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Investigaciones

Negocios sin reflectores: las empresas del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa, pese a la caída de sus líderes, mantiene sus negocios lícitos operando con el apoyo del gobierno mexicano

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Infografía parcial del Departamento del Tesoro.

Los tres líderes del Cártel de Sinaloa: Infografía del Departamento del Tesoro.

Por Maurizio Montes de Oca

CIUDAD DE MÉXICO.- La captura de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera atrajo los reflectores de nuevo al presidente Enrique Peña Nieto, quien se ha esforzado en construir una narrativa que prioriza al Estado de Derecho mediante aprehensiones espectaculares desde el inicio del sexenio. Muestras de ello son Elba Esther Gordillo, lideresa de uno de los sindicatos más grandes y poderosos de América Latina, quien se mantuvo impune por varios años con sus corruptelas, y José Manuel Mireles, ex vocero de la asamblea de grupos de autodefensa en Michoacán, también opositor a la incorporación de sus hombres a la Fuerza Rural. Pero nadie tan valioso para los medios y la atención internacional, como el hombre que se convirtió en “el más buscado”, luego de la muerte de Osama Bin Laden, y el segundo en recibir el título de “enemigo público número uno” en Chicago, sólo después de Al Capone.

Con 1.68 metros de pies a cabeza, Joaquín “El Chapo” Guzmán se hizo de renombre por mucho más que su corta estatura. El oriundo de Badiraguato supo aprovechar la ventana de oportunidad que ofreció el cierre de las viejas rutas de tráfico hacia Estados Unidos que solían utilizar los cárteles cubanos, para redirigir la mercancía ilegal por la ruta del Pacífico en complicidad con antiguos operadores del Cártel de Juárez, con quienes luego del vigoroso liderazgo que adquirió tras su fuga del Penal de Puente Grande, comenzó a tener ríspidas relaciones cuyos altibajos contribuyeron en la formación de nuevos cárteles y células delincuenciales independientes. Aunque ninguna tan poderosa y tan complacida por las autoridades como la suya: la Federación de Sinaloa.

No obstante, la estrategia de decapitamiento de los cárteles y el calvario recorrido por Guzmán ante las cámaras, ocultan elementos importantes en materia del combate a la organización criminal en su conjunto.

El Chapo es sólo una de las piezas más visibles del rompecabezas que compone la Federación de Sinaloa, la cual cada año invierte miles de millones de pesos en mantener su infraestructura que implica mucho más que el simple tráfico de estupefacientes. Desde lavacoches (así comenzó su carrera delictiva Miguel Ángel Treviño “el Z 40”, en el Cártel del Golfo con Osiel Cárdenas), sembradores de enervantes (el mismo Joaquín Guzmán se inició así en el negocio cuando era niño), sicarios, choferes, profesionistas diversos (como el ingeniero José Antonio Robledo quien tenía conocimiento en instalación de antenas y otros menesteres en materia de telecomunicaciones y es uno de las 36 personas de quienes se cree que su conocimiento técnico o científico, fue el principal motivo para su rapto por parte de comandos armados), informantes (como consta en las declaraciones vertidas para la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012), entre muchas otras ocupaciones ilícitas para el funcionamiento de esta empresa transnacional.

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Cronología de negocios del Cártel de Sinaloa

Las ganancias obtenidas por esta corporación, cuyas estimaciones van desde los tres mil millones de dólares atribuidos a Guzmán por la revista Forbes, hasta los 6 mil 600 millones de dólares según cifras ofrecidas por Patrick Raden Keefe al The New York Times (http://nyti.ms/1pdrhv0), y quien apunta que se tratan de cifras “conservadoras” debido a la dificultad para calcular empíricamente las fortunas de las organizaciones criminales. El dinero también implica infraestructura para regresar a sus inversionistas y no ser detectado por las autoridades antinarcóticos. Sin embargo, en el caso de este cártel parte de esta infraestructura está construida conjuntamente con las autoridades mexicanas.

El transporte de dinero en efectivo es altamente riesgoso por su volumen y fácil rastreo, el blanqueo es la mejor alternativa de hacerlo circular de un lado a otro de México y el mundo, insertándolo en los sectores legales de la economía mediante empresas formalmente establecidas, llegando incluso a dar empleo y contribuyendo a la hacienda pública con sus impuestos. Uno de los periodos más exitosos para estas empresas del Cártel de Sinaloa fue con la administración de Felipe Calderón, incluso llegaron a ser beneficiadas por programas gubernamentales. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sabe perfectamente.

Un primer ejemplo de ello es la empresa “Rancho Agrícola y Ganadero, Los Mezquites S.A. de C.V.”, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con el folio RAG000412BY5, la cual fue señalada en julio de 2013 por el Tesoro -a través de su Departamento de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés)- como parte de la estructura del Cártel de Sinaloa.

Rancho, Estancia y Balneario

El rancho Los Mezquites estaba ligado al capo Ismael “El Mayo” Zambada y a su familia mediante el notario público José Antonio Núñez Bedolla, quien según las autoridades norteamericanas, notariaba a nombre de integrantes del cártel empresas como ésta. Aparecía como beneficiaria de un subsidio gubernamental en la lista de Beneficiarios del Subprograma de Apoyos Directos para el Sacrificio de Ganado bovino, Porcino, Ovino o Caprino en rastros Tipo Inspección Federal (TIF) del Ejercicio Fiscal 2005 (disponible en http://bit.ly/1rQEfjz). El titular de Sagarpa era Francisco Javier Mayorga Castañeda, quien posteriormente fue nombrado otra vez en ese mismo cargo en 2007, con Felipe Calderón.

Rancho los Mezquites

Molinar Horcasitas, en apoyo directo a narcoguarderías

A pesar de que en su momento el notario Núñez Bedolla negó haber autorizado las escrituras del Rancho y de otras dos empresas ligadas con la Federación de Sinaloa, sí admitió haber notariado la guardería “Estancia Niño Feliz”, ubicada en Avenida Manuel Vallarta, número 2141 en Culiacán; la cual operaba bajo la clave CT 25PDI0012C (publicado por el portal de transparencia del Gobierno de Sinaloa disponible en: http://bit.ly/WO6MeU).

Clave_CT_Niño_feliz

Según la lista de estancias infantiles publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta institución pagaba la cantidad de 2,299.40 pesos (USD 184.00) por cada niño a cargo de la guardería en la que aparecía como socia María Teresa Zambada Niebla, hija del famoso capo, con un contrato de adjudicación directa de 2007 a 2009. El titular en ese entonces era Juan Molinar Horcasitas, quien presentó el documento: “Políticas públicas implementadas por Juan Molinar”, en el que señala que una de sus primeras acciones fue la renovación de contratos de guarderías subrogadas, y “que requerían la firma del director general para salvaguardar la integridad financiera del instituto”.

lista estancias infantiles IMSS, El Financiero

En febrero de 2014, el Departamento del Tesoro volvió a señalar dos operadores del Cártel de Sinaloa, el colombiano Hugo Cuéllar Hurtado, quien trabajó previamente para el traficante Leónidas Vargas Vargas, líder del Cártel de Caquetá en Colombia; y John Fredy Cuellar Silva, hijo de Cuéllar Hurtado. Ambos en la mira del gobierno estadounidense por sus inversiones en empresas mexicanas de agricultura y empeño.

red de operacion cuellar, rancho y cooperativa, OFAC

Es el caso del Rancho La Herradura Cuemir con folio mercantil 17919-1 ubicado en el centro de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y que bajo el nombre de “Agrícola y Ganadera Cuemir S.P.R de R.I. podía encontrarse en un listado de convenios para realizar prácticas profesionales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, así como en un padrón de empresas de un fideicomiso de riesgo compartido de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Inclusive, puede encontrarse también en una lista de empresas con sementales aprobados por una asociación empresarial de Alemania.

Directorio de establecimientos TIF

Directorio de establecimientos Tipo Inspección Federal

Cumir alemania

En Alemania, promoviendo sementales.

Sagarpa, clave en el apoyo a empresas del Cártel

Otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como beneficiaria de programas del gobierno mexicano es la “Cooperativa de Avestruz Cuemir, S.C de R.L. de C.V.” Dicha empresa se encuentra también en el padrón de beneficiarios del Programa de apoyo a la inversión y equipamiento en infraestructura de la SAGARPA con un monto de $2’579’656, para el lapso enero-diciembre de 2011, siendo todavía titular de la dependencia Francisco Javier Mayorga Castañeda. En el reporte de avance para septiembre de ese mismo año, se especificó que el apoyo fue destinado a la modernización de instalaciones para obtener la certificación Tipo Inspección Federal (TIF).

 

cooperativa avestruz en programade apoyo al equipamiento e infraestructura

El incentivo económico de Sagarpa a la Cooperativa de Avestruz Cuemir fue a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) con la clave TIF-JAL-11-000007 otorgado en 2011. Para el año 2012, la misma empresa aparecía en un directorio de la Dirección General de Inocuidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera de la Sagarpa, donde se registran establecimientos con esa certificación, el cual –como su nombre lo indica- se reporta dedicado al sacrificio, corte, deshuese y proceso de productos cárnicos de avestruz. Incluso, para 2013, ya con la administración de Enrique Peña Nieto, y el titular de Sagarpa Enrique Martínez y Martínez, la cooperativa volvió a solicitar recursos públicos para corrales de cría y engorda, tríos reproductores de avestruz, para obra civil y para un centro de incubación.

avestruz cuemir

Los negocios lícitos del narcotráfico en expansión

Estos cuatro casos, –Los Mezquites, la guardería Niño Feliz, Rancho La Herradura y la Cooperativa de Avestruz– han arrojado luz en torno al problema que plantea la economía criminal en materia de combate a la delincuencia organizada. Las empresas pantalla funcionan como un puente entre el capitalismo subterráneo de las organizaciones criminales y la economía formal.

Desde 2007, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros ha identificado la inserción de dinero del Cártel de Sinaloa en diversos rubros productivos. En Jalisco se reportan empresas de combustibles como “Estación de Servicio Atemajac, S.A. DE C.V.”; en Sinaloa se tiene conocimiento de parques de diversión como “Parque Acuático Los Cascabeles S.A. de C.V.”; tiendas de autoservicio en Honduras como “Súpertiendas Handal”; inversiones en Belice como “Belize Chemicals LTD” dedicada a la comercialización de medicamentos o “Crown Paradise Enterprises LTD”, una agencia de viajes; en Ecuador “Negocios Internacionales del Ecuador, Nidegroup” o “Genética del Sur S.A.” en Uruguay; entre muchas, muchas otras. Negocios que siguieron funcionando pese a la caída de los capos con los que estuvieron relacionados.

Negocios sin reflectores, sin cámaras, sin la atención de la prensa internacional, pero que continúan aceitando la estructura de este cártel, y que cada año cobra miles de millones de dólares a cambio de miles y miles de vidas.

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

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Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

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