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Justicia pendiente

Niñas indígenas, en el olvido de las instituciones

Niñas indígenas mexicanas obligadas a vivir como adultas sin la atención ni educación adecuada del gobiernos mexicano

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NIñas indígenas Foto: www.desdeabajo.org.mx

Por Guadalupe Cruz Jaimes

CIUDAD DE MÉXICO.- Las niñas y adolescentes indígenas en México sufren de prácticas machistas y obligadas a vivir como adultas, sin derecho a cuidar y decidir sobre sus cuerpos. Siendo aún menores de edad, niñas indígenas de comunidades rurales son obligadas a asumir una vida adulta, son tratadas como objetos atenidas a las decisiones de otros. No tienen acceso a oportunidades educativas, mucho menos a información de salud sexual y reproductiva.

En México, según denuncias de defensoras de los derechos reproductivos, hay localidades indígenas donde los embarazos en adolescentes se han quintuplicado en tan sólo un año.

De acuerdo a Griselda Arroyo, líder de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo, alerta que en la comunidad Otomí de Capula, los embarazos prematuros se dispararon cinco veces en menos de un año, al pasar de ocho gestaciones entre adolescentes de 12 a 18 años en 2011, a 40 casos hasta septiembre.

Ante la ausencia de servicios de salud que eduquen sobre derechos sexuales y reproductivos en las zonas rurales, organizaciones civiles han asumido la misión de orientar a las niñas y jóvenes para evitar embarazos no planeados. Por ello, promotoras de Ddeser imparten talleres en Capula, localidad de apenas 300 habitantes, en el municipio de Ixmiquilpan.

Cada año a nivel nacional hay más de 300 mil partos entre mujeres de 12 a 19 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde el 8.9% de las adolescentes en comunidades rurales tienen al menos un hijo.

Activistas mexicanas han denunciado sistemáticamente la negligencia institucional por la falta de educación sexual y los escasos servicios de salud “amigables” –es decir, con atención adecuada– para adolescentes en el sector rural, porque se limita el acceso de esta población al ejercicio de sus derechos.

Arroyo explica que, de manera paradójica, ante el agravamiento de los embarazos tempranos en Capula, dejó de funcionar de manera adecuada el Centro de Atención Rural al Adolescente, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en esa localidad.

Acusa que el personal de esa instancia ahora exige a las y los adolescentes estar afiliados al IMSS o a la Secretaría de Salud para recibir atención. Además “cuando van a pedir informes o anticonceptivos, se les dice que para atenderlos deben tener un expediente clínico”.

Investigaciones realizadas en 2011 por las organizaciones Ddeser y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, detalla que en el estado de Guerrero hay 42 servicios “amigables” para adolescentes, y en Hidalgo 24, mientras que en los estados de Chiapas y Oaxaca hay menos de 10.

En 32 clínicas de las cuatro entidades se encontró que para brindar atención a las adolescentes se les piden “requisitos innecesarios”, como que vayan acompañadas de una persona adulta, o que sean beneficiarias del programa Oportunidades.

En algunas unidades, las jóvenes deben esperar hasta tres horas para ser atendidas. Además carecen de un espacio en el que se respete la privacidad durante las consultas. “Las atienden en la sala de espera frente a otras personas, o en un consultorio con la puerta abierta”, señala Mayra Peña, promotora de derechos sexuales y reproductivos en Capula.

A lo anterior se suma la falta de capacitación del personal de salud, ya que la mitad de los directivos de las clínicas opina que las madres y padres deben ser informados cuando sus hijas e hijos soliciten anticonceptivos. El personal sanitario también es incapaz de dar información completa sobre infecciones de transmisión sexual y embarazo en adolescentes.

En Capula  “todavía se acostumbra vender a las niñas. Cuando una familia es de escasos recursos y hay un adulto interesado en una adolescente, de hasta 12 años, los papás hacen que se junten”, señala Arroyo. A cambio la familia recibe apoyo económico para poder sembrar.

Así, se violan los derechos sexuales de las jóvenes “pues ni siquiera pueden elegir a su pareja”. El hecho se repite en Guerrero y Oaxaca.

Fuente: Agencia IPS

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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