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Estados Unidos

Niños migrantes, una crisis humanitaria en EEUU

Unos 52 mil niños migrantes han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos desde 2013 a junio de 2014 y se estudia su deportación

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Niños y niñas garífunas procedentes de Honduras descansan en uno de los albergues a lo largo de las rutas migratorias de México. Foto: Cortesía de defensores de los derechos de migrantes

Niños y niñas garífunas procedentes de Honduras descansan en uno de los albergues a lo largo de las rutas migratorias de México. Foto: Cortesía de defensores de los derechos de migrantes

Por Daniela Pastrana

IRAPUATO, México, (IPS).– A principios de mayo, la Casa del Migrante de Irapuato, en el centrooccidental estado de Guanajuato, en México, recibió a un grupo de 152 personas procedentes de Honduras que pertenecían al grupo étnico afrocaribeño garífuna. De ellas, 60 eran niños y niñas.

“Fue un domingo”, recordó Bertha, la cocinera. “Venían con niños de todas las edades, desde bebés. Estuvieron sólo unas horas, se bañaron, comieron y se fueron. Tampoco hablaban mucho. Le pregunté a una de las mujeres si estos niños no van a la escuela y sólo me dijo: ‘no madre, ahorita no podemos’ y calló”, describió.

Entre mayo y junio, este albergue recibió más de 400 niños, mayoritariamente provenientes de Honduras. Viajaban en grupos grandes. Sólo una vez, se quedaron más de cuatro horas.

“Hablaron muy poco, no nos dijeron cómo viajaban, aunque sabemos que no venían en el tren; tampoco quisieron decir qué camino seguirían”, contó la responsable del albergue, Guadalupe González.

Unos 1.000 kilómetros al sureste, en LA72 Hogar Refugio para Migrantes de Tenosique, un municipio del estado de Tabasco en la frontera con Guatemala, también viven el cambio.

Comenzaron a detectar un incremento considerable de jóvenes migrantes de 14 a 18 años no acompañados, de mujeres con niños pequeños y grupos de garífunas, que antes eran esporádicos en la ruta migratoria hacia Estados Unidos.

México tiene en el norte de su territorio una frontera con ese país de 3.152 kilómetros, mientras al sur limita con Guatemala, con 956 kilómetros, y Belice, con 193 kilómetros. Entre las dos fronteras hay unos 3.200 kilómetros de largo en línea recta. Pero las seis rutas migratorias suman más de 5.000 kilómetros de recorrido de sur a norte.

El mismo patrón que en otros hospedajes se registró en el Albergue Belén, Posada del Migrante, en Saltillo, capital del nororiental estado de Coahuila, en la frontera con Estados Unidos, donde a partir de mayo la afluencia de niños pasó de un promedio de cuatro cada mes, a cuatro cada día.

“Es una situación extremadamente alarmante”, dijo el sacerdote Pedro Pantoja, responsable del albergue y un gran especialista en asuntos migratorios.

Aún no está claro qué originó este éxodo de niños y niñas centroamericanos, muchas veces solos, que ya desbordó la capacidad de atención de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos y provocó una crisis humanitaria en ese país, según lo declaró su presidente, Barack Obama.

Los defensores de los migrantes en México lo atribuyen al esparcimiento de rumores sobre la regularización futura para quienes entren a Estados Unidos siendo niños.

Eso es, al menos, es lo que motivó a Delsy, un joven hondureña de 20 años que aparenta unos cuantos menos, a emprender el camino rumbo al norte, dejando atrás a su madre, cuatro hermanos y a su pequeño hijo de 15 meses.

“Me dijo una persona que si me pongo de menor de edad, en Tijuana puedo pasar a Estados Unidos. Que sí se puede, porque así pasó ella”, dijo en el albergue de Irapuato, poco antes de subirse al tren que la llevaría a la frontera.

Más de 52 mil niños migrantes detenidos en la frontera de EEUU

Desde octubre de 2013, más de 52.000 menores de edad han sido detenidos en Estados Unidos. En Texas y Arizona, dos estados fronterizos con México, los centros de detención y bases militares están saturados, y los menores permanecen hacinados a la espera de su deportación.

Organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFrayMatías), en la sureña ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, habían documentado el aumento sistemático en el flujo y detención de la población infantil desde 2011.

Sin embargo, ninguno de los gobiernos involucrados tomó medidas para contenerlos. Lo que sí cambió fue el lugar de procedencia, pues antes de 2014, México era el principal país de origen de la niñez migrante.

En cambio, del 1 de octubre de 2013 al 15 de junio de 2014 las autoridades estadounidenses detuvieron a 15.027 niños de Honduras, 12.670 de Guatemala, 12.146 de México y 11.436 de El Salvador, de acuerdo con datos del Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras de ese país.

El Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, relacionó estos nuevos lugares de origen de los menores con los índices de violencia.

“Hay una crisis humanitaria, no solo en Estados Unidos, sino en el triángulo norte de Centroamérica, principalmente en Honduras, que obliga a salir de la región a niños y niñas y personas víctimas de la violencia social y política”, dijo el activista Diego Lorente, del CDHFrayMatías.

El problema puede ser peor, porque miles de menores migrantes que salen de estos lugares no llegan a Estados Unidos. Las organizaciones humanitarias estiman que cuatro de cada 10 niños de este éxodo ni siquiera llegan a la frontera norte.

Algunos son detenidos en México. El gubernamental Instituto Nacional de Migración informó que entre del 1 de enero y el 26 de junio había “rescatado” a 10.505 menores migrantes, que están en proceso de ser deportados a sus países.

Pero hay muchos más que simplemente desaparecen en el territorio mexicano.

“Es una sangría espantosa. Son niños de 13 a 16 años, que van derechito tanto a la trata sexual, a la trata laboral, a ser masacrados, a ser desaparecidos, y también a ser sicarios”, dijo Pantoja, del albergue de Saltillo.

En Estados Unidos, la ley establece que los niños deben ser procesados en las 72 horas posteriores a su detención. La salida que tiene la mayoría es que un familiar los reclame legalmente o que permanezcan en albergues por mucho tiempo. Y al cumplir la mayoría de edad deberían ser deportados.

El 30 de junio, Obama anunció que su reforma migratoria entró en punto muerto en la Cámara de Representantes, dominada por el opositor y derechista Partido Republicano, por lo que a partir de ahora gobernará por decreto para intentar resolver la crisis.

Pero el problema no tiene una salida sencilla. Según las autoridades hondureñas, en lo que va del año, unos 3.000 niños han desertado de las clases para emprender el “sueño americano”.

“En centros educativos de las comunidades garífunas de la costa norte del país están registrando que muchos niños están desertando de las clases porque salen del país con sus padres o personas particulares rumbo a Estados Unidos”, publicó el 28 de junio el diario hondureño La Tribuna.

“Se corrió el rumor, se salió de control, y ahora parece que no hay forma de detenerlos”, dice Guadalupe González, en el albergue de Irapuato, mientras dos jóvenes hondureñas se alejan, convencidas de que si logran llegar a la frontera podrán cruzarla con sólo decir que son menores de edad.

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Estados Unidos

Nancy Pelosi autoriza comisión independiente para investigar a fondo insurrección incitada por Trump

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Dem0cracy Now!

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha autorizado una comisión, al estilo de la que se formó luego de los ataques del 11 de septiembre, para investigar más a fondo la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, así como las acciones que condujeron a ella.

Esto ocurre al tiempo que aumentan los pedidos de iniciar procesos penales contra el expresidente Donald Trump, como uno de los últimos recursos que quedan para responsabilizarlo de la insurrección, en la que murieron seis personas, dos de ellas por los ataques directos, después de que la votación del sábado en el Senado no alcanzara la mayoría de dos tercios necesaria para declararlo culpable.

El anuncio de Pelosi se hizo en momentos que aumentan los pedidos para que se inicie un proceso penal contra el expresidente Donald Trump, tras su absolución en el segundo juicio político del Senado. El corresponsal de temas judiciales de la revista The Nation, Elie Mystal, afirma que los representantes que actuaron como fiscales en el juicio político presentaron “argumentos que dan cuenta con bastante claridad de la responsabilidad penal” de Donald Trump por la insurrección del 6 de enero en el edificio del Congreso de Estados Unidos. “Creo que hay argumentos para la acusación. Al menos deberíamos intentarlo”, dice.

Siete republicanos votaron con los demócratas para condenar al expresidente, entre ellos el senador del estado de Carolina del Norte, Richard Burr. El lunes, el Partido Republicano de Carolina del Norte censuró formalmente a Burr por su voto, al igual que los senadores Bill Cassidy de Luisiana y Pat Toomey de Pensilvania, quienes han sido sometidos a votaciones de censura similares por parte de sus colegas republicanos.

Los dirigentes del Partido Republicano de los estados de Maine y Utah también están considerando censurar a la senadora Susan Collins y al senador Mitt Romney por haber votado a favor de condenar a Trump.

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Estados Unidos

Fiscales de Nueva York entregan pruebas contra García Luna por operaciones de droga desde 2002, siendo titular de la AFI

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Por Emmanuel Ameth

Los fiscales encargados del caso de Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, Nueva York entregaron al Juez Brian M. Cogan 974 mil páginas con pruebas sobre operaciones de tráfico de droga a Estados Unidos que datan desde 2002 y 2003, recién nombrado titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como un ’voluminoso’ expediente con comunicaciones interceptadas del acusado, para que sean tomados en cuenta en la audiencia que se celebrará dentro de 60 días.

El expediente es una “garantía” de que la defensa no podría llevar a cabo estrategia alguna a favor del inculpado. La razón, que incluso si un abogado analizara 100 fojas diariamente durante 60 días para realizar una estrategia jurídica eficiente, se necesitarían al menos de 167 profesionales de las leyes, a todas luces, una labor imposible.

De acuerdo con el documento, dado a conocer por el reportero Keegan Hamilton de Vice News desde su cuenta de Twitter, los fiscales se encuentran en espera de la réplica de las empresas de García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a las cuales les han pedido información.

De acuerdo con el documento, la audiencia programada para el 17 de febrero será pospuesta para dentro de dos meses, estando de acuerdo ambas partes, sin embargo los fiscales que representan a Estados Unidos adelantaron al Juez Cogan que esperan respuestas a las citaciones realizadas tanto a los abogados defensores como a los representantes de las empresas de García Luna.

En la carta al Juez Brian Cogan, que está disponible en el sistema electrónico de las cortes federales, los fiscales dijeron que seguirán presentando pruebas, a medida que las reciben, en las próximas semanas.

Por su parte, la periodista Dolia Estévez resaltó en redes sociales que el expediente en el caso de García Luna no ha mencionado la petición de extradición presentada por el Gobierno de México.

El pasado 2 de diciembre, los fiscales estadounidenses solicitaron al Juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra García Luna para proteger la identidad de los testigos.

“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, escribieron los fiscales.

En una carta dirigida al Juez, también solicitan que los documentos se mantengan como clasificados hasta el 1 de marzo de 2021.

“Una orden de protección que permita plazas la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican”, dice la carta firmada por el Fiscal federal Seth DuCharme.

La misiva añade que dichos materiales “proveen de información que podría se usada para identificar a testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público”.

Dentro de los documentos que se solicita se mantengan reservados están comunicaciones grabadas, registros financieros y de propiedad pública, fotografías y “otros que revelarían la fuente del material”.

Añadió que tanto los testigos como sus familias “enfrentarían riesgos de seguridad serios si su cooperación con el Gobierno [de Estados Unidos] y su calidad como posibles testigos de juicio, fuera revelado”.

García Luna está acusado en la Corte del Distrito este de Nueva York de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína, así como falsedad de declaración a agentes migratorios estadounidenses en 2018 y aceptación de sobornos.

Los cargos también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003.

Por los cargos anteriormente mencionados el extitular de la SSP recibiría una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. A ello se suma la falsedad de declaraciones para acumular cinco imputaciones.

Su caso fue abierto después del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, donde el capo Jesús Reynaldo Zambada García (hermano de Ismael Zambada, el Mayo que ahora quedó al frente del Cártel de Sinaloa), declaró que él personalmente entregó una maleta con USD 3 millones, cuando estaba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante el Sexenio de Vicente Fox.

Con información de sinembargo.mx

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Estados Unidos

Agente retirado de la DEA desmiente al presidente López Obrador sobre proceso de Cienfuegos en EEUU

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Por Guadalupe Lizárraga

El agente retirado de la DEA, Mike Vigil desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que este organismo de combate al narcotráfico en los Estados Unidos haya fabricado delitos a Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la supuesta debilidad de los elementos de prueba para vincularlo a proceso por conspiración y narcotráfico.

En entrevista para Los Ángeles Press, Vigil reiteró que las evidencias de Cienfuegos fueron recogidas durante diez años de seguimiento, pero que además se presentaron ante un equipo de expertos de la fiscalía de Nueva York, y después a un gran Jurado en Estados Unidos.

Dijo que en la DEA no se fabrican delitos ni evidencias como en México, porque ningún elemento de la DEA va a arriesgar su carrera de por vida por fabricar una evidencia, explicó Vigil.

“La DEA va desarrollando la evidencia, y luego el archivo completo se va a la fiscalía federal para su revisión, y entonces los fiscales federales -que son muy conservadores-, determinan si la evidencia no es sumamente fuerte, nunca, pero nunca, van a seguir adelante con una acusación formal”.

Continuó el agente, que después “el fiscal lleva el caso a un gran Jurado que consiste en 20 o 25 personas, y se presenta en un juicio para deliberar si la evidencia es fuerte o no, por lo que no nada más es la DEA la que interviene, y cuando el fiscal presentó el caso de Cienfuegos, el gran Jurado determinó que la evidencia era sólida”.

Vigil reiteró que es un proceso largo, no nada más es la DEA, como institución, la que interviene, ni es un agente o dos, es el gobierno de Estados Unidos en su conjunto, incluyendo al Departamento de Justicia, por eso nosotros no fabricamos evidencia, no fabricamos casos como en México”.

Otro de los desmentidos que hace el agente retirado de la DEA al presidente López Obrador es sobre la solicitud de este país para que el gobierno de Estados Unidos retirara los cargos a Cienfuegos. El presidente mexicano dijo en su conferencia matutina que debido a la debilidad de las evidencias en el caso de Cienfuegos, el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos. Sin embargo, el agente retirado de la DEA, Mike Vigil enfatizó que tampoco había sido así.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard fue quien solicitó el regreso del general Cienfuegos bajo la promesa de ser investigado y juzgado en México, explicó Vigil que “si no hubiera sido así, el general Cienfuegos habría sido juzgado aquí en los Estados Unidos”, y cuestionó Vigil que “no sabía por qué tantas mentiras del gobierno mexicano”.

Así también, señaló Mike Vigil que el gobierno de los Estados Unidos no entregó a México los informes que ellos catalogan como DEA 06, que contiene todo la información sensible recabada para armar el caso que va desde testimonios, vigilancia, interrogaciones de detenidos, información de inteligencia, “todo lo que se lleva a cabo en una investigación, y eso no estaba incluido en lo que se le mandó a México, porque en el envío, siempre ha habido fuga de información, y puede poner en riesgo a agentes, a informantes, y a la misma investigación, y esto es lo que dio otra vez, con la publicación del expediente con el registro de mensajes y llamadas”.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que él mismo había dado la instrucción de que se publicara el expediente enviado por el gobierno de Estados Unidos, y que todavía circulaba en las redes sociales. No obstante, para el agente retirado de la DEA esta instrucción presidencial “fue una violación al Acuerdo de Asistencia Legal entre ambos países firmado en 1991, y se sigue con la desinformación de que Estados Unidos le quitó los cargos a Cienfuegos porque no había evidencia sólida, y esto tampoco es cierto”.

Concluyó Vigil que “los comentarios del presidente López Obrador están haciendo daño a las relaciones bilaterales, y favoreciendo a los carteles, que se sienten muy confortables con su gobierno”; porque lo que se está haciendo es destruir la cooperación en información entre ambos países sobre el combate al  narcotráfico”.

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