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Justicia pendiente

Niñas indígenas, en el olvido de las instituciones

Niñas indígenas mexicanas obligadas a vivir como adultas sin la atención ni educación adecuada del gobiernos mexicano

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NIñas indígenas Foto: www.desdeabajo.org.mx

Por Guadalupe Cruz Jaimes

CIUDAD DE MÉXICO.- Las niñas y adolescentes indígenas en México sufren de prácticas machistas y obligadas a vivir como adultas, sin derecho a cuidar y decidir sobre sus cuerpos. Siendo aún menores de edad, niñas indígenas de comunidades rurales son obligadas a asumir una vida adulta, son tratadas como objetos atenidas a las decisiones de otros. No tienen acceso a oportunidades educativas, mucho menos a información de salud sexual y reproductiva.

En México, según denuncias de defensoras de los derechos reproductivos, hay localidades indígenas donde los embarazos en adolescentes se han quintuplicado en tan sólo un año.

De acuerdo a Griselda Arroyo, líder de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, alerta que en la comunidad Otomí de Capula, los embarazos prematuros se dispararon cinco veces en menos de un año, al pasar de ocho gestaciones entre adolescentes de 12 a 18 años en 2011, a 40 casos hasta septiembre.

Ante la ausencia de servicios de salud que eduquen sobre derechos sexuales y reproductivos en las zonas rurales, organizaciones civiles han asumido la misión de orientar a las niñas y jóvenes para evitar embarazos no planeados. Por ello, promotoras de Ddeser imparten talleres en Capula, localidad de apenas 300 habitantes, en el municipio de Ixmiquilpan.

Cada año a nivel nacional hay más de 300 mil partos entre mujeres de 12 a 19 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde el 8.9% de las adolescentes en comunidades rurales tienen al menos un hijo.

Activistas mexicanas han denunciado sistemáticamente la negligencia institucional por la falta de educación sexual y los escasos servicios de salud «amigables» –es decir, con atención adecuada– para adolescentes en el sector rural, porque se limita el acceso de esta población al ejercicio de sus derechos.

Arroyo explica que, de manera paradójica, ante el agravamiento de los embarazos tempranos en Capula, dejó de funcionar de manera adecuada el Centro de Atención Rural al Adolescente, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en esa localidad.

Acusa que el personal de esa instancia ahora exige a las y los adolescentes estar afiliados al IMSS o a la Secretaría de Salud para recibir atención. Además «cuando van a pedir informes o anticonceptivos, se les dice que para atenderlos deben tener un expediente clínico».

Investigaciones realizadas en 2011 por las organizaciones Ddeser y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, detalla que en el estado de Guerrero hay 42 servicios «amigables» para adolescentes, y en Hidalgo 24, mientras que en los estados de Chiapas y Oaxaca hay menos de 10.

En 32 clínicas de las cuatro entidades se encontró que para brindar atención a las adolescentes se les piden «requisitos innecesarios», como que vayan acompañadas de una persona adulta, o que sean beneficiarias del programa Oportunidades.

En algunas unidades, las jóvenes deben esperar hasta tres horas para ser atendidas. Además carecen de un espacio en el que se respete la privacidad durante las consultas. «Las atienden en la sala de espera frente a otras personas, o en un consultorio con la puerta abierta», señala Mayra Peña, promotora de derechos sexuales y reproductivos en Capula.

A lo anterior se suma la falta de capacitación del personal de salud, ya que la mitad de los directivos de las clínicas opina que las madres y padres deben ser informados cuando sus hijas e hijos soliciten anticonceptivos. El personal sanitario también es incapaz de dar información completa sobre infecciones de transmisión sexual y embarazo en adolescentes.

En Capula  «todavía se acostumbra vender a las niñas. Cuando una familia es de escasos recursos y hay un adulto interesado en una adolescente, de hasta 12 años, los papás hacen que se junten», señala Arroyo. A cambio la familia recibe apoyo económico para poder sembrar.

Así, se violan los derechos sexuales de las jóvenes «pues ni siquiera pueden elegir a su pareja». El hecho se repite en Guerrero y Oaxaca.

Fuente: Agencia IPS

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Justicia pendiente

Juez de EUA sentencia a 9 años de prisión a hijo del Mayo Zambada

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El juez de la Corte Federal del distrito sur de California, Estados Unidos, Danna Sabraw, sentenció a nueve años de prisión a Ismael Zambada Imperial, alìas “El Mayito Gordo”, tercer hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos para que el hijo del Mayo Zambada sea sentenciado por los delitos de importación y distribución de metanfetaminas, cocaína y mariguana de México a Estados Unidos, aunque le restaron los cargos por codirigir una empresa criminal y de lavado de dinero.

Sin embargo, se le tomaron en cuenta los años que ha pasado tras las rejas, pues fue capturado en noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), por lo que sólo le restará un año en prisión.

De acuerdo con la fiscalía norteamericana, el Mayito conspiró para transportar la droga y luego lavar y transferir las ganancias a México en beneficio de los integrantes del Cártel de Sinaloa.

El Mayito es el tercer hijo del líder criminal que ha sido procesado penalmente en Estados Unidos, pues en 2009 fue detenido Vicente Zambada Niebla, alías “El Vicentillo”, en México y extaditado un año después a Estados Unidos.

Otro de los hijos del Mayo Zambada procesados penalmente fue Serafín Zambada Ortíz, alías “El Sera”, quien fue detenido en noviembre de 2013, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en 2013, pero fue liberado en 2018, después de una condena de cinco años por conspiración en el tráfico de metanfetaminas.

El Mayito Zambada fue extraditado en diciembre de 2019 a Estados Unidos, luego de reconocer que formó parte del Cártel de Sinaloa, en donde coordinó el tráfico de drogas a la Unión Americana entre 2014 y 2015.

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Justicia pendiente

Red Solidaria litiga en la Corte Interamericana contra México por caso Tzompaxtle, de detención arbitraria en 2006

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Por primera vez, se lleva a cabo la audiencia pública por el equipo jurídico de la Red Solidaria Década contra la Impunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de detención ilegal y arbitraria en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López por parte de agentes policiales.

Los representantes legales, María Magdalena López Paulino, Ernesto Rodríguez, Fray Julián Cruzalta, entre otros, han liderado la defensa de las víctimas contra el Estado mexicano, por el arraigo ilegal y la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se les siguió en su contra.

En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que las víctimas fueron retenidas y requisadas por agentes policiales sin orden judicial y que tampoco se evidenció que fuera posible percibir una situación de flagrancia, se especifica en el documento.

Asimismo, consideró que la retención resultó ilegal y arbitraria, y se agregó en el informe que la posterior requisa del vehículo que llevaban constituyó una afectación al derecho a la vida privada, así como que las víctimas no fueron informadas sobre las razones de su detención ni que fueron llevadas sin demora ante una autoridad judicial.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la figura del arraigo y su aplicación al presente caso, estableciendo que su aplicación “constituyó una medida de carácter punitivo y no cautelar”, señalando que la dicha figura resulta contraria a la Convención Americana y, en el presente caso, constituyó una detención arbitraria.

Finalmente, consideró que el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención, puesto que durante ese tiempo tuvieron lugar diligencias relevantes en donde se recabó prueba en su contra y se dispuso su arraigo.

Con información de la CoIDH.

 

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Fabricación de culpables

George Khoury Layón, torturado en el traslado del Cefereso de Michoacán a Guanajuato, «por denunciar violaciones»

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, privado de su libertad arbitrariamente y torturado por órdenes del empresario en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, en 2005, 2006 y 2009, de nuevo fue víctima de actos de tortura e incomunicación con golpes y shocks eléctricos, el 12 de junio, dentro del Centro Federal de Rehabilitación Social Número 17, de Michoacán, y en su traslado al penal federal, de Ocampo, Guanajuato.

De acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, bajo el número de la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-MICH/00000067/2021, George Khoury Layón fue “brutalmente golpeado y torturado, entre otras cosas, por medio de toques eléctricos y precisamente por los servidores públicos que en esta carpeta se encuentran denunciados” por un espacio de diez horas, antes del traslado y durante éste, en el trayecto de Michoacán a Guanajuato.

Los mismos servidores públicos denunciados, el subdirector de Seguridad Alejandro Flores y el comandante Roberto Lázaro Echeverría, quienes también tienen acusaciones por acoso laboral de sus oficiales, además por extorsionar a los internos y con carpetas de investigación por denuncias de tortura, como la mencionada, le hicieron saber a Khoury Layón que “lo que le sucedía y le seguiría sucediendo era por haberlos denunciado”.

George Khoury Layón, pese a tener una opinión de libertad por parte del Grupo de Trabajo de Atención Arbitraria de Naciones Unidas, desde septiembre de 2017, un reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación, desde 2019, y la reciente admisión de su caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2022, se le han suspendido sus derechos humanos, aislándolo e incomunicándolo en el área de Observación, del Cefereso de Guanajuato, para supuestamente vigilar su conducta.

Reconocido como víctima del Estado mexicano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puso quejas por la violación a sus derechos  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

Desde hace más de dos meses, Khory Layón cumplió el 50 por ciento de la pena por un delito que no cometió, y del que fue imputado en 2012, por la jueza Hermelinda Silva Meléndez sentenciándolo culpable por señalamientos de terceros bajo tortura, pero fue detenido arbitrariamente y torturado desde el 2 de septiembre de 2009, por los policías federales Porfirio Javier Sánchez Mendoza (en prisión) y Rolando Mayorga Cordero (prófugo), y ya había sufrido dos detenciones arbitrarias, el 16 de julio de 2005 y el 30 de enero de 2006, por órdenes dadas de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol a los mismos policías federales, bajo la gestión de Genaro García Luna.

Denuncias por tortura en el Cefereso #17

12 de abril de 2021

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

19 de julio de 2020

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

22 de julio de 2020

Desnudo y descalzo en celda de castigo, mantienen a George Khoury, víctima de Isabel Miranda – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de julio de 2019

George Khoury, víctima de detención arbitraria y tortura, y las nuevas falsas incriminaciones – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

28 de mayo de 2019

Víctima del falso caso Wallace denuncia torturas y represalias en el penal federal El Altiplano – Los Ángeles Press (losangelespress.org)

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