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Investigaciones

Negocios sin reflectores: las empresas del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa, pese a la caída de sus líderes, mantiene sus negocios lícitos operando con el apoyo del gobierno mexicano

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Infografía parcial del Departamento del Tesoro.

Los tres líderes del Cártel de Sinaloa: Infografía del Departamento del Tesoro.

Por Maurizio Montes de Oca

CIUDAD DE MÉXICO.- La captura de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera atrajo los reflectores de nuevo al presidente Enrique Peña Nieto, quien se ha esforzado en construir una narrativa que prioriza al Estado de Derecho mediante aprehensiones espectaculares desde el inicio del sexenio. Muestras de ello son Elba Esther Gordillo, lideresa de uno de los sindicatos más grandes y poderosos de América Latina, quien se mantuvo impune por varios años con sus corruptelas, y José Manuel Mireles, ex vocero de la asamblea de grupos de autodefensa en Michoacán, también opositor a la incorporación de sus hombres a la Fuerza Rural. Pero nadie tan valioso para los medios y la atención internacional, como el hombre que se convirtió en “el más buscado”, luego de la muerte de Osama Bin Laden, y el segundo en recibir el título de “enemigo público número uno” en Chicago, sólo después de Al Capone.

Con 1.68 metros de pies a cabeza, Joaquín “El Chapo” Guzmán se hizo de renombre por mucho más que su corta estatura. El oriundo de Badiraguato supo aprovechar la ventana de oportunidad que ofreció el cierre de las viejas rutas de tráfico hacia Estados Unidos que solían utilizar los cárteles cubanos, para redirigir la mercancía ilegal por la ruta del Pacífico en complicidad con antiguos operadores del Cártel de Juárez, con quienes luego del vigoroso liderazgo que adquirió tras su fuga del Penal de Puente Grande, comenzó a tener ríspidas relaciones cuyos altibajos contribuyeron en la formación de nuevos cárteles y células delincuenciales independientes. Aunque ninguna tan poderosa y tan complacida por las autoridades como la suya: la Federación de Sinaloa.

No obstante, la estrategia de decapitamiento de los cárteles y el calvario recorrido por Guzmán ante las cámaras, ocultan elementos importantes en materia del combate a la organización criminal en su conjunto.

El Chapo es sólo una de las piezas más visibles del rompecabezas que compone la Federación de Sinaloa, la cual cada año invierte miles de millones de pesos en mantener su infraestructura que implica mucho más que el simple tráfico de estupefacientes. Desde lavacoches (así comenzó su carrera delictiva Miguel Ángel Treviño “el Z 40”, en el Cártel del Golfo con Osiel Cárdenas), sembradores de enervantes (el mismo Joaquín Guzmán se inició así en el negocio cuando era niño), sicarios, choferes, profesionistas diversos (como el ingeniero José Antonio Robledo quien tenía conocimiento en instalación de antenas y otros menesteres en materia de telecomunicaciones y es uno de las 36 personas de quienes se cree que su conocimiento técnico o científico, fue el principal motivo para su rapto por parte de comandos armados), informantes (como consta en las declaraciones vertidas para la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012), entre muchas otras ocupaciones ilícitas para el funcionamiento de esta empresa transnacional.

cronologia negocios del cartel de Sinaloa-page-001

Cronología de negocios del Cártel de Sinaloa

Las ganancias obtenidas por esta corporación, cuyas estimaciones van desde los tres mil millones de dólares atribuidos a Guzmán por la revista Forbes, hasta los 6 mil 600 millones de dólares según cifras ofrecidas por Patrick Raden Keefe al The New York Times (http://nyti.ms/1pdrhv0), y quien apunta que se tratan de cifras “conservadoras” debido a la dificultad para calcular empíricamente las fortunas de las organizaciones criminales. El dinero también implica infraestructura para regresar a sus inversionistas y no ser detectado por las autoridades antinarcóticos. Sin embargo, en el caso de este cártel parte de esta infraestructura está construida conjuntamente con las autoridades mexicanas.

El transporte de dinero en efectivo es altamente riesgoso por su volumen y fácil rastreo, el blanqueo es la mejor alternativa de hacerlo circular de un lado a otro de México y el mundo, insertándolo en los sectores legales de la economía mediante empresas formalmente establecidas, llegando incluso a dar empleo y contribuyendo a la hacienda pública con sus impuestos. Uno de los periodos más exitosos para estas empresas del Cártel de Sinaloa fue con la administración de Felipe Calderón, incluso llegaron a ser beneficiadas por programas gubernamentales. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sabe perfectamente.

Un primer ejemplo de ello es la empresa “Rancho Agrícola y Ganadero, Los Mezquites S.A. de C.V.”, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con el folio RAG000412BY5, la cual fue señalada en julio de 2013 por el Tesoro -a través de su Departamento de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés)- como parte de la estructura del Cártel de Sinaloa.

Rancho, Estancia y Balneario

El rancho Los Mezquites estaba ligado al capo Ismael “El Mayo” Zambada y a su familia mediante el notario público José Antonio Núñez Bedolla, quien según las autoridades norteamericanas, notariaba a nombre de integrantes del cártel empresas como ésta. Aparecía como beneficiaria de un subsidio gubernamental en la lista de Beneficiarios del Subprograma de Apoyos Directos para el Sacrificio de Ganado bovino, Porcino, Ovino o Caprino en rastros Tipo Inspección Federal (TIF) del Ejercicio Fiscal 2005 (disponible en http://bit.ly/1rQEfjz). El titular de Sagarpa era Francisco Javier Mayorga Castañeda, quien posteriormente fue nombrado otra vez en ese mismo cargo en 2007, con Felipe Calderón.

Rancho los Mezquites

Molinar Horcasitas, en apoyo directo a narcoguarderías

A pesar de que en su momento el notario Núñez Bedolla negó haber autorizado las escrituras del Rancho y de otras dos empresas ligadas con la Federación de Sinaloa, sí admitió haber notariado la guardería “Estancia Niño Feliz”, ubicada en Avenida Manuel Vallarta, número 2141 en Culiacán; la cual operaba bajo la clave CT 25PDI0012C (publicado por el portal de transparencia del Gobierno de Sinaloa disponible en: http://bit.ly/WO6MeU).

Clave_CT_Niño_feliz

Según la lista de estancias infantiles publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta institución pagaba la cantidad de 2,299.40 pesos (USD 184.00) por cada niño a cargo de la guardería en la que aparecía como socia María Teresa Zambada Niebla, hija del famoso capo, con un contrato de adjudicación directa de 2007 a 2009. El titular en ese entonces era Juan Molinar Horcasitas, quien presentó el documento: “Políticas públicas implementadas por Juan Molinar”, en el que señala que una de sus primeras acciones fue la renovación de contratos de guarderías subrogadas, y “que requerían la firma del director general para salvaguardar la integridad financiera del instituto”.

lista estancias infantiles IMSS, El Financiero

En febrero de 2014, el Departamento del Tesoro volvió a señalar dos operadores del Cártel de Sinaloa, el colombiano Hugo Cuéllar Hurtado, quien trabajó previamente para el traficante Leónidas Vargas Vargas, líder del Cártel de Caquetá en Colombia; y John Fredy Cuellar Silva, hijo de Cuéllar Hurtado. Ambos en la mira del gobierno estadounidense por sus inversiones en empresas mexicanas de agricultura y empeño.

red de operacion cuellar, rancho y cooperativa, OFAC

Es el caso del Rancho La Herradura Cuemir con folio mercantil 17919-1 ubicado en el centro de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y que bajo el nombre de “Agrícola y Ganadera Cuemir S.P.R de R.I. podía encontrarse en un listado de convenios para realizar prácticas profesionales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, así como en un padrón de empresas de un fideicomiso de riesgo compartido de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Inclusive, puede encontrarse también en una lista de empresas con sementales aprobados por una asociación empresarial de Alemania.

Directorio de establecimientos TIF

Directorio de establecimientos Tipo Inspección Federal

Cumir alemania

En Alemania, promoviendo sementales.

Sagarpa, clave en el apoyo a empresas del Cártel

Otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como beneficiaria de programas del gobierno mexicano es la “Cooperativa de Avestruz Cuemir, S.C de R.L. de C.V.” Dicha empresa se encuentra también en el padrón de beneficiarios del Programa de apoyo a la inversión y equipamiento en infraestructura de la SAGARPA con un monto de $2’579’656, para el lapso enero-diciembre de 2011, siendo todavía titular de la dependencia Francisco Javier Mayorga Castañeda. En el reporte de avance para septiembre de ese mismo año, se especificó que el apoyo fue destinado a la modernización de instalaciones para obtener la certificación Tipo Inspección Federal (TIF).

 

cooperativa avestruz en programade apoyo al equipamiento e infraestructura

El incentivo económico de Sagarpa a la Cooperativa de Avestruz Cuemir fue a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) con la clave TIF-JAL-11-000007 otorgado en 2011. Para el año 2012, la misma empresa aparecía en un directorio de la Dirección General de Inocuidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera de la Sagarpa, donde se registran establecimientos con esa certificación, el cual –como su nombre lo indica- se reporta dedicado al sacrificio, corte, deshuese y proceso de productos cárnicos de avestruz. Incluso, para 2013, ya con la administración de Enrique Peña Nieto, y el titular de Sagarpa Enrique Martínez y Martínez, la cooperativa volvió a solicitar recursos públicos para corrales de cría y engorda, tríos reproductores de avestruz, para obra civil y para un centro de incubación.

avestruz cuemir

Los negocios lícitos del narcotráfico en expansión

Estos cuatro casos, –Los Mezquites, la guardería Niño Feliz, Rancho La Herradura y la Cooperativa de Avestruz– han arrojado luz en torno al problema que plantea la economía criminal en materia de combate a la delincuencia organizada. Las empresas pantalla funcionan como un puente entre el capitalismo subterráneo de las organizaciones criminales y la economía formal.

Desde 2007, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros ha identificado la inserción de dinero del Cártel de Sinaloa en diversos rubros productivos. En Jalisco se reportan empresas de combustibles como “Estación de Servicio Atemajac, S.A. DE C.V.”; en Sinaloa se tiene conocimiento de parques de diversión como “Parque Acuático Los Cascabeles S.A. de C.V.”; tiendas de autoservicio en Honduras como “Súpertiendas Handal”; inversiones en Belice como “Belize Chemicals LTD” dedicada a la comercialización de medicamentos o “Crown Paradise Enterprises LTD”, una agencia de viajes; en Ecuador “Negocios Internacionales del Ecuador, Nidegroup” o “Genética del Sur S.A.” en Uruguay; entre muchas, muchas otras. Negocios que siguieron funcionando pese a la caída de los capos con los que estuvieron relacionados.

Negocios sin reflectores, sin cámaras, sin la atención de la prensa internacional, pero que continúan aceitando la estructura de este cártel, y que cada año cobra miles de millones de dólares a cambio de miles y miles de vidas.

El Caso Wallace

FGR determina no ejercicio de acción penal contra Isabel Miranda pese a evidencias

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Por Guadalupe Lizárraga

El equipo de investigación y litigación de la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero, determinó el “no ejercicio de la acción penal” contra Isabel Miranda Torres, denunciada en diciembre de 2018, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones judiciales, tortura y secuestro en grado tentativa.

Con el oficio número FEIDT-EIL-II-001/2020, el agente del Ministerio Público Juan Diego Chávez Aguirre, respondió a la denuncia que se integró en la carpeta de investigación FEIDT/SEIDF/UEIDT-CDMX/0000840/2019, interpuesta por la periodista Guadalupe Lizárraga en contra de Isabel Miranda Torres, José Enrique Wallace Díaz y el agente de SEIDO Braulio Robles Zúñiga. En su respuesta, Chávez Aguirre, se abocó a la acusación de la prueba fabricada de ADN por medio de una gota de sangre plantada en el supuesto lugar del asesinato y desmembramiento de Hugo Alberto Wallace.

Al respecto, la conclusión del perito profesional Ejecutivo “B” en Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales, Mario Alberto Bernal López, sostuvo que “existe coincidencia genética con los perfiles genéticos ingresados con los nombres de José Enrique Wallace Díaz y Carlos León Miranda, siendo el mismo perfil genético, por lo tanto ambos tienen el mismo origen biológico”.

El ministerio público Chávez Aguirre alegó en el documento que la falsedad de declaración judicial había prescrito en 2012, y con respecto a los delitos de tortura, los dictámenes en el caso de Brenda Quevedo Cruz (realizado el 6 de junio de 2011), el de César Freyre Morales (realizado el 4 de noviembre de 2015), y el de Juana Hilda González Lomelí (realizado el 15 de noviembre de 2018) habían dado resultados negativos y también operaba la figura de la prescripción.

Sin embargo, el abogado Víctor Caballero, activista de derechos humanos, a la pregunta de Los Ángeles Press, sobre el tema de tortura, señaló que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en dos momentos, en 2018 y 2019, que el delito de tortura no prescribe. Si bien la tortura sexual es una conducta específica, y también encuadra en el catálogo de los delitos sexuales, dependiendo de cómo se dio esa tortura”.

En relación a las denuncias de secuestro en grado tentativa contra la periodista, en noviembre de 2016 y en febrero de 2018, así como el allanamiento de su morada en febrero de 2019 y las denuncias de amenazas proferidas por la diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río para que no mencionara el nombre de Isabel Miranda en el foro sobre Fabricación de culpables realizado el 5 y 6 de noviembre de 2018, el Ministerio Público eludió la investigación de estos hechos sin dar respuesta a la denunciante.

No es la primera vez que la autoridad fiscal determina no ejercer acción penal contra Isabel Miranda por la fabricación del secuestro de su hijo y los atropellos a las víctimas para que se incriminaran. En el registro documental de la notificación a la periodista Guadalupe Lizárraga se destacaron las denuncias contra Miranda y el agente Braulio Robles Zúñiga, en 2011 y 2015, bajo las identificaciones 433/UEIDAPLE/DT/38/2015 y 233/UEIDAPLE/LE/12/2010, las cuales también determinaron las autoridades no ejercer ninguna sanción, pese a que los delitos de tortura eran recientes, siendo octubre de 2010, tanto en el caso de Brenda Quevedo Cruz como en el de César Freyre Morales.

 

Fragmento notificación FGR.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles piden intervención de AMLO para liberación de culpable fabricado en el Edomex

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Por Ignacio García

Organizaciones civiles integrantes de Alerta Temprana Red pidieron la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para obtener la liberación de Luis Salvador Escartin González, culpable fabricado por el delito de secuestro, quien se encuentra recluido en el penal de Otumba Tepachuco, ubicado en el Estado de México, desde hace 18 años.

Los activistas defensores de derechos humanos solicitaron el jefe del Ejecutivo federal la revisión del caso de Luis Salvador Escartin, quien fue acusado de secuestro en 2002 y se violó su debido proceso, por lo que ha estado en prisión por un delito que no cometió desde hace casi 20 años.

De acuerdo con los activistas, desde 2014 la víctima padece problemas neurológicos y urológicos y aunque desde 2018 solicitaron al juez de Ejecución de Sentencias los beneficios de la Ley de Ejecución de Penas Preventivas y Restrictivas de la Libertad en el Estado de México para buscar su preliberación, sin embargo, no han obtenido respuesta.

El pasado 5 de marzo Mariano Sánchez García, encargado de la Subdirección del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Otumba Tepachico, negó el beneficio de la liberación violando el marco jurídico que permite al acusado poder allegarse a esa condición.

Aunque Luis Salvador fue sentenciado a una pena de 40 años de prisión, ha purgado una sanción de 18 años, por lo que cumple con el tiempo jurídico para la remisión parcial de la pena y el tratamiento de preliberación.

Luis Salvador era empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero fue acusado de secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego y posesión de drogas, delitos imputados por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, encabezada por Alfonso Navarrete Prida, por lo que fue víctima de tortura para confesar una declaración.

El acusado fue detenido junto con 16 personas el 4 de octubre de 2002 sin contar con alguna orden de aprehensión y fue torturado para inculparse de delitos que no cometió, además de ser presentado ante la prensa como integrante de una banda de secuestradores, tras ser golpeado, junto con sus compañeros de trabajo.

De acuerdo con el acusado, también se violó la presunción de inocencia, además de que intentaron extorsionar a sus familiares para supuestamente liberarlo a cambio de un pago de 50 mil pesos y aunque fue absuelto de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de drogas, fue sentenciado por secuestro.

 

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Investigaciones

La violencia tolerada de los youtuberos: el caso de las activistas de CDMX

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

Los youtuberos Carlos Alberto de la Mora, en su personaje “Rata Política”, y Óscar Onofre Zurita, “Cerdonio fifí”, fueron detenidos por la policía de la Ciudad de México, acusados de agredir y grabar a mujeres de distintos colectivos feministas que se pronunciaban contra los feminicidios durante la marcha del primero de noviembre. Al hacer públicos los hechos, se generó un revuelo en las redes sociales contra la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, a quien pedían su renuncia, y contra destacadas activistas, a quienes lanzaron insultos, críticas, y amenazas de muerte. La violencia contra las mujeres en la red fue la marca de los youtuberos.

La abogada y activista, integrante del colectivo Las del Aquelarre Feminista, Ana Elena Contreras, denunció durante el conversatorio “Nuestras Muertas”, en la Ciudad de México, que los youtuberos habían agredido a varias mujeres que habían participado en la marcha y se encontraban en el monumento de los feminicidios frente al Palacio de Bellas Artes.

La defensora de los derechos humanos dijo que los agresores acosaron y filmaron a varias mujeres sin su consentimiento, e incluso hubo agresiones físicas a una menor, familiar de la activista Norma Andrade, de Nuestras hijas de regreso a casa, por lo que solicitó el apoyo policiaco, y fueron detenidos los youtuberos. Fue entonces que se desplegó un ataque intenso en las redes sociales hacia las mujeres y hacia la jefa de Gobierno.

“El lunes 2 de noviembre por la mañana y a raíz de una publicación en Facebook relacionada con los acontecimientos del domingo 1 de noviembre, me “doxean” llevando mi publicación a un foro llamado “Radio Búfalo”. En dicho post me referí a la reacción de las personas en el mundo virtual por la detención de un par de youtuberos y referí que desearía que así se indignaran cada vez que una niña o una mujer era violada o asesinada”.

Como reacción a su publicación, preguntaron a Ana Elena Contreras que si había estado en el lugar del suceso, por lo que ella respondió:

“Sí, yo llamé para los refuerzos, porque las dos policías que estaban no pudieron ni siquiera entablar diálogos con ellos con ellos, así que me tocó llamar a un contacto para que enviaran al resto de los policías”.

El mensaje, sin embargo, había sido desvirtuado y a partir de allí, el acoso en todos los espacios virtuales no cesaba. Ana Elena Contreras fue señalada con una serie de calificativos que la denigraban como mujer al tiempo que recibía amenazas de muerte. Se enfrentaba a una campaña de linchamiento virtual, pese a la evidencia videográfica del altercado donde una de las policías había sido agredida físicamente.

“Cuando me di cuenta de esto ya había fotografías mías en todos los espacios. Ahora se han enfocado en hostigar a mi jefe para exigir mi despido, lo que me tiene preocupada a pesar de que mi jefe ya se deslindó de los hechos, ya que al inicio fue señalado como la persona que supuestamente me financiaba”.

La persona a la que se refiere Ana Elena Contreras como su jefe es el diputado de MORENA, Martín Padilla Sánchez, del Congreso de la Ciudad de México.

“Se me involucró en estos incidentes, de que había sido partícipe. Sin embargo, yo no tuve nada que ver en el asunto, y me entero de que se me hace mención y empiezan a hacer cuestionamientos en torno a este tema y posteriormente vino una serie de acusaciones sin fundamentos, agresiones, incluso mensajes amenazadores, en ese sentido”, apuntó el diputado.

El diputado Padilla Sánchez señaló que ninguno de los youtuberos involucrados en el conflicto había solicitado su opinión al respecto, y que el foro de Facebook Radio Búfalo era el que más agresiones profería sin buscar ningún acercamiento para conocer su versión.

Respecto a la violencia de género en las redes sociales, señaló el diputado Padilla Sánchez que ha participado en campañas contra la erradicación, pero que el incremento de la violencia digital –calumnias, amenazas, dong y hostigamiento– requiere analizarse desde la tribuna legislativa.

El diputado también fue amenazado de muerte por ser el vínculo laboral de la activista, a quien destacó el legislador como una persona íntegra y comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres.

 

La versión que no se quiso escuchar

Dyan Verha, seudónimo de una de las voces que atestiguó cómo iniciaron las agresiones, dijo a Los Ángeles Press que sin ser dueña de la verdad, era importante conocer los dos lados de la historia. Sin embargo, su historia como la de las demás mujeres fue acallada por los youtuberos y sus aliados. La versión de Verha:

“Primero fueron dos policías a dialogar, incluso una de las activistas les pidió (a los youtuberos) que se marcharan; a lo cual la Ratita y su gente se negaron y alardearon de quiénes eran. Tanto fue el nivel de pelea y de agresividad que Ana Elena Contreras tuvo que pedir refuerzos”.

También señaló la testigo que los youtuberos fueron detenidos porque “la nieta de una activista fue agredida, menor de edad”, y que los youtuberos habían salido en libertad porque las denunciantes no levantaron cargos contra ellos ante la intimidación por las redes sociales en apoyo a ellos.

Verha también fue acosada en las redes sociales, y siendo del grupo de Amlovers difundían falsamente que era del movimiento opositor FRENAAA. Los seguidores de los youtuberos tomaron la imagen de su perfil con su hija de 11 años, y la difundieron profusamente en los grupos acusándola de ser opositora al presidente López Obrador.

“Le pedí a Rafael Herrera (youtubero de Sin Censura, de Vicente Serrano) que quitara la conversación y le expliqué lo que le acabo de contar, incluso le pedí que escuchara a las activistas. Al final sólo quitó mi conversación. Pero ni el Chapucero ni el Quesadillero de la verdad –o cómo se llame– lo han hecho”.

Señaló que habían fabricado unos videos donde relacionaban a un funcionario de gobierno de Claudia Sheinbaum con la activista Ana Elena Contreras, aludiendo una relación sentimental, y que por eso el influyentismo.

“El hombre es mi primo, vive en Morelia y se llama Eduardo. En los grupos se maneja que ese mismo día Rata política ya había tenido un enfrentamiento con unas personas de FRENAAA, me atrevo a suponer que se buscaba este roce para comenzar una campaña de desprestigio para la jefa de Gobierno”.

Insistió en que les pedía por favor que retiraran de los grupos la foto de su hija menor de edad por el daño moral que le ocasionaba, sin embargo, no fue escuchada.

La violencia de género en la red, normalizada

“Puta, femenaca, zorra, culera, perra, por eso las matan”, fueron parte de los insultos que recibió Ana Elena Contreras, de los que hacían eco los seguidores de los youtuberos, utilizando bots y cuentas anónimas.

El usuario con el nombre de Mau Rodríguez de la cuenta @mau_rodriguez77 dijo que “al parecer el colectivo feminista estaba bien conectado”, ya que aseveró que “su líder” –en referencia a Ana Elena Contreras– se presentaba como asesora de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México con el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

 

La activista Norma Andrade, quien desarrolló su trabajo de lucha en contra de los feminicidios de Ciudad Juárez a raíz del secuestro y asesinato de su hija en 2001, fue también acosada por los youtuberos y señalada en la red como una “líder feminazi” por presuntamente haber reclamado a los youtuberos de grabar a las mujeres en la movilización. Incluso, sus agresores convocaron a otros seguidores a unirse para amedrentarla. Uno de los mensajes que revelaba su identidad decía: “Duro con esta líder feminazi en su próxima marcha, démosle con todo”. Incluso el youtubero Nacho Rodríguez (El Chapucero) retuiteaba las agresiones a Norma Andrade y pedía la renuncia de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, mientras llamaba “presos políticos” a los youtuberos detenidos Carlos Alberto de la Mora y Óscar Onofre Zurita.

 

Los seguidores de los youtuberos que agredieron a las activistas se presentaron en la red como simpatizantes de la 4T, movimiento ideológico liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguraron que la activista Ana Elena Contreras formaba parte del movimiento político denominado “FRENAAA” que ha demandado la salida del mandatario. En tanto, otros seguidores reclamaron que ella supuestamente había usado sus influencias para detener a los youtuberos y convocaban al linchamiento digital.

Los usuarios de las redes en favor de los youtuberos atacaban de manera coordinada con información engañosa y convocaban a otros grupos a organizarse de la misma manera. En Facebook, destacaban los mensajes de los usuarios como Héctor Fuentes que deseaban que Ana Elena Contreras fuera encarcelada, mientras que otro identificado como Mauricio Pulido la amenazaba con desaparecerla. Quesadillas de Verdades también la acusó de ser cercana a la jefa de Gobierno y de “meter a gente que se le da la gana a la cárcel”.

Al respecto, la red feminista internacional Enredhadas reprobó las agresiones contra la activista y exigieron al Estado mexicano que garantice condiciones de seguridad para evitar nuevos ataques, por lo que demandaron que concluya el linchamiento mediático en su contra, situación por la que llamaron a más organizaciones y colectivos a unirse a la exigencia general.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, condenó la violencia digital que ha sufrido la activista en redes sociales, y expuso que el colectivo Las del Aquelarre Feminista forma parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a las acciones de la Alerta de la violencia contra las mujeres, quienes tienen cargos honorarios, sin remuneración de la administración pública local.

Las campañas de odio en Twitter

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en 2016, realizó un estudio en el que especifica que Twitter es la plataforma digital donde más se promueven campañas de odio contra las mujeres, y en Facebook donde más se agrede a las mujeres activistas. Uno de los más recientes estudios, Ser Periodista en Twitter realizados por las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, reveló que las consecuencias de la violencia digital contra mujeres consistían en disminuir drásticamente su participación en el debate público, aislarse socialmente y su movilidad era limitada, además de padecer sufrimiento psicológico, físico y verbal.

Asimismo señala el estudio que el 67% de las periodistas entrevistadas optaron por dejar de hacer publicaciones sobre temas que podían generales una agresión; otras, de plano, se retiraron de la red.

En el caso de Ana Elena Contreras, optó por cerrar sus cuentas ante las constantes amenazas de muerte.

 

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