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Mexico Violento

Narcoviolencia provoca éxodo de familias en la capital de Guerrero

La violencia en Chilpancingo genera un éxodo de las familias en busca de paz y calidad de vida

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Estación de autobuses en Guerrero. Foto:  agenciaperiodistica.com.mx

Estación de autobuses en Guerrero. Foto: agenciaperiodistica.com.mx

*** Exigieron seguridad y reactivación económica para empresarios y ciudadanos

*** Solicita Bruno Plácido la separación del cargo, de “alcaldes, policías municipales, estatales y federales” vinculados con el narco

*** “También hay funcionarios que tienen dos trabajos con el crimen organizado y con el gobierno

Por Flor Miranda

GUERRERO, México.- Ante el acoso del Ejército Mexicano; integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y de la COPARMEX, realizaron una “caravana-marcha” desde Tierra Colorada hasta el Congreso local en Guerrero, México, con el fin de exigir nuevas estrategias de seguridad que traigan paz a la capital y a todo el Estado, así como un plan de reactivación económica.

Fueron poco más de mil personas las participaron en la caravana (primero) que inició cerca de las 10:00 de la mañana del poblado de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, hasta Chilpancingo, pertenecientes al estado de Guerrero, donde sobre la entrada sur ya los esperaba un importante contingente de empresarios y ciudadanos capitalinos (otras mil personas aproximadamente).

La movilización fue organizada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) y la COPARMEX, y fue denominada “Marcha por la Justicia, la Dignidad y el Desarrollo”

A su llegada a Chilpancingo, Guerrero la caravana se convirtió en marcha, sin embargo, cabe destacar que sobre el crucero al poblado de Petaquillas se instaló un retén militar bastante nutrido, con el fin de vigilar que los policías comunitarios que participaron en el movimiento, no ingresaran armados a la capital del Estado.

Los efectivos militares se encargaron de revisar varios de los vehículos que venían en la caravana, incluso, la lujosa camioneta en la que se transporta el líder estatal de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.

Todos los vehículos cruzaron el retén sin problemas, excepto una camioneta blanca a cuyo conductor se le encontró un arma calibre 22, por lo que los militares le decomisaron el arma y trataron de detenerlo, por lo que se generó por varios minutos un ambiente tenso.

Sin embargo, al darse cuenta del incidente, Bruno Plácido Valerio se acercó y dialogó con los mandos militares que ahí se encontraban. Afirmó que la persona que llevaba el arma era un policía comunitario adherido a la UPOEG, con lo que logró que fuera dejado en libertad, pero el arma no le fue devuelta.

Pese ello, la movilización continuó y más adelante se encontró con ciudadanos y empresarios de Chilpancingo, iniciando la marcha con dirección al Congreso del Estado.

Con pancartas, mantas y una banda de chile frito que amenizó todo el recorrido; los protestantes se dirigieron hasta las instalaciones del Congreso del Estado. En la movilización se pudo ver a ciudadanos de Chilpancingo que se adhirieron a l marcha en busca de que se implementen acciones contra la delincuencia.

Los líderes de la COPERMEX y UPOEG fueron recibidos por integrantes de la Comisión de Gobierno de la 60 legislatura local, mientras que el resto de los marchantes esperaron afuera del palacio legislativo.

Entregaron a los diputados locales un pliego petitorio en el que resaltaban: nuevas estrategias de seguridad y desarrollo económico para sacar “del atraso” a Guerrero, así como la consulta para los pueblos originarios y la creación de municipios.

Bruno Plácido Valerio expuso: “ya no vamos a permitir que se siga viviendo la vida que hoy día estamos viviendo. Estamos trabajando con todos los sectores, y decimos que nuestros servidores públicos tienen que cambiar de actitud porque ellos están para servir a todos, y esa es la etapa en la que estamos trabajando, ya que muchos de ellos están vinculados con la delincuencia”.

En ese contexto pidió que se investigue a políticos y funcionarios que están vinculados con el narcotráfico, así como la separación del cargo de los mismos.

“Sabemos que muchos de los actuales funcionarios tienen dos trabajos, son empleados del gobierno del estado, pero también colaboran con la delincuencia”, expuso.

“Hoy venimos a pedirles al gobierno federal, estatal y municipal; la separación del cargo de aquellos presidentes municipales vinculados con la delincuencia, de aquellos comandantes de la Policía Municipal y aquellos policías federales que están vinculados. También de los comandantes estatales que tienen relación con la delincuencia”; agregó.

Respecto a la agenda estatal que entregaron a los diputados locales, Plácido Valerio aclaró que aborda el tema de la seguridad, pero también el de la consulta y la creación de municipios.

“Nosotros le pusimos una demanda y le ganamos judicialmente al Trife y el Congreso no nos ha notificado sobre esa demanda y siguen aislándonos, sin tomar en cuenta nuestra opinión que demandamos, ya que se nos violentó en nuestros derechos humanos en las elecciones pasadas, ya que deberíamos de tener representantes en los 28 distritos electorales, como lo indica la Ley 701”, reprochó.

Éxodo de familia en Chilpancingo por violencia

Debido al problema de la inseguridad que se ha presentado e incrementado en el municipio, familias enteras han iniciado un éxodo hacia otros estados en busca de paz social y mejores empleos, así lo aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Fernando Meléndez Cortés.

El empresario lamentó que el tema de la inseguridad haya recrudecido en el municipio, al grado de que familias enteras han iniciado un éxodo hacia otros estados en busca de paz social y una mejor calidad de vida, que no encuentran en el estado de Guerrero ni en Chilpancingo.

Señaló que tan solo en la capital del estado al menos 100 familias han emigrado del municipio en lo que va del año debido a la inseguridad, lo cual consideró como alarmante, ya que a nivel estatal las cifras se triplican.

“Hay mucha gente que también está emigrando constantemente, a la semana se está yendo gente, entonces ya es momento en que se tiene que hacer algo en conjunto y algo integral”, exhortó.

Dijo que las familias que emigran son familias completas y las que se quedan aquí “de mientras” aquí labora pero su familia está en otros lados, donde no puedan ser víctimas de la violencia.

 

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

El colombiano, operador político del gobernador de Quintana Roo, con vínculos al narcotráfico

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Los Ángeles Press/CDMX Press

Gerardo Ortega Otero, conocido como “El Colombiano” es uno de los mejores amigos y asesores del actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien también se ha desempeñado como uno de los operadores políticos más cercanos al mandatario estatal, ha sido señalado reiteradamente de estar coludido con el crimen organizado.

El Colombiano comenzó su carrera como vendedor de comida a unas cuadras del palacio de Solidaridad, donde se relacionó con el ahora gobernador de Quintana Roo, quien fue postulado como candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En esa campaña electoral, Gerardo Ortega inició su trayectoria como operador político y desempeñó diferentes cargos como asistente, coordinador de logística, y recolector de las “aportaciones” voluntarias de los empresarios locales, quienes enfocaron sus intereses en la campaña de Carlos Manuel Joaquín.

Debido a que el hoy mandatario estatal posee la Playa del Carmen, el destino turístico más importante del sur del país, los empresarios apoyaron su campaña, mientras que el Colombiano adquirió distintas propiedades, aunque no correspondían con sus ingresos económicos como funcionario municipal.

El ex servidor público por medio de influencias y del apoyo del entonces alcalde pedía contribuciones económicas a comerciantes, empresas y grupos de la delincuencia organizada para establecerse en la región.

Como candidato de la coalición entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el Colombiano buscó recaudadores de su campaña a la gubernatura de Quintana Roo, por lo que al acceder al Poder Ejecutivo estatal impuso a su esposa Samaria Angulo Sala como regidora del municipio de Solidaridad.

Entre Estados Unidos y Colombia

Gerardo Ortega es también operador financiero de las avionetas del gobernador Joaquín González. Por lo menos realiza cinco viajes por mes a Colombia o a Estados Unidos. De acuerdo con la fuente, también ha permitido el arribo de los grupos de la delincuencia organizada en la entidad al ser el encargado de repartir los territorios entre los cuatro cárteles que tienen presencia en el estado, por lo que posee varias residencias que funcionan como casas de seguridad.

Construcción de muelles

Entre las excentricidades, el operador del gobernador de Quintana Roo, ha construido muelles en lugares estratégicos de Playa del Carmen. Sin embargo, los mismos trabajadores de la construcción se quejaron que no les pagó sus honorarios y fueron amenazados.

Gerardo Ortega tiene una influencia directa en las decisiones del gobierno estatal, pues funge como organizador de las fiestas privadas del gobernador, por lo que incluso la revista Forbes señaló que Quintana Roo se ha convertido en un paraíso perdido que está al borde del colapso.

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El Caso Wallace

Segunda hija de Hugo Alberto Wallace, de 13 años, otra prueba de su falso secuestro

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Por Guadalupe Lizárraga

Dos meses después de que se presentara el padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda al Senado de la República para dar su testimonio sobre la fabricación de la muestra de sangre con la que se mantenía el caso Wallace, Claudia Patricia Muñoz Acosta reveló a esta periodista que había procreado una hija con Hugo Alberto Wallace, y que había tenido “muchos años” de relación sentimental. Sin embargo, por la edad de la menor se revela que la tuvo después de la supuesta fecha de muerte.

Muñoz Acosta, con estudios en Derecho en la Universidad Anáhuac de la CDMX, según su perfil de Facebook, y residencia en Oklahoma City, también se puso en contacto con Carlos León Miranda, padre biológico de Hugo Alberto, para informarle de la existencia de su nieta adolescente. En llamada telefónica a Los Ángeles Press, León Miranda dijo que le había mandado fotografías para que conociera a su nieta, y Carlos señaló que su nieta era de “sangre Miranda”, que se parecía mucho a su hijo Hugo, pero que lo relevante es que “se hiciera algo para poner en libertad a los muchachos que están pagando por un crimen que no sucedió”.

La hija procreada con Claudia Patricia Muñoz es la segunda hija de Hugo Alberto Wallace Miranda, de 13 años. La primera, con Erika Monsiváis Tenes es Andrea Isabel Wallace Monsiváis, de 25 años de edad.

 

Los inculpados, 14 años de prisión

El reporte de secuestro, por parte de Isabel Miranda, en la entonces Procuraduría General de la República fue la madrugada del 13 de julio de 2005. Las primeras siete detenciones arbitrarias fueron en 2006: el 10 de enero, la de Juana Hilda González Lomelí; el 23 de enero la de César Freyre Morales; el 30 de enero, la segunda detención de George Khoury Layón; el 8 de febrero las de Julieta Freyre Morales (finada) y la de su madre María Rosa Morales (en libertad); la de los hermanos Castillo fue el 7 de febrero y el 22 de febrero; y ese mismo año, el 28 de diciembre fue detenido, igual, de manera arbitraria, Jael Malagón Uscanga, a quien se le relacionó como parte de la “banda de secuestradores”.

Mujeres y hombres fueron torturados con agresiones sexuales por agentes del Ministerio Público, a excepción de Julieta Freyre y María Rosa Morales, para quienes la tortura fue psicológica y fueron utilizadas por los agentes Braulio Robles Zúñiga y Fermín Ubaldo Cruz para presionar a César Freyre a que se incriminara como “líder de la banda”, mientras que a George Khoury lo presentaron como “autor intelectual” del supuesto homicidio, vinculándolo en diciembre de 2010, por medio de Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura.

Con esta revelación de Claudia Patricia Muñoz, expareja sentimental de Hugo Alberto Wallace, por la edad de su hija, se comprueba que durante las detenciones de 2006, y la de Brenda Quevedo Cruz en septiembre de 2007, Hugo Alberto estaba vivo. Estos hechos sustentan las declaraciones de Laura Domínguez, amiga cercana de Hugo, y del investigador privado José Luis Moya que hicieron en 2006 al periodista Ciro Gómez Leyva, y por lo que fueron amenazados y denunciados falsamente de extorsión por Isabel Miranda Torres.

Nos reservamos el nombre de la menor de acuerdo con las leyes de privacidad de protección de menores, en Estados Unidos.

 

El perfil de “Sam Flores”

Hace 47 semanas, en octubre de 2019, el perfil de Facebook con el nombre de “Sam Flores” que promueve “el caso Wallace”, con la versión de Isabel Miranda Torres, dejó siete mensajes en diferentes posts de Claudia Patricia Muñoz, el mismo día, señalándole que era una “pésima madre” porque estaba “exponiendo a su hija, por las llamadas que había hecho a la periodista y a Carlos León Miranda, además advirtiéndole que ya se tenía información sobre ella.

El perfil creado el 4 de septiembre de 2018, con 14 contactos de diferentes países, no ha tenido actividad en la red social después del mensaje dejado a Muñoz Acosta.

 

Miranda, enferma de cáncer, sin comparecer ante la FGR

El avance del cáncer de hígado de Isabel Miranda Torres, y de su hermana Asunción, quien también ha sido cómplice y parte de la fabricación del caso Wallace, contrasta con la lentitud de la Fiscalía General de la República para llamarla a comparecer por la carpeta de investigación abierta en su contra -desde diciembre de 2018- por denuncias de fabricación de pruebas en la causa 35/2006 y por secuestro en grado tentativa contra la periodista Guadalupe Lizárraga.

Con una inyección diaria, proveída por Médica Sur, Isabel Miranda se defiende de la enfermedad, mientras su esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz, quien también fue cómplice de la fabricación del caso de su hijastro, enfrenta una enfermedad avanzada de próstata.

Isabel Miranda Torres, con su padres Fausto Miranda y Elfega Torres, su hijo Hugo Alberto y su segundo esposo Enrique Wallace. Foto: red

 

Hugo Alberto Wallace, con su madre Isabel Miranda Torres, cuando trabajaba para Enrique Wallace Díaz.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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