregaron aguinaldos a policías y agentes del Ministerio Público en fiesta organizada por Los Zetas

Por Juan Ricardo Montoya

Dicen que Salvador Dalí, el gran pintor catalán, como una forma de brindar un homenaje a nuestro país, una vez escribió: «De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”.

Y sí. Efectivamente. Algunos de los más sangrientos y espeluznantes episodios de la vida delictiva de Los Zetas en el estado de Hidalgo son en verdad inverosímiles, más cercanos a la ficción que a la realidad.

Un ejemplo elocuente del surrealismo con el que, en muchos aspectos actuaba la banda delictiva que ha operado en la entidad fue la gran cena y baile del Día del Policía celebrado el 17 de diciembre de 2008 en Actopan, Hidalgo. La celebración fue pagada y organizada por Los Zetas según consta, en declaraciones ante el agente del Ministerio Público Federal, de policías municipales de Pachuca, arrestados por agentes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por trabajar y recibir sobornos del grupo delictivo.

La celebración, a la que llegaron los policías acompañados por sus esposas, novias y parejas sentimentales, se realizó en el auditorio ubicado en la planta alta del Palacio Municipal de Actopan, gobernado en aquel entonces por el ya finado Leonardo Ramírez Álvarez, conocido como ‘El Chapey’.

“En el auditorio de Actopan, Hidalgo, se hizo una cena baile del Día del Policía, todo pagado por la organización delictiva de Los Zetas” declaró ante el agente del Ministerio Público el expolicía municipal de Pachuca, José Manuel Escobedo Delgadillo, ‘El Oso’, el mismo que fue capturado junto con Jesús Garcés Jiménez ‘El Jarocho’, exdirector del grupo antisecuestros de la Policía Ministerial de Hidalgo, luego de que se les señaló como los autores de un secuestro fallido contra un joven en el restaurante Vips de Plaza Bella de la capital hidalguense y del que dimos cuenta en estos espacios la semana pasada.

En su declaración, que forma parte de la Averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/150/2009, iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, El Oso asegura que en la fiesta «tocaron o amenizaron el baile el grupo denominado Cadetes de Linares y el Grupo Pesado». Y agrega que el festejo fue pagado por ‘El Mascafierros’ o ‘El C1’, entonces jefe de la plaza del estado Hidalgo de Los Zetas, designado directamente por Heriberto Lazcano Lazcano ‘El Verdugo’, líder máximo de esa organización criminal. No obstante, “a la fiesta sólo asistieron operativos de Los Zetas, sin que se hayan presentado los jerarcas de la organización”.

Por servir de halcones o espías de las actividades del Ejército y de la Policía Federal Preventiva, los policías municipales rasos de Pachuca, Tizayuca y otros lugares percibían como sueldo por parte de Los Zetas 5 mil pesos al mes, pero como aguinaldo recibieron un sobre amarillo con 7 mil pesos en efectivo. También había policías estatales y ministeriales que recibieron sus respectivos sobres llenos de billetes.

Como ocurre en muchas fiestas de fin de año organizadas por empresas privadas, además del baile y de la cena (de cuyos platillos no hay detalles en las declaraciones ministeriales) ‘El Mascafierros’ y los otros capos, por medio de sus lugartenientes y sicarios, entregaron una bonificación económica a sus empleados, que debieron recibirla formados en efectivo y en fila india: “Al final de la cena-baile, se realizó el pago de los aguinaldos de fin de año. Fue de manera muy rápida, empezando por los municipales, que eran mayoría, después no sé a quiénes, porque como yo era municipal, después de haber cobrado nos sacaron del lugar y ya no vi más”.

Así lo señalan ‘El Oso’ y otros, que en ese entonces, eran los policías municipales que no pudieron precisar las cantidades recibidas por los estatales y ministeriales. No obstante, ‘El Oso’ aseguró haber sido testigo de la manera en que se entregaban sobres a los mandos de la Policía Ministerial. En concreto, señala a Ahuizotl Hideroa, extitular de la corporación; a Lugo Ávila Amador ‘El Bebé’, encargado de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, UMAN, de la Procuraduría General de Justicia; al comandante Esteban Reyes Hernández, subdirector y al oficial Noé Félix Amador Ibáñez ‘El Félix’.

La fiesta era parte de los supuestos sobornos que elementos de diversas corporaciones policiacas recibieron de quienes eran los sicarios a las órdenes del Cártel del Golfo. Se realizaba como parte de los intercambios de protección, información y dinero, que hacían posible a Los Zetas realizar en Hidalgo, de manera impune, secuestros, asesinatos, además del trasiego de drogas. Sorprende, sin embargo, que en el expediente, los agentes investigadores no indagaran quién pagó el arrendamiento del salón que pertenece al municipio. Tampoco interrogaron sobre estos hechos al entonces presidente municipal de extracción priista, Leonardo Ramírez Álvarez.

Ramírez, también conocido como ‘El Chapey’, es patriarca de un clan local, originalmente de filiación priista. En el clan participan, entre otros, su esposa Adelfa Zúñiga Fuentes. La señora Zúñiga fue alcaldesa de El Arenal, una localidad a medio camino entre Pachuca y Actopan, a 20 kilómetros al noroeste de la capital hidalguense. En las dos ocasiones que gobernó El Arenal, fue postulada por el PRI, aunque ahora es flamante diputada local de representación proporcional por MORENA. Entre ambos impusieron un cacicazgo en la región que se extendió por más de dos décadas.

En una declaración rendida ante el agente del Ministerio Público otro policía, José Augusto Vega Pacheco ‘El Pino’, presunto reclutador al servicio de Los Zetas, declaró al ser detenido por la PGR que trabajaba para ese grupo delictivo. También señaló que, en enero de 2006, «me jaló a trabajar como director de la Policía Municipal de El Arenal, Hidalgo, en la administración de la licenciada Adelfa Zúñiga y con ella entre a trabajar, ya que ella es mi tía, prima de mi madre».

Con el paso del tiempo, muchos policías detenidos acusados por trabajar con Los Zetas fueron liberados, como Ahuizotl Hideroa. Otros fueron asesinados, como ‘El Pino’, ultimado la noche del 13 de mayo de 2017, en la Calzada Veracruz, cerca de la colonia Lomas de Vista Hermosa, de la ciudad de Pachuca.

Involucrado en contratos de renta de 5 mil millones de pesos, y utilizan a Heraldo Media Group para desacreditar al asesor de Transparencia que denuncia

Por Cinthya Alvarado Enríquez

José Luis Moyá Moyá, asesor en temas de Transparencia y Anticorrupción, estima que en la Ciudad de México existe un mecanismo por el que la renta de patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, así como para la extinta Policía Federal Preventiva, habría amparado un posible fraude del orden de los 5 mil millones de pesos, gracias a contratos de arrendamiento en los que se cobran cantidades superiores a los precios de mercado en el arrendamiento de vehículos utilitarios.

Moyá estima estas cifras gracias a su análisis de los datos de los sistemas de Transparencia de la Contraloría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Movilidad y de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la Secretaría del Medio Ambiente y la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal. Lo que se desprende de esos datos es el pago por servicios a precios muy por encima de los valores de mercado, además de la evasión multimillonaria de impuestos. Uno de los elementos de prueba es que, aun cuando las empresas están obligadas a llevar a cabo los trámites por cada vehículo arrendado, ni el anterior secretario de la SSC de la Ciudad de México, Jesús Orta, ni el actual, Omar García Harfuch han obligado a las empresas a cumplir esa obligación, a pesar de que ya han pagado los contratos.

En el caso de la extinta Policía Federal Preventiva, se trata de mil 500 patrullas pagadas a un precio de 2.7 millones por cada vehículo. Esas operaciones ocurren desde 2019. A pesar de prestar un servicio público fundamental, carecen de los documentos que los «den de alta» en ese servicio; tampoco cuentan con placas, no hay registros de que paguen las tenencias o sus equivalentes o de que, por alguna razón, hubieran sido exentados del pago de ese derecho. Tampoco hay registros de que cumplan con la obligación de realizar las verificaciones semestrales para garantizar que no contaminen al circular.

En la Fiscalía y Policía capitalinas ha sido posible identificar tres contratos de arrendamiento de patrullas en por un valor total de tres mil 300 millones. Esas cantidades amparan la renta de mil 850 patrullas a 2.1 millones de pesos por cada vehículo. De manera adicional, existen dos contratos, cada uno por mil millones de pesos, que amparan la renta de 810 vehículos cada uno, bajo el mismo esquema en el que, además del sobreprecio respecto de los valores de mercado, las empresas arrendadoras no dieron de alta los vehículos, no generaron placas, ni pagaron tenencias. Tampoco hay  evidencia de que hayan realizado las verificaciones en estos tres últimos años. Las placas que tienen los vehículos oficiales fueron mandadas a hacer en la empresa COMISA, en lugar de haber sido tramitadas ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, como ocurre con cualquier otro vehículo.

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Luego de que Moyá Moyá realizara esta denuncia, el investigador haya sido denunciado penalmente por Isabel Miranda Torres, que lo acusa de extorsión, sin pruebas, como represalia por haber expuesto las operaciones entre empresas del Grupo Andrade, las arrendadoras de las patrullas y entidades de seguridad pública. Además, el Grupo Andrade ha desatado una campaña en contra de Moyá.

Grupo Andrade es, en sus orígenes, una de las concesionarias más importantes de la Ford Motor Company en la Ciudad de México. Es decir, tienen intereses en el ramo automotriz y son, al mismo tiempo, propietarios de El Heraldo de México (El Heraldo Media Group), además de contar con vínculos de distinta naturaleza con los diarios El Universal, La Razón, Reporte Índigo y Eje Central, además de intereses en estaciones de radio. Como parte de esa campaña, han acusado a Moyá de ser un «presunto extorsionador».

Como ha documentado ampliamente Guadalupe Lizárraga en El falso caso Wallace, Miranda Torres demandó a distintas personas con acusaciones falsas, pero que contaban con el apoyo de autoridades federales y locales. Una de esas personas es José Luis Moyá. A él lo señaló como secuestrador. A pesar de la violenta campaña en su contra, Moyá refutó una por una las acusaciones de Miranda Torres y demostró que era inocente, por lo que no hubo acción penal en su contra. Otros no han corrido con la misma suerte, por lo que siguen presos aún habiendo demostrado graves faltas al debido proceso.

Medios que criminalizan a José Luis Moya por denuncias contra Grupo Andrade

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