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Justicia pendiente

Negligencia médica del Instituto Nacional de Rehabilitación y violaciones a DDHH desde hace 8 años, un reclamo perdido en la burocracia

Adriana Torres Barquín busca justicia desde hace 8 años por malas prácticas médicas del INR y por la violencia institucional padecida por sus reclamos

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Por Ignacio García

En 2012, Adriana Torres Barquín se sometió a un tratamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para una intervención médica. Se la programaron para el 31 de octubre de 2013, pero derivado de distintas negligencias médicas sufridas y de la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento sigue padeciendo las secuelas en su salud que le han impedido caminar.

La víctima relató a Los Ángeles Press que en la primera intervención médica se colocaría un fijador externo, pero fue citada 67 días después de la cirugía, aunque tenía que establecerse un plazo de 15 días, por lo que el médico Eduardo Gerardo López Gavito  le informó en una segunda consulta que “algo había salido mal”, por lo que debía efectuarse una segunda operación.

Sin embargo, tres meses después los resultados fueron negativos y al presentar dolores en la pierna, en abril de 2014. López Gavito le comunicó a Torres Barquín que se tendría que volver a efectuar otra intervención quirúrgica, ya que otra vez “algo había salido mal”, y aunque la cita de la misma estaba señalada en julio de ese año, por los malestares generales acudió en mayo a Urgencias. Sin embargo, le negaron la atención médica y por ello acudió al Órgano de Control Interno; y ante las nuevas negativas presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) sin obtener respuesta.

En septiembre de 2014, Torres Barquín acudió a la CNDH, con la esperanza de que se hicieran valer su derecho a la salud, pero transcurrieron seis meses más sin recibir alguna atención médica, por lo que le recomendaron una serie de terapias, las cuales no pudo cubrir económicamente y por ello únicamente le aumentaron las dosis de medicamentos para mitigar el dolor.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la tercera intervención quirúrgica. Adriana no recibió indicaciones de terapia, y un mes después la CNDH remitió el expediente a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque en ese momento se mantuvieron dos trámites a su nombre, sin recibir el acompañamiento solicitado.

En abril de ese año, interpuso la denuncia ante la Conamed, pero ante la negativa de conciliación, acudió ante la Procuraduría General de la República (PGR) y aunque acudió al despacho de abogados Coello, Trejo y Asociados, en 2016 su averiguación previa se había retrasado, por lo que en 2017, los juristas abandonaron el caso por los requerimientos de dádivas que solicitaron las autoridades.

En agosto de 2018, Torres Barquín fue revictimizada y sus derechos fueron violentados, nuevamente, por lo que desecharon su caso por la integración errónea del expediente, y aunque la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, se comprometió a acelerar el caso, no ha obtenido respuesta satisfactoria.

En enero de 2019, la PGR le informó que debía ratificar su denuncia de 2016, lo que posibilitaba la convalidación del proceso y que representaba una violación a los derechos humanos, por lo que acudió nuevamente a la CNDH que sólo turnó la solicitud a las autoridades omisas en el caso como el Órgano de Control Interno del INR, sin embargo, no volvió a recibir a respuesta por parte de las autoridades.

Refirió que sólo el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha atendido su caso, mientras que la CNDH, al frente de Luis Raúl González Pérez, no dio información al respecto, situación por la cual solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la actualidad, el caso de Adriana Torres Barquín, por el daño causado por malas prácticas médicas, se encuentran en el sistema penal acusatorio, pero se ha suspendido por la actuación de los Ministerios Públicos, mientras que el caso continúa interrumpido, por lo que calificó como una mafia en el interior de las instituciones.

Testimonio sobre el trato dado por la CEAV

Adriana Torres ha elaborado un registro de cada acción judicial y de derechos humanos en su defensa para reclamar la atención como víctima de violencia institucional y negligencia médica. Sin embargo, el laberinto de quejas y discriminación también lo ha sufrido por parte de la CEAV.

«El 14 de enero de 2019 de manera extra oficial la licenciada Larisa Huerta, particular del primer visitador, confirmó acompañamiento a la diligencia con personal de CEAV pero en comunicación telefónica el abogado lo negó.

El 31 de enero de 2019, nuevamente de manera extra oficial, la licenciada Larisa Huerta agendó una reunión en las instalaciones de CEAV con la presencia de la Visitadora Adjunta de CNDH, Aimé Angulo Carranza para darme certeza, ya que se encargaría de dar fe y levantar un acta circunstanciada de los acuerdos tomados con el licenciado Roberto Villanueva, secretario particular del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, la licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos y el licenciado Marcos Francisco López González, Subdirector de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de dicha Institución, donde expuse las irregularidades de los servidores públicos de PGR, de la actuación de personal de la CEAV, reitero por la omisión a la solicitud de agosto de 2018 para designar un asesor jurídico y que fue confirmada por el abogado López. De lo acordado destaco:

    1. Ratificar al licenciado Francisco López como asesor jurídico.
    2. El seguimiento del caso para diseñar una estrategia jurídica, coordinado entre el asesor y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV especializado en negligencias médicas y con un conocimiento absoluto en temas periciales y científicos forenses.
    3. Vista al Órgano Interno de Control de la CEAV por las omisiones en que incurrieron por la dilación en la atención de la solicitud de la Visitaduría General de la PGR.
    4. Reuniones cada quince días con la agraviada, con el asesor jurídico y la Unidad de Análisis Forense de la CEAV, para informarme sobre los avances del caso.
    5. Inscripción en el registro nacional de víctimas.

Al no recibir por correo la copia del acta, la solicité directamente con personal de CNDH, Aimé Angulo se negó a proporcionármela igual que Rodolfo González Pérez, alegando que no sabía con qué fin la necesitaba.

La licenciada Ana Pamela Romero Guerra, Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de Delitos, me la envió por su correo institucional. 

Cumplido el plazo intenté comunicarme telefónicamente y a través de correo electrónico con el personal de CEAV sin que a la fecha tenga respuesta, es decir, están desconociendo el compromiso adquirido conmigo en presencia de un servidor público que por su cargo cuenta con fe pública.

Mientras que el personal de CNDH por su parte tiene la misma conducta excluyendo el hecho de que el correo enviado por la Directora de CEAV cuenta con el hilo mediante el cual Aimé Angulo la envió al personal de CEAV, éste a su vez se compartió con el licenciado López y finalmente a mí.

Al día de hoy, en CEAV no atienden mi llamado ni contestan mis correos electrónicos. Mientras que en CNDH tanto Aimeé Angulo, Rodolfo González Pérez y Larisa Huerta desconocen haber agendado, o en su caso, presentado a una reunión en las instalaciones de CEAV.

Negativa de ayuda de la Senadora Kenia López Rabadan

Con una última esperanza de ser atendida en sus denuncias por las violaciones a sus derechos humanos, y principalmente a su derecho a la salud, Adriana Torres Barquín recurrió a la senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadan para pedirle ayuda en su gestión. Sin embargo, la respuesta de la senadora fue contundente: «soy amiga de Joaquín Narro Lobo y no actuaría en su contra».

Un siguiente intento fue con la senadora Citlali Hernández Mora, quien tampoco ha dado respuesta su solicitud.

«Respecto de las OCS, evidenciando que todas, sin excepción son una mafia, me han buscado por Twitter y otros medios, y una vez que tienen la información, niegan atenderme de vuelta, incluidos la ONU DDHH, FUNDAR, SOCIOCRACIA y RENACE, por ejemplo. Y por parte del gobierno INMUJERES, CNDH, CONAPRED».

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Justicia pendiente

CNTE condena despido de activista poblana como docente de bachillerato

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La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de Puebla condenó el despido de sus funciones de docente de bachillerato de la luchadora social y periodista, Claudia Martínez Sánchez.

Por medio de un comunicado, el magisterio disidente señaló que la comunicadora fue despedida por publicar notas informativas críticas al gobierno estatal encabezado por Miguel Barbosa, en las que revelaba el hostigamiento de la lucha del pueblo de Coyomeapan contra los cacicazgos respaldados por la administración estatal.

De acuerdo con la CNTE, su jefe inmediato le comunicó sobre su despido por su labor social como activista y sólo mantendría su trabajo en caso si ofrecía disculpas por haber criticado al gobierno de Barbosa, sin embargo, la activista desistió a traicionar sus labores personales.

Por ello, el organismo magisterial consideró que es preocupante la represión a los luchadores sociales en Puebla, por lo que se perseguirán a todas las personas que incurran en reclamar y defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación en la entidad.

De la misma manera, la CNTE recordó que el pasado 15 de septiembre la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP) desalojó con violencia a los docentes de la delegación de las primarias de Tecamachalco, y algunos educadores fueron enviados a los separos de la fiscalía estatal.

También recordó que las autoridades educativas estatales trataron como delincuentes a los docentes del municipio de Amozoc, por reclamar la falta de garantías laborales, por lo que acusaron que el gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se rehúsa a dialogar con los docentes que reclaman sus derechos.

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Justicia pendiente

Desde la cárcel, líder indígena convoca a la Unidad de Coyomeapan, contra la represión en Puebla

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Por Claudia Martínez Sánchez

La defensora de derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez envió una carta pública desde el penal de Tehuacán, Puebla, donde se encuentra presa con delitos fabricados como represalia política por su activismo, para convocar a la unidad de la comunidad indígena de Coyomeapan y formar un consejo que lidere las acciones colectivas para resguardar sus derechos.

Montaño Gutiérrez fue aprehendida junto con otros defensores de la comunidad como Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastasio González Sanguinez, a quienes se les fabricaron delitos por ejercer su libertad de expresión y asociación para denunciar el despojo de tierras, amenazas y hostigamiento a indígenas, presencia de grupos armados bajo gestión de la familia Celestino Rosas, que llevan once años de cacicazgo en Coyomeapan.

Desde el penal, la maestra indígena, pide a la comunidad no negociar con los caciques y formar un consejo de líderes que haga frente a la situación de crisis de seguridad y violencia de derechos humanos.

Carta pública

Desde el Penal de Tehuacán, Pue., día 25 de octubre de 2021

“Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca

 he negociado con la sangre de mis hermanos”.

Tránsito Amaguaña

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

PRESENTE

Compañeras y compañeros de la UNIDAD DE COYOMEAPAN, agradezco mucho por su permanencia y por no bajar la guardia que hemos formado, nuestro deber como UNIDAD DE COYOMEAPAN es mantenernos firmes para alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas, así mismo compañeras y compañeros nuestras palabras de orden son: ni un paso atrás compañeros.

Lo difícil era iniciar, ahora que estamos en la lucha, hay que unir fuerzas para RESISTIR las tempestades en las que estamos y las tormentas que se avecinan, todo eso de una manera inteligente y sin perder la cordura.

Ahora bien, ¿qué sigue?, ¿qué se tiene que hacer?, en el trayecto de nuestra UNIDAD DE COYOMEAPAN se formó una comitiva que ha sido nuestro guía hasta el momento. Ahora, lo procedente es la reivindicación, pues   es importante FORMAR UN CONSEJO de quien va llevar la batuta y empezar a solidificar una estructura para que la RESISTENCIA siga activa, con un propósito consensado por nosotras y nosotros que conformamos la UNIDAD DE COYOMEAPAN.

Compañeras y compañeros a trabajar…En una sola voz que se repita de forma consciente: POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITA LLEGAR A UNA NEGOCIACIÓN CON LOS “CELESTINOS Y SUS COMPINCHES”. Nosotros nos hemos manifestado pacíficamente y hemos querido un dialogo para favorecer a nuestros pueblos, pero nos ignoraron, esperamos así que nuestra experiencia con las autoridades sea una muestra de aprendizaje.

Que la fuerza y el coraje de nuestros pueblos sea el motivo para seguir en este camino.

Atentamente

Por la UNIDAD DE COYOMEAPAN | TIERRA Y VIDA

La Mtra. Basilisa Montaño Gutiérrez

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Justicia pendiente

CNDH emite medidas cautelares a favor de científicos del Conacyt

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en favor de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que son investigados por presuntos desvíos de recursos económicos al considerar que hubo violación a sus derechos humanos.

El organismo independiente señaló que el pasado 15 de octubre recibió la solicitud de los científicos de Conacyt que acusaron que han sido violados sus derechos humanos por el proceso penal que desarrolla la FGR en su contra al tratarlos como presuntos delincuentes.

De acuerdo con la CNDH, la FGR no debe dar a conocer los nombres de los científicos investigados, aunado a que tampoco deberá dar a conocer información judicial sobre el caso que sólo debe ser parte de las pesquisas que deben implementar las autoridades ministeriales.

El organismo defensor de derechos humanos pidió que se garantice la dignidad y el honor de los científicos investigados por la FGR, aunado a que deberá facilitar las carpetas de investigación que están abiertas en contra de los académicos que fueron acusados por la fiscalía federal.

La CNDH ordenó un plazo de 24 horas para atender esta exigencia general por parte de la FGR, por lo que de lo contrario serán acreedores a una sanción por incumplimiento de las acciones específicas para preservar el cuidado de los derechos humanos de los científicos.

La FGR acusó a un grupo de 31 científicos que fueron acusados de crear un fondo de Conacyt durante la administración federal pasada para utilizar recursos públicos, no obstante, la Ley General de Ciencia y Tecnología así lo estableció y por ello ninguno de los académicos ha sido detenido por las autoridades.

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