Connect with us

Justicia pendiente

«Napoleón Gómez Urrutia tendrá que responder por Pasta de Conchos»: Auerbach

La tragedia de Pasta de Conchos, una herida abierta para las familias de 65 mineros que perdieron la vida por falta de seguridad laboral de Grupo México se mantiene en impunidad

Published

on

cristina auerbach

El senador de MORENA, Napoleón Gómez Urrutia, pretende tomar caso de la muerte de 65 mineros para legitimarse, dice Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) en su paso por Holanda

Por Dianeth Pérez Arreola

En la madrugada del 19 de febrero de 2006, colapsaron varios túneles en la mina de carbón Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, la compañía minera más grande del país.

En entrevista exclusiva, la defensora de derechos humanos de la zona carbonífera de Coahuila y directora de OFPC, resume así las causas de la tragedia: “La empresa quería ganar dinero, el Estado quería que vinieran las mineras canadienses y, frente a esos dos factores, lo único que tenían los trabajadores era el sindicato. Y el sindicato no hizo nada para evitar la tragedia de Pasta de Conchos”.

Auerbach ha sido amenazada y golpeada por no abandonar esta lucha que lleva ya doce años; años donde han visto pasar a tres presidentes que no sólo no han hecho nada para llevar verdad y justicia a las familias de los mineros, si no que además el Estado ha combatido legalmente todos los recursos interpuestos por las familias ante diferentes instancias.

De los 65 mineros atrapados, solo recuperaron dos cuerpos; hay 63 familias sin una tumba donde llorar a sus muertos. “Fue una decisión política, no económica”, declaró Auerbach sobre la resolución de no seguir adelante con las tareas de recuperación de los restos.

El caso se hizo muy mediático, recordó; era imposible que pudieran solo recuperar los cuerpos sin que alguien recibiera un castigo. Su manera de eludir su responsabilidad fue detener el rescate. “Cuando sucede la tragedia, México se está abriendo a la inversión extranjera para la extracción y es cuando llegan las empresas canadienses al sur del país y no querían asustarlos”.

En el informe “El carbon rojo de Coahuila”, elaborado por OFPC, se explica que Grupo México mandó a hacer dos peritajes, conocidos por los apellidos de los peritos Wooton y McBride. Ambos peritajes coinciden en que la mina estaba inundada y contaminada con diversos patógenos que hacían el rescate muy peligroso.

El Estado no iba a castigar a la empresa porque se le espantaba la inversión y para evitar que se siguiera hablando del caso el Estado y la empresa utilizaron a grupos de trabajadores para demandar al sindicato y acusarlo de malversación de fondos, explicó, lo cual es una acusación falsa porque el sindicato no necesita robarse a sí mismo, las leyes en México son absolutamente discrecionales. Los sindicatos no están obligados a rendir cuentas, a hacer declaraciones de impuestos, pueden pagar todo en efectivo y nadie supervisa. Acusarlos de que se estaban robando a sí mismos no tenía sentido.

En lo que sucede todo eso, las familias se van quedando solas. “No hubo ningún recurso que interpusiéramos a nivel nacional que no nos combatiera el mismo Estado. Es increíble, pero la Secretaría del Trabajo combatía legalmente a las familias para que se les negara justicia”, comentó la defensora de derechos humanos.

Javier Lozano Alarcón

“La Secretaría del Trabajo, ya con Felipe Calderón y Javier Lozano Alarcón, dice nosotros vamos a hacer nuestro propio dictamen. Nunca en la historia de la minería del carbón, se ha hecho un dictamen para determinar si rescatas o no. En Pasta de Conchos se inauguró el tema de hacer dictámenes, pero todos los que han muerto después de Pasta de Conchos, nunca hay dictámenes” declaró.

La directora de OFPC apuntó que este dictamen de la Secretaría del Trabajo, dice que las condiciones son muy peligrosas y que no se puede hacer el rescate hasta que se reviertan las condiciones de seguridad. Entonces como no se pueden revertir las condiciones de seguridad porque no se puede entrar, no se puede hacer el rescate. “Nos dejan en el limbo; las familias se quedan solas, con mucha claridad sobre la responsabilidad de la empresa, con mucha claridad de la responsabilidad del estado, pero también del Sindicato Minero.

Rompimiento con el Sindicato Minero

Las familias se agruparon en la OFPC tomando distancia del Sindicato Minero. Cuando sucede el derrumbe en Pasta de Conchos en 2006, la gente ya sabía que la mina estaba en malas condiciones; lo sabía el Sindicato Minero y sin embargo ni la empresa, ni el sindicato, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que supuestamente inspeccionaba la mina, hicieron nada para evitar la tragedia, recuerda Auerbach.

Cuando sucede la tragedia en la mina, el Estado era sumamente tolerante con las empresas mineras para que obtuvieran cada vez más ganancias, aseguró Auerbach. Y en la obtención de ganancias fueron quitando medidas de seguridad a costa de la vida de los trabajadores.

El informe “El carbon rojo de Coahuila”, señala que el siniestro en Pasta de Conchos se debió a la no contención de los riesgos que supone la extracción de carbón, entre los que se encuentran los siguientes.

  • Fugas en el circuito de ventilación (documentado desde 2001)
  • Falta de “polveo”: impregnar paredes y techos con una mezcla de carbonato de calico y magnesio para disminuir la combustibilidad del polvo de carbón  (documentado en inspecciones en 2000, 2001 y 2004)
  • Suficientes soportes y separadores dentro de la mina para evitar su derrumbe
  • Uso de equipos de soldadura y corte al interior de la mina

La corrección de estas fallas hubiera significado una pequeña inversión a cambio de la vida de 65 mineros. El propietario de Grupo México, operadora de la mina Pasta de Conchos es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México y el número 72 a nivel mundial.

Napoleón Gómez Urrutia

Ahora el problema es que regresa Napoleón Gómez Urrutia como senador de Morena, con todo el poder y toda la impunidad que le rodea, y él necesitaba el caso de Pasta de Conchos para legitimarse, porque en cuanto hace su primera rueda de prensa le empiezan a preguntar por el dinero, y él dice, no me pregunten por el dinero, pregúntenme por los 65 mineros de Pasta de Conchos, explicó Auerbach.

Añadió: “Anuncia que va a ir a Pasta de Conchos a abrir el caso y a nosotros nos enoja mucho y empieza un golpeteo muy fuerte en redes sociales porque dicen, muy bien tú vas a venir, y cuando vengas nos traes las pruebas de que hiciste algo. ¿Dónde están las denuncias que hiciste? No tiene nada”.

La directora de OFPC manifestó que tienen la firma del acta de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, integrada por personal de la empresa y del sindicato, de los recorridos que hacían cada mes. El 7 de febrero de 2006, ellos firman el acta diciendo que la mina cumple con las condiciones para operar y el 12 de febrero firman un acta, con la Secretaría del Trabajo, la empresa y el sindicato diciendo que la mina cumple.

“Napoleón creía que nosotros no sabíamos todo esto ni que teníamos estos documentos. Ha sido una embestida muy fuerte, pero afortunadamente habíamos publicado este informe (El carbón rojo de Coahuila) y viene todo un capítulo dedicado al Sindicato Minero. De muy mala leche creo yo, Andrés Manuel anuncia que Napoleón va a ser senador plurinominal el día del memorial de Pasta de Conchos. Se nos hizo una ofensa terrible para las familias”, indicó.

Los Moreira y los Zetas

Los Zetas llegaron a Coahuila cuando llegó Humberto Moreira, comentó Cristina Auerbach. El consejo directivo de la Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI) fue presidido por el propio gobernador del Estado. Este organismo y la CFE, quien le compraba carbón a la PRODEMI, no pedían que las empresas comprobaran que efectivamente tenían minas de carbón, lo que da lugar a la presunción de que los contratos de carbón son elaborados para que el mismo Gobierno del Estado adjudique contratos para el coyotaje del carbón, como lo señala el informe “El carbón rojo de Coahuila”.

Tampoco era indispensable presentar la última inspección de las condiciones de seguridad e higiene, ni de condiciones de trabajo, ni de capacitación, ni de que los trabajadores estuviesen afiliados al Seguro Social. También asienta el informe que muchos empresarios mineros atribuían la propiedad de sus minas –muchas ilegales-, a los Zetas, para poder explotar yacimientos que estaban en poblados, y que por lo mismo nunca hubieran podido operar legalmente.

Los empresarios con este tipo de minas se hicieron de un grupo de seguridad que aterrorizaba a la gente para obligarla a callar ante los atropellos o en el peor de los casos, a abandonar sus casas. “Los empresarios, el sindicato, la empresa y el gobernador eran del PRI, la gente no tenía a dónde acudir”, dijo Cristina.

 Esperanza de justicia

El 26 de marzo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da admisión al caso. Nosotros lo metimos el 17 de febrero de 2010, recuerda Auerbach; ocho años tardó en darle admisión y actualmente representamos a casi mil 100 familiares directos de los mineros.

“Desde 2009 me fui a vivir en la zona carbonífera de Coahuila, porque me di cuenta que después de Pasta de Conchos seguían muriendo. El 6 de agosto de 2009, mueren dos trabajadores en una mina y yo empiezo a leer que la empresa dice que la mina contaba con todas las medidas de seguridad, y empiezo a ver toda la película de Pasta de Conchos de nuevo y me da rabia” dijo.

La Secretaría del Trabajo dijo que había sido una explosión de aire comprimido. No hay aire comprimido adentro de las minas, explicó. “El 7 de agosto estaba yo ahí y fue la primera vez que entré a una mina sin permiso de las empresas. Me metí con un trabajador y estaba desastrosa. Caí en la cuenta de que no bastaba con atender el caso de Pasta de Conchos, si no que había que empezar a acumular lo que estaba sucediendo en esa región. Para noviembre ya estaba viviendo yo allá. Esa vez me disfracé de policía para poder entrar a la mina. Yo conocía al cura del lugar, y el cura a la policía que tenía la mina bajo su resguardo. Después la estrategia fue ir a las minas los sábados en la tarde que no trabajan y hablar con los veladores para que me dejaran entrar y así empecé a conocer las  minas”.

Desde 2006, a diez días de la tragedia, señaló que metieron un reclamo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones a convenios internacionales, al de salud y al de inspección. En 2009 la OIT respondió que de los 27 alegatos que presentaron tenían razón en 26. “El caso está abierto en la OIT, es un caso del que también habla el sindicato pero no lo firmó el sindicato, lo firmamos nosotros. El sindicato nunca puso ninguna queja”.

La OIT empieza a presionar al Estado mexicano para que me reconozca como un interlocutor válido en el tema de la minería del carbón, precisa la defensora de derechos humanos; eso deriva en cuanto se va Lozano, en que la Secretaría del Trabajo me reconozca como experta en la materia y eso hace que las cosas cambien.

“Había pasado que en un pozo murieron 7 trabajadores en una explosión y cuando yo llegué me dice un trabajador es que está muy bien que vengas y documentes todo lo que nos hacen, pero siempre vienes cuando ya estamos muertos. Tienes que venir antes, porque si no, nos matan. Se me hizo fuertísimo” indicó.

“Con cada denuncia yo pido a la Secretaría del Trabajo que se haga una inspección extraordinaria, es decir, no hay que avisarle a la empresa y que me anoten a mi como experta en la materia. Yo voy a las inspecciones y se acabó la corrupción”. Recordó que el primer año corrieron a 14 inspectores, dos delegados y todo el jurídico, porque se dieron cuenta de la corrupción.

“Llegaban a la mina y decían, no tienes salida de emergencia es tanto, no traen equipo de seguridad, es tanto, no tienes medidores de gas, es tanto. Como si fuera un bufet, donde te vas echando comida al plato y al final les decían, tu cuenta es de tanto. Las empresas pagaban la multa a la Secretaría del Trabajo, y ésta les permitía trabajar un año sin volverlas a inspeccionar y por eso moría tanta gente”.

Cuando me reconoce la Secretaría del trabajo le pido que me entregue copia de todas las inspecciones a minas de carbón del año 2006 a 2013, recordó. Nos pusimos a estudiar y aprendimos a inspeccionar. El resultado de eso, es que hemos logrado bajar en 97 por ciento las muertes en las minas de carbón. Parte del reclamo al sindicato es que esto lo hicimos nosotros, no lo hicieron ellos, ellos nunca lo hicieron”, apuntó. El sindicato existe desde 1934 y a los mineros del carbón los registran en el Seguro Social hasta 1972, cuando el Seguro Social existía desde 1943. Para entonces ya habían muerto más de mil 500 mineros del carbón y sin seguridad social las familias no podían reclamar una pensión.

“En ese periodo que trabajó el Sindicato Minero y era el sindicato de las empresas, el que representaba a los trabajadores, murieron casi 800 mineros sin Seguro Social y con la presencia del sindicato muy activa en esa región. Cuando se va Napoleón a Canada acusado de fraude, se hace canadiense y por Skype dirige el sindicato, entramos nosotros a las minas y disminuyen las muertes. ¿Cuántas muertes se pudieron haber evitado si el sindicato hubiera hecho su trabajo?, cuestionó.

Gómez Urrutia dice que es una víctima por defender a los mineros y argumenta que hacía emplazamientos a huelga porque la vida de los mineros corría peligro. “Entonces pedimos al Instituto de Transparencia la información de los emplazamientos en Pasta de Conchos. Él toma posesión como dirigente del sindicato en 2002, en 2003 emplaza en Pasta de Conchos por violaciones al contrato colectivo. Supusimos que era por cuestiones de seguridad, pero era cuando estaba presionando a Grupo México para que le pagara lo de Cananea. Emplazó y hubo huelgas en muchos lugares del país proque era una medida de presión contra Grupo México. Luego se desiste de la huelga. A partir de ahí todas fueron por salario. Por salario nada más, no por las condiciones de seguridad”, manifestó Auerbach.

Cuando viene a México, cree que todos nos creemos el discurso de que él es la víctima, y no. Ha sido una embestida brutal por parte de él. Cristina cuenta que hace unos días empezó a circular en la región carbonífera en Coahuila una foto de un cheque falsificado de Grupo México a su nombre por 350 mil pesos. No trae sellos, no fue cobrado y su nombre está mal escrito. Empiezan a decir que  Grupo México le paga, para no ganarle los casos. “Es un juego sucio, se les acaban los argumentos, no tienen pruebas de nada. Les duelen nuestras acciones; pusimos el antimonumento en febrero de este año frente a la Bolsa de Valores; hemos hecho siete informes sobre la región carbonífera. Ahorita hay una confrontación muy fuerte porque él es senador y necesita el caso de Pasta de Conchos para legitimarse”.

“No se cuántos amparos promovimos, no se cuántas denuncias, nunca se nos otorgó nada. Por eso decidimos llevar el caso a un tribunal imparcial, en este caso la CIDH, porque en México si la Secretaría del Trabajo te está litigando, si el sindicato te está acusando y la empresa dice que el agua tiene enfermedades, no hay manera de que avancemos. Las familias y la región carbonífera están felices por la aceptación del caso porque hay una tradición de recuperar a los muertos. Han muerto más de 3 mil desde que se empezó a sacar carbón y a todos los han recuperado, excepto a un ingeniero inglés en 1973 y a los mineros de Pasta de Conchos. Ambos en proyectos de Grupo México”.

“Nunca se ha castigado a nadie por las tragedias mineras. Queremos un castigo a los culpables y la recuperación de los restos. Yo estoy segura que si las familias no pidieran castigo a los culpables, les entregan los restos, pero se volvió mediático y documentamos que la mina estaba mal que ya no era posible entregar los restos sin que se castigara a los culpables: a la empresa, al Estado, a la Secretaría del Trabajo y al sindicato”, dijo.

La directora de OFPC está satisfecha porque la CIDH admitió el caso porque considera que se violó el derecho a la vida, se violó el derecho a la integridad física, y se violaron los derechos económicos, sociales y culturales. Les pidieron entregar un informe de fondo que incluya a las condiciones de todos los mineros del país. “Ahora resulta que el caso de una mina en Coahuila va a ser un parteaguas porque por primera vez se lleva a juicio a una empresa extractiva mexicana”.

“Nos tienen que entregar los restos y luego nos senatmos a discutir a quienes van a investigar. Tenemos la lista de todos quienes por omisión por negligencia o por comisión generaron ese sufrimiento que como dice la CIDH se mantiene permanente y hasta que se solucione, porque mientras no entreguen los restos de las víctimas, se mantiene la violación a los derechos humanos de las familias. Es urgente que digan que son culpables”.

“Creo que si hay voluntad por parte del presidente electo de atender los casos emblemáticos como el del Ayotzinapa, creo que lo hará con el caso de la guardería ABC y lo hará con el caso de Pasta de Conchos. Yo espero. Es una señal para el país de que hay voluntad y ganas de hacer justicia”, concluyó.

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Napoleón Gómez Urrutia tendrá que responder por Pasta de Conchos”: Auerbach | REMA

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Justicia pendiente

Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

Published

on

La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

Te puede interesar: Presunción de Inocencia y Derechos Humanos denuncia muerte de dos presos en penales del Estado de México

Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

Lee más: ‘Fue el Ejército’ escriben en la CDMX en recuerdo a víctimas de violaciones de derechos humanos

Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

Continue Reading

Justicia pendiente

Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

Published

on

Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Te puede interesar: Caso Ayotzinapa: los mensajes de WhatsApp que se ocultaron en el informe de la Comisión de la Verdad

 

De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

Continue Reading

Justicia pendiente

Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

Published

on

By

ayotzinapa manifestación campo militar 1

CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

No te pierdas: Testigo presenció ejecución del activista Arturo Hernández Cardona a manos del exalcalde José Luis Abarca

A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

La editora recomienda: Gobierno federal denuncia a juez del caso Ayotzinapa por dejar libres a 120 implicados

No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

***

Fuente: tlachinollan.org

 

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: