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Con voz propia

Normal de Ayotzinapa: historia de represiones por el gobierno mexicano

Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa han sido víctimas de represión desde 1940, por parte del gobierno mexicano y sus aparatos policiales

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Mural en la Normal de Ayotzinapa. Foto: Arturo de Dios Palma

Mural en la Normal de Ayotzinapa. Foto: Arturo de Dios Palma

Por Arturo de Dios Palma

La Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siempre ha navegado a contracorriente. La represión ha sido la respuesta recurrente del gobierno mexicano en torno a sus demandas. La muerte de tres de sus estudiantes y la desaparición forzada –hasta ahora de otros 43– tras el ataque de la Policía municipal de Iguala junto con sicarios del cártel Guerreros Unidos no es la primera represión fatal que sufren.

Los asesinatos de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, cometidos por policías estatales y federales el 12 de diciembre de 2011 en un tramo de la Autopista del Sol, sigue impune. A casi tres años, nadie está en cárcel por esos crímenes. Incluso, los involucrados están otra vez incrustados en la estructura gubernamental. Alberto López Rosas, entonces Procurador General de Justicia en el Estado de Guerrero, es ahora titular de la Secretarío del Trabajo; y, peor aún, aprovecha el cargo para promoverse por toda la entidad en busca de la candidatura del PRD a la gubernatura, que estará en juego el próximo año.

Impunidad ha marcado el caso de los dos jóvenes de Ayotzinapa asesinados en la autopista del Sol, y en ahora en la desaparición forzada de los 43.

Pero estos son apenas los últimos casos de represión, hay muchos más. Ayotzinapa ha visto la represión en todas sus caras y facetas: la represión de la muerte,  la represión de los golpes, la represión de la calumnia y la represión de la carencia.

Estudiantes que exigen ser respetados en sus libertades y derechos. Foto: Artro de Dios Palma

Estudiantes que exigen ser respetados en sus libertades y derechos. Foto: Artro de Dios Palma

Represiones en 2007

30 de noviembre de 2007. Acapulco, Guerrero. Unos 50 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tomó la caseta de La Venta de la Autopista del Sol. Cubiertos con pasamontañas y paliacates los estudiantes cobraron cuota -50 pesos- a los automovilistas que pasaban por ahí. El objetivo: recaudar fondos para financiar su movimiento, para que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, el primer gobernador del PRD en Guerrero, les otorgara 75 plazas de trabajo para los egresados.

La acción de los normalistas apenas duró unos 30 minutos cuando los policías federales llegaron para desalojarlos.

Las fotografías de Pedro Pardo y Jesús Trigo, publicadas en La Jornada Guerrero y en El Sur, dejaron patente el exceso al que recurrieron los policías federales, al mando entonces de Felipe Calderón.

En éstas, se puede ver a los policías exacerbados en contra de los normalistas. También se puede ver como los golpearon aún y cuando los estudiantes ya estaban sometidos. Sin embargo, los toletes no dejaron de chocar los cuerpos de los jóvenes.

“Unos 30 minutos después de iniciada la protesta, una veintena de policías federales comenzaron a llegar al lugar a bordo de camionetas. La presencia policiaca no inhibía, hasta ese momento, a los normalistas que seguían pidiendo cooperación a los automovilistas. En un instante, dos camiones de la Policía Federal Preventiva con unos 80 agentes antimotines reforzaron la valla de efectivos federales montada a unos 150 metros de distancia de la caseta.

Escudada única y aparentemente para la contención, la cortina de policías avanzó a paso lento hacia los normalistas, como dando oportunidad para el retiro voluntario. Y los manifestantes retrocedieron al mismo paso de los policías, sin agresión de ningún bando, pero ambos preparados para actuar.

Así, con escudo por delante y tolete preparado, fueron replegando a los normalistas hacia sus autobuses, pero algunos policías decidieron actuar ante el reto verbal de normalistas que no lograron repeler la golpiza a pesar que preparaban algunos cohetones que llevaban en costales de cartón. Para paralizarlos, algunos policías accionaron extintores en el rostro de los manifestantes.

Mientras un grupo de normalistas logró huir en uno de los autobuses, otro de 19 fue contenido. La mayoría de estos permaneció arriba del camión y seis fueron golpeados a patadas y toletazos hasta tenderlos sobre el asfalto. Ya sometidos y con las manos en la espalda, fueron objeto de otra golpiza”. Así consignó los hechos el reportero Allan García en su texto que publicó al día siguiente en La Jornada Guerrero.

Otra represión en el gobierno de Torreblanca Galindo fue el 14 de noviembre de 2007, cuando al menos 500 policías antimotines desalojaron a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que protestaban en el Congreso local para exigir plazas de trabajo y la petición de no desaparecer esa institución.

Los efectivos antimotines utilizaron toletes y gases lacrimógenos para retirarlos del lugar. En esa ocasión, la organización de derechos humanos Tlachinollan reportó a 230 estudiantes lesionados, 30 detenidos y dos desaparecidos.

Entrando el gobierno Ángel Aguirre Rivero se pensó por un momento que la represión en contra de la Normal de Ayotzinapa, si bien no iba terminar, no sería tan extrema.

Aguirre Rivero logró algo que gobernadores anteriores no habían podido: almorzó en el comedor de la escuela junto con los normalistas. La relación entre un mandatario y los normalistas no se miraba tan hostil, incluso, hasta un autobús recibieron los estudiantes de manos de Aguirre.

Pero todo se terminó con la muerte de Alexis y Gabriel en la Autopista del Sol a manos de policías estatales, ministeriales y federales. A partir de ahí, el linchamiento y la satanización a través de todo el aparato gubernamental, en contra de los normalistas no ha parado.

Dormitorios en la NOrmal de Ayotzinapa. Foto: Arturo de Dios Palma

Dormitorios en la NOrmal de Ayotzinapa. Foto: Arturo de Dios Palma

Represiones del 2012

El 7 de mayo de 2012 los normalistas se encontraban en el tramo de carretera Chilpancingo-Iguala, un punto conocido como Casa Verde, “boteando” para recaudar fondos para el festejo del Día de las Madres.

Ese día nuevamente fueron enviados policías estatales y federales, con armas de fuego, a disuadir el “boteo” que realizaban los normalistas.

De acuerdo a testimonios de los normalistas, unos 100 policías entres estatales y federales llegaron hasta ese punto a desalojarlos con toletazos y balazos.

Los estudiantes fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y fueron liberados al día siguiente.

Una intimidación similar y en el mismo punto, Casa Verde, la vivieron los normalistas el 9 de noviembre de ese mismo 2012. En esta ocasión, agentes de la Policía Federal detuvieron y golpearon a cinco normalistas que –como la otra vez–, se encontraban boteando para recolectar recursos.

El testimonio de los propios normalistas fue que los agentes de la Policía Federal les dispararon a los pies para paralizarlos. Después, los cinco alumnos fueron golpeados en el rostro y en el cuerpo.

Ezequiel Sánchez Alvarado, Rodolfo Vargas Ortiz, Antonio Morales Villanueva, Marcos López Cruz y Roberto Estrada Medina, fueron los estudiantes detenidos en esa represión.

El 7 de enero de 2012, murieron otros dos estudiantes. Sin bien, el causante al parecer no fue alguna autoridad, los hechos trágicos ocurrieron sobre la carretera federal Acapulco –Zihuatanejo, a la altura del municipio de Atoyac. Los estudiantes de Ayotzinapa y tres personas más resultaron heridos mientras se encontraban boteando cuando fueron atropellados.

Eugenio Tamarit, de 20 años, y Freddy Vázquez, de 23, murieron.

En el expediente del caso señalan: “el inculpado conducía un vehículo Keenworth de plataforma, quien por conducta poca cuidadosa, imprudencia, negligencia, marcada falta de precaución y/o atención al circular, incurrió en infracciones al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes en jurisdicción federal. Provocó que la parte lateral derecha del riel de la retroexcavadora que llevaba en el remolque acoplado chocara contra la anatomía corporal de los hoy occisos y de tres jóvenes más que resultaron lesionados”.

 El golpe más duro contra Ayotzinapa: 2014

Y la más reciente es la masacre de Iguala, 26 de septiembre de 2014. Pero la historia de represión de la Normal de Ayotzinapa puede datar desde 1940, cuando el ejército mexicano entró a las instalaciones de la escuela y detuvo al comité estudiantil y a maestros. En el asalto, los militares los desnudaron ahí, y se los llevaron. Estuvieron encarcelados por tres años. La causa: haber izado la bandera rojinegra en la explanada de la escuela.

Pese a todo, Ayotzinapa a veces pierde la memoria, como en 2010 cuando apadrinó la generación de egresados el entonces diputado local del PRI, Héctor Vicario Castrejón. Este político local fue uno de los alumnos más avanzados de Rubén Figueroa Alcocer, el ex gobernador que fue obligado a renunciar por su responsabilidad en la muerte de 17 campesinos en el poblado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez.

O como el pasado mes de julio, cuando apadrinó la generación en la tuvo que haber egresado Gabriel Echeverría, uno de los jóvenes asesinados en la Autopista del Sol, la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez y el sobrino del gobernador, Ernesto Aguirre Gutiérrez, quien hace un papel como de vicegobernador. La memoria a veces puede ser laxa.

***

Ayotzinapa se fundó el 2 de marzo de 1926 como parte del proyecto revolucionario para sacar del rezago educativo al país. Fue pensada para que los hijos de los campesinos de las zonas más pobres del estado tuvieran acceso a la educación. En el periodo de Lázaro Cárdenas las normales rurales se consolidaron.

Por en esta institución estudió Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez, que son de los pocos que ha enfrentado con éxito el poder autoritario y de vocación dictatorial que se ha impuesto en Guerrero.

Desde entonces, Ayotzinapa ha mantenido su lucha. Comenzaron 36 normales, ahora apenas quedan 16 en todo el país.

Pero la resistencia de esta escuela está anclada en su interior: en sus instalaciones, en sus carencias, en la mala alimentación, en la incertidumbre que habita entre los que próximamente van egresar, pero también por la amenaza que existe de que los hijos de los campesino e indígenas no la vuelvan a ocupar.

Desde la entrada, el mensaje es claro: “Ayotzinapa, cuna de la lucha social”, dice el letrero con el que dan la bienvenida. Y tal vez haya mucho de cierto en ello. La lucha para Ayotzinapa se ha convertido como la gasolina para el carro, imprescindible para andar.

Las cientos de manifestaciones que han encabezados los estudiantes en las calles y principales vías públicas del estado tienen razones, motivos, pero, sobre todo, tienen rostros. Los estudiantes que habitan el internado tienen historias de lucha, y tal vez no todos son historias de lucha social, pero sí de vida, sí de sobrevivencia.

Muchos de ellos han descubierto la vocación de ser profesores dentro de Ayotzinapa. Pues ser maestros rurales no era su plan inicial de vida, sin embargo, eso que llaman destino, o más bien el desinterés y la indolencia de los gobiernos por garantizar la educación para todos los jóvenes, ha propiciado ese encuentro inevitable entre los hijos de campesinos e indígenas con Ayotzinapa.

El asesinato de los tres normalistas y la desaparición forzada de otros 43 ha sido el golpe más duro que ha recibido Ayotzinapa en su historia. Pero la represión en contra de estos jóvenes se vuelve a repetir por la simple razón de que las anteriores represiones quedaron en impunidad. En ninguna se hizo justicia. Y en estas condiciones, cualquier gobierno, de cualquier color, podrá atacarlos porque puede hacerlo sin consecuenias.

Con voz propia

El Gobierno francés prohíbe el “lenguaje inclusivo” por ser una aberración

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Toda vez que un lenguaje evoluciona de manera libre y espontánea, para los individuos de una comunidad lingüística las nuevas palabras pasarán a ser aceptadas y empleadas sin el menor matiz de oposición. Pero en cuanto interceden grupos de carácter militante o activistas para imponer un neolenguaje la situación es distinta. Y más si responden a lo que quien esto escribe ha dado en llamar doctrina de género.

Por eso es importante la noticia de que el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer, prohíba el denominado lenguaje inclusivo en la educación nacional de su país. Al sostener, entre otros argumentos, que el lenguaje inclusivo ─o también conocido como no sexista o incluyente─ “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura” (Tal y como se indica en el portal de Antena 3 Noticias del 8/05/21).

De los elementos que el ministro destaca para fundamentar el veto de este seudo lenguaje nos encontramos que al utilizar el lenguaje inclusivo éste modifica las reglas de concordancia que deben ser “habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza”. Y añade que también “constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura”, y que afecta a la comprensión oral y a la lectura en voz alta, al no ser posible una transcripción oral de ese tipo de grafías.

Esto último corre paralelo con lo señalado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) con respecto a nuestro bello idioma, al indicar que las supuestas marcas de género como la “e”, la “x” y el símbolo “@”, en efecto no abonan en nada a la comprensión textual ni oral y menos aún a la lectura en voz alta. No imagino a los miembros de esta doctrina de género pronunciar con un micrófono frente a un gran auditorio algo así como “todxs por el cambie de la lengüe para el bien de tod@s”.

Y como corolario es pertinente resaltar la postura que en 2017 la prestigiosa Academia Francesa de la Lengua presentó, al acusar de “aberración” al lenguaje inclusivo: “La multiplicación de marcas ortográficas y sintácticas que conduce a una lengua desunida, dispar en su expresión, creando una confusión que roza la ilegibilidad”.

Otro argumento de Blanquer reside en la absurda contradicción de que el lenguaje supuestamente inclusivo se orienta a discriminar a los niños con ciertas discapacidades o con problemas de aprendizaje, los cuales serían los principalmente perjudicados, en oposición a lo que podría sugerir el adjetivo “inclusivo”.

Para el ministro, además, el aprendizaje y el dominio del francés “contribuyen a luchar contra los estereotipos y garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos”, y considera que esto se ve penalizado por el uso del lenguaje inclusivo porque “su complejidad e inestabilidad” suponen un obstáculo para ese objetivo. Cualquier análisis riguroso de este lenguaje inclusivo del país de que se trate observará, en definitiva, complejidad e inestabilidad. Por ejemplo, con el español, revisen las redes sociales de Camila Vallejo ─figura pública importante de la política en Chile─ y podrán constatar lo aquí referido: indistintamente usa las marcas de género, simplemente las omite o las entrecruza.

No obstante, Blanquer respalda la feminización de algunas palabras, sobre todo las profesiones, siempre y cuando se respeten las reglas gramaticales. Amén de que en documentos oficiales también se aplica esta norma a los cargos. Esto es, sí se visibiliza a la mujer. Lo cual no es para menos y es sumamente plausible. 

Y para redondear lo hasta aquí expuesto, citaré a la doctora y especialista en lingüística y feminista Concepción Company: El lenguaje inclusivo “deja tranquilos a muchos y obstaculiza la percepción del problema real.  Tiene efecto de superficie, no incide para nada en la estructura social y desvía la atención del problema fundamental: la discriminación por sexo”.  (La Jornada 10/03/20). Es decir, obsesionarse con imponer dicho lenguaje no propicia, en el caso de la mujer, su visibilización y/o igualdad social.

En virtud de lo anterior, considero que ni por decreto de Estado ni por activismo el lenguaje va a cambiar para ser aceptado sin mayor problema. Más bien su evolución obedecerá al conjunto de elementos jurídicos, políticos e ideológicos derivados de la forma en que se conjugan en materia económica para los hablantes dentro de su esfera social; en donde acaso se alcance el fin de la discriminación por sexo. Es decir, es todo un proceso paulatino y multifactorial.

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Con voz propia

De lords y ladies en las redes sociales, ¿clasismo o burla?

Alberto Farfán

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Por Alberto Farfán

Pareciera que en México no existen en lo absoluto fenómenos de otras latitudes como la discriminación, sea por origen étnico, diferencias de clase social, creencias religiosas o por ideas políticas, entre otras. No obstante, la realidad se ha encargado de plantearnos todo lo contrario. Y es importante considerar a este respecto esa especie de clasismo que ha tomado fuerza a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, con los denominados lords y ladies.

Las conductas socialmente reprobables de estas fugaces “celebridades” se nos dan a conocer a través de videos, memes y demás, que podemos encontrar en las diversas redes sociales existentes, a manera de denuncia preponderantemente al principio, y acaso de forma burlona en la actualidad.

Recordemos que todo inició en 2011 cuando Azalia Ojeda, exparticipante de la primera edición de Big Brother México en 2002, y otra mujer de alto nivel económico fueron captadas por el usuario de un smartphone cuando agredieron a oficiales de la policía durante un operativo del alcoholímetro en la zona exclusiva de Polanco; ocurriendo más exactamente el incidente en plena avenida Mazaryk, considerada por muchos como el equivalente a Rodeo Drive, Fifth Avenue o Les Champs Elysées en Ciudad de México. El video se viralizó en Twitter en cuestión de minutos, surgiendo de esta manera el trending tropic “Ladies de Polanco”. Exponerlas como mujeres adineradas actuando violentamente y sin respeto alguno para con los demás que no forman parte de su clase social era el objetivo.

Y en efecto, en un principio los lords y ladies sí pertenecían a la clase media-alta y alta, distinguiéndose por ser personajes prepotentes con personas de estatus inferior, comportándose de manera abusiva, que se saltan las normas o que buscan ser atendidos de inmediato, haciendo a un lado a los que estaban delante de ellos, ofendiendo con el “eres un naco, un indio, un muerto de hambre”, etcétera.

No obstante, también es necesario destacar que últimamente en las redes sociales se nos presentan a estos seres con una llamativa particularidad, y es que no son precisamente de alto nivel económico. Pero, paradójicamente, proceden como si fuesen lords o ladies, conduciéndose sobre todo de manera prepotente y haciendo alarde de un estatus que no tienen, caricaturizándose de tal modo que obligan el reír.

Esta gran paradoja resulta interesante porque indicaría que personas de clase baja y media-baja, gracias a poseer un teléfono celular de gama media y acceso a internet, pueden poner en evidencia la violencia física o verbal de alguien de su misma clase social sólo por el hecho de tener a la mano un teléfono móvil. Y no por exhibir a un rico malvado haciendo cosas horribles a los pobres.

Por ende, pareciera que en sentido estricto el aludir a los lords o ladies no es un asunto de orden clasista como podría pensarse, pues este fenómeno social ha evolucionado de una manera peculiar. Ahora, reitero, no necesariamente se requiere ser de clase alta y conducirse con desprecio hacia personas ajenas a su estatus social para adquirir el título de lord o lady. Más bien parece una pugna de todos contra todos, donde la violencia genera violencia, pero también carcajadas y éstas son válidas y esperadas.

Y aunque hay momentos en que el señalamiento toma forma de una legítima denuncia, en otros sólo adquiere relieves de sarcasmo o burla. Y al final el asunto puesto a la luz de la opinión pública difícilmente pasa por las manos de las autoridades respectivas, cuando hay un delito que perseguir; o lamentablemente termina en el inconsciente colectivo como un hecho normal y cuyo objetivo sólo era hacernos reír. 

 

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Con voz propia

Sandoval, Delgado y otros Judas de López Obrador

Ramses Ancira

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Historias para A(r)mar la Historia

Por Ramsés Ancira

México es el único país del mundo civilizado en el que un grupo de personas pueden sumar sentencias por más de 500 años de prisión, por un supuesto crimen, cuando nunca se encontró el cuerpo del delito.

Y no se trata de que lo hayan disuelto en ácido como lo hacen los narcotraficantes, o quemado, como se supone ocurrió con las víctimas de Ayotzinapa. Para eso no hay pruebas, el cuerpo de Hugo Alberto Wallace según su madre, solo se desvaneció, como si le hubieran disparado con la máxima potencia de un faser de la serie futurista Viaje a las Estrellas.

Un cadáver supuestamente destazado en 2005, que siguió utilizando su tarjeta de crédito y hablándole borracho a Houston, en 2007, a su antigua amante, Claudia Patricia Muñoz Acosta, con la que procreó a una hija, a la que había estado a punto de reconocer en el registro civil; pero que se arrepintió de ultimo momento porque su madre, una mujer castradora llamada Isabel Miranda de Wallace se lo prohibió. Así lo declaró la propia Claudia Muñoz.

Un cuerpo que fue demandado en 2006, por un asunto inmobiliario cuando se supone, que había desaparecido el año anterior.

La misma persona, Hugo Alberto, que fue detenida por narcotráfico en 2001 por traer drogas ocultas en refacciones de motocicleta, pero que luego se reclasificó como contrabando y que sin embargo fue remitido a una agencia del ministerio público en Coyoacán, a 17 kilómetros de distancia y liberado en tres días, cuando se supone que la pena mínima por este delito es de 3 meses de prisión y debió ser vista por un ministerio público federal.

El viernes nueve de octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Estado Mexicano cumpliría con la petición que hizo el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para que se reparara el daño a Brenda Quevedo, detenida y torturada sistemáticamente por el caso Wallace durante 12 años continuos.

Esta posición del primer mandatario fue en respuesta al reportero Hans Salazar del medio Sin Censura.

Por esas mismas fechas y por razones similares, la Secretaría de Gobernación dio el reconocimiento de preso político a George Khoury Layón.

Han transcurrido más de seis meses y el presidente no ha podido cumplir su palabra, en parte por la traición de gente de su equipo de trabajo como el director de la escuela de derecho Benito Juárez, Netzaí Sandoval, quien además de hermano de la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval y de Pablo Sandoval, representante del gobierno federal en el Estado de Guerrero y cuñado de John Ackerman, todos los cuales se encuentran en la nómina de la 4T, además, decíamos, cobra como director de la Defensoría Pública Federal.

Sandoval cedió a las presiones de Isabel Miranda de Wallace y corrió sin indemnización alguna al abogado defensor de Jacobo Tagle Dobín, Alejandro Garduño Real.

El abogado no sólo sufrió una injusticia laboral, sino que además tendrá que pagar desde el desempleo todos los costos del juicio que se le sigue por demanda de Isabel Miranda de Wallace, ya que, al menos en principio no le dejaron defenderse por sí mismo.

El pretexto de la presidenta de la organización Alto al Secuestro, es que el abogado, en pleno uso de sus derechos como defensor, declaró que Tagle Dobin fue secuestrado en una fecha anterior a la que Isabel Miranda de Wallace lo presentó ante las autoridades judiciales.

El abogado solo cumplió con su deber, el problema es que si el argumento se da por válido demostraría que la presidenta de Alto al Secuestro, fue previamente una secuestradora.

Pero, además, Wallace ha presentado amparos contra la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República que le impiden al presidente López Obrador cumplir con su palabra.

En otro frente, el presidente del Partido Morena, Mario Delgado impuso por dedazo a varios candidatos a puestos de elección popular que están dañando al presidente López Obrador.

El grupo más numeroso es el de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que se registraron como diputados migrantes. Cipriana Jurado, una de sus voceros dijo que en casi todos los partidos se cometieron irregularidades, que esperaban que Morena fuera diferente, pero al igual que los demás postuló a personas que hace mucho tiempo regresaron al país y por lo tanto no podrán hacer nada donde se les requiere, que es en los consulados de México.

También esta el caso de la candidata a gobernadora de Nuevo León, condiscípula de Delgado en Nxivm, quien creyó que no pasaría nada si argumentaba que nunca había visto al líder de la secta, a pesar de que sabía que la habían grabado con él. La intención del voto por Clara Luz se cayó más de 10 puntos y ahora ronda por el 18 por ciento, debajo de los candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, en el norte del país, Mario Delgado eligió como candidatos a integrantes que pertenecen al partido local Unión Democrática de Coahuila, quienes terminaron su gestión con la deuda histórica más alta, este es el caso de Ciudad Acuña en donde se quedan a deber 201 millones 400 mil pesos.

En contraste el Municipio de Saltillo, que está gobernado por el PRI, a quien según Mario Delgado solo le interesa el presupuesto, la deuda es de Cero, igual que en Monclova, donde gobierna el PAN.

No son los únicos, Judas hay en todos lados, pero son los que han destacado últimamente después de que la titular de Notimex, Sanjuana Martínez, usando los recursos del Estado, sólo le diera voz de manera reiterada a la victimaria del falso caso Wallace en perjuicio de las verdaderas víctimas.

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