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Violencia contra las mujeres

Niñas son desaparecidas en Juárez al amparo de autoridades

El libro de Javier Juárez sobre las desaparecidas en Ciudad Juárez es un homenaje a las madres por su dolorosa labor de buscar a sus hijas

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Periodista Javier Juárez entregó un ejemplar de su investigación a la ONU en México Foto: JJ/FB

 Entrevista a Javier Juárez, autor de “Las desaparecidas en Ciudad Juárez”

Por Alberto Buitre

MÉXICO, DF.- El periodista español Javier Juárez pasó tres años buscando con vida a la niña Adriana Sarmiento Enriquez de 15 años, secuestrada en el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 18 de enero de 2008. Junto a Ernestina Enríquez, mamá de la desaparecida, recorrieron cinco estados de México buscándola entre antros y centros donde tiene lugar la trata de personas, sospechando que Adriana se encontraría víctima de una red similar, sufriendo, pero viva. Pero a finales del 2011, una investigación paralela de la periodista Guadalupe Lizárraga le dio un vuelco a su búsqueda: la niña, no solamente no estaba viva, sino que su cuerpo yacía en la morgue desde hacía 16 días después a la fecha de su desaparición.

Una cloaca de corrupción se destapó entonces, tanto, que las autoridades buscaron deshacerse del cuerpo de Adriana para desmentir la versión de su paradero. Sin embargo, la movilización inmediata de Javier, Ernestina, Guadalupe y la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y el Comité de Madres y Familiares de Desaparecidas de Ciudad Juárez, evitó una injusticia más sobre el cadáver de Adriana Sarmiento Enríquez, asesinada con impunidad como las más de 700 mujeres que en similares circunstancias han caído desde hace 20 años en esta ciudad fronteriza, 30 de las cuales han sucedido en el mismo lugar, casi a la misma hora y en la misma forma que Adriana, tan sólo en lo que va del 2012. Y a la fecha, no existen culpables para las autoridades, el Estado mexicano simula que nada está sucediendo en Ciudad Juárez, y la propia población, poco o nada sabe acerca de lo que está ocurriendo.

A partir de esta investigación y la documentación de otros casos similares, Javier Juárez regresa a Madrid y publica “Desaparecidas de Ciudad Juárez”. Hoy está en México para presentar el libro, el cual “es un reconocimiento a las madres que en Juárez, como en México y en todo el mundo han puesto en riesgo sus vidas buscando a sus hijas”.

Impacto brutal

En entrevista, Javier Juárez detalla que llegó a la ciudad fronteriza que por destino manifiesto parecería llevar su propio apellido, con la sola intención de realizar una investigación para su tesis universitaria. Pero al darse cuenta de lo que ahí estaba pasando, el impacto “fue brutal”.

“Mi impacto fue brutal, porque vi que todo lo que podían decir, artículos, reportajes, se quedaba pequeño con relación a lo que estaba sucediendo en realidad. El presente era mucho más dramático, porque ya no eran nombres o foto, eran mujeres, personas, madres con mucho dolor y mucha sensación de injusticia. Y yo no podía irme de Ciudad Juárez como si nada hubiera pasado, con un artículo y dándome la vuelta.

“Aquello fue a finales de 2007 y principios de 2008. A partir de entonces comencé a hacer un trabajo con las familias, con las mamás. Mantuve el contacto con ellas y fuimos a hacer un seguimiento de caso de las niñas desaparecidas. Veíamos sí, como decían las autoridades, habían bajado los índices de asesinatos con móvil sexual de las mujeres, algo que ya había sido denunciado en Ciudad Juárez años antes; pero se estaban multiplicando, en algunos casos hasta en 400 por ciento los casos de niñas desaparecidas. Fue entonces cuando empezamos a hacer ese estudio paralelo al oficial. De cuantas niñas estaban desapareciendo, cómo eran los perfiles de esas niñas, viendo la red de mentiras que había de las autoridades que acusaban, como sucedía en antaño, a las propias niñas de lo que estaba ocurriendo; que eran niñas vagas, que eran niñas de familias desestructuradas, y toda esa red de manipulación para tratar de justificar lo injustificable que es la inacción de las autoridades.

“Fue así como empezamos este trabajo que, por desgracia, nos ha llevado también a ser amenazados, a sufrir acoso, a sufrir un intento de secuestro en el centro de Juárez, pero que, como digo en el libro, ha merecido la pena, porque gracias a éstel (el libro) hemos denunciado esta red de poder e impunidad y todo lo que hay detrás de estos casos que, en realidad, no son las desaparecidas de Ciudad Juárez, son las secuestradas de Ciudad Juárez”.

Presentación con Norma Andrade, activista y madre de víctima, Javier Juárez, autor del libro y Humberto Robles, activista de derechos humanos Foto: HR/FB

“Nada es casualidad en Juárez”

– Han pasado más de diez años desde que salieron a la luz los casos sobre mujeres asesinadas en Ciudad Juárez ¿Qué crees que haya cambiado desde entonces?

Cuando empecé este trabajo, nos enfrentábamos a un capítulo nuevo, porque eran desaparecidas. Había un halo de que no sabíamos exactamente lo que estaba pasando, y en cierto modo aunque éramos conscientes que las autoridades no eran garantes de decir la verdad, sí que dudábamos: ‘¿Y sí es verdad?’ ‘¿y si es verdad que las niñas se han ido por su voluntad?’, ‘¿y si es cierto que son niñas con problemas y deciden irse de casa sin avisar y no decir a donde van?’; pero con el paso de los meses nos fuimos dando cuenta que todo era mentira, que todo obedece a una estructurada campaña. Nada es casualidad en Juárez.

Vimos que las autoridades tienen un argumentario sólido. Decir que esas niñas eran problemáticas, o cómo nos dijeron en algún caso ‘Esa niña anda de vaga’, y con eso justificaban que no se les buscara. Pero nos dimos cuenta que en Juárez, cada semana estaba desapareciendo una niña con un mismo perfil. Eran niñas entre 13 y 18 años, de cabellos largos y oscuros, guapas, delgadas; es decir, obedecían a un mismo perfil y desaparecían en una zona muy concreta de Ciudad Juárez, y eso es algo que estaban ocultando las autoridades: casi todas (desaparecen) en el centro de Ciudad Juárez, en la zona comprendida entre el monumento y la Catedral, una zona donde actúa el crimen organizado. Nos dimos cuenta que muchas de ellas vivían en las mismas colonias, lo cual nos hacía pensar que había un hilo conductor, que no eran casos aislados sino que había algo común entre las niñas. Entonces fue cuando empezamos este trabajo de investigación.

En un principio estábamos siguiendo los datos que nos daban las autoridades, que eran niñas que eran captadas por una red de trata. Según decían ellos, las podían tener una red con bases en Puebla o en Ciudad de México. Por eso durante estos años hemos callado, haciendo un trabajo silencioso, hemos recorrido más de 15 mil kilómetros por todo México, hemos visitado cinco Estados, decenas de municipios, hemos estado en sitios, suburbios, antros que ni en las películas se reflejan; donde hay niñas de apenas 13 o 14 años ofreciendo servicios sexuales, siendo vigiladas por sus lenones; es decir, la realidad superaba la ficción, todo ese submundo que hay de prostitución de mujeres. Pero nos dimos cuenta que las niñas que buscábamos de Ciudad Juárez, no estaban en esos sitios donde nos habían dicho que habían sido llevadas.

Adriana Sarmiento Enríquez

El caso de la niña Adriana Sarmiento Enriquez mueve particularmente las entrañas de las historias documentadas por Javier Juárez. La lucha del periodista y la madre por encontrarla a través de más de 15 mil kilómetros en cinco estados de la República mexicana. Hasta que las terribles coincidencias del trabajo periodístico, sobre los casos que a pesar de su magnitud sobre 700 muertes impunes, siempre hay un tejido que las une: la búsqueda insaciable por saber la verdad.

Así, Javier Juárez explica sobre su libro que, tras pasar la introducción sobre los antecedentes de los feminicidios en Ciudad Juárez previos al año 2007, año en el cual comienza su trabajo, todo el enlistado de “negligencias brutales y esa red de complicidad y con amparo gubernamental para garantizar a impunidad”, caen, finalmente, en los casos de las niñas desaparecidas de Juárez:

“Y en este caso es el de la niña Adriana Sarmiento Enríquez. Ella tenía 15 años cuando fue secuestrada en el centro de Juárez el 18 de enero de 2008. Ella desaparece un viernes. Su mamá Ernestina pone la denuncia 48 horas después y a los tres días la conocí personalmente. Y ví que el perfil de esa niña encajaba perfectamente con el de las niñas en la década de los noventas. Sus circunstancias eran muy claras porque la niña salió de la preparatoria y ahí desapareció. No llevaba ni ropa, ni dinero ni documentación; es decir, todo hacía indicar que no era una huida voluntaria., algo que las autoridades también lo barajaban.

“Con el tiempo fui haciendo seguimiento del caso, siguiendo todas las pistas, ganándome la confianza de de la mamá. La mamá estuvo más de un año en silencio ya que las autoridades le dijeron –que es otra de sus estrategias-, que no denunciara el caso públicamente, no hablar con los periodistas porque, dicen, lucran con el dolor de las madres porque sólo buscan dinero, y tenía mucho miedo la mamá. Hasta que al cabo de dos años, ella misma me pidió ayuda para intentar saber dónde estaba su hija, con la esperanza de encontrarla con vida. Y fue ahí donde fuimos a muchísimas sitios en muchos Estados tras supuestas pistas de Adriana, de ella y de muchas otras niñas. Porque estábamos convencidos que si hubiéramos encontrado a Adriana con vida, detrás de ella habría muchas niñas desaparecidas. Estábamos seguros que había una cadena, no un caso aislado. “

Uno de los murales en Ciudad Juárez sobre desaparecidas Foto: Javier Juárez

“Esta niña tiene que estar viva”

“Todo esto se desbordó a finales de 2011, cuando una periodista, la editora de Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, con la que yo colaboraba y teníamos contacto permanente porque había algo que nos unía al ella hacer seguimiento de casos de feminicidos, de niñas muertas y yo en cambio al seguirlas vivas, el destino quiso que nuestros caminos se cruzaran. Algo que yo nunca hubiera querido. Porque Guadalupe descubrió y denunció que las autoridades de Ciudad Juárez estaban ocultando decenas de cuerpos de niñas tomadas como desaparecidas. Y que entre los cuerpos de esas niñas asesinadas ocultas por la propia autoridad, estaba el de una niña de 15 años llamada Adriana Sarmiento Enriquez. Yo sentí un impacto brutal. Traté de buscar excusas. Yo le decía a Guadalupe ‘no puede ser, tiene que haber un error, esta niña tiene que estar viva’, pero ella me fue dando datos, pruebas y en efecto, era Adriana la que estaba ahí.

“Cuando soltó la noticia, yo llamé a la mamá pensando que las autoridades ya se lo habían dicho a ella que su hija estaba muerta. Pero cuando me descolgó el teléfono Ernestina me di cuenta que ella no sabía nada. O sea que la mamá no sabía que su hija estaba muerta, que estaba guardada en la morgue desde hace años. Entonces sentí un desasosiega, una sensación brutal de impotencia. Fue cuando se me notó y me preguntó que qué pasaba, que yo sabía y le estaba ocultando algo, y le dije que no, que estaba cansado y le colgué. Pero acto seguido le envié a su otra hija la documentación, la noticia en sí para que ella se la diera a su mamá. Que ella le contara lo que había descubierto Guadalupe. Y a las pocas horas le volví a llamar. Hablamos. La mujer estaba destrozada. Yo siempre trataba de darle una luz de esperanza. Le decía ‘a lo mejor hay algún error, un dato que no encaja’, pero yo sabía que era Adriana.

“Fue en ese lapso en el que se publica y las autoridades no lo admiten, Guadalupe Lizárraga y yo sufrimos una campaña tremenda de acoso. Nos llamaron mentirosos, que nos estábamos aprovechando del dolor de una madre para vender una noticia, que estábamos mintiendo. Hasta que finalmente, otra llamada de Juárez, el papá de otra desaparecida, es la que me confirma que gente de la propia autoridad está filtrando la información y diciendo que sí, que ahí estaba Adriana. Y lo filtran porque también dentro de la autoridad hay gente que intenta ayudar. Y lo filtran por una situación muy grave: que las autoridades están intentando deshacerse del cuerpo de Adriana, es decir, querían desaparecer totalmente ese cuerpo para que nunca hubiera noticia, para que esos periodistas queden como mentirosos, desacreditarles totalmente y que siga la impunidad. Pero la presión fue tal durante ese lapso de horas por parte de organizaciones civiles como “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y de las propias familias, ante la incertidumbre que había más cuerpos de niñas, hasta que las autoridades acabaron por llamar a la mamá y admitirle que el cuerpo de Adriana estaba en la morgue.”

Desierto de Juárez Foto: JJ/FB

La situación es más atroz que en los noventas

– ¿Por qué pasan casos como los de Adriana en Ciudad Juárez? ¿Quiénes, por qué?

– Yo creo que el primer culpable es la impunidad. La impunidad por la impunidad. Es decir, ellos lo hacen porque saben que no va a pasar nada. Tienen garantía de impunidad. Porque la propia impunidad es garante de esa impunidad. Es decir, los que deben defenderte de las injusticias o de los crímenes son los mismos que amparan este sistema. Un sistema fallido. Y es el momento de cambiar el propio sistema.

“En estos años, y lo certificamos en el libro con documentos, que hay funcionarios y altos cargos que han sido cuanto menos negligentes. Esa negligencia les convierte en cómplices por acción o por omisión. Pero esta situación favorece que esto pueda ocurrir en Ciudad Juárez.

“En segundo lugar, yo creo que es también la situación de Juárez. O sea, Juárez es una ciudad sin ley ahora mismo. Es una ciudad militarizada sobre todo cuando ha ocurrido este trabajo, donde nosotros mismos hemos buscado a las niñas en el Valle de Juárez en una zona totalmente militarizada. Cada pocos kilómetros hay un retén militar que te baja, te inspecciona, te pide documentación, te pregunta… Pero ahora sabemos que las niñas fueron secuestradas en el centro de Juárez, fueron retenidas en casas de seguridad en Juárez, fueron llevadas al Valle de Juárez, y después de ser retenidas, ultrajadas y abandonadas, algunas, incluso, en fosas comunes.

“Es decir, situación de hoy en Juárez, resulta duro decirlo pero es más atroz que en la década de los noventas o de los dos mil, cuando fue visualizado internacionalmente. Estamos hablando de un genocidio. Un feminicidio bestial. Asesinatos de mujeres adolescentes por el mero hecho de ser mujeres. Una situación atroz amparada por las fuerzas de seguridad. Nosotros lo denunciamos haciendo un punteo de donde han sido localizadas las fosas comunes, que incluso ya han sido admitidas por la propia autoridad.

“Vemos que esas zonas están muy cercanas a retenes militares. Es decir, es imposible que una persona normal y corriente que no tenga apoyo de una estructura secuestre niñas, las lleve en su coche, las retenga, las viole, las maltrate durante días, incluso algunas semanas, que abandone sus cuerpos y lleve esos cuerpos en su coche, pasando por retenes militares y que les entierren en fosas comunes sin que nadie vea nada ni sepa nada. Es imposible. Sería absurdo pensar que esto lo hace una persona aislada. Es decir, nosotros estamos convencidos que hay personas con vínculos dentro de las propias fuerzas de seguridad, policías federales, militares, que tienen implicación y cuando no participación directa en esta estructura.”

Se les mata por ser mujeres, por ser pobres, por ser guapas, porque no pasa nada.

“En Juárez si eres mujer, pobre y guapa, estás en peligro de muerte”, sentencia Javier Juárez a sabiendas de lo que ha sido testigo durante su investigación. Y asoma algunas conclusiones: “Yo creo que esta estructura, esta gente ven en ellas un producto. Ellas son una demanda que es ofrecida a un hombre que quiere a una niña joven, cuanto más joven mejor, guapa, cuanto más guapa mejor, y vulnerable, cuanto más vulnerable mejor. Porque sabe que eso es garantía de que no va a pasar nada.

“Yo antes pensaba que era un negocio de trata. Nos aferrábamos a esa idea porque subconscientemente tu piensas que están vivas, te agarras a eso. Piensas ‘es cierto, están sufriendo, siendo maltratadas pero están vivas’. Y crees tener posibilidad todavía de encontrarlas vivas. Pero estamos hablando de algo aún más grave: una estructura que ojea, que tiene ojeadores, halcones, que ve los movimientos de las niñas en el centro, vulnerables, pobres, que en muchos casos van a buscar trabajo al centro, otras salían de la escuela, otras volvían a sus casas después de trabajar, niñas entre 14 y 16 años que eran capturadas o secuestradas por alguien. Tenemos constancia que ha habido un hombre entre 40 y 55 años que ha captado a esas niñas ofreciéndoles dinero, trabajo, y que fueron captadas en la misma zona: en el centro de Ciudad Juárez, cerca de la Catedral. Ofreciendo dinero a niñas que son muy vulnerables porque son muy pobres, ofreciéndoles ganar dólares y ellas acceden. Las capturan y se las llevan.

“Entonces yo creo que estamos ante un capítulo gravísimo. Y a través de este trabajo pedimos a instancias internacionales como la Organización de Naciones Uunidas o el Tribunal Penal Internacional que entre de lleno a juzgar a estos funcionarios que han amparado y amparan esta impunidad. Porque en lo que llevamos del 2012, van más de 30 niñas desaparecidas. Niñas que muy probablemente, algunas, estén ya sin vida y otras seguramente están retenidas.

La información no llega a Ciudad Juárez.

Y a pesar de existir muchos documentales, libros, reportajes, ediciones especiales y hasta películas relacionadas con los feminicidios en Ciudad Juárez, la gente de la ciudad poco o nada sabe acerca del problema. Y más aún, explica Javier Juárez, las madres no están enteradas que en el centro de la ciudad han desaparecido más de 100 niñas en los últimos años. El periodista aún se sorprende e insiste ante la incredulidad: “¡Es que no lo saben!”.

“Cuando una madre acaba de perder a su hija, yo me presento, le hablo de mi trabajo, y ella me dice donde es que ha perdido contacto con su hija o a donde se dirigía, muchas de ellas van a parar a el centro. Son niñas de un perfil de riesgo. Y yo les digo: ‘Señora ¿no sabe que los últimos años han desaparecido más de 100 niñas en el centro de Ciudad Juárez?’. Y la mamá se asusta. Porque pasan a ser conscientes que su hija ahora es una desaparecida de Ciudad Juárez o en una muerta de Ciudad Juárez. Y se asusta muchísimo, pero es que no lo saben. No hay campañas informativas. Ser mujer, ser niña adolescente y estar sola en el centro de Juárez es exponerte a esta gente, a estar en peligro de muerte. Y la gente no lo sabe.

– ¿Y cómo juzgas el papel de los medios de comunicación al respecto?

– Cuanto menos, insuficiente. En Juárez hay seguimiento de los casos, pero es un seguimiento superficial. Sólo el diario El Norte que hace seguimiento o hace recordatorio cuando se cumple un año o meses de la desaparición de las niñas, pero falta mucho más. Yo entiendo que es un trabajo peligroso. Porque incluso ha habido periodistas asesinados en Ciudad Juárez en los últimos meses y años. Yo entiendo que es un trabajo riesgoso, pero es necesario. Es que la gente no sabe lo que está pasando en Ciudad Juárez.

“Y yo entiendo que la gente quiera a su ciudad, pero es que denunciar el genocidio de mujeres no es hablar mal de Ciudad Juárez. Es lo que yo trato de decir también en este libro. Yo no denuncio ni digo nada malo de la gente de Ciudad Juárez ni de Ciudad Juárez en sí. Yo hablo de esos políticos corruptos, funcionarios ineptos que callan por mantener su puesto o no meterse en problemas. Y que también hay fuerzas de seguridad implicadas en estos capítulos.

“Pero yo apoyo y reivindico totalmente el papel de la mujer en Ciudad Juárez. Es gente trabajadora, gente humilde. Y que no traten de manipular los medios. Yo creo que labores de los medios, en algunos de los casos, por lo menos es deficiente”.

 

El libro, un homenaje a las madres de Ciudad Juárez

Para Javier Juárez, “Desaparecidas en Ciudad Juárez”, es un libro en reconocimiento a las madres que en Ciudad Juárez, como en todo México y en el mundo, exponen sus propias vidas en búsqueda de sus hijas.

“Un momento de gritar por esas madres que muchas veces han tenido que mirar hacia abajo, que han tenido que aguantar insultos de la propia autoridad, no sólo ahora, sino en el pasado también, cuando les dicen que las niñas son prostitutas o llevan una doble vida ¡y es toda una mentira! Una red de mentiras permanente que abarca desde el escalafón más bajo hasta la autoridad más alta del Estado de Chihuahua.

“Entonces yo creo que este libro debe suponer un reconocimiento a las madres que, no solo en Juárez sino en todo México y en el mundo, ante la pasividad de las autoridades, ellas mismas han ido a los puntos conflictivos para buscar a sus hijas poniendo en riesgo sus vidas. Yo he sido testigo como en algunos casos las madres compran paletas o gomas de mascar y se van ellas mismas a vender dulces al centro de Juárez, a los antros, y se meten a la cueva del lobo sin importar el peligro que corren, todo por saber dónde está su hija. Y eso es por la falta de vergüenza de las autoridades que no hacen absolutamente nada por encontrar a las niñas.

“Este libro es un homenaje a las madres porque creo que ya es momento que sea reconocido, que se sepa y se reconozca su labor. Ha sido un trabajo duro, periodística y humanamente. Porque sientes mucha impotencia. Y esa mirada de las madres, ese llanto pidiéndote ayuda es lo que me ha impulsado a hacer éste trabajo, no de ahora sino de cuatro años, yendo prácticamente por todo México, a sitios indeseables, viendo a gente que nunca te hubieras imaginado que pudiera existir, sin escrúpulos. Y precisamente por ellas no nos ha importado meternos a esos sitios que son como un infierno.”

Y aun cuando el objetivo siempre ha sido encontrarlas vivas y devolverlas vivas a su casa “este libro puede ayudar a que esto se frene y sobre todo, que los culpables y los asesinos de estas niñas paguen por lo que hicieron”, concluye el periodista.

 

 

Mexico Violento

Policía Ministerial de FGR acusado de detención ilegal, violación y tortura a mujer de 22 años, a quien le fabricaron delitos

Denuncia de detención arbitraria, violación y tortura de joven madre de dos menores por fabricarle delitos de narcotráfico

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SAN JOSÉ DEL CABO, Baja California Sur.- El Frente Mexicano de Derechos Humanos Benjamín Laureano Luna denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la detención ilegal, violación y tortura a la joven Priscila Marisol García Camacho, a quien la policía ministerial de la Fiscalía General de la República en San José del Cabo pretende fabricarle delitos de venta y distribución de drogas.

En oficio dirigido a la titular de la CNDH, Rosario Ibarra de Piedra, el FMDH expresó que el 24 de junio pasado la joven de 22 años, originaria de la Ciudad de México y con residencia en aquella ciudad desde 2015, viajaba hacia su casa en un vehículo operado por la plataforma Uber, cuando fue interceptado y bajada.

En el folio CNDH/55452/2020 quedó asentado que Priscila Marisol García Camacho fue trasladada el Cereso de La Paz, sembrándole evidencia falsa de uso de la sustancia llamada cristal”, lo cual, dicen sus familiares, es una fabricación de pruebas como represalia a que la hoy indiciada fue testigo de un secuestro frustrado, cuando logró tomar el número de las placas del auto donde se llevaban a una persona.

El FMDH Benjamín Laureano Luna denunció que Priscila Marisol, quien es madre de dos pequeños, sufrió tortura por parte de la policía mencionada para culparse de que fue detenida en las playas de un hotel de San José del Cabo, Baja California, usando la sustancia llamada cristal, por lo que se le abrió la averiguación previa 37/2020.

Jorge Miguel Aldana Ibarra, representante del FMDH, expresó en el oficio que además de la siembra de evidencias de posesión de droga y la declaración sacada mediante tortuna, la hoy inculpada fue violada por uno de los policías ministeriales de la FGR.

La organización defensora de los derechos humanos afirma que en el caso de Priscila Marisol García Camacho se están violentando las normas sobre presunción de inocencia y debido proceso, por lo que exige la libertad inmediata de la indiciada.

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Justicia pendiente

Negligencia médica del Instituto Nacional de Rehabilitación y violaciones a DDHH desde hace 8 años, un reclamo perdido en la burocracia

Adriana Torres Barquín busca justicia desde hace 8 años por malas prácticas médicas del INR y por la violencia institucional padecida por sus reclamos

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Por Ignacio García

En 2012, Adriana Torres Barquín se sometió a un tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una intervención médica. Se la programaron para el 31 de octubre de 2013, pero derivado de distintas negligencias médicas sufridas y de la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento sigue padeciendo las secuelas en su salud que le han impedido caminar.

La víctima relató a Los Ángeles Press que en la primera intervención médica se colocaría un fijador externo, pero fue citada 67 días después de la cirugía, aunque tenía que establecerse un plazo de 15 días, por lo que el médico Eduardo Gerardo López Gavito  le informó en una segunda consulta que “algo había salido mal”, por lo que debía efectuarse una segunda operación.

Sin embargo, tres meses después los resultados fueron negativos y al presentar dolores en la pierna, en abril de 2014. López Gavito le comunicó a Torres Barquín que se tendría que volver a efectuar otra intervención quirúrgica, ya que otra vez “algo había salido mal”, y aunque la cita de la misma estaba señalada en julio de ese año, por los malestares generales acudió en mayo a Urgencias. Sin embargo, le negaron la atención médica y por ello acudió al Órgano de Control Interno; y ante las nuevas negativas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin obtener respuesta.

En septiembre de 2014, Torres Barquín acudió a la CNDH, con la esperanza de que se hicieran valer su derecho a la salud, pero transcurrieron seis meses más sin recibir alguna atención médica, por lo que le recomendaron una serie de terapias, las cuales no pudo cubrir económicamente y por ello únicamente le aumentaron las dosis de medicamentos para mitigar el dolor.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la tercera intervención quirúrgica. Adriana no recibió indicaciones de terapia, y un mes después la CNDH remitió el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque en ese momento se mantuvieron dos trámites a su nombre, sin recibir el acompañamiento solicitado.

En abril de ese año, interpuso la denuncia ante la Conamed, pero ante la negativa de conciliación, acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque acudió al despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados, en 2016 su averiguación previa se había retrasado, por lo que en 2017, los juristas abandonaron el caso por los requerimientos de dádivas que solicitaron las autoridades.

En agosto de 2018, Torres Barquín fue revictimizada y sus derechos fueron violentados, nuevamente, por lo que desecharon su caso por la integración errónea del expediente, y aunque la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, se comprometió a acelerar el caso, no ha obtenido respuesta satisfactoria.

En enero de 2019, la PGR le informó que debía ratificar su denuncia de 2016, lo que posibilitaba la convalidación del proceso y que representaba una violación a los derechos humanos, por lo que acudió nuevamente a la CNDH que sólo turnó la solicitud a las autoridades omisas en el caso como el Órgano de Control Interno del INR, sin embargo, no volvió a recibir a respuesta por parte de las autoridades.

Refirió que sólo el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha atendido su caso, mientras que la CNDH, al frente de Luis Raúl González Pérez, no dio información al respecto, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el caso de Adriana Torres Barquín, por el daño causado por malas prácticas médicas, se encuentran en el sistema penal acusatorio, pero se ha suspendido por la actuación de los Ministerios Públicos, mientras que el caso continúa interrumpido, por lo que calificó como una mafia en el interior de las instituciones.

Testimonio sobre el trato dado por la CEAV

Adriana Torres ha elaborado un registro de cada acción judicial y de derechos humanos en su defensa para reclamar la atención como víctima de violencia institucional y negligencia médica. Sin embargo, el laberinto de quejas y discriminación también lo ha sufrido por parte de la CEAV.

“El 14 de enero de 2019 de manera extra oficial la licenciada Larisa Huerta, particular del primer visitador, confirmó acompañamiento a la diligencia con personal de CEAV pero en comunicación telefónica el abogado lo negó.

El 31 de enero de 2019, nuevamente de manera extra oficial, la licenciada Larisa Huerta agendó una reunión en las instalaciones de CEAV con la presencia de la Visitadora Adjunta de CNDH, Aimé Angulo Carranza para darme certeza, ya que se encargaría de dar fe y levantar un acta circunstanciada de los acuerdos tomados con el licenciado Roberto Villanueva, secretario particular del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, la licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos y el licenciado Marcos Francisco López González, Subdirector de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de dicha Institución, donde expuse las irregularidades de los servidores públicos de PGR, de la actuación de personal de la CEAV, reitero por la omisión a la solicitud de agosto de 2018 para designar un asesor jurídico y que fue confirmada por el abogado López. De lo acordado destaco:

    1. Ratificar al licenciado Francisco López como asesor jurídico.
    2. El seguimiento del caso para diseñar una estrategia jurídica, coordinado entre el asesor y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV especializado en negligencias médicas y con un conocimiento absoluto en temas periciales y científicos forenses.
    3. Vista al Órgano Interno de Control de la CEAV por las omisiones en que incurrieron por la dilación en la atención de la solicitud de la Visitaduría General de la PGR.
    4. Reuniones cada quince días con la agraviada, con el asesor jurídico y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV, para informarme sobre los avances del caso.
    5. Inscripción en el registro nacional de víctimas.

Al no recibir por correo la copia del acta, la solicité directamente con personal de CNDH, Aimé Angulo se negó a proporcionármela igual que Rodolfo González Pérez, alegando que no sabía con qué fin la necesitaba.

La licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos, me la envió por su correo institucional. 

Cumplido el plazo intenté comunicarme telefónicamente y a través de correo electrónico con el personal de CEAV sin que a la fecha tenga respuesta, es decir, están desconociendo el compromiso adquirido conmigo en presencia de un servidor público que por su cargo cuenta con fe pública.

Mientras que el personal de CNDH por su parte tiene la misma conducta excluyendo el hecho de que el correo enviado por la Directora de CEAV cuenta con el hilo mediante el cual Aimé Angulo la envió al personal de CEAV, éste a su vez se compartió con el licenciado López y finalmente a mí.

Al día de hoy, en CEAV no atienden mi llamado ni contestan mis correos electrónicos. Mientras que en CNDH tanto Aimeé Angulo, Rodolfo González Pérez y Larisa Huerta desconocen haber agendado, o en su caso, presentado a una reunión en las instalaciones de CEAV.

Negativa de ayuda de la Senadora Kenia López Rabadan

Con una última esperanza de ser atendida en sus denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, y principalmente a su derecho a la salud, Adriana Torres Barquín recurrió a la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadan para pedirle ayuda en su gestión. Sin embargo, la respuesta de la senadora fue contundente: “soy amiga de Joaquín Narro Lobo y no actuaría en su contra”.

Un siguiente intento fue con la senadora Citlali Hernández Mora, quien tampoco ha dado respuesta su solicitud.

“Respecto de las OCS, evidenciando que todas, sin excepción son una mafia, me han buscado por Twitter y otros medios, y una vez que tienen la información, niegan atenderme de vuelta, incluidos la ONU DDHH, FUNDAR, SOCIOCRACIA y RENACE, por ejemplo. Y por parte del gobierno INMUJERES, CNDH, CONAPRED”.

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Mexico Violento

UNAM incumple con resolución judicial de proteger a víctima de violencia de género

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha cumplido con la sentencia de amparo de otorgar protección a la estudiante de Doctorado de la misma institución, Ivonne Carolina Flores Alcántara, contra su agresor, el catedrático Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien incurrió en violencia de género.

El pasado 30 de enero el 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que la UNAM por segunda ocasión incumplió con el fallo protector que le fue otorgado a la víctima.

En la primera denuncia que interpuso la estudiante de doctorado el 6 de abril de 2017 reveló que el catedrático adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM incurrió en constantes amenazas psicológicas y de muerte e incluso la calificó de “muerta de hambre” y “pésima abogada”, además de que amagaba con avisar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que trabajaba para que le retirara la beca de exclusividad de posgrado que recibía.

Por medio de una solicitud de información, la UNAM reconoció que no se inició ningún procedimiento administrativo en contra de Jalife Rahme Barrios, ya que supuestamente le corresponde a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, aunque previamente habían informado que sí se habían efectuado acciones en contra del catedrático.

La denunciante refirió que el Juzgado Noveno en Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para brindar condiciones de protección en contra del catedrático, mismas que no se efectuaron.

 

Foto: Especial

Foto: Especial

En la denuncia, la víctima de 34 años de edad reveló que conoció al agresor el 9 de julio de 2014 y comenzó a trabajar con él ante petición de su coordinador de posgrado, debido a que se vinculaba con su proyecto de investigación, por lo que comenzó a realizar trabajos de papelería en los que colaboraba con el académico.

Cuando le solicitó los gastos para realizar sus labores, el docente le contestó que le avisaría al Conacyt sobre su actividad extra académica para que le retiraran la beca, y posteriormente en junio de 2016 nuevamente volvió a pedirle pago para continuar con su proyecto tras haber recibido media beca de la Universidad de Melsburg, pero nuevamente volvió a insultarla.

Según la denuncia, Jalife respondió que tenía pruebas de que le había pagado cien mil pesos y amagó con el desprestigio académico, le gritaba, la humillaba, y hasta la amenazó de muerte y fue el 5 de abril de 2017 a Conacyt para solicitar su baja en la beca académica.

Ante dicha situación, acudió a las autoridades competentes, pero hasta el momento no ha recibido las medidas protectoras que garantice que no esté en contacto nuevamente con el agresor.

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