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Investigaciones

Negocios sin reflectores: las empresas del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa, pese a la caída de sus líderes, mantiene sus negocios lícitos operando con el apoyo del gobierno mexicano

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Infografía parcial del Departamento del Tesoro.

Los tres líderes del Cártel de Sinaloa: Infografía del Departamento del Tesoro.

Por Maurizio Montes de Oca

CIUDAD DE MÉXICO.- La captura de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera atrajo los reflectores de nuevo al presidente Enrique Peña Nieto, quien se ha esforzado en construir una narrativa que prioriza al Estado de Derecho mediante aprehensiones espectaculares desde el inicio del sexenio. Muestras de ello son Elba Esther Gordillo, lideresa de uno de los sindicatos más grandes y poderosos de América Latina, quien se mantuvo impune por varios años con sus corruptelas, y José Manuel Mireles, ex vocero de la asamblea de grupos de autodefensa en Michoacán, también opositor a la incorporación de sus hombres a la Fuerza Rural. Pero nadie tan valioso para los medios y la atención internacional, como el hombre que se convirtió en “el más buscado”, luego de la muerte de Osama Bin Laden, y el segundo en recibir el título de “enemigo público número uno” en Chicago, sólo después de Al Capone.

Con 1.68 metros de pies a cabeza, Joaquín “El Chapo” Guzmán se hizo de renombre por mucho más que su corta estatura. El oriundo de Badiraguato supo aprovechar la ventana de oportunidad que ofreció el cierre de las viejas rutas de tráfico hacia Estados Unidos que solían utilizar los cárteles cubanos, para redirigir la mercancía ilegal por la ruta del Pacífico en complicidad con antiguos operadores del Cártel de Juárez, con quienes luego del vigoroso liderazgo que adquirió tras su fuga del Penal de Puente Grande, comenzó a tener ríspidas relaciones cuyos altibajos contribuyeron en la formación de nuevos cárteles y células delincuenciales independientes. Aunque ninguna tan poderosa y tan complacida por las autoridades como la suya: la Federación de Sinaloa.

No obstante, la estrategia de decapitamiento de los cárteles y el calvario recorrido por Guzmán ante las cámaras, ocultan elementos importantes en materia del combate a la organización criminal en su conjunto.

El Chapo es sólo una de las piezas más visibles del rompecabezas que compone la Federación de Sinaloa, la cual cada año invierte miles de millones de pesos en mantener su infraestructura que implica mucho más que el simple tráfico de estupefacientes. Desde lavacoches (así comenzó su carrera delictiva Miguel Ángel Treviño “el Z 40”, en el Cártel del Golfo con Osiel Cárdenas), sembradores de enervantes (el mismo Joaquín Guzmán se inició así en el negocio cuando era niño), sicarios, choferes, profesionistas diversos (como el ingeniero José Antonio Robledo quien tenía conocimiento en instalación de antenas y otros menesteres en materia de telecomunicaciones y es uno de las 36 personas de quienes se cree que su conocimiento técnico o científico, fue el principal motivo para su rapto por parte de comandos armados), informantes (como consta en las declaraciones vertidas para la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012), entre muchas otras ocupaciones ilícitas para el funcionamiento de esta empresa transnacional.

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Cronología de negocios del Cártel de Sinaloa

Las ganancias obtenidas por esta corporación, cuyas estimaciones van desde los tres mil millones de dólares atribuidos a Guzmán por la revista Forbes, hasta los 6 mil 600 millones de dólares según cifras ofrecidas por Patrick Raden Keefe al The New York Times (http://nyti.ms/1pdrhv0), y quien apunta que se tratan de cifras “conservadoras” debido a la dificultad para calcular empíricamente las fortunas de las organizaciones criminales. El dinero también implica infraestructura para regresar a sus inversionistas y no ser detectado por las autoridades antinarcóticos. Sin embargo, en el caso de este cártel parte de esta infraestructura está construida conjuntamente con las autoridades mexicanas.

El transporte de dinero en efectivo es altamente riesgoso por su volumen y fácil rastreo, el blanqueo es la mejor alternativa de hacerlo circular de un lado a otro de México y el mundo, insertándolo en los sectores legales de la economía mediante empresas formalmente establecidas, llegando incluso a dar empleo y contribuyendo a la hacienda pública con sus impuestos. Uno de los periodos más exitosos para estas empresas del Cártel de Sinaloa fue con la administración de Felipe Calderón, incluso llegaron a ser beneficiadas por programas gubernamentales. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sabe perfectamente.

Un primer ejemplo de ello es la empresa “Rancho Agrícola y Ganadero, Los Mezquites S.A. de C.V.”, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con el folio RAG000412BY5, la cual fue señalada en julio de 2013 por el Tesoro -a través de su Departamento de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés)- como parte de la estructura del Cártel de Sinaloa.

Rancho, Estancia y Balneario

El rancho Los Mezquites estaba ligado al capo Ismael “El Mayo” Zambada y a su familia mediante el notario público José Antonio Núñez Bedolla, quien según las autoridades norteamericanas, notariaba a nombre de integrantes del cártel empresas como ésta. Aparecía como beneficiaria de un subsidio gubernamental en la lista de Beneficiarios del Subprograma de Apoyos Directos para el Sacrificio de Ganado bovino, Porcino, Ovino o Caprino en rastros Tipo Inspección Federal (TIF) del Ejercicio Fiscal 2005 (disponible en http://bit.ly/1rQEfjz). El titular de Sagarpa era Francisco Javier Mayorga Castañeda, quien posteriormente fue nombrado otra vez en ese mismo cargo en 2007, con Felipe Calderón.

Rancho los Mezquites

Molinar Horcasitas, en apoyo directo a narcoguarderías

A pesar de que en su momento el notario Núñez Bedolla negó haber autorizado las escrituras del Rancho y de otras dos empresas ligadas con la Federación de Sinaloa, sí admitió haber notariado la guardería “Estancia Niño Feliz”, ubicada en Avenida Manuel Vallarta, número 2141 en Culiacán; la cual operaba bajo la clave CT 25PDI0012C (publicado por el portal de transparencia del Gobierno de Sinaloa disponible en: http://bit.ly/WO6MeU).

Clave_CT_Niño_feliz

Según la lista de estancias infantiles publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta institución pagaba la cantidad de 2,299.40 pesos (USD 184.00) por cada niño a cargo de la guardería en la que aparecía como socia María Teresa Zambada Niebla, hija del famoso capo, con un contrato de adjudicación directa de 2007 a 2009. El titular en ese entonces era Juan Molinar Horcasitas, quien presentó el documento: “Políticas públicas implementadas por Juan Molinar”, en el que señala que una de sus primeras acciones fue la renovación de contratos de guarderías subrogadas, y “que requerían la firma del director general para salvaguardar la integridad financiera del instituto”.

lista estancias infantiles IMSS, El Financiero

En febrero de 2014, el Departamento del Tesoro volvió a señalar dos operadores del Cártel de Sinaloa, el colombiano Hugo Cuéllar Hurtado, quien trabajó previamente para el traficante Leónidas Vargas Vargas, líder del Cártel de Caquetá en Colombia; y John Fredy Cuellar Silva, hijo de Cuéllar Hurtado. Ambos en la mira del gobierno estadounidense por sus inversiones en empresas mexicanas de agricultura y empeño.

red de operacion cuellar, rancho y cooperativa, OFAC

Es el caso del Rancho La Herradura Cuemir con folio mercantil 17919-1 ubicado en el centro de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y que bajo el nombre de “Agrícola y Ganadera Cuemir S.P.R de R.I. podía encontrarse en un listado de convenios para realizar prácticas profesionales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, así como en un padrón de empresas de un fideicomiso de riesgo compartido de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Inclusive, puede encontrarse también en una lista de empresas con sementales aprobados por una asociación empresarial de Alemania.

Directorio de establecimientos TIF

Directorio de establecimientos Tipo Inspección Federal

Cumir alemania

En Alemania, promoviendo sementales.

Sagarpa, clave en el apoyo a empresas del Cártel

Otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como beneficiaria de programas del gobierno mexicano es la “Cooperativa de Avestruz Cuemir, S.C de R.L. de C.V.” Dicha empresa se encuentra también en el padrón de beneficiarios del Programa de apoyo a la inversión y equipamiento en infraestructura de la SAGARPA con un monto de $2’579’656, para el lapso enero-diciembre de 2011, siendo todavía titular de la dependencia Francisco Javier Mayorga Castañeda. En el reporte de avance para septiembre de ese mismo año, se especificó que el apoyo fue destinado a la modernización de instalaciones para obtener la certificación Tipo Inspección Federal (TIF).

 

cooperativa avestruz en programade apoyo al equipamiento e infraestructura

El incentivo económico de Sagarpa a la Cooperativa de Avestruz Cuemir fue a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) con la clave TIF-JAL-11-000007 otorgado en 2011. Para el año 2012, la misma empresa aparecía en un directorio de la Dirección General de Inocuidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera de la Sagarpa, donde se registran establecimientos con esa certificación, el cual –como su nombre lo indica- se reporta dedicado al sacrificio, corte, deshuese y proceso de productos cárnicos de avestruz. Incluso, para 2013, ya con la administración de Enrique Peña Nieto, y el titular de Sagarpa Enrique Martínez y Martínez, la cooperativa volvió a solicitar recursos públicos para corrales de cría y engorda, tríos reproductores de avestruz, para obra civil y para un centro de incubación.

avestruz cuemir

Los negocios lícitos del narcotráfico en expansión

Estos cuatro casos, –Los Mezquites, la guardería Niño Feliz, Rancho La Herradura y la Cooperativa de Avestruz– han arrojado luz en torno al problema que plantea la economía criminal en materia de combate a la delincuencia organizada. Las empresas pantalla funcionan como un puente entre el capitalismo subterráneo de las organizaciones criminales y la economía formal.

Desde 2007, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros ha identificado la inserción de dinero del Cártel de Sinaloa en diversos rubros productivos. En Jalisco se reportan empresas de combustibles como “Estación de Servicio Atemajac, S.A. DE C.V.”; en Sinaloa se tiene conocimiento de parques de diversión como “Parque Acuático Los Cascabeles S.A. de C.V.”; tiendas de autoservicio en Honduras como “Súpertiendas Handal”; inversiones en Belice como “Belize Chemicals LTD” dedicada a la comercialización de medicamentos o “Crown Paradise Enterprises LTD”, una agencia de viajes; en Ecuador “Negocios Internacionales del Ecuador, Nidegroup” o “Genética del Sur S.A.” en Uruguay; entre muchas, muchas otras. Negocios que siguieron funcionando pese a la caída de los capos con los que estuvieron relacionados.

Negocios sin reflectores, sin cámaras, sin la atención de la prensa internacional, pero que continúan aceitando la estructura de este cártel, y que cada año cobra miles de millones de dólares a cambio de miles y miles de vidas.

Investigaciones

Sobreprecio millonario en dólares de la Línea 12 del Metro, autorización de Mario Delgado en 2009

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  • Adjudicación directa, con un sobreprecio de 378 % del costo original
  • El prófugo Jesús Orta Martínez, involucrado en el proyecto

Por Guadalupe Lizárraga

Con oficio fechado el 17 de diciembre de 2009, Mario Delgado Carrillo, entonces titular de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, autorizó más de 1, 588 millones de dólares para el arrendamiento de 30 trenes que darían servicio a la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Sin embargo, el contrato de la empresa española CAF, dos meses antes, especificaba en el desglose de precios, que el costo total sería de 420 millones de dólares.

De acuerdo con la información entregada a Los Ángeles Press, el hoy candidato a dirigir el partido de MORENA, Mario Delgado, intervino en aquella gestión y pidió que CAF rentara en dólares –y no pesos– el lote de los 30 trenes, y operó el contrato junto con Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad de CDMX, quien se encuentra prófugo de las autoridades federales por desvío de 2 mil 500 millones de pesos, y fue también responsable del sobreprecio en la renta de 1855 patrullas de la Ciudad de México.

En el caso de los trenes de la Línea 12 del Metro, antes de que hubiera una licitación oficial, Mario Delgado Carrillo había autorizado una comisión de dos ingenieros, uno de ellos el director del personal de Mantenimiento del Material Rodante, Carlos Daniel Martínez López, para que visitaran fabricantes chinos, del 7 al 18 de febrero de 2009. Inició la negociación con la empresa Norinco, y se imprimió folletería. No obstante, ante la denuncia de este hecho ante Contraloría Interna del Sistema de Transporte Colectivo, bajo el oficio 000215, con fecha del 13 de marzo de 2009, se revirtió el contrato.

 

Pese a las denuncias y auditorías, Delgado no tuvo impedimento para adjudicar directamente el contrato a la empresa española con representación en México, CAF México, S.A de C.V. en un periodo de gestión de manera extraordinaria, entre el 12 de octubre y el 22 de diciembre de 2009.

  1. El 12 de octubre de 2009, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) solicitó con el oficio SGAF/50000/0224/09 una propuesta de la “Prestación del Servicio de Largo Plazo (PPS)” con un lote de 30 trenes.
  2. El 14 de diciembre de 2009, el STC Metro solicitó una propuesta técnica y económica “para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa para la Prestación del Servicio de Largo Plazo”.
  3. El 16 de diciembre de 2009, CAF México, S.A. de C.V. presentó la propuesta al STC Metro.
  4. El 22 de diciembre de 2009, SCT Metro informó la asignación directa del contrato a CAF México, S.A. de C.V. con el oficio SGAF/50000/229/09.
  5. El 17 de mayo de 2010, CAF México y Provetren celebraron convenio de consorcio para formalizar su participación en el proyecto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en el análisis de costo-beneficio del proyecto Tren Interurbano México-Toluca, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si el sobrecosto de la obra era mayor al 25% del costo original, el proyecto dejaría de ser socialmente rentable. Sin embargo, el proyecto de la Línea 12 del Metro, se realizó con el 378 por ciento de sobrecosto, de 420 millones de dólares, del costo original, a 1, 588, 152, 500 millones de dólares.

En la descripción del Proyecto de prestación de servicios para otorgar el contrato a CAF México, SA de CV se estipula que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se hacía cargo de la calidad del servicio especificando que el prestador del servicio recibiría un pago mensual “cuyo monto estará sujeto al cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato”. Pero entre las justificaciones financieras, se alude a un “presupuesto insuficiente”.

Auditorías encubridoras

La Auditoría Superior de la Federación, a través del director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales, Celerino Cruz García, en referencia al oficio DGCNCP/1545/2011, con fecha del 13 de junio de 2011, para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, dirigió un oficio en respuesta al director general de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a cargo de Marco Antonio Alvarado Sánchez.

En este documento dejó asentado bajo el número de oficio DGAIFF-K-1525/2011, con fecha del 3 de noviembre de 2011, que en respuesta a la auditoría número 554, de “inversiones físicas” de la Línea 12 del Metro, se cumplía con la evidencia documental que soportaba la autorización del pago.

Cruz García emitió un siguiente oficio, con el número de oficio DGAIFF-K-1524/2011 y fecha, en el que afirmó que con la documentación técnica aportada se sustentaba también la necesidad de modificaciones en el trazo especificado en el convenio, y que se había aclarado que “con los nuevos cadenamientos topográficos para la ubicación de las estaciones y tramos se incrementó la longitud de operación y la longitud de construcción de los tramos”, sin que el monto del contrato se hubiera modificado.

Con otro oficio número DGAIFF-K-1522/2011, fechado el 15 de noviembre de 2011, también Cruz García dio fe con su firma que debido a la “situación financiera internacional que acusaba sus efectos en el país”, la inversión programada no se podía cumplir y se tuvieron que reprogramar los montos e incrementar anticipos a fin de asegurar los costos de la obra.

El oficio DGAIFF-K-1539/2011, bajo la misma firma de Cruz García, y con fecha del 7 de noviembre de 2011, derivado de la misma auditoría, especificó que al cierre del ejercicio presupuestal de 2009, “la contratista cumplió con el programa establecido en el convenio formalizado, razón por la cual la Dirección General del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro le devolvió las retenciones observadas por un importe de 10,004.0 miles de pesos”.

Con el oficio número DGAIFF-K-1520/2011, del 15 de noviembre de 2011, Cruz García asienta “que la contratista cumplió en términos absolutos con el importe programado (…) y comprobó la correcta inversión de los anticipos concedidos no amortizados”, señalando que resultaba además improcedente un cargo mensual del 2.0 %”.

La Auditoría Superior de la Federación había reportado daños por 5,130 millones de pesos en la Línea 12, pero después de la auditoría, en cinco hojas de la Auditoría de Inversiones Físicas Federales, desaparecieron los daños.

 

Polémicas por averías y corrupción en 2014

Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe del gobierno de la Ciudad de México, durante la construcción de la Línea 12, fue cuestionado por legisladores por supuestos desvíos de recursos de 627 millones de pesos.  No obstante, en tuit del 10 de septiembre de 2014, el actual secretario de Relaciones Exteriores, negó las imputaciones.

Miguel Ángel Mancera, por su parte, el 8 de julio de 2013, ya como jefe de Gobierno, dijo que recibía la Línea 12 del Metro “como segura y operable”. Al año siguiente, cuando surgió la polémica de la corrupción y negligencia técnica, Ebrard reclamó a través de los medios por qué Mancera había recibido el proyecto de manera “legal y formal”, como operable.

De acuerdo con reportes de prensa, según el director general del Sistema de Transporte colectivo, Jorge Gaviño Ambriz, en su diagnóstico presentado en 2017, declaró que la Línea 12 del Metro tuvo fallas de construcción, y en marzo de 2014, en su tramo de Tláhuac a Atlalilco, se suspendió el servicio.

Los trenes volvieron a operar en su totalidad para finales de 2015, pero el funcionario hizo énfasis en que los errores cometidos en la construcción eran permanentes, y requería un mantenimiento de alto costo por el desgaste ondulatorio de las vías.

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El Caso Wallace

Expertos internacionales en DDHH, satisfechos por respuesta de México en el caso de Brenda Quevedo

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GINEBRA (15 de octubre de 2020) – Expertos en derechos humanos de la ONU* acogieron hoy con satisfacción el anuncio del gobierno mexicano de que implementará la Opinión núm. 45/2020 y liberará a Brenda Quevedo Cruz, después de 11 años en prisión en México sin sentencia, instando a las autoridades a ponerla en libertad de inmediato.

“Estamos muy satisfechos por la declaración oficial de la Secretaría de Gobernación de México de que cumplirá con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y liberará a la víctima de detención arbitraria, esperamos que se tomen acciones concretas en ese sentido inmediatamente”, dijo el Grupo.

Quevedo Cruz fue detenida en relación con el falso secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, reportado en julio de 2005, pero el Grupo de Trabajo encontró graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, además de haber sido torturada en dos ocasiones.

“Tras pasar más de una década en prisión preventiva, la señora Brenda Quevedo Cruz debe ser liberada, con garantías de acceso a una reparación integral”, indicaron los expertos. “La violación de sus derechos humanos debe investigada a profundidad, lo que debe de conducir a la rendición de cuentas por parte de los responsables.”

El Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de México a revisar urgentemente todas sus opiniones relativas a México, con la finalidad de identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan. “Quedamos a la disposición del Gobierno para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones internacionales.”

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo, José Antonio Guevara Bermúdez, miembro mexicano del Grupo de Trabajo, no participó en la adopción de la Opinión núm. 45/2020.

* Los expertos de la ONU: Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Elina Steinerte (Vice-Presidenta) Sètondji Roland Adjovi y Seong-Phil Hong, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor cuerpo de expertos independientes del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre que se da a los mecanismos de investigación, recopilación de información y mecanismos de monitoreo que analizan la situación de los derechos humanos en algún país determinado o la situación de un derecho humano en particular en todo el mundo. Los expertos trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y su labor no es remunerada. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
ONU Derechos Humanos, página de país –  México

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El Caso Wallace

Sobrino de Isabel Miranda reportó amenazas y secuestro por revelar abuso sexual de parte Hugo Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La madrugada del 13 de octubre, Alfredo Miranda Cruz reportó a Los Ángeles Press que había sido retenido contra su voluntad desde el miércoles 7 de octubre por sus tíos María Isabel y Roberto Miranda Torres, después de que se enteraron de revelaciones que hizo a esta periodista sobre el abuso sexual sufrido a la edad de 9 y 15 años, por parte de su primo Hugo Alberto Wallace Miranda.

En estado de angustia, Alfredo Miranda llamó a la periodista para dejar un registro de las agresiones y declaró que su padre lo había rescatado de un departamento “que queda en Girasoles”. De allí, lo había trasladado al Hotel Montreal, ubicado en Calzada Tlalpan #2073, CDMX, desde donde envió la ubicación, varias veces y en diferentes horas, a la periodista.

Miranda Cruz señaló también que sus tíos estaban amedrentando a toda la familia y estaban indagando de donde se filtraba información sobre su primo Hugo Alberto.

En la conversación telefónica, de madrugada, dijo que su tío Roberto lo había seguido al hotel y que había golpeado a una mujer de Seguridad. También que había hablado con el dueño del hotel, y quería entrar a la habitación donde él se encontraba. Dijo que su tío lo estaba “amenazando con matarlo y cortarle la lengua”.

La primera llamada la hizo a las 3:27 horas (CDT), 1:27 hora de California, con la ubicación del hotel mencionado de la Ciudad de México. En el mensaje de audio abundó que habían detenido también a “Paulina”, madre de su hijo, a quien habían maltratado y desnudado, en la azotea, y que él alcanzaba a escuchar la voz de su tía Isabel Miranda. Especifica en el mensaje de voz que su tía Isabel iba a utilizar a Paulina para ofenderlo e “inventarle cosas” a cambio de dinero, “en lo que su tía era experta”.

Después de varios audios sobre la situación que estaba viviendo, y de las ubicaciones enviadas, Alfredo Miranda Cruz envió otro mensaje a las 4:50 horas, ya en pánico, en el que dice:

“Extremo peligro, en extremo peligro estoy, señora Guadalupe. Un señor quiere abrir nuestra puerta, estamos en extremo peligro, señora Guadalupe”.

 

Quince minutos después, reportó que el señor Roberto Miranda Torres (tío de la víctima) había lastimado a un testigo, mujer. Señaló que no tenía claro si había sido contratada por su tío, que eran las 5:05 de la mañana y que estaban muy estresados. Además de que ya había habido varios conflictos en ese hotel.

Cada diez minutos, Alfredo Miranda estuvo enviando sus ubicaciones a la periodista. Dijo haber recibido llamada de sus tíos a la habitación y que lo estaban confundiendo.

El último mensaje por la red WhatsApp fue a las 13:46 del mismo 13 de octubre, y la ubicación fue (19.3364444,-99.1273334) Ejido Xochimilco 33-43, Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, Coyoacán, 04470 Ciudad de México, CDMX, México.

 

Posteriormente envió cuatro mensajes de audio más, por Messenger, vía Facebook. El último mensaje de audio con su voz dice: “Señora Guadalupe, ya valió gorro”. A las 14:13, entró un mensaje de texto que dice: “Todo está bien, ¿de quién es el teléfono?”.

 

 

La acción de las autoridades

La Fiscalía General de la Ciudad de México dio seguimiento, directamente a través de la titular, Ernestina Godoy Ramos, después de que recibiera la información de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, vía Alejandro Encinas Rodríguez, a quien se le reportaron los hechos.

Cuando la fiscal indagaba los detalles de lo que llamó “secuestro en curso” se le informó sobre la resistencia de la víctima para llamar al 911, por temor a que interfirieran en favor de Isabel Miranda, como ha sucedido años anteriores. Sin embargo, la fiscal enfatizó a la periodista que ya no era lo de antes, que estaban actuando conforme a derecho.

Después de que sus agentes de investigación llegaron al hotel de donde se estuvo reportando la ubicación de Alfredo Miranda Cruz, les informaron que no había ningún registro a ese nombre, y al mostrar su fotografía negaron haberlo visto entrar al hotel, por lo que solicitaron el registro de las cámaras de seguridad, ya que la víctima decía estar dentro de una habitación y haber sido testigo auditivo de que su tío Roberto Miranda había lastimado a una mujer en el pasillo que daba a su habitación.

Hoy, 14 de octubre, en torno a las 3 de la tarde, la autoridad reportó que la policía ya estaba en entrevista con la víctima, y que se encontraba estable.

 

Contexto

Alfredo Miranda Cruz había reportado desde enero de 2019 el acoso que recibía por parte de su tía Isabel Miranda Torres, pero pedía que no fuese revelado por temor a su vida. Dijo que solo quería dejar un registro con la periodista Guadalupe Lizárraga que había llevado la investigación sobre el falso secuestro de su primo Hugo Alberto por si llegara a pasar algo. En las diferentes comunicaciones con la periodista, corroboró Miranda Cruz la fabricación de la prueba de ADN, a través de una gota de sangre, que Isabel Miranda Torres, junto con los agentes de la PGR, plantó en el departamento de Juana Hilda González Lomelí. Señaló que la gota de sangre, efectivamente, era de su prima Claudia, y que su tío Enrique Wallace no era padre biológico de su primo Hugo Alberto. Que todos en la familia lo sabían, pero que los tenía a todos controlados. Y ello se podía comprobar con un análisis de ADN a la hija de Hugo Alberto (Andrea Isabel) que no tenía sangre de los Wallace.

El 28 de julio de 2020, envió un nuevo mensaje de alerta vía Messenger, en el que escribió que si algo le pasaba hacía responsable a su tía Isabel Miranda, sus tíos Heriberto y Roberto Miranda, así como a su primo Luis Alberto, Andrés, y las señoras Asunción y Magdalena Miranda Torres, a Víctor Manuel Sánchez (esposo de su tía Asunción), a su prima Claudia Wallace (hermanastra de Hugo Alberto), a Abraham Pedraza (esposo de su tía Magdalena), a Jorge Ortega Miranda y a su padre.

En el mensaje se destaca:

“…por cualquier cosa que me pase de forma acusatoria o asalto donde caiga muerto, se les haga responsables.

Yo, Alfredo Miranda Cruz, abusado sexualmente a los 9 y 15 años por mi primo Hugo (Alberto Wallace Miranda)”.

En el penúltimo mensaje de texto, escrito el 13 de octubre a las 14:37 horas, señala a la periodista:

“Señora, mi tía me quiere matar, cuando pase, anéxelo. Me están torturando”.

 

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