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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Naucalpan teme otro San Juanico por corrupción con gasolinerías

La expedición de permisos sin control para operar gasolinerías en Naucalpan por corrupción autoridades municipales pone en alerta a población

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Temor de los habitantes a otro San Juanico Foto: Difunet

NAUCALPAN, Estado de México.- «Las gasoneras en Naucalpan crecen sin el debido control de protección civil y bajo el amparo de las corruptas autoridades municipales, con el peligro de provocar otro San Juanico«, expresó Mauricio Rosales a nombre de los vecinos de las colonias afectadas por la apertura reciente de por lo menos cuatro estaciones de despacho de gas, tras la movilización que durante más de dos horas realizaron alrededor de 200 personas afectadas.

El dirigente vecinal dijo que se han quejado con la presidente municipal Azucena Olivares por la reciente apertura de cuatro gasoneras en Av. 16 de Septiembre No. 60; Boulevard Toluca No. 26; Av. Gustavo Baz No. 41 y Calle Escape No. 39, sin una respuesta, y que tampoco se les dio tras la movilización, durante la cual pararon la circulación de la lateral del Periférico de forma intermitente.

“Nos habíamos quejado con la administración anterior por la instalación de las gasoneras Combugas en 16 de Septiembre No. 5; Gazel en el paradero del Metro Cuatro Caminos y Gas Supremo en El Molinito”, expresó Rosales, sin embargo “nos dijeron que se permitirían porque de lo contrario habría desabasto y problemas con el transporte, con el compromiso de que ya no se otorgarían nuevos permisos para estos giros de alto impacto o alto riesgo”.

Asimismo, se habían inconformado con la instalación de una gasolinería en 16 de Septiembre e Ingenieros Militares y una más dentro del paradero del metro Cuatro Caminos, lo cual convierte a la zona en una bomba de tiempo provocada por la corrupción de las autoridades y voracidad de las empresas gaseras y gasolineras.

Durante el cierre de la lateral de la Av. Adolfo López Mateos (Periférico) y mientras los vecinos gritaban “Azucena da la cara”, Mauricio Rosales agregó que están “hartos de la impunidad y corrupción que priva en el municipio de Naucalpan y que a los funcionarios no les importe la seguridad de la comunidad, sino sólo sus intereses personales”.

Los vecinos realizaron una manifestación desde la confluencia de la Avenida 16 de Septiembre y la calle 5 hasta el Palacio Municipal, donde durante más de una hora esperaron a ser recibidos por la alcaldesa Azucena Olivares sin ningún resultado, puesto que sus colaboradores dijeron, no se encontraba en el lugar.

Los ciudadanos expresaron que volverán seguramente la siguiente semana con un pliego petitorio para exigir sean revisados los documentos que soportan la apertura de todas las gasoneras y gasolinerías que se encuentran en el municipio, ya que la mayoría de ellas, tienen fuertes sospechas de estar operando en la ilegalidad y con graves riesgos para la población.

Información: Difunet

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Con voz propia

Autoridades y empresario son señalados por pobladores de asesinato a activista en Atitalaquia

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Un grupo de personas armadas irrumpió durante la madrugada el lugar donde acampaban los manifestantes que se oponen a un tiradero de basura en Atitalaquia, Hidalgo; dispararon y asesinaron a uno. El crimen se suma a diversas irregularidades para conservar un negocio millonario

Por Emmanuel Ameth

La madrugada del lunes, la vida del activista Jesús Bañuelos Acevedo fue tomada por oponerse a un “proyecto” de basurero a cielo abierto en el municipio de Atitalaquia, en el estado mexicano de Hidalgo, donde dos personas más resultaron heridas por la agresión de un grupo armado que estaría vinculado a la mancuerna hecha por el propio ayuntamiento así como por la empresa Esmex Hidalgo, quienes impulsan un negocio de al menos 103 mil 530 pesos diarios (5 mil USD) lleno de irregularidades y que perjudica a la población.

Sus principales promotores, Lorenzo Agustín Hernández Olguín, alcalde de Atitalaquia, así como José Manuel Reyes Gayosso, empresario, comparten también su filiación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), institución política que otrora fuera la más importante del país pero que ahora está a unos años de desaparecer precisamente por permitir el anidamiento de corruptelas y de crímenes.

La versión señala que una decena de sujetos armados con tubos descendieron de una camioneta blanca sin placas -de las que han sido usadas por los gobiernos para trasladar a sus grupos de choque-, agrediendo a los integrantes de la agrupación “No al basurero en Atitalaquia”, quienes se encontraban haciendo guardia en un campamento afuera de las instalaciones del vertedero.

“Chuy”, como conocían al activista, ni siquiera pudo defenderse, pues fue asesinado a tiros mientras aún descansaba en tanto sus otros dos compañeros fueron sometidos tras tirarse al suelo luego de escuchar las percusiones.

Las autoridades “hicieron su parte” en cuanto a promover la impunidad, toda vez que después de ir la policía investigadora, todavía pudieron encontrarse casquillos y restos de sangre como se evidencia en un video, mismo donde volvieron a señalar tanto al alcalde de Atitalaquia como al dueño de la empresa -que anteriormente fue denunciado ante DDHH-.

 

LA CORRUPCIÓN DETRÁS DEL CRIMEN

La zona conurbada donde sucedió el crimen tiene problemas para tratar con la basura que se genera en la región comprendida entre los municipios de Tula, Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Chapantongo, Mixquiahuala, Tepetitlán, Tlaxcoapan, y Tlahuelilpan.

Tan sólo en los últimos años, además de ESMEX hubo otras tres empresas que ofrecieron el servicio pero que terminaron fracasando porque no pudieron cumplir con lo prometido, siendo estas Desarrollo de Terracerías, Grupo Comercial en Hidalgo Arcángel, y Tecnosilicatos de México.

En el transcurso de esta problemática, grupos políticos de la zona idearon una forma de obtener millonarias ganancias, por al menos 20 años y con una inversión mínima. De hecho, el grupo fue captado hace unos meses durante un partido de fútbol, desatendiendo sus labores para divertirse. Los referidos son el mencionado alcalde de Atitalaquia Hernández Olguín (PRI), quien iba acompañado de Manuel Hernández Badillo (PRD) de Tula y del expresidente de Atitalaquia Paulino Jaime Reyes Galindo (PRI).

 

Las irregularidades de la empresa

Para fraguar el negocio de sus vidas, el grupo previamente se acercó al empresario José Manuel Reyes Gayosso, quien habiendo iniciado su carrera empresarial apenas hace tres años, hoy ya goza de un contrato que como mínimo le dará ingresos por 755 millones (37.5 MDD) los próximos 20 años.

Según documentos oficiales, “Funeraria Atitalaquia” recibió su placa de funcionamiento apenas el 11 de enero de 2019, tratándose de una expedición y no de una renovación, es decir, que apenas en ese momento inició sus actividades. Ese mismo mes también abrió la empresa JJKRG SA de CV como se aprecia en sus mismas redes sociales, que entre otras cosas también se dedica a la extracción minera, aparentemente.

Más tarde, el 12 de agosto de 2019 fundó Ecological Solutions Mexico, o más bien, Esmex Hidalgo como se aprecia en el mismo RFC de la empresa. En noviembre de ese mismo año se afilió al PRI en Atitalaquia, teniendo en mente el grupo que habría elecciones para mediados del 2020.

Sin embargo, no fue hasta marzo de 2021 que comenzaron a realizar sus trámites para instalar sus oficinas (como se observa en el documento de visita de Protección Civil). En el padrón de proveedores del Gobierno de Hidalgo aparecen hasta el cuarto trimestre de 2021 y en el de Tlahuelilpan hasta el primer trimestre de 2022; en el resto de ayuntamientos, ni siquiera se molestaron en realizar el trámite.

 

La premura por concretar un negocio millonario

El proyecto fue presentado a los vecinos desde 2019, indicando como lugar para la disposición de residuos un predio que anteriormente fue explotado por la empresa JJKRG. Fue rechazado por los pobladores.

A la par, Esmex Hidalgo solicitó dictámenes de viabilidad a la Semarnath, misma que en oficio SEMARNATH/DT/RSU/001/2020 expuso diversos puntos por los que el proyecto no podía realizarse.

Por intervención de las autoridades, curiosamente, un año después habrían dado luz verde sin que se haya hecho público el documento que así lo avale para poder compararlo con el primero.

Fue tal el dolo con el que procedieron que el ayuntamiento de Atitalaquia convocó a sesión extraordinaria el día 23 de diciembre de 2021 para que la misma se celebrase el día 24, festivo, y así evitar que vecinos o medios de comunicación estuvieran enterados de la millonaria concesión y estuvieran impedidos a oponerse. Por su parte los regidores, cómplices de la negociación, votaron en unanimidad.

Para ese entonces, para salir un poco de los reflectores, Reyes Gayosso ya había designado como representante legal a su gerente de operaciones, Julieta Karina Rosas Durán.

 

Las mentiras de Esmex Hidalgo

Fue a partir de noviembre de 2019 que la empresa comenzó a subir a sus redes videos sobre el servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos -incluso hicieron una web, misma que ya se encuentra inactiva porque ni siquiera pagaron la anualidad-. En ese entonces no tenían claro si iban a hacer negocio con el ayuntamiento de Pachuca o el de Atitalaquia, así que subieron uno para cada zona metropolitana casi idénticos, es decir, ocupando imágenes y videos de otras plantas ya instaladas -no la suya-.

En el material multimedia, presumen de haber colaborado con Bianna Recyclyng en Querétaro, sin embargo, no existe ninguna evidencia de ello, pues esta empresa lo hizo con GTA Am- biental, “representante exclusivo” de la compañía en México.

De hecho, las fechas tampoco cuadran. En abril de 2016 Broquers Ambiental, partner de GTA, ganó apenas la licitación y no se puso en funcionamiento sino hasta marzo de 2018. Por su parte, Esmex Hidalgo inició operaciones 7 meses después de que se terminó dicho proyecto.

 

Las cifras tampoco cuadran

En un inicio, la inversión para el tratamiento de RSU Querétaro se anunció por 162.5 millones de pesos; dos años después, se elevó a 300 millones aunque fueron justificados en el sentido que en lugar de 600 toneladas, tratarían 1,200.

En el caso de la RSU Atitalaquia, en sus mismos videos publicados en 2019 anunciaron inversión privada de 141.2 millones en terreno, maquinaria e infraestructura para tratar 350 toneladas de basura diaria.

3 años después, la cifra se elevó, dicen, a 500 millones -en cuatro etapas-, aunque es para tratar las mismas 550 toneladas de basura al día.

Broquers Ambiental (ahora de Cemex) invirtió 270 mil pesos por cada tonelada procesada de manera diaria; con la ampliación, son 250 mil pesos por cada tonelada diaria de residuos procesada.

Esmex Hidalgo invertirá 909 mil pesos por cada tonelada de basura procesada de manera diaria, es decir, casi 4 veces más que su similar de Querétaro -de la que dicen que tienen experiencia- y no sólo eso, sino que prácticamente no invertirán un peso:

1. Porque sólo han invertido 25 millones hasta el momento y ya está operando (lo que coincide con la versión de los vecinos que no han visto infraestructura alguna en lo que llaman “tiradero a cielo abierto”)

2. Porque recibieron inyección estatal de casi 50 millones de pesos

3. Porque el resto de “su inversión” se paga sola. Anualmente recibirán de los ayuntamientos 37 millones 788 mil 450 pesos si procesan sólo 350 toneladas diarias; si son 550, la cifra se eleva a 59 millones 381 mil 850 pesos

En pocas palabras, su inversión de 25 millones se recupera en 8 meses de ingresos provenientes de los ayuntamientos y aún les quedan más de 19 años de ganancias, atendiendo que si bien tienen costos de operación, son superados por los ingreso de las ventas del material procesado.

Así, en el más pesimista de los escenarios recibirán 755.8 millones y tan sólo habrían invertido 450 millones (50 millones ya los puso la entidad), recibiendo además todas las facilidades para ir invirtiendo mientras los mismos gobiernos les van generando ingresos.

Por eso es que el negocio millonario no admite críticas ni señalamientos de corrupción, al grado de atreverse a asesinar a activistas.

 

LOS PUNTOS DEL COMITÉ DE DEFENSA AMBIENTAL DE ATITALAQUIA

1. De acuerdo al dictamen no. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020 que a la letra dice:“De acuerdo al análisis de congruencia basado en el programa de ordenamiento Ecológico Territorial Región Tula-Tepeji, el predio en referencia se encuentra dentro de la unidad de Gestión ambiental UGA 41 los cedros con aptitud de suelo condicionado para el establecimiento de industria energética”.

2. De acuerdo al dictamen No. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020 contraviene lo establecido en el Criterio ecológico número 26 que a la letra dice “el establecimiento de actividades industriales riesgosas, no se permitirá en la cercanía de áreas urbanas y comerciales”.

3. El predio presenta características con actividades previas de extracción pétrea, cuya remoción de cubierta vegetal genera permeabilidad y fragilidad del suelo y con ello la afectación de manto freático, de acuerdo al dictamen no. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020.

4. Desde 2019 a la fecha el Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. realizo explotación de minería a cielo abierto sin respetar franja de amortiguamiento y sin cumplir con la reparación ecológica para iniciar otro proyecto en el mismo sitio, cabe mencionar que SEMARNATH acudió a revisión constatando estos hechos, sin que hasta la fecha haya entregado sus observaciones.

5. La norma 083 establece que una de las restricciones de la ubicación del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial y cualquier pozo de extracción de agua para uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en operación como abandonado, será de 100 metros adicionales a la proyección horizontal, a la mayor circunferencia del cono de abatimiento, la distancia del pozo no será menor a 500 metros; reglamentación que se violenta por la existencia de Pozo de uso doméstico de más de 50 años de servicio que se ubica a una distancia de 268 metros del Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. y de un pozo de agua propiedad de la planta FUD, industria del grado alimenticio,a menos de 500 metros de distancia del centro regional de residuos y sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V.

6. El centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia viola el derecho de vía de las líneas de trasmisión de alta tensión de CFE

7. El Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. se encuentra dentro del derecho de vía de gasoducto y ductos de Pemex que corren paralelos a la vía del ferrocarril.

8. Este proyecto había sido planteado a las comunidades vecinas en el 2019, pero fue rechazado por considerarlo no adecuado por la población

9. La aprobación de la instalación del este centro regional de residuos sólidos y urbanos fue realizado a espaladas de la población, no fue socializado.

10. El inicio de operaciones del centro regional de residuos sólidos y urbanos y de manejo especial esta fundada en la mentira institucional de que no existe ningún otro lugar para depositar los residuos sólidos y urbanos de los nueve municipios involucrados.

11. A cinco meses de operación del Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia, ninguna institución gubernamental (SEMARNAT, SEMARNARTH, PROFEPA, H. AYUNTAMIENTO DE ATITALAQUIA, GOBIERNO DEL ESTADO) ni la empresaha presentado los estudios que marca la norma 083 y permisos legales que se requieren para el funcionamiento para esta empresa, violando de manera sistemática y deshonrosa nuestro derecho a la información.
Por estos motivos

1. EXIGIMOS el cierre técnico del centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia,

2. Exigimos el derecho a un medio ambiente saludable

3. Exigimos la implementación de un programa paraUN MUNICIPIO LIBRE DE BASURA supervisada y dirigida por institución independientes como es CONACYT.

4. ¡¡¡EXIGIMOS TAMBIEN LA CANCELACIÓN DE TODO PROYECTO QUE AGRAVE LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DE LOS INFIERNOS AMBIENTALES!!! y la moratoria de todos los procesos de inversión hasta que no demuestren científicamente ser inocuos para la población y medio ambiente, frente a comités de evaluación autónomos

5. EXIGIMOS SE DETENGAN LOS ACTOS DE INTIMIDACION Y PERSECUCIÒN EN CONTRA DE MIEMBROS DEL COLECTIVO COMITÉ DE DEFENSA AMBIENTAL ATITALAQUIA, POR DEFENDER LA VIDA Y EL TERRITORIO.

6. LLAMAMOS A LA COMISIÒN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE GARANTICE EL GOCE PLENO DE NUESTROS DERECHOS DE MANIFESTACIÒN, SEGURIDAD Y A LA VIDA.
Nos encontramos en plantón en el camino interparcelario que da acceso al centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia,no permitiendo la entrada a camiones de basura desde el 13 de mayo del 2022 por lo que hacemos un llamado a todas las organizaciones, colectivos, defensores, defensoras del medio ambiente y derechos humanos y a los pueblos en general para que se sumen a esta digna y legítima lucha que no detendremos hasta que el gobierno del Estado de Hidalgo cierre técnicamente este basurero.

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Elecciones México

Panistas señalados de cometer ‘delitos electorales’ que podrían sancionarse con prisión en Hidalgo

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Asael Hernández, coordinador político y de estrategia electoral del PAN Hidalgo, así como Santiago Hernández, alcalde de Tezontepec, podrían ser sancionados por FEPADE con prisión de 6 meses a 9 años en caso de haber denuncia

Por Emmanuel Ameth

El ’dueño’ del PAN en Hidalgo Asael Hernández Cerón, quien funge como coordinador político y de estrategia electoral del PAN Hidalgo, así como su hermano Santiago Hernández Cerón, alcalde de Tezontepec, han sido señalados de incurrir en delitos editoriales cuya pena está prevista desde los seis meses hasta los nueve años de prisión por las mapacherías que se revelan en audios.

Son dos los audios que evidencian el actuar de los señalados y cuya sanción en la Ley General en Materia de Delitos Electorales se especifica de 50 a 100 días de multa así como prisión de 6 meses a 3 años.

A continuación, los audios de Santiago y de Asael Hernández:

“Buenas tardes compañeros, se les está pidiendo que vayan a votar por su gente y por su familia… mándenme evidencias de que ya fueron a votar… por favor… los está pidiendo el “líder” Asael (sic)… así es de que bueno, pues mándenme las evidencias de que ya fueron a votar por favor… al rato no digan que no se les avisó, ya se les dijo que es un compromiso, que tenemos que ir a votar con nuestras familias, por favor compañeros…”, dijo Santiago Hernández en un audio que envió a sus estructuras el día de la elección.

También, durante la jornada electoral, los trabajadores del PAN recibieron otro audio:

“Buenas tardes a todos. Oigan, estoy muy preocupado, la votación es pésima por no decir… eh… más. La verdad es de que estamos demasiado bajos. No ha salido a votar ni siquiera el personal que se tiene, mucho menos su familia, por supuesto. Entonces, les pido de favor que hagan lo pertinente para que esto pueda salir…”, expresó Asael Hernández.

Sobre el audio, Asael Hernández expresó al medio AM Hidalgo que “El audio es verídico… pero no está completo, por allí lo acomodaron…”. Agregó que fue para exhortar a la estructura blanquiazul para que apoyara a conseguir esos buenos resultados.

Los delitos electorales

Los delitos electorales son “aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible”.

Dentro de los delitos cometidos por los hermanos Hernández Cerón, que el Ministerio Público debe perseguir de oficio, se encuentran:

Artículo 7, Fracción VII: Presionar a otro(s) para votar por un candidato, partido político o coalición el día de la jornada electoral.

Artículo 7, Fracción VIII: Solicitar evidencia del voto.

Artículo 7, Fracción XVI: Realice por cualquier medio la intimidación del electorado (en este caso, las familias de su estructura).

Aunado a lo anterior, por ser funcionario partidista, a Asael Hernández se le podrían imponer penas por cien a doscientos días de multa y prisión de dos a seis años por:

Artículo 9, Fracción I: Quien ejerza presión contra los electores siendo funcionario partidista.

Artículo 9, Fracción VIII: solicite votos para preservar el empleo (otra contraprestación).

En el caso de Santiago Hernández, por ser servidor público (alcalde) además puede haber una multa de doscientos a cuatrocientos días y prisión de dos a nueve años por:

Artículo 11, Fracción I: El servidor público que coaccione para votar a favor de un candidato.

***

Fuente: emmanuelameth.com.mx

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Mexico Violento

Gobernadora de Chihuahua advierte que FGR puede pedir atracción del caso Duarte

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 Chihuahua.- «Ni perdón ni olvido para los exgobernadores» enfatizó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al referirse a la extradición lograda de César Duarte Jáquez, acusado de delincuencia organizada y peculado.

“Tal como lo dije desde mi toma de posesión, hoy quiero reiterarles que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido”, dijo, por medio de un video y señaló que con «apego irrestricto a la ley» se llevarán a cabo los procesos.

La Fiscalía General de la República puede solicitar la Facultad de Atracción del Caso. “Y de ser así estamos listos para coadyuvar”, expresó la gobernadora.

Indicó que mientras tanto seguirá enfocada en su trabajo que es mejorar la vida de los chihuahuenses, sin distraerse en persecuciones.

“Por el contrario, concentrada en atender las principales necesidades de los chihuahuenses, trabajando al límite de mis fuerzas y capacidades”, manifestó.

Fuente: elbordo.com.mx

 

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