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Mexico Violento

Normalistas de Ayotzinapa amenazados de muerte por la Policía Federal

Nuevas agresiones de la Policía federal a los normalistas de Ayotzinapa revive la tensión en el estado de Guerrero

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Imagen que Reforma sacó de un video donde policías federales dispararon en diciembre de 2011 a estudiantes de la Normal

Por Sergio Ferrer 

La madrugada del jueves 15, seis hombres armados amenazaron de muerte a tres estudiantes normalistas y un chofer que transitaban en la carretera Acapulco-Chilpancingo rumbo a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”.

EL vehículo volcó luego de que el conductor perdiera el conocimiento al ser golpeado por uno de los atacantes encapuchados con su pistola causándole lesión en la cabeza. La esposa del chofer y los tres estudiantes resultaron lesionados. Sin embargo, uno de ellos fue hospitalizado por presentar lesiones en uno de sus ojos y el cuerpo.

El camión regresaba de haber dejado a activistas de la región Costa Grande de Guerrero que participaron en una marcha convocada por la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para recordar el desalojo violento que se perpetró en contra de estudiantes de 2007 y la represión del 12 de diciembre de 2011 en la cual fueron asesinados dos jóvenes normalistas.

Ángel, normalista de Ayotiznapa, declaró en entrevista telefónica para LA Press que luego de la manifestación trasladaron a representantes sociales a Coyuca de Benítez y Atoyac de Álvarez, si bien no hubo contratiempo en la ida, de regreso el camión propiedad de Estrella Blanca fue interceptado por seis camionetas que con disparos al aire les marcaron el alto.

Los encapuchados que portaban botas y armas largas y cortas, amenazaron a los estudiantes de que los quemarían por andar protestando. Apenas una semana antes, estudiantes del primero y segundo semestre fueron reprimidos y torturados por policías federales mientras boteaban en un entronque carretero.

Siendo además amenazados el día de la marcha otro grupo de estudiantes por elementos aparentemente de la Policía Federal. Ante estos incesantes ataques, los normalistas de Ayotzinapa exigen una pronta investigación para que se sancionen a los agresores. También, claman por un alto al desprestigio y a la criminalización de la Normal y alto a la represión del movimiento social en Guerrero.

En un boletín difundido el jueves, los normalistas señalaron que estos acontecimientos forman parte de una escalada de agresiones a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que se se suman “a las declaraciones de las autoridades que descalifican a nuestra normal para colocarla fuera de la legalidad y criminalizarla”.

Mientras que la posición de los normalistas es de marcar responsabilidad directa del gobierno del estado de Guerrero sobre los hechos violentos contra los normalistas, el gobierno emitió un comunicado en el cual marca lo acontecido como un accidente vial sin trasfondo político.

El día de la marcha de normalistas en la histórica ciudad de Chilpancingo, el Congreso del Estado y el Ejecutivo ordenaron cerrar sus oficinas por la manifestación pacífica que la normal realizó el día circunstancia que proyecta un mensaje a la población que nos criminaliza a decir de los estudiantes.

Policías federales vuelven a acosar a los estudiantes a menos de un año del asesinato de tres normalistas Foto: red

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan que ha acompañado en la labor jurídica a los normalistas, responsabilizó al gobierno estatal de los hechos y le solicitó una investigación pronta e imparcial.

Los normalistas luchan por el acceso a plazas para estudiantes egresados, respeto a su autonomía en los procesos de selección de aspirantes a ingresar a la normal rural y alto a los ataques que buscan borrar el normalismo en el país.

En la Normal de La Montaña esfuerzo moderado contra la reforma educativa 

Tlapa

Jóvenes normalistas de primero, tercero y quinto semestre de las licenciaturas de preescolar y primaria de la Escuela Normal Regional de La Montaña (ENRM) participaron en un taller, en el cual se analizaron propuestas para desarrollar en las aulas el proyecto alternativo de educación.

Una de las finalidades de las actividades que duraron una semana culminando con una exposición en la plaza central de Tlapa, fue contextualizar la enseñanza con los problemas pero también con la cultura de las comunidades así como ha ocurrido con cerca de 40 comunidades de Michoacán que se han adentrado en este modelo alternativo cercano a la población.

Entrevistado al respecto Rolando Moreno Gerónimo, integrante de la academia de Observación de la Práctica Docente de la ENRM, reiteró que con el taller de planeación de contenidos se busca cubrir las necesidades y expectativas de La Montaña en cuanto al proyecto alternativo de educación.

Pablo Abad, docente de la Normal, señaló que previo a las jornadas de observación y práctica docente que efectuaran estudiantes en las comunidades, se realiza este taller porque se encontrarán con la novedad de que maestros en servicio están aplicando el modelo alternativo de educación ya trabajado en escuelas en Michoacán.

Especificó que se trata de delimitar los contenidos de enseñanza en base a la realidad que los niños y niñas viven, además de responder al contexto de la región en paralelo a la reforma curricular que en ambas licenciaturas ya se aplicará a partir del presente ciclo escolar.

El docente aseveró que hay escuelas que se están oponiendo a las reformas pero no presentan ningún proyecto por lo cual “en la normal de la montaña estamos lejos de las protestas pero tenemos una respuesta académica implementando talleres para que los jóvenes tengan otras ideas que se contrapongan a la reforma que ya está en proceso”.

Maestros de Michoacán, la ENRM y algunos estudiantes participaran como talleristas en actividades como la elaboración de plastilina, pinol, jabón, pasta dental, velas, un taller de elaboración de nieve, entre otros que ejemplifiquen la necesidad de aprovechar la potencialidad de los estudiantes para que esa visión les permita desarrollar a su vez la potencialidad de las comunidades.

Abad, reclamó que los nuevos planes de estudio están descontextualizados de los problemas de las comunidades por lo que el modelo alternativo pretende enseñar a los infantes a partir de sus problemas reales para que se oriente la educación a proporcionar un aprendizaje más significativo para que aprendan más fácilmente.

Una docente de Michoacán, parte de las talleristas, criticó que la currícula que propone el Estado, es decir lo que se enseña en las aulas, intenta establecer el estándar internacional propuesto por la OCD sin ver que la realidad de países denominados de primer mundo no es la misma que en México donde habitan millones de pobres.

Señaló que si los estudiantes protestaban era por algo justificado, no por ser alborotadores o carecer de fundamento.

Respecto a la enseñanza del idioma inglés, la maestra del CNTE, indicó que el enfoque oficial de enseñanza no es el que se necesita, en primera porque se ubica solo a lo rudimentario que a la larga servirá solo para el manejo de máquinas de maquiladoras estadunidenses y por otra parte no se respeta el bilingüismo que ya existe en México al hablar del uso de alguna de las decenas de lenguas originarias del país y el idioma oficial que practican diariamente las etnias en la nación.

En cuanto al tema de computación -otro punto estrella de la nueva reforma curricular- el desacuerdo se registra al tener documentado que en muchas comunidades ni siquiera hay luz lo que las discrimina en el uso de nuevas tecnologías.

Un ejemplo es Telemedia, programa que inicio con el arribo del PAN al poder encabezado por Vicente Fox cuyo gobierno gastó millones de la inversión pública en contratos con empresas de los hijos de Martha Sahagún que al final no fueron utilizados o se volvieron inservibles por la falta de mantenimiento o energía eléctrica estable.

Para finalizar, la docente rechazó los ataques perpetrados por las televisoras de que la educación alternativa era un adoctrinamiento, refirió que no es eso sino un reconocimiento de la cultura y la historia de México y a nivel local de las tradiciones y problemas particulares de las comunidades.

 

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Ex funcionarios públicos de Hidalgo investigados por desvíos de 5 mil millones de pesos

Emmanuel Ameth

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  • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y los Centros SCT de Guanajuato e Hidalgo son investigados por desvíos cercanos a los 5 mil millones de pesos, siendo aparentemente fraguados por los hidalguenses.

Por Emmanuel Ameth
EA Noticias

El exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el exalcalde de Tepeapulco Leoncio Pineda Godos, así como el exfuncionario Gerardo Salomón Bulos son investigados por su probable participación en los desvíos que provocaron daño a la Hacienda pública por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos, lo que ha provocado que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Investigación Financiera cumplimenten investigaciones emanadas de los documentos que obran en manos de la Auditoría Superior de la Federación.

En total, son 75 funcionarios investigados por desvíos que ascienden a más de 10 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, más de la mitad del monto observado recae en instituciones que estuvieron a cargo de los tres personajes hidalguenses referidos, es decir, destacando entre los desvíos y malos manejos investigados.

Al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), mismo que estuvo encabezado por el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, le siguen la pista dos investigaciones: una por 4 mil 098 millones 311 mil 608 pesos y otra por 736 millones 133 mil 008.35 pesos.

El Centro SCT Hidalgo, mismo que estuvo encabezado por el exfuncionario cercano al exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Salomón Bulos, lo indagan por desvíos observados por la ASF que ascienden a 73 millones 812 mil 987.10 pesos.

En cuanto al Centro SCT Guanajuato, el mismo estuvo encabezado por José Leoncio Pineda Godos, ligado al exgobernador José Francisco Olvera Ruiz y las indagatorias son por desvíos de 45 millones 492 ml 643.20 pesos.

Entre los tres exfuncionarios hidalguenses se acumulan probables desvíos acreditados por la ASF del orden de los 4 mil 953 millones 750 mil 246.65 pesos, es decir, más de la mitad de todos los montos observados a toda la SCT durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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