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Negocios sin reflectores: las empresas del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa, pese a la caída de sus líderes, mantiene sus negocios lícitos operando con el apoyo del gobierno mexicano

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Infografía parcial del Departamento del Tesoro.

Los tres líderes del Cártel de Sinaloa: Infografía del Departamento del Tesoro.

Por Maurizio Montes de Oca

CIUDAD DE MÉXICO.- La captura de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera atrajo los reflectores de nuevo al presidente Enrique Peña Nieto, quien se ha esforzado en construir una narrativa que prioriza al Estado de Derecho mediante aprehensiones espectaculares desde el inicio del sexenio. Muestras de ello son Elba Esther Gordillo, lideresa de uno de los sindicatos más grandes y poderosos de América Latina, quien se mantuvo impune por varios años con sus corruptelas, y José Manuel Mireles, ex vocero de la asamblea de grupos de autodefensa en Michoacán, también opositor a la incorporación de sus hombres a la Fuerza Rural. Pero nadie tan valioso para los medios y la atención internacional, como el hombre que se convirtió en “el más buscado”, luego de la muerte de Osama Bin Laden, y el segundo en recibir el título de “enemigo público número uno” en Chicago, sólo después de Al Capone.

Con 1.68 metros de pies a cabeza, Joaquín “El Chapo” Guzmán se hizo de renombre por mucho más que su corta estatura. El oriundo de Badiraguato supo aprovechar la ventana de oportunidad que ofreció el cierre de las viejas rutas de tráfico hacia Estados Unidos que solían utilizar los cárteles cubanos, para redirigir la mercancía ilegal por la ruta del Pacífico en complicidad con antiguos operadores del Cártel de Juárez, con quienes luego del vigoroso liderazgo que adquirió tras su fuga del Penal de Puente Grande, comenzó a tener ríspidas relaciones cuyos altibajos contribuyeron en la formación de nuevos cárteles y células delincuenciales independientes. Aunque ninguna tan poderosa y tan complacida por las autoridades como la suya: la Federación de Sinaloa.

No obstante, la estrategia de decapitamiento de los cárteles y el calvario recorrido por Guzmán ante las cámaras, ocultan elementos importantes en materia del combate a la organización criminal en su conjunto.

El Chapo es sólo una de las piezas más visibles del rompecabezas que compone la Federación de Sinaloa, la cual cada año invierte miles de millones de pesos en mantener su infraestructura que implica mucho más que el simple tráfico de estupefacientes. Desde lavacoches (así comenzó su carrera delictiva Miguel Ángel Treviño “el Z 40”, en el Cártel del Golfo con Osiel Cárdenas), sembradores de enervantes (el mismo Joaquín Guzmán se inició así en el negocio cuando era niño), sicarios, choferes, profesionistas diversos (como el ingeniero José Antonio Robledo quien tenía conocimiento en instalación de antenas y otros menesteres en materia de telecomunicaciones y es uno de las 36 personas de quienes se cree que su conocimiento técnico o científico, fue el principal motivo para su rapto por parte de comandos armados), informantes (como consta en las declaraciones vertidas para la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012), entre muchas otras ocupaciones ilícitas para el funcionamiento de esta empresa transnacional.

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Cronología de negocios del Cártel de Sinaloa

Las ganancias obtenidas por esta corporación, cuyas estimaciones van desde los tres mil millones de dólares atribuidos a Guzmán por la revista Forbes, hasta los 6 mil 600 millones de dólares según cifras ofrecidas por Patrick Raden Keefe al The New York Times (http://nyti.ms/1pdrhv0), y quien apunta que se tratan de cifras “conservadoras” debido a la dificultad para calcular empíricamente las fortunas de las organizaciones criminales. El dinero también implica infraestructura para regresar a sus inversionistas y no ser detectado por las autoridades antinarcóticos. Sin embargo, en el caso de este cártel parte de esta infraestructura está construida conjuntamente con las autoridades mexicanas.

El transporte de dinero en efectivo es altamente riesgoso por su volumen y fácil rastreo, el blanqueo es la mejor alternativa de hacerlo circular de un lado a otro de México y el mundo, insertándolo en los sectores legales de la economía mediante empresas formalmente establecidas, llegando incluso a dar empleo y contribuyendo a la hacienda pública con sus impuestos. Uno de los periodos más exitosos para estas empresas del Cártel de Sinaloa fue con la administración de Felipe Calderón, incluso llegaron a ser beneficiadas por programas gubernamentales. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sabe perfectamente.

Un primer ejemplo de ello es la empresa “Rancho Agrícola y Ganadero, Los Mezquites S.A. de C.V.”, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con el folio RAG000412BY5, la cual fue señalada en julio de 2013 por el Tesoro -a través de su Departamento de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés)- como parte de la estructura del Cártel de Sinaloa.

Rancho, Estancia y Balneario

El rancho Los Mezquites estaba ligado al capo Ismael “El Mayo” Zambada y a su familia mediante el notario público José Antonio Núñez Bedolla, quien según las autoridades norteamericanas, notariaba a nombre de integrantes del cártel empresas como ésta. Aparecía como beneficiaria de un subsidio gubernamental en la lista de Beneficiarios del Subprograma de Apoyos Directos para el Sacrificio de Ganado bovino, Porcino, Ovino o Caprino en rastros Tipo Inspección Federal (TIF) del Ejercicio Fiscal 2005 (disponible en http://bit.ly/1rQEfjz). El titular de Sagarpa era Francisco Javier Mayorga Castañeda, quien posteriormente fue nombrado otra vez en ese mismo cargo en 2007, con Felipe Calderón.

Rancho los Mezquites

Molinar Horcasitas, en apoyo directo a narcoguarderías

A pesar de que en su momento el notario Núñez Bedolla negó haber autorizado las escrituras del Rancho y de otras dos empresas ligadas con la Federación de Sinaloa, sí admitió haber notariado la guardería “Estancia Niño Feliz”, ubicada en Avenida Manuel Vallarta, número 2141 en Culiacán; la cual operaba bajo la clave CT 25PDI0012C (publicado por el portal de transparencia del Gobierno de Sinaloa disponible en: http://bit.ly/WO6MeU).

Clave_CT_Niño_feliz

Según la lista de estancias infantiles publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta institución pagaba la cantidad de 2,299.40 pesos (USD 184.00) por cada niño a cargo de la guardería en la que aparecía como socia María Teresa Zambada Niebla, hija del famoso capo, con un contrato de adjudicación directa de 2007 a 2009. El titular en ese entonces era Juan Molinar Horcasitas, quien presentó el documento: “Políticas públicas implementadas por Juan Molinar”, en el que señala que una de sus primeras acciones fue la renovación de contratos de guarderías subrogadas, y “que requerían la firma del director general para salvaguardar la integridad financiera del instituto”.

lista estancias infantiles IMSS, El Financiero

En febrero de 2014, el Departamento del Tesoro volvió a señalar dos operadores del Cártel de Sinaloa, el colombiano Hugo Cuéllar Hurtado, quien trabajó previamente para el traficante Leónidas Vargas Vargas, líder del Cártel de Caquetá en Colombia; y John Fredy Cuellar Silva, hijo de Cuéllar Hurtado. Ambos en la mira del gobierno estadounidense por sus inversiones en empresas mexicanas de agricultura y empeño.

red de operacion cuellar, rancho y cooperativa, OFAC

Es el caso del Rancho La Herradura Cuemir con folio mercantil 17919-1 ubicado en el centro de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y que bajo el nombre de “Agrícola y Ganadera Cuemir S.P.R de R.I. podía encontrarse en un listado de convenios para realizar prácticas profesionales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, así como en un padrón de empresas de un fideicomiso de riesgo compartido de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Inclusive, puede encontrarse también en una lista de empresas con sementales aprobados por una asociación empresarial de Alemania.

Directorio de establecimientos TIF

Directorio de establecimientos Tipo Inspección Federal

Cumir alemania

En Alemania, promoviendo sementales.

Sagarpa, clave en el apoyo a empresas del Cártel

Otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como beneficiaria de programas del gobierno mexicano es la “Cooperativa de Avestruz Cuemir, S.C de R.L. de C.V.” Dicha empresa se encuentra también en el padrón de beneficiarios del Programa de apoyo a la inversión y equipamiento en infraestructura de la SAGARPA con un monto de $2’579’656, para el lapso enero-diciembre de 2011, siendo todavía titular de la dependencia Francisco Javier Mayorga Castañeda. En el reporte de avance para septiembre de ese mismo año, se especificó que el apoyo fue destinado a la modernización de instalaciones para obtener la certificación Tipo Inspección Federal (TIF).

 

cooperativa avestruz en programade apoyo al equipamiento e infraestructura

El incentivo económico de Sagarpa a la Cooperativa de Avestruz Cuemir fue a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) con la clave TIF-JAL-11-000007 otorgado en 2011. Para el año 2012, la misma empresa aparecía en un directorio de la Dirección General de Inocuidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera de la Sagarpa, donde se registran establecimientos con esa certificación, el cual –como su nombre lo indica- se reporta dedicado al sacrificio, corte, deshuese y proceso de productos cárnicos de avestruz. Incluso, para 2013, ya con la administración de Enrique Peña Nieto, y el titular de Sagarpa Enrique Martínez y Martínez, la cooperativa volvió a solicitar recursos públicos para corrales de cría y engorda, tríos reproductores de avestruz, para obra civil y para un centro de incubación.

avestruz cuemir

Los negocios lícitos del narcotráfico en expansión

Estos cuatro casos, –Los Mezquites, la guardería Niño Feliz, Rancho La Herradura y la Cooperativa de Avestruz– han arrojado luz en torno al problema que plantea la economía criminal en materia de combate a la delincuencia organizada. Las empresas pantalla funcionan como un puente entre el capitalismo subterráneo de las organizaciones criminales y la economía formal.

Desde 2007, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros ha identificado la inserción de dinero del Cártel de Sinaloa en diversos rubros productivos. En Jalisco se reportan empresas de combustibles como “Estación de Servicio Atemajac, S.A. DE C.V.”; en Sinaloa se tiene conocimiento de parques de diversión como “Parque Acuático Los Cascabeles S.A. de C.V.”; tiendas de autoservicio en Honduras como “Súpertiendas Handal”; inversiones en Belice como “Belize Chemicals LTD” dedicada a la comercialización de medicamentos o “Crown Paradise Enterprises LTD”, una agencia de viajes; en Ecuador “Negocios Internacionales del Ecuador, Nidegroup” o “Genética del Sur S.A.” en Uruguay; entre muchas, muchas otras. Negocios que siguieron funcionando pese a la caída de los capos con los que estuvieron relacionados.

Negocios sin reflectores, sin cámaras, sin la atención de la prensa internacional, pero que continúan aceitando la estructura de este cártel, y que cada año cobra miles de millones de dólares a cambio de miles y miles de vidas.

Fabricación de culpables

Fabricación de delitos: el riesgo de combatir la corrupción

Susana Enríquez Silva

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Jorge López vivió dos años recluido en un centro penitenciario acusado de un delito que no cometió; fue torturado por las autoridades que lo detuvieron, dejándole secuelas físicas y psicológicas. En México, el 64% de personas encarceladas sufre algún tipo de violencia al ser arrestada*.

Por Susana Enríquez Silva

Jorge López Pérez inició su carrera en 1982 cuando ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, años después lo comisionaron al Estado Mayor Presidencial donde laboró cuatro años en el sexenio de Ernesto Zedillo y otros cuatro en el sexenio de Vicente Fox. En el 2007 lo nombraron Director de la Policía Ministerial de Tabasco y en el 2014 lo invita el entonces Comisionado Estatal de Seguridad, Orlando May Zaragoza, a trabajar en Tlaxcala como director de la Policía Estatal Acreditable.

La situación en dicho estado era preocupante, tan sólo del año 2011 al 2013 había más de 150 denuncias por delito de trata de personas con fines de prostitución y únicamente tres sentencias respecto a esos casos. Además, un mes antes de que Jorge López iniciara su periodo, el narcomenudeo ya era considerado uno de los delitos con mayor incidencia delictiva.

La tarde del 21 de enero del año 2015 transcurría de manera normal para Jorge López, después de 30 años de servicio era común recibir avisos sobre asaltos, robos, detenciones, y como en esa ocasión, linchamientos. Se encontraba comiendo en su casa cuando recibió una notificación por radio en la que se solicitaba su presencia en el poblado de Santa Apolonia Teacalco en el municipio de Nativitas. Fue a las cinco de la tarde que junto a elementos de la Policía Estatal Acreditable comenzaron la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado robar un auto.

Horas más tarde, la vida del exdirector de la PEA cambió de manera drástica cuando fue llamado a la oficina de la que en ese entonces era la Procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez. Al llegar al lugar, Fragoso Sánchez ordenó que fuera detenido sin tener orden de aprehensión; fue en ese momento que comenzó una historia de impunidad y corrupción, historia que hoy en día no ha terminado, pues Jorge López continúa exigiendo al estado de Tlaxcala que le reparen el daño causado por la fabricación de un delito que jamás cometió.

«Somos oficiales que nos debemos al ciudadano»

Jorge López sabe la razón por la que lo detuvieron: intentó cambiar el sistema de policía en Tlaxcala. Desde que obtuvo su puesto en la Policía Estatal Acreditable, López Pérez notó que algunos de sus elementos estaban involucrados en los delitos como narcomenudeo o corrupción, e incluso que recibían órdenes de autoridades de rango mayor por lo que comenzó una estrategia para homologar el sistema de policía y poder garantizar la seguridad al ciudadano.

Su objetivo era transformar la estructura y comenzó a dar cursos propedéuticos a cada municipio, pues había notado que, además, los protocolos de actuación eran ineficientes. Sabe también que los aseguramientos que realizó desde que comenzó su labor al día de su detención, pegaron en el ámbito de autoridades corruptas lo cual molestó a los altos mandos. “Somos oficiales que nos debemos al ciudadano, servimos, no nos servimos de él, desafortunadamente toqué fibras que nunca se habían tocado en el estado y pagué con la cárcel”, afirma con un tono de voz seguro de que él hizo lo que correspondía a su labor.

El día de la detención del director, también fueron acusados por el delito de secuestro exprés, el exdelegado de Apizaco y cinco elementos más de la policía, quienes además fueron obligados a firmar una declaración que jamás dieron. Jorge López fue el único que se negó a hacerlo y asegura que fue el detonante para que en todo el proceso sufriera tortura y maltrato por parte de las autoridades. “Desde el momento que me detuvieron comenzaron a agredirme, me decían de todo: a ver hijo de tu pinche madre, aquí mandamos nosotros”, narra. Lo único que podía hacer era esquivar los golpes y cubrirse la cabeza: “me sentía impotente, no sabía cómo responder”.

Lo estuvieron paseando por horas, primero con el fiscal, pero al no querer declarar lo trasladaron a los separos y lo metieron en un cuarto donde fue violentado física, emocional y psicológicamente. “Me pidieron que me encuerara, me aventaron al suelo y me echaron agua. Yo tenía los ojos vendados pero veía como bolas rojas, me ordenaron que abriera las piernas y es cuando me dan toques en el cuerpo, en todas partes, y yo sólo gritaba el nombre de mi hijo que falleció, ese momento se me hizo eterno”.

«Se te acaba el mundo»

En Tlaxcala no está tipificado el delito de secuestro exprés, así que se buscó meter a la demanda la legislación federal para que procediera. En el momento de la detención no existía ninguna denuncia en contra de Jorge López ni de las otras seis personas detenidas, estas se hicieron hasta las 22:35 y 23:45 de ese día, otra el 26 de enero, después el 27 de enero, y la última el 3 de febrero. “¿Cómo es posible que me detuvieran por algo que nadie había denunciado?”; pregunta López Pérez, todavía sorprendido por lo absurdo de la situación que vivió.

«¿Cuándo acaba la tortura?». Audio: .Susana Enríquez.

Fue ingresado a la zona de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Apizaco. La celda en la que lo metieron era pequeña, con un baño, la cama de piedra y un pedazo de zotehuela. “Estuve dos meses incomunicado, lo poco que entraba de luz era por unos barrotes que había pero estaban muy altos, y no los alcanzaba”, narra mientras su voz cambia de tono al recordar los hechos.

El trato que vivió fue inhumano, le pasaban la comida en bolsas de plástico y lo mantuvieron sin tener comunicación con sus familiares hasta por dos meses. “Estar ahí era la muerte para uno, de los barrotes alcanzaba a ver unas como cuerdas y yo decía no pues me voy a ahorcar, se te acaba el mundo al estar ahí, yo pensaba lo peor”. Solamente cuando Jorge López salía a audiencias es cuando veía a su esposa, quien siempre estuvo acompañando el proceso y luchando por su libertad.

Sin embargo Jorge López no fue la única víctima, su madre, y su esposa Sandra Reyes, también sufrieron vejaciones cuando iban a visitarlo al CERESO; las hacían desvestirse, hacer sentadillas para hacer revisión y las tocaban, todo con la justificación de ser necesariopara poder accesar a realizar las visitas. Sandra Reyes siempre estuvo presente buscando pruebas para demostrar la inocencia de su esposo, “yo tampoco me la creía, mi hijo llegó con el licenciado, amá, ahora tú te vas a hacer cargo, yo tengo que trabajar, me puse a llorar pero yo sabía que así no iba a resolver nada”.

En las declaraciones que fabricaron hubo muchos errores, en una de ellas la persona afirmó que reconocía a los detenidos por haber estado presentes en el secuestro, sin embargo el director Jorge López junto al delegado que también fue detenido arbitrariamente, estuvieron juntos en el conflicto de linchamiento que se dio en Santa Apolonia Teacalco. Así que al darse cuenta de que con esa declaración se iba a caer la denuncia, cambiaron la versión de los hechos y acusaron a López Pérez de ser el líder de la banda.

Fotografía que muestra al delegado Juan Carlos Yáñez, el 21 de enero de 2015 en el poblado de Santa Apolonia Teacalco, lugar donde se encontraba con el ex director de la Policía Estatal Acreditable, Jorge López, realizando la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado un auto.

“Una vez hablé con una de las personas que llamaron a notificar, me dijo que había firmado su denuncia por un robo a su casa y que vio un espacio en blanco pero le dijeron que era para otras firmas, yo tenía copia de la denuncia porque en ese espacio en blanco habían puesto el nombre de mi esposo y los demás acusados”, cuenta la señora Sandra.

Hubo un movimiento que se organizó mientras Jorge López se encontraba privado de la libertad. Su esposa realizó dos marchas para exigir justicia y buscó a medios de comunicación de Tlaxcala como Radio Universidad o Línea de Contraste, con el objetivo de dar a conocer todas las irregularidades que estaban sucediendo en el caso. “Por eso digo que mi esposa es una guerrera, porque creyó en mí, sabe quién soy y empezó su lucha desde afuera”, afirma Jorge López mientras presume que lleva más de 30 años en matrimonio con Sandra Reyes.

Después de muchos meses de no presentarse a las audiencias la ministerio público, Jorge López y sus compañeros fueron absueltos de todas las averiguaciones previas: “eran nueve averiguaciones,todas las personas que llamaron a declarar dijeron que no sabían porque estaban ahí o que las habían obligado a firmar, es inverosímil lo que fabricaron, de verdad inverosímil”, narra el ex director de la PEA.

«Los derechos humanos no existen en Tlaxcala«

Es hasta dos años después, el 2 de febrero del 2017, que un juez decide dar la libertad a Jorge López, sin embargo eso no significó el fin, sino el inicio de una lucha para obtener justicia por lo que vivió, pues además de la tortura física, fue exhibido en medios nacionales e internacionales, y perdió la oportunidad de continuar con su carrera laboral. “Yo lucho por reparar el daño moral que nos hicieron a mí ya mi familia, quedé estigmatizado y eso te destruye, pierdes todo”, cuenta.

En el lapso de tiempo que López Pérez estuvo privado de su libertad, encarcelaron a un agente de la policía ministerial, quien le confirmó que las personas que lo torturaron lo hicieron por orden de la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez. Es el 2 de abril de 2018, que el ex director de la Policía Estatal Acreditable, presentó una denuncia penal en contra de Fragoso Sánchez y del ex subprocurador, Víctor Pérez Dorantes, además de integrar a elementos policíacos que participaron en los actos de tortura; un año más tarde de haber ratificado la denuncia, no hay detenidos, los policías continúan laborando para la PEA en Tlaxcala y Fragoso Sánchez no ha sido siquiera llamada a declarar por los hechos.

Jorge López también interpuso una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones que sufrió desde su detención, y fue el 30 de abril de 2018 que se emitió la recomendación 02/2018 contra el Estado de Tlaxcala. El 29 de mayo fue acatada por el Estado sin embargo hasta la actualidad no ha sido cumplida de manera idónea siendo que el artículo 51 de la ley de la CEDH se establece que una vez aceptada, se deberá realizar su total cumplimiento. Por causa de esto ha realizado dos huelgas frente al Palacio de Gobierno para exigir que le sea reparado el daño realizado. La recomendación emitió que se debía dar una disculpa pública, pagar los sueldos correspondientes que no recibió debido a su detención, recibir tratamiento psicológico para él y su familia, así como ser indemnizado por el tratamiento médico que hasta ahora lleva debido a las lesiones que le dejaron por la tortura, sin embargo únicamente se le otorgó la disculpa pública y el pago de su sueldo por los dos años que estuvo privado de la libertad.

“Para mí los derechos humanos no existen en Tlaxcala, pero creo en la justicia, siempre confié en las leyes y sé que México ya debe de cambiar”, afirma López Pérez quien lucha por algo más que dinero, busca recuperar lo perdido, re dignificar su nombre y el de su familia. Él sabe que sólo un juez podrá determinar quiénes son los responsables por su detención pero su exigencia es que su historia no quede sólo en una más de impunidad. «Quiero encontrarme nuevamente con mi familia y recuperar todo lo que perdimos, pero no voy a dejar pasar esto, voy a seguir luchando para que se reconozca que también existimos policías que somos víctimas de un sistema corrupto. Soy un servidor público que sirvió a su país por 35 años y no permitiré ser pisoteado”, afirma con la mirada fija, seguro de que no descansará hasta lograr su objetivo.

 

Esta historia periodística es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), auspiciado por USAID. 

Nuevo Periodismo para la Justicia

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Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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