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Niñez oaxaqueña, sin ayuda gubernamental después del sismo

La niñez oaxaqueña no ha recibido ayuda del gobierno mexicano por estrés postraumático generado por el reciente terremoto ni para continuar sus estudios

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La niñez oaxaqueña, sin atención desde el sismo. Foto: Rodío Flores

Por Rocío Flores

SAN MATEO DEL MAR.  Las niñas y niños son parte de las víctimas más vulnerables del sismo del jueves siete de septiembre, que derrumbó hogares en varios pueblos del Istmo, pero de ellos las autoridades federales y estatales no dicen mucho, lo fundamental para la Secretaría de Educación Pública hasta ahora,  es reconstruir la infraestructura educativa.

En esta población ikoots, la primera y la única institución que se ha ocupado es la Unicef México, a través de dos representantes, Paola Gómez y Dora Giusti, el organismo internacional asistió a la niñez de esa región.

De manera general, el organismo informó que los niños afectados en el Istmo por el terremoto del siete de septiembre, muestran síntomas de estrés y sienten un miedo constante de volver a vivir la experiencia.

Según lo observado en las poblaciones de la región, entre las que se ubica San Mateo del Mar, hay necesidades de agua y saneamiento. Detallan que los insumos como agua purificada para tomar, gel antibacterial, pañales, toallas sanitarias y papel higiénico son esenciales en estos momentos.

La Unicef explica que el regreso a la escuela y atención psicosocial, son algunas de las prioridades para ayudar a las niñas y niños.

La coordinación con la sociedad civil y autoridades mexicanas es crucial, apunta en su informe, también, sugiere espacios amigables (lejos de escombros y otros riesgos) donde se puedan realizar actividades lúdicas, artísticas y musicales de base terapéutica.  Así mismo propone  el  retorno a la normalidad a través de escuelas móviles y personal temporal de ser necesario.

Por último informan sobre la necesidad de mejorar la higiene y sanidad para evitar la propagación de enfermedades gastrointestinales.

En San Mateo del Mar, la población infantil no tiene un lugar seguro para atenderles y propiciar un entorno menos difícil, señala por su parte, la maestra Beatriz Gutiérrez Luis, profesora del preescolar Vicente Guerrero, ubicado en esa comunidad.

La maestra comenta que han buscado la posibilidad de darles atención en la cancha  deportiva durante al menos dos horas, pero las madres aún tienen miedo, “no quieren soltar a sus niños  para que se integren, es normal, siguen las réplicas”.

Han pasado 10 días de ese sismo de 8.2 en la escala de Richter, desde esa fecha un promedio de 2 mil niñas, niños y jóvenes estudiantes de nivel, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato se quedaron sin atención escolar.

Aunado a esto, en algunos hogares las fosas sépticas quedaron destruidas por el terremoto y se corre el riesgo de contaminación al agua de los pozos cercanos.

Ninguna autoridad en materia de salud, ni estatal ni federal, ha pasado por ahí, del  Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca pasó una persona del área de infraestructura escolar.

“Los chiquitos están totalmente descuidados”, expuso la docente.

 “Estamos esperando que pase una semana más y a ver si ya podemos instalarnos  en la calle, frente a esta escuela, hemos pensado otras maestras y yo llevar pinturas y materiales  a la cancha pero no hay un ambiente idóneo para los niños, hay policías, elementos de la Marina, la brigada médica… mucha gente. Si por nosotras fuera ya hubiéramos empezado las clases, es una forma de que piensen en otra actividad y no en el temblor que derrumbó  hogares de algunos estudiantes”.

El temor se percibe en algunas madres, abrazan a sus niños cada vez que sienten un movimiento o ruido extraño, las niñas y niños más pequeños buscan cobijo entre las piernas o solo en las enaguas de sus madres.

Los  miedos de las personas adultas también se trasmiten a los niños, apunta la docente, también directora del preescolar.

Beatriz   destaca, “nadie estaba preparado para un sismo de esta dimensión, hubo desorganización y mucho miedo”. 

Después del susto, dice, se organizaron dos cocinas comunitarias con apoyo de la asociación civil CAMPO y el CDH Tepeyac, una, en el preescolar  y otra en el bachillerato comunitario, éste último también funciona también de albergue para 30 familias que se quedaron sin hogar.

Mientras platica, Bety mira su escuela, las paredes están agrietadas, las ventanas rotas, unas varillas destacan en la construcción, apenas logran sostener los tres salones,  el techo parece a punto de caer.

En una pared todavía cuelgan imágenes y textos en ombeayiüts, la lengua materna de los ikoots, dos caballitos de madera se mecen al ritmo de una nueva réplica que sucede mientras conversamos, al fondo, una mesita con platitos está lista para recibir a los niños y niñas que antes del  terremoto corrían por esa escuela bilingüe, ahora inservible, de San Mateo. Solo dos aulas parecen estables aunque no hay un diagnóstico de Protección Civil que les dé certeza de que funcionarán.

Ayer domingo, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer anunció que se destinarán recursos por mil 870 millones de pesos para la reconstrucción de las escuelas del Istmo de Tehuantepec, que resultaron afectadas.

El responsable de la política nacional educativa indicó que en Oaxaca se tienen registradas mil 75 escuelas con algún tipo de afectación en todos sus niveles (desde preescolar hasta el nivel superior), 177 de las cuales presentan daños severos y que tendrán que ser reconstruidas en su totalidad. Dijo que para la reconstrucción dispondrán de mil 800 millones de pesos, además que se gestionarán recursos ante el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) si se requiere de un mayor presupuesto.

Pese a la información, para la maestra Bety la esperanza de tener una escuela preescolar parece muy lejana, dice que si en tiempos normales tienen goteras y  techos dañados que tardan en promedio dos años en reparar… “imagínate ahora… aunque estén los recursos del Fonden”.

Mientras tanto, el Instituto de Educación Pública de Oaxaca anuncia que  hoy inician las clases por TV e Internet, en todas las zonas afectadas del Istmo, donde muchos miles de niños se quedaron sin hogar.

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Torturas y muertes silenciosas en el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador

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Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR – El cadáver de Walter Sandoval muestra varios hematomas oscuros en brazos y rodillas, así como una laceración en el ojo izquierdo y en la cabeza, señales de que sufrió algún tipo de violencia antes de morir en una cárcel salvadoreña, acusado de ser un miembro de una pandilla.

Esos golpes son evidentes en las fotografías que el padre de Walter, Saúl Sandoval, mostró al medio, el jueves 28 de julio.

Walter, de 32 años, es uno de los fallecidos en prisiones salvadoreñas luego de ser detenido  por las autoridades, en las redadas masivas que el gobierno de Nayib Bukele inició desde finales de marzo, al amparo del decretado régimen de excepción y de su lucha contra las organizaciones delictivas.

El joven, dedicado a la agricultura, murió el 3 de abril, en el aparcamiento del hospital de Sonsonate, un municipio del occidente del país donde fue trasladado moribundo, según la familia, desde la delegación policial de Ahuachapán, ciudad del departamento homónimo, en el occidente de El Salvador.

A esa estación de policía había sido trasladado, luego de su arresto el 30 de marzo, en la colonia (barrio) Jardines, del municipio de El Refugio, también del departamento de Ahuachapán.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán”, dijo el padre.

El joven, agregó, había estado compartiendo con amigos y embriagándose. Minutos más tarde, una patrulla policial lo capturó bajo la acusación de ser pandillero, algo que la familia negó rotundamente.

No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital”, agregó el padre.

Para él, la única explicación que tiene de por qué los policías detuvieron a Walter es porque “querían sacar la cuota del día”, en referencia a que los efectivos tendrían asignado un número específico de capturas, a cambio de algunos beneficios en sus tareas diarias.

“Lo torturaron, en las bartolinas (calabozos) de la delegación de Ahuachapán… No alcanzó a recibir ayuda médica, se murió en el parqueo (aparcamiento) del hospital: Saúl Sandoval.

Muertes como la de Walter, de confirmarse la participación de agentes del Estado, son la expresión más violenta y arbitraria de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde que el gobierno inició su plan de redadas masivas, en lo que presenta como una lucha frontal contra las pandillas.

Desde finales de marzo, el gobierno salvadoreño mantiene vigente un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales, como una forma de parar una abrupta alza de homicidios cometidos por pandilleros entre el 25 y 27 de marzo.

En esas fechas, unas 87 personas fueron asesinadas por pandilleros, en una especie de venganza contra el gobierno que habría roto un oscuro acuerdo bajo la mesa con esos grupos criminales, para mantener bajos los índices de homicidios.

El régimen de excepción, como se denomina esta figura constitucional en el país, se aplica desde el 27 de marzo, con prorrogas mensuales de la Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por el gubernamental partido Nuevas Ideas. Desde entonces, las muertes violentas han caído a un promedio de tres

Entre los derechos constitucionales suspendidos se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes. También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que actualmente es de tres días.

El gobierno puede además intervenir las comunicaciones “de grupos terroristas”, refiriéndose así a las pandillas, aunque eso ya podía hacerlo con las leyes ordinarias.

Luego de iniciado el régimen de excepción, los homicidios volvieron a la baja, que ronda los dos o tres muertos diarios, pero incluso hay días en que no se registra ninguno.

Pero en cambio, alrededor de 48 000 personas han sido detenidas y encarceladas preventivamente, todas acusadas por las autoridades de formar parte de pandillas, proscritas por ley. Y el número aumenta cada día.

Sin embargo, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han advertido que entre los capturados hay personas que no tenían ningún vínculo con esas estructuras criminales, también llamadas “maras” en El Salvador, y las que conforman un ejército de unos 70 000 miembros.

El 2 de junio, Amnistía Internacional afirmó en un comunicado oficial: en el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos.

Sin embargo, el presidente Bukele, lejos de mostrarse receptivo ante las críticas, las deslegitima tajantemente y suele referirse a los representantes de esas organizaciones como “sinvergüenzas”, preocupados más por defender los derechos de los pandilleros, según la narrativa oficial.

Walter Sandoval es uno de los jóvenes que han fallecido con muestra de torturas en cárceles de El Salvador en el marco del régimen de excepción vigente en este país desde finales de marzo. La policía lo capturó sin ninguna evidencia que lo vinculara con grupos de pandillas, afirmó la familia del joven, en un caso de los que se repiten cada vez más y que han sido documentados por organizaciones de derechos humanos. Foto: Cortesía de familia Sandoval

Muertes silenciosas y torturas

La organización de derechos humanos Cristosal ha recopilado cerca de 2500 casos de detenciones que, según los denunciantes, han sido arbitrarias, sin fundamento para que sus familiares hayan sido detenidos en el marco del régimen de excepción.

Esa organización también ha monitoreado reportes de prensa, redes sociales e indagaciones propias para establecer que, hasta el 28 de julio, cerca de 65 personas habían fallecido mientras se encontraban detenidas en cárceles del país o en calabozos de la policía, como parte de las redadas policiales masivas.

Algunos de los fallecidos presentaban señales evidentes de golpes y violencia física, como sucedió con Walter y otros casos sobre los que los medios de comunicación  han informado ampliamente.

Los informes oficiales de esas muertes que reciben los familiares son confusos y ambiguos, como el de Julio César Mendoza Ramírez, de 25 años, quien murió en un hospital de San Salvador, la capital del país, el 15 de julio.

El reporte oficial señalaba que había fallecido por un edema pulmonar, es decir, sus pulmones se llenaron de líquido, pero también señalaba que el caso se encontraba “en estudio”.

La duda de que los fallecidos fueron víctima de golpizas y torturas durante su encarcelamiento es algo que no descartan sus familiares ni las organizaciones de derechos humanos.

“La causa de la muerte que le dan a la persona (familiar) en el hospital, a veces difiere del reconocimiento médico legal, y eso da lugar a pensar que algo pasa”, señaló a la abogada Zaira Navas, de Cristosal.

Agregó: “También hay familias que dicen que les dijeron que fue por paro cardiaco, pero tiene golpes en su cuerpo, entonces no es compatible (la versión oficial)”.

Y ante las dudas y acusaciones de que bajo la mirada del Estado se están dando golpizas y torturas, las autoridades simplemente callan y no realizan, por ejemplo, las autopsias respectivas, que develarían lo que realmente pasó.

La abogada Navas remarcó que, incluso dentro del estado de excepción, «las detenciones son arbitrarias» porque el procedimiento seguido no está justificado jurídicamente y son muchas las personas detenidas por la simple denuncia telefónica de vecinos. Algo en que coinciden los defensores de derechos humanos

Una violencia adicional es que entre esa cifra de 2500 denuncias hay cerca de 30 % de personas con enfermedades crónicas, discapacidad o que se encontraban recibiendo tratamientos médico o quirúrgicos, según los reportes de Cristosal.

Se sabe que el personal de las penitenciarías no permite que los familiares de esas personas enfermas reciban sus medicamentos, aunque en algunos raros casos sí lo han autorizado.

“Hemos visto fallecidos porque se presume que han sido torturados, golpeados, etc., pero también han muerto personas a las que no les han dado el medicamento al que están sometidos permanentemente”, explicó a IPS el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Henri Fino.


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Sobre el dudoso papel jugado por el gubernamental Instituto de Medina Legal (IML), encargado de realizar los exámenes forenses para informar a los familiares sobre las causas de las muertes, Fino dijo que ese organismo no le merece ninguna credibilidad.

Sobre todo, añadió, ahora que militares del llamado Batallón de Sanidad Militar se encuentran, desde el 4 de julio, en varias sedes del IML, presuntamente para apoyar en tareas varias, incluidas las de tipo forense, dada la falta de personal.

“Qué colaboración pueden prestar (los militares), si no son expertos, y la única razón de que estén en Medicina Legal es para controlar”, aseguró Fino.

Guerra mediática

Algunos de los fallecidos en las cárceles, capturados durante el régimen de excepción, fueron presentados como casos de detenciones arbitrarias e ilegales por los medios locales, en confrontación  con la guerra propagandística de Bukele que afirma que todos los detenidos son, en efecto, pandilleros.

La prensa ha destacado el caso de Elvin Josué Sánchez, de 21 años, quien falleció el 18 de abril en el Centro Penal de Izalco, localizado en las inmediaciones de la población homónima, del departamento de Sonsonate, en el occidente de El Salvador.

Los medios se han referido a él como el caso del “joven músico”, porque en efecto estuvo un tiempo aprendiendo a tocar el saxofón, y han destacado sus virtudes como persona de bien como miembro de una Iglesia evangélica de la zona.

Pero Sánchez, según sus vecinos, era bastante conocido como pandillero activo en su natal cantón El Carrizal, del municipio de Santa María Ostuma, en el central departamento de La Paz.

“Lo veían bien armado, en fincas de la zona, junto a otros pandilleros, y les decía a los dueños que no se aparecieran más por ahí, o los asesinarían”, dijo a IPS un residente de ese municipio, quien pidió no ser identificado.

Situaciones como esa ha favorecido la narrativa de Bukele, entre la población, de que los medios independientes están a favor de los pandilleros y en contra de las acciones del gobierno para erradicar la violencia en el país.

De hecho, los sondeos de opinión muestran que una mayoría de la población de este país de 6,7 millones de personas, apoya las acciones del presidente para enfrentar a las pandillas.

Pero aun ante el hecho de que Sánchez era reconocido por la gente como pandillero, su arresto tuvo que haberse dado siguiendo los procedimientos y protocolos, en base a información fidedigna que comprobara fu afiliación a organización delictiva.

Eso es algo que la policía no suele hacer, en esas redadas masivas donde es imposible que se tenga toda la evidencia para individualizar cada uno de los cerca de 48 000 detenidos.

Tampoco el hecho de que haya sido pandillero ameritaba vapulearlo y someterlo a golpizas que acabaron con su vida, ya que sus derechos humanos debieron respetarse siempre, dijeron los entrevistados.

ED: EG

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Fuente: ipsnoticias.net

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América Latina pierde años de esperanza de vida por pandemias

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SANTIAGO – América Latina y el Caribe es la región del mundo que perdió más años de esperanza de vida debido a la covid-19, pasando de 75,1 años en 2019 a 72,1 en 2021, mostró un análisis de la Cepal sobre tendencias recientes de la población.

La Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) resaltó que esa pérdida de tres años en la esperanza de vida promedia cifras desiguales entre países y subregiones, pues por ejemplo el  retroceso fue de 3,6 años en América Central.

Las proyecciones de la Cepal suponen que ya en 2022 comenzará la recuperación de los años perdidos de esperanza de vida, debido al proceso de vacunación y a las medidas tomadas por los países para combatir la pandemia.

Los estimados y proyecciones también confirman un crecimiento cada vez menor de la población de la región, resultante sobre todo de la disminución de la fecundidad.

Según el análisis, la población de la región pasó de 168,3 millones de personas en 1950 a poco más de 660 millones en 2022 y se espera que comience a decrecer dentro de aproximadamente 34 años.

La región pasó de un crecimiento medio anual de 4,5 millones de personas entre 1950 y 1951 a un máximo de cerca de 8,3 millones a inicios de los años 90.

A partir de 1991 el crecimiento poblacional empezó a desacelerarse y, actualmente, la población crece a un ritmo de menos de cinco millones de personas al año.

El crecimiento cada vez menor de la población, resultante principalmente de la disminución de la fecundidad, llevará a la región a alcanzar su población máxima en el año 2056, con un total de 751,9 millones de personas, señala el análisis.

También se evidencia un envejecimiento poblacional y la aproximación del fin del bono demográfico, como se conoce al periodo de transición demográfica de un país en el que cada vez más jóvenes se incorporan al mercado laboral, la tasa de natalidad baja y la pirámide poblacional del país se expande en el medio.

El texto de la Cepal dice que la región se encuentra en una etapa de envejecimiento relativamente acelerada, y se proyecta que ya en 2047 la población de personas con 60 años y más supere a la de menos de 15 años.

Se calcula que en 1967 la relación de dependencia de la región empezó a decrecer, marcando el inicio del bono demográfico, mientras que, para 2029, se proyecta que la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65) crecerá más que la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años).

Existe sin embargo la heterogeneidad regional, con distintos ritmos de envejecimiento en los países de la región.

La fecundidad cayó por debajo del nivel de reemplazo y siguió aumentando la edad media de la fecundidad. La tasa global de fecundidad de América Latina y el Caribe en 2022 es estimada en 1,85 nacidos vivos por mujer, cifra que está por debajo del nivel de reemplazo desde 2015, y bajará a 1,68 para el año 2100.

Asimismo, la edad media de la fecundidad mantuvo una tendencia decreciente entre 1950 y 2000 debido a la disminución del número de hijos por mujer, y registró su valor mínimo en 2000 con 26,9 años.

A partir de 2013 comenzó a aumentar y actualmente se observa un valor de 27,6 años, lo que señala que la baja fecundidad viene acompañada por un número mayor de mujeres teniendo hijos en edades más avanzadas, y se espera que esa tendencia continúe y que la edad media alcance 30,4 años en 2100.

Finalmente, el análisis aborda la creciente importancia de la migración intrarregional y advierte que uno de los principales desafíos para el estudio de la migración es la disponibilidad de fuentes de datos que den cuenta de los patrones migratorios, flujos, y características de la población migrante.

A-E/HM

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Beneficios migratorios y ambientales aún no cristalizan en Sembrando Vida para América Central

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Por Yanine Quiroz

MÉXICO – Blanca Barahona cultiva maíz, frijoles y verduras para su propio consumo en su parcela, ubicada en una aldea de la zona rural del Departamento de Francisco Morazán, en el centro de Honduras. Tiene 52 años y desde diciembre de 2021 es beneficiaria del programa Sembrando Vida, que apoya a agricultores de América Central con un pago mensual de 250 dólares a poseedores de una parcela de hasta 2,5 hectáreas.

“A mí me gusta mucho la agricultura. De lo que nos da la tierra nosotros comemos aquí, preparamos las tortillas en la mañana, cocemos el maíz, los frijoles y nuestros ayotes (calabazas) que cosechamos”, asegura Barahona.

Sembrando Vida

Lanzado en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa ofrece pagos mensuales a pequeños agricultores de El Salvador, Guatemala y Honduras para que apliquen enfoques agroforestales, apuntando tanto al alivio de la pobreza como a la sostenibilidad ambiental.

Desde mediados de 2019, más de 10 000 agricultores centroamericanos como Blanca Barahona reciben apoyo económico y en especie por parte de Sembrando Vida a cambio de cultivar la milpa (maíz y frijol) junto con árboles frutales y maderables bajo un sistema agroforestal que busca contribuir al cuidado del medio ambiente.

Sembrando Vida comenzó en 2019 en México como parte de la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la pobreza rural y la degradación ambiental en 20 estados del país. En Centroamérica se implementa y financia por el gobierno mexicano a través de la Asociación Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo (Amexcid).

A partir de diciembre de 2021 se incorporó a Sembrando Oportunidades, un marco de cooperación bilateral con el gobierno de Estados Unidos mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés), que se anunció como estrategia para frenar la migración desde América Central.

En los últimos años, un promedio de más de 400 000 personas han abandonado anualmente El Salvador, Honduras y Guatemala para dirigirse en su mayoría hacia México y Estados Unidos, impulsadas por problemas relacionados con la inseguridad, la desigualdad, la pobreza, el cambio climático y la pandemia de covid-19.

“Este programa ha sido el primero del que hemos recibido una ayuda económica, pues los agricultores no contamos con apoyo de parte de nuestro gobierno. Antes había un Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, pero lo quitaron”, menciona Barahona.

Para ella y las demás personas beneficiarias de Centroamérica, Sembrando Vida representa una gran ayuda, con la que han podido recibir un pago mensual de 250 dólares -que les permite comprar semillas o cercar sus parcelas-, además de acceso a la instalación de biofábricas para producir herbicidas y fungicidas, y capacitación.

Sin embargo, en México el programa enfrenta cuestionamientos por la falta de transparencia sobre cómo se está midiendo el cumplimiento de metas de estos programas, que por un lado busca reducir la deforestación e impulsar la seguridad alimentaria y por otro reducir los flujos migratorios desde Centroamérica hacia Estados Unidos a través de la generación de empleos locales.

La apuesta para detener la migración en América Central

Hace tres años, Barahona había intentado cruzar a Estados Unidos por la frontera de Tamaulipas, al noreste de México. “Íbamos varios migrantes con ayuda de un coyote, me arriesgué porque nos dijeron que cerca había grupos delictivos y no pudimos cruzar. Yo me regresé a Honduras y no quise volver a ir. Ahora que estoy en este programa me he sentido motivada y digo: ¿por qué me voy a ir si aquí cuento con esta ayuda?”, cuenta.

Ella comparte que Sembrando Vida ha hecho la diferencia en su país, pues antes no había oportunidades para jóvenes ni adultos, ni tampoco para el campo, y ahora pueden comprar lo que necesitan: semillas o fertilizantes.

“Es una ayuda muy buena. Yo estoy muy agradecida con las autoridades de México por acordarse de Honduras porque somos un país pobre”, asevera.

No obstante, ella y más personas beneficiarias están preocupadas porque no han recibido los últimos pagos de parte del programa y nadie les ha ofrecido alguna explicación, por lo que solicita apoyo de autoridades locales y mexicanas.

El programa Sembrando Vida, que consiste en sembrar árboles frutales y maderables para emplear a la población, se ha extendido de México a Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala, con el fin de frenar la migración hacia Estados Unidos.

Según reportes oficiales, en la primera fase del programa disminuyó la intención de migrar de los salvadoreños (10 000 beneficiarios), de 55 a 0,6 %. Pero a pesar de contar con esa cifra, el informe no señala cómo se realiza el conteo de las personas centroamericanas que desistieron de migrar hacia Estados Unidos gracias a Sembrando Vida.

Esa falta de transparencia del programa en materia de migración y generación de empleo también ha sido percibida por Sergio Prieto, investigador del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Colegio de la Frontera Sur, un centro de investigación científica en el sureste de México.

En algunas partes del país se han puesto en marcha planes de trabajo temporal para inmigrantes en el marco de Sembrando Vida. Prieto cuenta que ha realizado varias solicitudes de transparencia a organismos federales mexicanos para saber cuántos migrantes están empleando en México como peones o ayudantes para Sembrando Vida, pero no ha obtenido respuesta.

“Hasta ahora no sabemos cómo se ha validado que el programa esté funcionando en México. ¿Cómo vamos a fiscalizar lo que se está haciendo en Guatemala, Honduras o El Salvador?”, cuestiona el investigador.

El equipo de Diálogo Chino buscó entrevistar a los responsables de la Amexcid para preguntar sobre las metodologías que emplean para medir los resultados en materia de migración e impacto ambiental, pero no fue posible dado que los funcionarios se encontraban en la Cumbre de las Américas, realizada del 6 al 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Lo que sí se puede revisar, con fundamentos metodológicos, son los datos de migración antes del programa Sembrando Vida. En 2019 hubo 86 000 devoluciones de personas migrantes centroamericanas por parte de las autoridades mexicanas en la frontera sur, indica el Informe Anual de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México 2019, elaborado a partir de encuestas a migrantes en sus países.

Honduras, el país de donde es originaria Barahona, lidera el número de devoluciones, con 43 mil, mientras Guatemala tuvo 31 mil y El Salvador 12 mil. El documento citado da cuenta que la migración se debe a razones económicas, de violencia e inseguridad que impera en esos países.

Prieto ha estudiado las causas y los flujos migratorios en el sur de México a través de sistemas cartográficos. Explica que México se reafirma como el mayor corredor migratorio del mundo, pues desde 1970 y 1980, con el conflicto ideológico entre el modelo neoliberal y comunista, cruzó población centroamericana, de Guatemala, El Salvador, Honduras, y del Caribe.

Y recientemente se sumaron algunos países de América del Sur, África subsahariana e incluso refugiados de Ucrania, que intentan atravesar México hacia Estados Unidos.

“Todos ellos son los más perjudicados por las políticas económicas, políticas y sociales implantadas por intereses estadounidenses en el territorio, y por la desigualdad interna de sus países, donde una pequeña parte de la población es muy rica y la mayoría es altamente empobrecida”, señala el investigador. Esa condición ha derivado en la idea de que son países “nacidos para migrar”, pues la oportunidad de sobrevivencia la encuentran en el exterior.

Dado que la migración es un fenómeno complejo y en constante transformación, es muy difícil que una solo programa incida en la modificación de esos procesos, además se debe considerar el contexto de los países, donde las dinámicas de corrupción e inseguridad pueden impedir que la ayuda llegue directo a las campesinas y campesinos, alerta Sergio Prieto.

El impacto ambiental de Sembrando Vida en Centroamérica

En su parcela, Barahona no solo siembra hortalizas, también cultiva árboles de Madriado (Gliricidia sepium), que “son bien frondosos, se siembran en las orillas de la cerca, sirve para comida del ganado y también para abono”.

Comparte que cuando fueron las autoridades mexicanas a Honduras les dijeron que el programa se trataba de que reforesten sus parcelas con árboles frutales y siembren sus alimentos.

El cultivo de la milpa (maíz y frijol) y árboles maderables y frutales es parte del sistema agroforestal que impulsa Sembrando Vida en los campos mexicanos y centroamericanos. Al intercalar en espacio y tiempo los cultivos, ese tipo de sistemas ofrece mayor contenido de materia orgánica y control de erosión del suelo, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa en México, donde se beneficia a 400 mil campesinos en 20 estados del país.

Así buscan contribuir a la alimentación de las comunidades rurales pero también a la recuperación de suelos y a la mejora del medio ambiente.

Este último argumento ha sido cuestionado por organizaciones ambientalistas debido a la deforestación que pudo traer el programa en territorio mexicano.

A principios de 2021 el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés) publicó un estudio donde a partir de información satelital de su sistema de monitoreo Global Forest Watch, compararon la pérdida de cobertura forestal a nivel municipal donde se implementó el programa en 2019 contra los cinco años previos, y encontraron una pérdida de cobertura forestal de 72 830 hectáreas, lo que representaría 11,25 % del total de las parcelas beneficiadas en 2019.

A pesar de que la estimación no es concluyente debido a la falta de acceso a la información y coordenadas de las parcelas, aclaró WRI, la investigación sirvió para proponer a las autoridades del país un conjunto de indicadores ambientales para medir la restauración de coberturas forestales, captura de carbono, recuperación de suelos y biodiversidad que se tendría con el programa.

Si bien estas no fueron consideradas en la plataforma de Sembrando Vida en México, están disponibles para que puedan emplearse en cualquier lugar donde se implemente el programa, incluso en Centroamérica donde tampoco se tiene información sobre las parcelas, menciona Javier Warman, director de bosques de WRI México.

“Si se presume que tiene impactos ambientales positivos hay que medirlos y tener claridad sobre eso. El programa podría tener beneficios sociales y ambientales si cuentan con indicadores ambientales y sobre todo si las parcelas donde se implementa están degradadas y no se genera el incentivo perverso de tirar para sembrar”, enfatiza.

Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.

RV: EG

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