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Justicia pendiente

Niñas indígenas, en el olvido de las instituciones

Niñas indígenas mexicanas obligadas a vivir como adultas sin la atención ni educación adecuada del gobiernos mexicano

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NIñas indígenas Foto: www.desdeabajo.org.mx

Por Guadalupe Cruz Jaimes

CIUDAD DE MÉXICO.- Las niñas y adolescentes indígenas en México sufren de prácticas machistas y obligadas a vivir como adultas, sin derecho a cuidar y decidir sobre sus cuerpos. Siendo aún menores de edad, niñas indígenas de comunidades rurales son obligadas a asumir una vida adulta, son tratadas como objetos atenidas a las decisiones de otros. No tienen acceso a oportunidades educativas, mucho menos a información de salud sexual y reproductiva.

En México, según denuncias de defensoras de los derechos reproductivos, hay localidades indígenas donde los embarazos en adolescentes se han quintuplicado en tan sólo un año.

De acuerdo a Griselda Arroyo, líder de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, alerta que en la comunidad Otomí de Capula, los embarazos prematuros se dispararon cinco veces en menos de un año, al pasar de ocho gestaciones entre adolescentes de 12 a 18 años en 2011, a 40 casos hasta septiembre.

Ante la ausencia de servicios de salud que eduquen sobre derechos sexuales y reproductivos en las zonas rurales, organizaciones civiles han asumido la misión de orientar a las niñas y jóvenes para evitar embarazos no planeados. Por ello, promotoras de Ddeser imparten talleres en Capula, localidad de apenas 300 habitantes, en el municipio de Ixmiquilpan.

Cada año a nivel nacional hay más de 300 mil partos entre mujeres de 12 a 19 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde el 8.9% de las adolescentes en comunidades rurales tienen al menos un hijo.

Activistas mexicanas han denunciado sistemáticamente la negligencia institucional por la falta de educación sexual y los escasos servicios de salud «amigables» –es decir, con atención adecuada– para adolescentes en el sector rural, porque se limita el acceso de esta población al ejercicio de sus derechos.

Arroyo explica que, de manera paradójica, ante el agravamiento de los embarazos tempranos en Capula, dejó de funcionar de manera adecuada el Centro de Atención Rural al Adolescente, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en esa localidad.

Acusa que el personal de esa instancia ahora exige a las y los adolescentes estar afiliados al IMSS o a la Secretaría de Salud para recibir atención. Además «cuando van a pedir informes o anticonceptivos, se les dice que para atenderlos deben tener un expediente clínico».

Investigaciones realizadas en 2011 por las organizaciones Ddeser y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, detalla que en el estado de Guerrero hay 42 servicios «amigables» para adolescentes, y en Hidalgo 24, mientras que en los estados de Chiapas y Oaxaca hay menos de 10.

En 32 clínicas de las cuatro entidades se encontró que para brindar atención a las adolescentes se les piden «requisitos innecesarios», como que vayan acompañadas de una persona adulta, o que sean beneficiarias del programa Oportunidades.

En algunas unidades, las jóvenes deben esperar hasta tres horas para ser atendidas. Además carecen de un espacio en el que se respete la privacidad durante las consultas. «Las atienden en la sala de espera frente a otras personas, o en un consultorio con la puerta abierta», señala Mayra Peña, promotora de derechos sexuales y reproductivos en Capula.

A lo anterior se suma la falta de capacitación del personal de salud, ya que la mitad de los directivos de las clínicas opina que las madres y padres deben ser informados cuando sus hijas e hijos soliciten anticonceptivos. El personal sanitario también es incapaz de dar información completa sobre infecciones de transmisión sexual y embarazo en adolescentes.

En Capula  «todavía se acostumbra vender a las niñas. Cuando una familia es de escasos recursos y hay un adulto interesado en una adolescente, de hasta 12 años, los papás hacen que se junten», señala Arroyo. A cambio la familia recibe apoyo económico para poder sembrar.

Así, se violan los derechos sexuales de las jóvenes «pues ni siquiera pueden elegir a su pareja». El hecho se repite en Guerrero y Oaxaca.

Fuente: Agencia IPS

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Organizaciones internacionales piden justicia por asesinatos de periodistas en México

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Tras al asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, diferentes organizaciones civiles internacionales defensoras de los derechos humanos exigieron justicia por los tres homicidios de comunicadores que se han registrado en el país en este año.

Amnistía Internacional (AI) condenó el homicidio de Lourdes Maldonado, quien fue ejecutada ayer por la noche afuera de su domicilio por un sujeto desconocido, por lo que demandó la intervención de las autoridades mexicanas para que el caso no permanezca en la impunidad.

El organismo internacional lamentó la violencia que padecen los periodistas en México, siendo el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, por lo que enfatizó en la importancia de implementar acciones integrales de protección para los periodistas y priorizar la libertad de expresión.

Por su parte, Artículo 19 también recordó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, que se sumó a los homicidios de José Luis Gamboa y Margarito Martínez, quienes fueron ultimados en este mes, y cuyos casos también se encuentran en la impunidad.

También Human Right Watch (HRW) pidió justicia a las autoridades mexicanas para que los casos de los periodistas asesinados sean procesados y no se mantengan en la impunidad, además de que solicitó al Estado mexicano acciones eficaces para atender a los comunicadores del país.

Desde 2000 se han registrado 145 asesinatos a periodistas en México, de los cuales 27 se han presentado en la actual administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, por lo que las organizaciones internacionales solicitaron acciones integrales tanto del gobierno federal como de las estatales y municipales para atender la violencia contra los profesionales de la información.

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Diputada de Morena pide intervención de Encinas para atender violaciones de derechos humanos del gobierno de Barbosa

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La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Inés Parra Juárez, pidió la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, para que atienda las constantes violaciones de derechos humanos que se han cometido contra diferentes ciudadanos por parte del gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa.

La legisladora federal dijo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla ha integrado carpetas de investigación de forma inquisitoria contra los habitantes del municipio de Zinacantepec, debido a que actúa a modo a favor de los intereses del mandatario estatal.

De acuerdo con la representante popular, la fiscalía estatal de Puebla funciona también para los intereses caciquiles de los familiares del gobernador de extracción morenista, pues se han acusado a los ciudadanos de delitos que no cometieron, por lo que también han ejercido violencia política de género.

Agregó que la policía estatal ha agredido a los ciudadanos que se manifestaron la semana pasada en la explanada de Zinacantepec, en donde resultaron heridas ocho personas, mientras que la fiscalía sigue recibiendo órdenes de Barbosa para ejercer procedimientos penales contra los manifestantes a quienes no les reconocen los derechos humanos establecidos en la Constitución Política Mexicana.

Asimismo, pidieron la intervención de forma contundente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que también ha sido agredida de forma mediática por defender a los habitantes de Zinacantepec e incluso ha sido acusada de ser la incitadora de la violencia en la Sierra Negra.

Recordó que fueron los diputados locales de Puebla los que aprobaron el impuesto al alumbrado público para los habitantes de Zinacantepec sin tomar en cuenta las necesidades de los pobladores de la región, por lo que también el alcalde Miguel Huerta ha actuado en contubernio con su primo, el gobernador de Puebla.

Además, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que vigile el desempeño de Barbosa, pues aseguró que ha actuado de forma contraria a los intereses de la denominada cuarta transformación violando permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos para permitir prácticas caciquiles.

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Luis Echeverría, el último súper presidente del priismo que sigue en la impunidad

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Este día cumple 100 años de edad el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, quien entre 1970 y 1976 fue el hombre más poderoso del país como representante del súper presidencialismo mexicano y cuyas acciones que derivaron en las muertes de miles de personas en la denominada guerra sucia en la década de los setenta.

Luis Echeverría nació el 17 de enero de 1922 y en 1946 ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde escaló diferentes posiciones siendo secretario del presidente del partido, así como secretario de Rodolfo Sánchez Taboada hasta convertirse en el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1958 fue designado subsecretario de Gobernación y debido a su cercanía con Gustavo Díaz Ordaz fue incluido en su gabinete en la presidencia de la República ocupando la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en 1964.

Durante ese periodo fue la mano derecha de Díaz Ordaz y señalado por permitir la operación de la CIA en México, además de vigilar y perseguir a los opositores del régimen, por lo que defendió al entonces mandatario federal por la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Debido a su cercanía con Díaz Ordaz fue elegido como candidato a la presidencia por el entonces partido oficial y ocupó la primera magistratura del país entre 1970 y 1976, desatando la denominada guerra secreta contra las guerrillas y la Liga de 23 de septiembre.

En su gestión se cometieron diferentes abusos y violaciones a los derechos humanos como la matanza conocida como “El Halconazo” en 1971, además de que fueron asesinados los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como el secuestro del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

El manejo de la política económica del gobierno de Echeverría provocó el fin del periodo conocido como “el milagro mexicano”, debido a que hubo un mayor gasto público y su gobierno se caracterizó por un populismo que coqueteó con los gobiernos socialistas en América Latina.

También prohibió los movimientos juveniles y los conciertos de música rock, aunado a que inició un golpe a la prensa crítica, que en ese momento era encabezada por Julio Scherer en Excélsior y que derivó en su salida.

Aunque pretendía convertirse en secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al terminar su gestión, la economía cayó y la inseguridad incrementó, por lo que su carrera política terminó.

Desde entonces, diferentes organizaciones civiles se pronunciaron a favor de iniciar un juicio en contra de Echeverría por su responsabilidad en la matanza de Tlaltelolco, el Halconazo, la desaparición y asesinato de personas en la guerra sucia, así como por ser informante de la CIA, sin embargo, ninguna de las acusaciones prosperó y la periodicidad de los crímenes feneció, por lo que se mantendrá en la impunidad de forma indefinida.

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