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Mexico Violento

Narcoviolencia provoca éxodo de familias en la capital de Guerrero

La violencia en Chilpancingo genera un éxodo de las familias en busca de paz y calidad de vida

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Estación de autobuses en Guerrero. Foto:  agenciaperiodistica.com.mx

Estación de autobuses en Guerrero. Foto: agenciaperiodistica.com.mx

*** Exigieron seguridad y reactivación económica para empresarios y ciudadanos

*** Solicita Bruno Plácido la separación del cargo, de “alcaldes, policías municipales, estatales y federales” vinculados con el narco

*** “También hay funcionarios que tienen dos trabajos con el crimen organizado y con el gobierno

Por Flor Miranda

GUERRERO, México.- Ante el acoso del Ejército Mexicano; integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y de la COPARMEX, realizaron una “caravana-marcha” desde Tierra Colorada hasta el Congreso local en Guerrero, México, con el fin de exigir nuevas estrategias de seguridad que traigan paz a la capital y a todo el Estado, así como un plan de reactivación económica.

Fueron poco más de mil personas las participaron en la caravana (primero) que inició cerca de las 10:00 de la mañana del poblado de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, hasta Chilpancingo, pertenecientes al estado de Guerrero, donde sobre la entrada sur ya los esperaba un importante contingente de empresarios y ciudadanos capitalinos (otras mil personas aproximadamente).

La movilización fue organizada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) y la COPARMEX, y fue denominada “Marcha por la Justicia, la Dignidad y el Desarrollo”

A su llegada a Chilpancingo, Guerrero la caravana se convirtió en marcha, sin embargo, cabe destacar que sobre el crucero al poblado de Petaquillas se instaló un retén militar bastante nutrido, con el fin de vigilar que los policías comunitarios que participaron en el movimiento, no ingresaran armados a la capital del Estado.

Los efectivos militares se encargaron de revisar varios de los vehículos que venían en la caravana, incluso, la lujosa camioneta en la que se transporta el líder estatal de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.

Todos los vehículos cruzaron el retén sin problemas, excepto una camioneta blanca a cuyo conductor se le encontró un arma calibre 22, por lo que los militares le decomisaron el arma y trataron de detenerlo, por lo que se generó por varios minutos un ambiente tenso.

Sin embargo, al darse cuenta del incidente, Bruno Plácido Valerio se acercó y dialogó con los mandos militares que ahí se encontraban. Afirmó que la persona que llevaba el arma era un policía comunitario adherido a la UPOEG, con lo que logró que fuera dejado en libertad, pero el arma no le fue devuelta.

Pese ello, la movilización continuó y más adelante se encontró con ciudadanos y empresarios de Chilpancingo, iniciando la marcha con dirección al Congreso del Estado.

Con pancartas, mantas y una banda de chile frito que amenizó todo el recorrido; los protestantes se dirigieron hasta las instalaciones del Congreso del Estado. En la movilización se pudo ver a ciudadanos de Chilpancingo que se adhirieron a l marcha en busca de que se implementen acciones contra la delincuencia.

Los líderes de la COPERMEX y UPOEG fueron recibidos por integrantes de la Comisión de Gobierno de la 60 legislatura local, mientras que el resto de los marchantes esperaron afuera del palacio legislativo.

Entregaron a los diputados locales un pliego petitorio en el que resaltaban: nuevas estrategias de seguridad y desarrollo económico para sacar “del atraso” a Guerrero, así como la consulta para los pueblos originarios y la creación de municipios.

Bruno Plácido Valerio expuso: “ya no vamos a permitir que se siga viviendo la vida que hoy día estamos viviendo. Estamos trabajando con todos los sectores, y decimos que nuestros servidores públicos tienen que cambiar de actitud porque ellos están para servir a todos, y esa es la etapa en la que estamos trabajando, ya que muchos de ellos están vinculados con la delincuencia”.

En ese contexto pidió que se investigue a políticos y funcionarios que están vinculados con el narcotráfico, así como la separación del cargo de los mismos.

“Sabemos que muchos de los actuales funcionarios tienen dos trabajos, son empleados del gobierno del estado, pero también colaboran con la delincuencia”, expuso.

“Hoy venimos a pedirles al gobierno federal, estatal y municipal; la separación del cargo de aquellos presidentes municipales vinculados con la delincuencia, de aquellos comandantes de la Policía Municipal y aquellos policías federales que están vinculados. También de los comandantes estatales que tienen relación con la delincuencia”; agregó.

Respecto a la agenda estatal que entregaron a los diputados locales, Plácido Valerio aclaró que aborda el tema de la seguridad, pero también el de la consulta y la creación de municipios.

“Nosotros le pusimos una demanda y le ganamos judicialmente al Trife y el Congreso no nos ha notificado sobre esa demanda y siguen aislándonos, sin tomar en cuenta nuestra opinión que demandamos, ya que se nos violentó en nuestros derechos humanos en las elecciones pasadas, ya que deberíamos de tener representantes en los 28 distritos electorales, como lo indica la Ley 701”, reprochó.

Éxodo de familia en Chilpancingo por violencia

Debido al problema de la inseguridad que se ha presentado e incrementado en el municipio, familias enteras han iniciado un éxodo hacia otros estados en busca de paz social y mejores empleos, así lo aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Fernando Meléndez Cortés.

El empresario lamentó que el tema de la inseguridad haya recrudecido en el municipio, al grado de que familias enteras han iniciado un éxodo hacia otros estados en busca de paz social y una mejor calidad de vida, que no encuentran en el estado de Guerrero ni en Chilpancingo.

Señaló que tan solo en la capital del estado al menos 100 familias han emigrado del municipio en lo que va del año debido a la inseguridad, lo cual consideró como alarmante, ya que a nivel estatal las cifras se triplican.

“Hay mucha gente que también está emigrando constantemente, a la semana se está yendo gente, entonces ya es momento en que se tiene que hacer algo en conjunto y algo integral”, exhortó.

Dijo que las familias que emigran son familias completas y las que se quedan aquí “de mientras” aquí labora pero su familia está en otros lados, donde no puedan ser víctimas de la violencia.

 

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Mexico Violento

Por intereses económicos, hijos atentan contra la integridad de su madre, adulta mayor

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María Rodríguez Lemus sufre el maltrato y abandono de dos de sus hijos; es un adulta mayor, con problemas auditivos

Juan Gabriel y Roberta Torres Rodríguez dan testimonio falso en la fiscalía en contra de sus hermanos acusándolos de secuestro de su madre

Por Zavianny Torres Baltazar

Hace 25 años, doña María Rodríguez Lemus se jubiló tras tres décadas de trabajo constante y asiduo. Servidora pública, laboró en la Secretaría de Recursos Hidráulicos y en la Semarnat, y durante los últimos 25 años vivió en su casa ubicada en la delegación Tlalpan en la Ciudad de México, al cuidado de sus hijos Juan Gabriel Torres Rodríguez y su hija Roberta Torres Rodríguez.

Sus hijos tienen locales comerciales en el domicilio de doña María, espacios que están exentos de pago de renta. En esos 25 años todo transcurrió con “normalidad”, sus hijos menores, Marlein Torres Rodríguez y Marcos Javier Torres Rodríguez, podían visitarla con la frecuencia que desearan y estar al tanto de los cuidados de su mamá.

Con el paso de los años los hijos menores conformaron sus propias familias y dejaron el hogar materno. Doña María Rodríguez quedó al cuidado de los hermanos mayores Juan Gabriel y Roberta. Sin embargo, hace 7 años la situación se tornó dramática y preocupante, debido a que sus hijos Marlein y Marcos Javier empezaron a notar que a su madre la tenían en un estado de abandono total – por parte de sus hermanos Juan Gabriel y Roberta – pues el departamento donde vivía doña María estaba en completo abandono y en condiciones de insalubridad. Rodeada de decenas de gatos y perros.

Previo a la pandemia del Covid 19 que a todos nos obligó a resguardarnos en nuestras casas, sus hijos menores -Marlein y Marcos- ya habían tomado en sus manos el cuidado de su madre. Es cuando los hermanos mayores -Juan Gabriel y Roberta- empiezan a restringir el libre acceso a la casa de doña María y da inicio un conflicto intrafamiliar con repercusiones de tipo jurídico, que al día de hoy continúan en los juzgados del estado de Morelos- y que tienen acusados de manera dolosa (con testimonios y declaraciones falsas) a los hermanos menores.

En este proceso, Juan Gabriel y Roberta, han levantado denuncias de secuestro en contra de los dos hermanos menores. Acusan que se llevaron a su madre sin su conocimiento y por la fuerza. En el estado de Morelos levantaron una denuncia con carpeta de investigación FEDFPM/101/2021. Entre las acusaciones más delicadas están la de tener secuestrada a su madre y en contra de su voluntad, vivir con los hijos menores en sus domicilios en Temixco, Morelos.

Considerando que las acusaciones son muy serias, Marlein y Marcos Javier tuvieron que contratar los servicios profesionales de un abogado defensor, ya que en diversas ocasiones han sido asediados por elementos de la fiscalía del estado y agentes del Ministerio Público. Del mismo modo, personas que se identifican como representantes del poder judicial, han tratado de ingresar de forma ilegal al fraccionamiento donde habitan Marlein con su hijo menor de edad y Marcos Javier, sin contar con alguna orden de aprensión o presentación a los acusados.

En junio de 2021, la fiscalía general del estado de Morelos emitió una alerta para localizar a la María Rodríguez Lemus, en la que solicita la ayuda para encontrar a la supuesta extraviada. Ante estas circunstancias ajenas a una buena impartición de justicia por parte de las autoridades a las que corresponde esta responsabilidad, es que solicitamos el testimonio de Marlein Torres Rodríguez por estas falsas acusaciones y en entrevista nos narra.

Testimonio

“Mi mamá desde muy niña perdió el oído. A los ocho años inició un trabajo, a su corta edad fue muy trabajadora, y a pesar de su discapacidad pudo ser independiente, hasta incluso separarse de mi papá y hacerse cargo de sus cuatro hijos. A los 25 años de laborar se jubiló. Desde entonces, mis hermanos – Juan y Roberta- administraron todo lo correspondiente a sus ingresos. Aproximadamente al año que mi mamá se jubiló adquiere un terreno, pero le faltó dinero para completar su pago. Es ante esta circunstancia que nos percatamos que no tenía dinero para adquirirlo. En ese tiempo les pedimos a los hermanos mayores que explicaran el por qué mi mamá no tenía dinero, ambos se negaron rotundamente a responder.

Me asesoré legalmente, pero no pude hacer algo en ese momento porque mi mamá estaba en condiciones de decidir, me pidió respetar su decisión, que ella estaba consciente de lo que estaban haciendo. En ese momento respeté su decisión y salí de su casa. Mi hermano y yo no tenemos la libertad de visitar a mi mamá cuando nosotros lo deseamos, y mucho menos intervenir en el arreglo de su casa. Cuando se daban cuenta de que mi mamá nos daba llaves de su casa, con diferentes excusas ellos cambiaban la combinación. Hace siete años aproximadamente, era evidente el deterioro y el descuido en el que se encontraba la casa.

Por otro lado, mi mamá tenía problemas severos de circulación, colesterol, triglicéridos altos, retención de líquidos, hipertensión, sin que tuviera tratamiento médico alguno, además tenía problemas con mis hermanos y con mi mamá porque decían que ella estaba bien de salud. Tenía también mala alimentación, no tenía comida en su casa. En varias ocasiones me percaté que no tenía dinero, le dejaba yo dinero y se le perdía o se lo daba a mis hermanos. No tenía un super o despensa en su casa, su lavadora y boiler estaban oxidados en su caja, no se los habían instalado porque no tenía dinero; artículos o prendas que le regalábamos no las usaba, las regalaba o se le perdían. Vivía entre basura, con demasiadas cosas acumuladas, las paredes con bastante humedad, no tenía luz porque la misma humedad había provocado un corto en toda la instalación.

Vivía con 22 gatos y perros que adoptaba de la calle, viviendo en una situación inhabitable e inhumana. Después de algún tiempo se nos empiezan a negar las visitas a casa de mi mamá, poniendo excusas y diciendo que no quería ver a nadie, en ocasiones los vecinos le permitían brincarse la barda para poder verla. En agosto del 2020 mi hermano menor logra visitar a mi mamá. Roberta le comenta que mi mamá presenta comportamientos y actitudes extrañas, le dicen que no la ven bien y consideran internarla en una clínica psiquiátrica o en un asilo. Posterior a eso, uno de mis hermanos le llama a mi hermano Marcos para que vaya por ella y se la lleve unos días mientras acondicionan su casa.

Mientras mi mamá está con nosotros en Temixco, Morelos, inicia tratamiento médico, jamás presentó problemas de alimentación o que algo le hiciera daño, tampoco presentó cuadros depresivos, se adaptó inmediatamente a la rutina y hábitos que teníamos en casa. Nos quedó claro que lo que necesitaba era atención, compañía, amor y convivir con personas. En octubre del 2020 mi mamá regresa a su casa, Marcos y yo exponemos nuestras observaciones al convivir con mi mamá, proponemos estar al pendiente todos, que se contrate una persona para que conserve su casa ordenada, le tenga comida y ella pueda comer cuando lo disponga. Les preguntamos quién es el encargado de cobrar las pensiones de mi mamá y cuánto es lo que percibe.

Roberta y Juan se niegan a contestar y se ponen a la defensiva, rechazan el medicamento que mi mamá llevaba porque dicen que ella tenía a sus médicos, también se niegan a que una persona extraña entre a la casa de mi mamá y nos dicen que ejerzamos nuestro derecho de hijos e investiguemos cuánto cobra mi mamá. Dejamos que mi mamá se quede en su casa porque ella así lo quería, a pesar de que Marcos y yo no estábamos muy convencidos, dejándoles en claro que para tomar una decisión de internar a mi mamá debían consultarlo con nosotros, situación que no considerábamos fuera necesario, ya que nosotros estábamos dispuestos a cuidar de ella. En diciembre mi madre se enfermó de COVID, al hacerlo de su conocimiento, ella pidió que nos la trajéramos, ya que consideraba que mis hermanos mayores no le tenían paciencia ni empatía.

Actualmente está a nuestro cuidado, está sana, anímicamente se ve bien, se muestra más segura, ya se siente merecedora de recibir afecto, acepta abrazos y está sonriente, ya se preocupa por su aseo y su aspecto personal. Lo único que solicitamos es que nos dejen cuidar a mi señora madre. Que desistan de sus falsas acusaciones. Y respeten nuestros derechos a la privacidad. Finalmente, debo decir que hacemos responsables a mis hermanos Juan Gabriel y Roberta, ambos de apellido, Torres Rodríguez, de cualquier agresión o atentado físico y/o psicológico en contra de mi hijo menor, de mi mamá o de mi hermano Marcos, denuncia que hice pública en las redes sociales a través de Instagram«.

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‘Nos asesinan por querer una forma de vida más humana’: Ambientalista mexicano Rogelio Rosales Contreras

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activista Rogelio Rosales Contreras

Por Albison Linares

La última década ha sido mortal para los activistas del medioambiente: la organización Global Witness ha registrado 1,733 asesinatos, una cifra que equivale a una muerte cada dos días.

«Solo queremos una forma de vida más humana, más comunitaria, y nos andan asesinando por eso», dice Rogelio Rosales Contreras, activista medioambiental de Ayotitlán, Jalisco, que vive bajo amenaza por defender a su comunidad nahua–otomí. Su hermano y su hijo fueron asesinados.

Para saber más del tema: Activistas y ciudadanos protestan por cierre de oficinas de la PROFEPA en Tijuana y Ensenada

De los datos de 2021, Global Witness denuncia que México fue el país con el mayor número registrado de asesinatos con un total de 54 muertes, frente a las 30 del año anterior. Más del 40% de las personas asesinadas eran indígenas.

Además, la organización afirma que más de las tres cuartas partes de los ataques registrados en 2021 sucedieron en América Latina, por lo que sigue siendo la región más mortífera para los defensores.

Esta investigación también ha detectado que las comunidades indígenas enfrentan un nivel desproporcionado de ataques, casi el 40%, a pesar de que solo representan el 5 % de la población mundial.

Lee más: La depredación del medio ambiente: una violencia que no se quiere ver en Colima

 

«Soy víctima de las amenazas por resistirnos a la explotación de los recursos que defendemos», asevera Higinio Trinidad de la Cruz, otro activista de Ayotitlán. A medida que se intensifica la crisis climática, la violencia contra los defensores de los territorios empeora.

 

Fuente: Muck Rack

La depredación del medio ambiente: una violencia que no se quiere ver en Colima

La violencia de los cárteles, la corrupción gubernamental, y los proyectos industriales son los principales factores de agresión al ecosistema natural de Manzanillo, Colima, con riesgo de especies en extinción, sin ninguna sanción para México. Revisa el reportaje aquí.

 

 

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a otros 2 ex funcionarios por colapso de la Línea 12 del Metro

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Dos encargados del Proyecto Metro fueron señalados de ser responsables del colpaso de la Línea 12 del Metro.

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a otros dos ex funcionarios públicos del Proyecto Metro, por lo cual hasta el momento suman 10 ex servidores públicos señalados por su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo de 2021.

El juzgador determinó que son responsables el ex director responsable de la construcción, Guillermo “N”, y el ex subdirector de obra civil, Héctor “N”, del colapso de la Línea 12 del Metro, por lo que son acusados de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad por las 26 personas que fallecieron.

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El juez no fijó medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa, pero tienen prohibido salir del país, y acercarse o tener contacto con las víctimas, por lo que seguirán con su proceso en libertad.

De acuerdo con el juzgador, se fijaron seis meses para la investigación complementaria, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa a los ex servidores públicos de provocar el colapso de la Línea 12 del Metro por el mal diseño, construcción y uso deficiente de materiales para su edificación.

Las acusaciones de la fiscalía capitalina se centran en fallas de origen, pero no en la falta de mantenimiento de este proyecto de transporte público que estaba en funcionamiento desde 2012 al cierre de la administración de Marcelo Ebrard.

Lee más: La extraña discriminación en el mantenimiento de la línea 12 del Metro

Los familiares de las víctimas han acusado que hubo responsabilidad de los distintos gobiernos capitalinos, tanto de Marcelo Ebrard por ser el artífice del proyecto, así como de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum que no dieron el mantenimiento de este proyecto.

Juez vincula a proceso a 8 ex funcionarios del gobierno capitalino por tragedia de Línea 12

La medida se da tres meses después de que un juez de distrito vinculó a proceso a ocho ex servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a propiedad por el colapso de la Línea 12 del Metro el pasado 26 de mayo de 2021 en el que murieron 26 personas.

El juzgador señaló que hubo responsabilidad de los ex servidores públicos por las fallas que propiciaron la caída del Metro, por lo cual siete de los ochos ex funcionarios formaron parte del Proyecto Metro y la otra fue parte del consorcio constructor de la obra.

 

 

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