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Mexico Violento

Narcoviolencia provoca éxodo de familias en la capital de Guerrero

La violencia en Chilpancingo genera un éxodo de las familias en busca de paz y calidad de vida

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Estación de autobuses en Guerrero. Foto:  agenciaperiodistica.com.mx

Estación de autobuses en Guerrero. Foto: agenciaperiodistica.com.mx

*** Exigieron seguridad y reactivación económica para empresarios y ciudadanos

*** Solicita Bruno Plácido la separación del cargo, de “alcaldes, policías municipales, estatales y federales” vinculados con el narco

*** “También hay funcionarios que tienen dos trabajos con el crimen organizado y con el gobierno

Por Flor Miranda

GUERRERO, México.- Ante el acoso del Ejército Mexicano; integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y de la COPARMEX, realizaron una “caravana-marcha” desde Tierra Colorada hasta el Congreso local en Guerrero, México, con el fin de exigir nuevas estrategias de seguridad que traigan paz a la capital y a todo el Estado, así como un plan de reactivación económica.

Fueron poco más de mil personas las participaron en la caravana (primero) que inició cerca de las 10:00 de la mañana del poblado de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, hasta Chilpancingo, pertenecientes al estado de Guerrero, donde sobre la entrada sur ya los esperaba un importante contingente de empresarios y ciudadanos capitalinos (otras mil personas aproximadamente).

La movilización fue organizada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) y la COPARMEX, y fue denominada “Marcha por la Justicia, la Dignidad y el Desarrollo”

A su llegada a Chilpancingo, Guerrero la caravana se convirtió en marcha, sin embargo, cabe destacar que sobre el crucero al poblado de Petaquillas se instaló un retén militar bastante nutrido, con el fin de vigilar que los policías comunitarios que participaron en el movimiento, no ingresaran armados a la capital del Estado.

Los efectivos militares se encargaron de revisar varios de los vehículos que venían en la caravana, incluso, la lujosa camioneta en la que se transporta el líder estatal de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.

Todos los vehículos cruzaron el retén sin problemas, excepto una camioneta blanca a cuyo conductor se le encontró un arma calibre 22, por lo que los militares le decomisaron el arma y trataron de detenerlo, por lo que se generó por varios minutos un ambiente tenso.

Sin embargo, al darse cuenta del incidente, Bruno Plácido Valerio se acercó y dialogó con los mandos militares que ahí se encontraban. Afirmó que la persona que llevaba el arma era un policía comunitario adherido a la UPOEG, con lo que logró que fuera dejado en libertad, pero el arma no le fue devuelta.

Pese ello, la movilización continuó y más adelante se encontró con ciudadanos y empresarios de Chilpancingo, iniciando la marcha con dirección al Congreso del Estado.

Con pancartas, mantas y una banda de chile frito que amenizó todo el recorrido; los protestantes se dirigieron hasta las instalaciones del Congreso del Estado. En la movilización se pudo ver a ciudadanos de Chilpancingo que se adhirieron a l marcha en busca de que se implementen acciones contra la delincuencia.

Los líderes de la COPERMEX y UPOEG fueron recibidos por integrantes de la Comisión de Gobierno de la 60 legislatura local, mientras que el resto de los marchantes esperaron afuera del palacio legislativo.

Entregaron a los diputados locales un pliego petitorio en el que resaltaban: nuevas estrategias de seguridad y desarrollo económico para sacar “del atraso” a Guerrero, así como la consulta para los pueblos originarios y la creación de municipios.

Bruno Plácido Valerio expuso: “ya no vamos a permitir que se siga viviendo la vida que hoy día estamos viviendo. Estamos trabajando con todos los sectores, y decimos que nuestros servidores públicos tienen que cambiar de actitud porque ellos están para servir a todos, y esa es la etapa en la que estamos trabajando, ya que muchos de ellos están vinculados con la delincuencia”.

En ese contexto pidió que se investigue a políticos y funcionarios que están vinculados con el narcotráfico, así como la separación del cargo de los mismos.

“Sabemos que muchos de los actuales funcionarios tienen dos trabajos, son empleados del gobierno del estado, pero también colaboran con la delincuencia”, expuso.

“Hoy venimos a pedirles al gobierno federal, estatal y municipal; la separación del cargo de aquellos presidentes municipales vinculados con la delincuencia, de aquellos comandantes de la Policía Municipal y aquellos policías federales que están vinculados. También de los comandantes estatales que tienen relación con la delincuencia”; agregó.

Respecto a la agenda estatal que entregaron a los diputados locales, Plácido Valerio aclaró que aborda el tema de la seguridad, pero también el de la consulta y la creación de municipios.

“Nosotros le pusimos una demanda y le ganamos judicialmente al Trife y el Congreso no nos ha notificado sobre esa demanda y siguen aislándonos, sin tomar en cuenta nuestra opinión que demandamos, ya que se nos violentó en nuestros derechos humanos en las elecciones pasadas, ya que deberíamos de tener representantes en los 28 distritos electorales, como lo indica la Ley 701”, reprochó.

Éxodo de familia en Chilpancingo por violencia

Debido al problema de la inseguridad que se ha presentado e incrementado en el municipio, familias enteras han iniciado un éxodo hacia otros estados en busca de paz social y mejores empleos, así lo aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Fernando Meléndez Cortés.

El empresario lamentó que el tema de la inseguridad haya recrudecido en el municipio, al grado de que familias enteras han iniciado un éxodo hacia otros estados en busca de paz social y una mejor calidad de vida, que no encuentran en el estado de Guerrero ni en Chilpancingo.

Señaló que tan solo en la capital del estado al menos 100 familias han emigrado del municipio en lo que va del año debido a la inseguridad, lo cual consideró como alarmante, ya que a nivel estatal las cifras se triplican.

“Hay mucha gente que también está emigrando constantemente, a la semana se está yendo gente, entonces ya es momento en que se tiene que hacer algo en conjunto y algo integral”, exhortó.

Dijo que las familias que emigran son familias completas y las que se quedan aquí “de mientras” aquí labora pero su familia está en otros lados, donde no puedan ser víctimas de la violencia.

 

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Cefereso #17 colapsa por renuncia de personal de seguridad y enfermería debido a extorsión y torturas de directivos

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Por Guadalupe Lizárraga

Personal de seguridad y de enfermería del Centro Federal de Readaptación Social #17, en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, presentó su renuncia al verse rebasado por las protestas de los internos, debido a “la mala administración, tortura y maltratos” por parte de los directivos del penal.

Se señala como principal responsable del colapso al director general Alfredo Reyes Vázquez, quien hace tres meses llegó en sustitución de Jorge Isaac Neri García, retirado por presuntos actos de corrupción. Pero también al director de seguridad, de apellido Cisneros, y los subdirectores Alejandro Flores y Roberto Lázaro Echeverría, quienes son señalados de acosar laboralmente a sus oficiales, además de extorsionar a los internos, incluso con carpetas de investigación por denuncias de tortura.

Los responsables de la custodia de cada turno ya presentaron su renuncia formalmente señalando que “está colapsado el penal”. De acuerdo con la información, todo el personal nuevo que llegó de apoyo a la dirección general después de Neri García renunció al cargo, pero también servidores públicos que tenían años laborando en ese centro, como el ‘comandante Godoy’, un comandante de compañía con más de veinte años de servicio público que prefirió perder los beneficios de su antigüedad laboral a verse involucrado en la corrupción, torturas y falta de atención a los internos por órdenes del director Reyes Vázquez.

“El comandante Godoy entregó las llaves, entregó la radio, y dijo a los internos que se retiraba, que ya no aguantaba más esta situación”, refirió la fuente, por lo que mandaron llamar de inmediato a un sustituto para la custodia, y cuando llegó el sustituto al penal reiteró, alarmado, que el penal estaba colapsado.

Se explicó a este medio que no hay médicos, no hay dentistas, no hay psiquiatras, no hay trabajo social para los internos, y además se les quitó de manera arbitraria sus pertenencias, le rompieron fotografías familiares, los golpearon y no se les ha entregado víveres y provisión comprada en la tienda. Agregado a esto, han incurrido en maltrato, torturas y extorsión para que dejar de golpearlos.

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Senador presenta punto de acuerdo para que comparezca Sanjuana Martínez por ilegalidades en Notimex

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El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través del senador Noe Castañón Ramírez, presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez, ante la extensión de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que suma casi 27 meses.

De acuerdo con documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, se pedirá a la directora que explique la situación de la Huelga, así como el uso de recursos públicos, de más de 400 millones de pesos, destinado al medio público durante los más de dos años del paro de labores, lo cual constituye una ilegalidad por parte de la funcionaria.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Luisa María Alcalde, para que atienda el conflicto laboral, y a la Junta de Gobierno de Notimex, para que sesione y coadyuve a la solución de la huelga, privilegiando el diálogo y la generación de acuerdos.

De acuerdo a la Ley que crea a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la directora general de Notimex está obligada a presentar informes ante el Congreso de la Unión cada año; sin embargo, Sanjuana Martínez no ha cumplido con esa obligación desde que asumió el cargo en 2019.

Por otro lado, el senador de Movimiento Ciudadano también presentó un proyecto de decreto para reformar el artículo 18 de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, para que el periodo del director general pase de seis a tres años.

Se propone: “Artículo 18.- El Director General de la Agencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelegido hasta por una sola ocasión, pudiendo ser ser removido cuando transgreda las disposiciones contenidas en la Constitución, esta Ley y sus principios rectores, así como por actos u omisiones que afecten las atribuciones de la Agencia o cuando haya sido sentenciado por cualquier delito”.

El próximo 21 de mayo, la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano cumplirá 27 meses vigente, ante la negativa de la dirección de Notimex para llegar a un acuerdo con los trabajadores, a pesar de que jurídicamente se han comprobado las violaciones a sus condiciones de trabajo, así como las irregularidad que cometió la directiva.

 

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Comisión de Derechos Humanos de la ONU llama a reducir desapariciones forzadas en México

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La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al gobierno federal a redoblar esfuerzos para reducir las desapariciones forzadas, pues se han documentado más de cien mil casos desde 1964.

La funcionaria internacional señaló que se deben implementar acciones estratégicas para que se contengan las violaciones graves a los derechos humanos, debido a que se ha tratado un problema multidimensional que ha alcanzado diferentes sectores del país.

De acuerdo con la ex presidenta de Chile, en México persiste una elevada tasa de impunidad sobre las desapariciones, pues sólo en 35 de los cien mil casos que se han cometido se han sentenciado a los responsables de cometer esos crímenes.

Recordó que al menos una cuarta parte del total de la población que ha desaparecido de forma forzada son mujeres y una quinta parte fueron menores de 18 años de edad, aunado a que el 97 por ciento de los casos ocurrieron desde 2006, cuando inició la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Asimismo, indicó que los familiares de las víctimas han sido claves para organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a la reconocer la magnitud de la problemática del país.

Aunque reconoció que se han implementado mecanismos como la creación de comisiones de búsquedas de los estados o la fundación del Centro Nacional de Identificación Humano, por lo que enfatizó uno de los casos más representativos como fue la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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