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Justicia pendiente

“Napoleón Gómez Urrutia tendrá que responder por Pasta de Conchos”: Auerbach

La tragedia de Pasta de Conchos, una herida abierta para las familias de 65 mineros que perdieron la vida por falta de seguridad laboral de Grupo México se mantiene en impunidad

Dianeth Perez Arreola

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El actual senador de MORENA, Napoleón Gómez Urrutia, pretende tomar el caso de la muerte de 65 mineros para legitimarse, dice Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) a su paso por Holanda, gracias al programa de Protección a Defensores de derechos humanos, Peace Brigades International.

Por Dianeth Pérez Arreola

En la madrugada del 19 de febrero de 2006, colapsaron varios túneles en la mina de carbón Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, la compañía minera más grande del país.

En entrevista exclusiva, la defensora de derechos humanos de la zona carbonífera de Coahuila y directora de OFPC, resume así las causas de la tragedia: “La empresa quería ganar dinero, el Estado quería que vinieran las mineras canadienses y, frente a esos dos factores, lo único que tenían los trabajadores era el sindicato. Y el sindicato no hizo nada para evitar la tragedia de Pasta de Conchos”.

Auerbach ha sido amenazada y golpeada por no abandonar esta lucha que lleva ya doce años; años donde han visto pasar a tres presidentes que no sólo no han hecho nada para llevar verdad y justicia a las familias de los mineros, si no que además el Estado ha combatido legalmente todos los recursos interpuestos por las familias ante diferentes instancias.

De los 65 mineros atrapados, solo recuperaron dos cuerpos; hay 63 familias sin una tumba donde llorar a sus muertos. “Fue una decisión política, no económica”, declaró Auerbach sobre la resolución de no seguir adelante con las tareas de recuperación de los restos.

El caso se hizo muy mediático, recordó; era imposible que pudieran solo recuperar los cuerpos sin que alguien recibiera un castigo. Su manera de eludir su responsabilidad fue detener el rescate. “Cuando sucede la tragedia, México se está abriendo a la inversión extranjera para la extracción y es cuando llegan las empresas canadienses al sur del país y no querían asustarlos”.

En el informe “El carbon rojo de Coahuila”, elaborado por OFPC, se explica que Grupo México mandó a hacer dos peritajes, conocidos por los apellidos de los peritos Wooton y McBride. Ambos peritajes coinciden en que la mina estaba inundada y contaminada con diversos patógenos que hacían el rescate muy peligroso.

El Estado no iba a castigar a la empresa porque se le espantaba la inversión y para evitar que se siguiera hablando del caso el Estado y la empresa utilizaron a grupos de trabajadores para demandar al sindicato y acusarlo de malversación de fondos, explicó, lo cual es una acusación falsa porque el sindicato no necesita robarse a sí mismo, las leyes en México son absolutamente discrecionales. Los sindicatos no están obligados a rendir cuentas, a hacer declaraciones de impuestos, pueden pagar todo en efectivo y nadie supervisa. Acusarlos de que se estaban robando a sí mismos no tenía sentido.

En lo que sucede todo eso, las familias se van quedando solas. “No hubo ningún recurso que interpusiéramos a nivel nacional que no nos combatiera el mismo Estado. Es increíble, pero la Secretaría del Trabajo combatía legalmente a las familias para que se les negara justicia”, comentó la defensora de derechos humanos.

Javier Lozano Alarcón

“La Secretaría del Trabajo, ya con Felipe Calderón y Javier Lozano, dice nosotros vamos a hacer nuestro propio dictamen. Nunca en la historia de la minería del carbón, se ha hecho un dictamen para determinar si rescatas o no. En Pasta de Conchos se inauguró el tema de hacer dictámenes, pero todos los que han muerto después de Pasta de Conchos, nunca hay dictámenes” declaró.

La directora de OFPC apuntó que este dictamen de la Secretaría del Trabajo, dice que las condiciones son muy peligrosas y que no se puede hacer el rescate hasta que se reviertan las condiciones de seguridad. Entonces como no se pueden revertir las condiciones de seguridad porque no se puede entrar, no se puede hacer el rescate. “Nos dejan en el limbo; las familias se quedan solas, con mucha claridad sobre la responsabilidad de la empresa, con mucha claridad de la responsabilidad del estado, pero también del Sindicato Minero.

Rompimiento con el Sindicato Minero

Las familias se agruparon en la OFPC tomando distancia del Sindicato Minero. Cuando sucede el derrumbe en Pasta de Conchos en 2006, la gente ya sabía que la mina estaba en malas condiciones; lo sabía el Sindicato Minero y sin embargo ni la empresa, ni el sindicato, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que supuestamente inspeccionaba la mina, hicieron nada para evitar la tragedia, recuerda Auerbach.

Cuando sucede la tragedia en la mina, el Estado era sumamente tolerante con las empresas mineras para que obtuvieran cada vez más ganancias, aseguró Auerbach. Y en la obtención de ganancias fueron quitando medidas de seguridad a costa de la vida de los trabajadores.

El informe “El carbon rojo de Coahuila”, señala que el siniestro en Pasta de Conchos se debió a la no contención de los riesgos que supone la extracción de carbón, entre los que se encuentran los siguientes.

  • Fugas en el circuito de ventilación (documentado desde 2001)
  • Falta de “polveo”: impregnar paredes y techos con una mezcla de carbonato de calico y magnesio para disminuir la combustibilidad del polvo de carbón  (documentado en inspecciones en 2000, 2001 y 2004)
  • Suficientes soportes y separadores dentro de la mina para evitar su derrumbe
  • Uso de equipos de soldadura y corte al interior de la mina

La corrección de estas fallas hubiera significado una pequeña inversión a cambio de la vida de 65 mineros. El propietario de Grupo México, operadora de la mina Pasta de Conchos es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México y el número 72 a nivel mundial.

Napoleón Gómez Urrutia

Ahora el problema es que regresa Napoleón Gómez Urrutia como senador de Morena, con todo el poder y toda la impunidad que le rodea, y él necesitaba el caso de Pasta de Conchos para legitimarse, porque en cuanto hace su primera rueda de prensa le empiezan a preguntar por el dinero, y él dice, no me pregunten por el dinero, pregúntenme por los 65 mineros de Pasta de Conchos, explicó Auerbach.

Añadió: “Anuncia que va a ir a Pasta de Conchos a abrir el caso y a nosotros nos enoja mucho y empieza un golpeteo muy fuerte en redes sociales porque dicen, muy bien tú vas a venir, y cuando vengas nos traes las pruebas de que hiciste algo. ¿Dónde están las denuncias que hiciste? No tiene nada”.

La directora de OFPC manifestó que tienen la firma del acta de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, integrada por personal de la empresa y del sindicato, de los recorridos que hacían cada mes. El 7 de febrero de 2006, ellos firman el acta diciendo que la mina cumple con las condiciones para operar y el 12 de febrero firman un acta, con la Secretaría del Trabajo, la empresa y el sindicato diciendo que la mina cumple.

“Napoleón creía que nosotros no sabíamos todo esto ni que teníamos estos documentos. Ha sido una embestida muy fuerte, pero afortunadamente habíamos publicado este informe (El carbón rojo de Coahuila) y viene todo un capítulo dedicado al Sindicato Minero. De muy mala leche creo yo, Andrés Manuel anuncia que Napoleón va a ser senador plurinominal el día del memorial de Pasta de Conchos. Se nos hizo una ofensa terrible para las familias”, indicó.

Los Moreira y los Zetas

Los Zetas llegaron a Coahuila cuando llegó Humberto Moreira, comentó Cristina Auerbach. El consejo directivo de la Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI) fue presidido por el propio gobernador del Estado. Este organismo y la CFE, quien le compraba carbón a la PRODEMI, no pedían que las empresas comprobaran que efectivamente tenían minas de carbón, lo que da lugar a la presunción de que los contratos de carbón son elaborados para que el mismo Gobierno del Estado adjudique contratos para el coyotaje del carbón, como lo señala el informe “EL carbón rojo de Coahuila”.

Tampoco era indispensable presentar la última inspección de las condiciones de seguridad e higiene, ni de condiciones de trabajo, ni de capacitación, ni de que los trabajadores estuviesen afiliados al Seguro Social. También asienta el informe que muchos empresarios mineros atribuían la propiedad de sus minas –muchas ilegales-, a los Zetas, para poder explotar yacimientos que estaban en poblados, y que por lo mismo nunca hubieran podido operar legalmente.

Los empresarios con este tipo de minas se hicieron de un grupo de seguridad que aterrorizaba a la gente para obligarla a callar ante los atropellos o en el peor de los casos, a abandonar sus casas. “Los empresarios, el sindicato, la empresa y el Gobernador eran del PRI, la gente no tenía a dónde acudir”, dijo Cristina.

 Esperanza de justicia

El 26 de marzo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da admisión al caso. Nosotros lo metimos el 17 de febrero de 2010, recuerda Auerbach; ocho años tardó en darle admisión y actualmente representamos a casi mil 100 familiares directos de los mineros.

“Desde 2009 me fui a vivir en la zona carbonífera de Coahuila, porque me di cuenta que después de Pasta de Conchos seguían muriendo. El 6 de agosto de 2009, mueren dos trabajadores en una mina y yo empiezo a leer que la empresa dice que la mina contaba con todas las medidas de seguridad, y empiezo a ver toda la película de Pasta de Conchos de nuevo y me da rabia” dijo.

La Secretaría del Trabajo dijo que había sido una explosión de aire comprimido. No hay aire comprimido adentro de las minas, explicó. “El 7 de agosto estaba yo ahí y fue la primera vez que entré a una mina sin permiso de las empresas. Me metí con un trabajador y estaba desastrosa. Caí en la cuenta de que no bastaba con atender el caso de Pasta de Conchos, si no que había que empezar a acumular lo que estaba sucediendo en esa región. Para noviembre ya estaba viviendo yo allá. Esa vez me disfracé de policía para poder entrar a la mina. Yo conocía al cura del lugar, y el cura a la policía que tenía la mina bajo su resguardo. Después la estrategia fue ir a las minas los sábados en la tarde que no trabajan y hablar con los veladores para que me dejaran entrar y así empecé a conocer las  minas”.

Desde 2006, a diez días de la tragedia, señaló que metieron un reclamo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones a convenios internacionales, al de salud y al de inspección. En 2009 la OIT respondió que de los 27 alegatos que presentaron tenían razón en 26. “El caso está abierto en la OIT, es un caso del que también habla el sindicato pero no lo firmó el sindicato, lo firmamos nosotros. El sindicato nunca puso ninguna queja”.

La OIT empieza a presional al Estado mexicano para que me reconozca como un interlocutor válido en el tema de la minería del carbón, precisa la defensora de derechos humanos; eso deriva en cuanto se va Lozano, en que la Secretaría del Trabajo me reconozca como experta en la materia y eso hace que las cosas cambien.

“Había pasado que en un pozo murieron 7 trabajadores en una explosión y cuando yo llegué me dice un trabajador es que está muy bien que vengas y documentes todo lo que nos hacen, pero siempre vienes cuando ya estamos muertos. Tienes que venir antes, porque si no, nos matan. Se me hizo fuertísimo” indicó.

“Con cada denuncia yo pido a la Secretaría del Trabajo que se haga una inspección extraordinaria, es decir, no hay que avisarle a la empresa y que me anoten a mi como experta en la materia. Yo voy a las inspecciones y se acabó la corrupción”. Recordó que el primer año corrieron a 14 inspectores, dos delegados y todo el jurídico, porque se dieron cuenta de la corrupción.

“Llegaban a la mina y decían, no tienes salida de emergencia es tanto, no traen equipo de seguridad, es tanto, no tienes medidores de gas, es tanto. Como si fuera un bufet, donde te vas echando comida al plato y al final les decían, tu cuenta es de tanto. Las empresas pagaban la multa a la Secretaría del Trabajo, y ésta les permitía trabajar un año sin volverlas a inspeccionar y por eso moría tanta gente”.

Cuando me reconoce la Secretaría del trabajo le pido que me entregue copia de todas las inspecciones a minas de carbón del año 2006 a 2013, recordó. Nos pusimos a estudiar y aprendimos a inspeccionar. El resultado de eso, es que hemos logrado bajar en 97 por ciento las muertes en las minas de carbón. Parte del reclamo al sindicato es que esto lo hicimos nosotros, no lo hicieron ellos, ellos nunca lo hicieron”, apuntó. El sindicato existe desde 1934 y a los mineros del carbón los registran en el Seguro Social hasta 1972, cuando el Seguro Social existía desde 1943. Para entonces ya habían muerto más de mil 500 mineros del carbón y sin seguridad social las familias no podían reclamar una pensión.

“En ese periodo que trabajó el Sindicato Minero y era el sindicato de las empresas, el que representaba a los trabajadores, murieron casi 800 mineros sin Seguro Social y con la presencia del sindicato muy activa en esa región. Cuando se va Napoleón a Canada acusado de fraude, se hace canadiense y por Skype dirige el sindicato, entramos nosotros a las minas y disminuyen las muertes. ¿Cuántas muertes se pudieron haber evitado si el sindicato hubiera hecho su trabajo?, cuestionó.

Gómez Urrutia dice que es una víctima por defender a los mineros y argumenta que hacía emplazamientos a huelga porque la vida de los mineros corría peligro. “Entonces pedimos al Instituto de Transparencia la información de los emplazamientos en Pasta de Conchos. Él toma posesión como dirigente del sindicato en 2002, en 2003 emplaza en Pasta de Conchos por violaciones al contrato colectivo. Supusimos que era por cuestiones de seguridad, pero era cuando estaba presionando a Grupo México para que le pagara lo de Cananea. Emplazó y hubo huelgas en muchos lugares del país proque era una medida de presión contra Grupo México. Luego se desiste de la huelga. A partir de ahí todas fueron por salario. Por salario nada más, no por las condiciones de seguridad”, manifestó Auerbach.

Cuando viene a México, cree que todos nos creemos el discurso de que él es la víctima, y no. Ha sido una embestida brutal por parte de él. Cristina cuenta que hace unos días empezó a circular en la región carbonífera en Coahuila una foto de un cheque falsificado de Grupo México a su nombre por 350 mil pesos. No trae sellos, no fue cobrado y su nombre está mal escrito. Empiezan a decir que  Grupo México le paga, para no ganarle los casos. “Es un juego sucio, se les acaban los argumentos, no tienen pruebas de nada. Les duelen nuestras acciones; pusimos el antimonumento en febrero de este año frente a la Bolsa de Valores; hemos hecho siete informes sobre la región carbonífera. Ahorita hay una confrontación muy fuerte porque él es senador y necesita el caso de Pasta de Conchos para legitimarse”.

“No se cuántos amparos promovimos, no se cuántas denuncias, nunca se nos otorgó nada. Por eso decidimos llevar el caso a un tribunal imparcial, en este caso la CIDH, porque en México si la Secretaría del Trabajo te está litigando, si el sindicato te está acusando y la empresa dice que el agua tiene enfermedades, no hay manera de que avancemos. Las familias y la región carbonífera están felices por la aceptación del caso porque hay una tradición de recuperar a los muertos. Han muerto más de 3 mil desde que se empezó a sacar carbón y a todos los han recuperado, excepto a un ingeniero inglés en 1973 y a los mineros de Pasta de Conchos. Ambos en proyectos de Grupo México”.

“Nunca se ha castigado a nadie por las tragedias mineras. Queremos un castigo a los culpables y la recuperación de los restos. Yo estoy segura que si las familias no pidieran castigo a los culpables, les entregan los restos, pero se volvió mediático y documentamos que la mina estaba mal que ya no era posible entregar los restos sin que se castigara a los culpables: a la empresa, al Estado, a la Secretaría del Trabajo y al sindicato”, dijo.

La directora de OFPC está satisfecha porque la CIDH admitió el caso porque considera que se violó el derecho a la vida, se violó el derecho a la integridad física, y se violaron los derechos económicos, sociales y culturales. Les pidieron entregar un informe de fondo que incluya a las condiciones de todos los mineros del país. “Ahora resulta que el caso de una mina en Coahuila va a ser un parteaguas porque por primera vez se lleva a juicio a una empresa extractiva mexicana”.

“Nos tienen que entregar los restos y luego nos senatmos a discutir a quienes van a investigar. Tenemos la lista de todos quienes por omisión por negligencia o por comisión generaron ese sufrimiento que como dice la CIDH se mantiene permanente y hasta que se solucione, porque mientras no entreguen los restos de las víctimas, se mantiene la violación a los derechos humanos de las familias. Es urgente que digan que son culpables”.

“Creo que si hay voluntad por parte del presidente electo de atender los casos emblemáticos como el del Ayotzinapa, creo que lo hará con el caso de la guardería ABC y lo hará con el caso de Pasta de Conchos. Yo espero. Es una señal para el país de que hay voluntad y ganas de hacer justicia”, concluyó.

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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El Caso Wallace

Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

La exhibición mediática a personas imputadas en México ha sido una práctica de autoridades judiciales, que se intensificó desde el gobierno de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto. Pero ha sido Isabel Miranda Torres quien ha hecho de la violación a la presunción de inocencia su marca personal con el apoyo de periodistas colaboradores al régimen de Calderón, al haber exhibido sistemáticamente a personas inocentes como los supuestos secuestradores de su hijo.

Para el experto en periodismo judicial, Marco Lara Klahr, “la omisión y el desdén hacia el acceso a la justicia y el debido proceso de personas víctimas imputadas, hace básicamente que una persona acusada de un delito, denunciada penalmente, se convierta en culpable en la narrativa mediática”. Así ha sucedido con las víctimas del falso secuestro Wallace, y con miles de personas que fueron inculpadas con falsos testigos, pruebas fabricadas por los ministerios públicos o la confesión bajo tortura.

En entrevista para Los Ángeles Press, Lara Klahr también enfatizó que “el periodismo lo que hace es investigar para documentar periodísticamente, pero eso no significa que el resultado de su investigación tenga un carácter de cosa juzgada, es decir, el periodismo documenta para mostrar a la comunidad, pero es facultad del ministerio público investigar, coordinar la investigación, y es facultad del poder judicial determinar si una persona es inocente o culpable”.

Sin embargo, durante el mandato de Calderón, periodistas cercanos a él o a sus secretarios de Estado colaboraron con Isabel Miranda para legitimar como verdadero el falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, promoviendo sólo la versión de ella y de la PGR. Un par de periodistas colaboradores con el régimen calderonista, incluso reconocieron varios años más tarde que se habían fabricado pruebas, pero hasta la fecha no han corregido sus trabajos ni pedido disculpas públicas a las verdaderas víctimas.

Incluso en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante el 2019, la titular de la Agencia de Noticias del Estado, Notimex, Sanjuana Martínez, privilegió a Isabel Miranda Torres con varias entrevistas y videos, pese a la denuncia reiterada ante el presidente de México en su conferencia matutina de la fabricación del caso Wallace y las torturas a los inculpados Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Jael Malagón Uscanga, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón.

Quiénes son estos periodistas

Icela Lagunas

Fue una de las primeras periodistas que trabajó por encargo de Isabel Miranda. Historias ficticias, víctimas inexistentes, testimonios inverosímiles fueron parte del legajo periodístico publicado en El Universal y otros medios que estimularon el ego de Isabel Miranda.

Una de las notas más espectaculares por su inverosimilitud, además de la de los atentados contra Isabel Miranda, es la de la búsqueda del cuerpo de Hugo Alberto Wallace en Morelos, donde supuestamente encontraron más víctimas de los “secuestradores”. Según los dichos de Miranda o de su reportera, las víctimas estaban amarradas, algunas enterradas y otras a punto de inyectarles droga, cuando fueron rescatadas por Isabel Miranda. En esta misma nota, en el afán de magnificar sus mentiras, Isabel Miranda y la reportera crearon escenas grotescas como la de una mujer atada a un tronco por meses, mientras la lapidaban sus victimarios (Lizárraga, Guadalupe. El Falso Caso Wallace (Spanish Edition). Amazon. Kindle Edition).

Icela Lagunas publicó también las primeras calumnias contra George Khoury Layón de manera anónima en el mismo periódico El Universal, el 16 de febrero de 2006, y después en Reporte Índigo. Con la reproducción exacta de frases que fueron plagiadas por quienes elaboraron el libro de Los señores del narco, bajo el nombre de Anabel Hernández, destacando en un pie de página a Icela Lagunas por su “extenso trabajo de investigación periodística” de 2006 a 2010. Así también fue con César Freyre, a quien presentó como líder de la banda de secuestradores.

Ciro Gómez Leyva

Desde 2006, Ciro Gómez Leyva sabía que el hijo de Isabel Miranda, Hugo Alberto Wallace Miranda, no era hijo legítimo de José Enrique Wallace Díaz. Esta información que se reservó desde entonces en complicidad con Isabel Miranda trascendería 13 años después con la presentación en el Senado de la república del padre biológico de Hugo, el doctor Carlos León Miranda.

La relevancia del hecho radica en la fabricación de la prueba de ADN por agentes del Ministerio Público de la entonces SIEDO-PGR, la cual fue a través de una gota de sangre plantada en el departamento donde supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con el peritaje, la correspondencia biológica era con José Enrique Wallace Díaz e Isabel Miranda Torres, pero de cromosomas femeninos.

Dos de los testigos que vieron e interactuaron con Hugo Alberto después de la fecha de la supuesta muerte, fueron su amiga y vecina Laura Domínguez Santillán y el investigador José Luis Moya, quienes informaron directamente al periodista Ciro Gómez Leyva de las evidencias de vida de Hugo Alberto.

Hasta la fecha, Gómez Leyva ha seguido el invariable guion de Isabel Miranda, y por años ha promovido información falsa sobre estadísticas de secuestros que manipula Miranda para la extorsión de gobernadores y fiscales, a través de su asociación Alto al secuestro.

Joaquín López Dóriga

En los primeros días de enero de 2007, el conductor de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió la detención arbitraria de Jael Malagón Uscanga. Lo presentó como “parte de la banda que secuestró y asesinó al empresario Hugo Alberto Wallace”. Y enfatizó que tenía un “amplio historial delictivo”, acusándolo de robo, narcotráfico, fraude y secuestro.

López Dóriga, ese día, exhibió un video de la detención de Jael Malagón, Víctor Mendoza García y René Aníbal Silva Ruiz, y su reportero Jesús Cárdenas Jiménez se refirió a ellos como cómplices de César Freyre. López Dóriga, en su comentario de introducción, señaló que la detención era parte de los “operativos” en Presidente Mazarick,  en Polanco.

Hasta la fecha, el periodista no ha rectificado la información falsa sobre Jael Malagón, y sin embargo sigue dando voz a Isabel Miranda, incluso en temas de seguridad pública, junto al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ricardo Raphael

Durante más de 12 años, Ricardo Raphael promovió la versión de Isabel Miranda de Wallace sobre el falso secuestro de su hijo. En 2008, utilizando un medio público (Canal Once), fue parte de la falsa acusación a las víctimas, y en 2012, en El Universal hacía campaña por la candidatura de Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX por el Partido de Acción Nacional.

Para finales de noviembre de 2018, Ricardo Raphael se daba por enterado de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto, al leer el libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Es así como intentó realizar un debate entre la autora y Miranda. No obstante, la periodista se negó a enfrentar a su agresora, puesto que había intentado secuestrarla en dos ocasiones, pero accedió a la entrevista en Canal Once.

Cuatro meses después, en abril de 2019, Ricardo Raphael salió a los medios adjudicándose la investigación como propia y simulando un enfrentamiento con Isabel Miranda. Esto propició la división de los familiares de las víctimas a quienes manipuló con promesas no cumplidas para que firmaran una carta pública pidiendo a la periodista que permitiera el plagio para no poner en riesgo a sus hijos y que desistiera de exhibirlo en redes sociales por su falta de honestidad periodística.

Ricardo Raphael, además de manipular la información sobre familiares de César Freyre y testigos del padre biológico de Hugo Alberto Wallace, el doctor Carlos León Miranda, pretendía impedir que éste diera su testimonio en el Senado de la república con la senadora Nestora Salgado, el 29 de abril de 2019, y lo llamó “pederasta” por haber tenido un hijo con su prima Isabel Miranda a los 18 años.

Anabel Hernández

En 2009, Anabel Hernández recibió expedientes fabricados por la PGR, bajo la administración de Eduardo Medina Mora, inculpando a César Freyre, George Khoury Layón, Juana Hilda González Lomelí y a Jacobo Tagle Dobín.

Para noviembre de 2010, Hernández publicaba su libro Los señores del narco, en los que difamaba y calumniaba a las víctimas de Isabel Miranda como narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores, entre otros calificativos, y daba por hecho el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Uno de los inculpados más calumniados por Anabel Hernández fue el empresario George Khoury Layón, quien en carta dirigida a la periodista le recordó su promesa de “contar la verdad cuando él obtuviera su reconocimiento de inocencia” después de que ella lo visitara en el Reclusorio Oriente, en 2012, para pedirle disculpas por las difamaciones e información falsa que había publicado sobre él. Sin embargo, Khoury obtuvo su reconocimiento de inocencia por parte de la ONU en septiembre de 2017, y ratificado en 2019, sin que la periodista hasta la fecha haya corregido sus libros.

En mayo de 2012 presentó el libro México en llamas, en CDMX, y ante la audiencia por la compañía del periodista José Reveles, Anabel Hernández puso en duda -por primera vez, en público- el caso Wallace, pero no rectificó sus calumnias contra las víctimas, de quienes reiteraba su confesión y participación en los supuestos hechos (Location 3725, Hernández, 2012), en franca contradicción con uno de los capítulos dedicados a Brenda Quevedo.

Un año después, 2013, pese a la promesa a Khoury Layón de corregir su libro, editaba Narcoland, en inglés, en Estados Unidos, reiterando las calumnias y la información falsa. En mayo de 2014, escribió un artículo en la revista Proceso sobre dos de las tres actas de nacimiento que tiene Hugo Alberto Wallace, y posteriormente abandonó el caso bajo la justificación de ser demandada por Isabel Miranda, lo cual nunca sucedió.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui se suma a legitimar la historia del caso Wallace en junio de 2010, video subido a Youtube en 2011, cuando entrevistó a Isabel Miranda y a Martín Moreno, en CNN. En el programa se dirigió a Isabel Miranda como “heroína”, “alguien a quien México quiere mucho” y destacó como actos dignos de aplauso las detenciones ilegales emprendidas por Isabel Miranda, junto con ministerios públicos encabezados por Braulio Robles Zúñiga, el mismo que coordinó las torturas de las víctimas.

Durante el programa, Aristegui proyectó el rostro de Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, Juana Hilda González y César Freyre Morales. Los llamó secuestradores, sin ningún miramiento, en tanto felicitaba a Miranda por su libro El caso Wallace y sus capturas contra derecho.

En octubre de 2020, Aristegui abrió el micrófono por primera vez a Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, a raíz de la opinión de la ONU, que solicita al Estado mexicano la libertad inmediata de Brenda por la larga prisión preventiva y las torturas sufridas. Aristegui inicia su programa sin ninguna disculpa a la madre por haber tratado a su hija de secuestradora ni por los años que le negó la voz; al contrario, es la madre quien agradeció a la destacada conductora de los tiempos de Calderón y dijo: “es un honor, Carmen, estar aquí contigo”. Más aún, hasta la fecha Aristegui mantiene en “modo oculto” el video de la entrevista a Enriqueta Cruz, lo cual impide su amplia difusión.

Martín Moreno

Martín Moreno fue la pluma pagada por Isabel Miranda para publicar su libro El caso Wallace, prologado por ella misma. Con un cúmulo de mentiras dramatiza los supuestos hechos y denigra la dignidad de las víctimas.

Moreno no muestra el menor esfuerzo investigativo como periodista, sino que convierte la maraña de mentiras de Isabel Miranda en una herramienta incriminatoria contra las víctimas, por medio de injurias y calumnias, bajo el sello editorial Aguilar.

 

Sanjuana Martínez

Actual directora de Notimex, pesa sobre ella su propia promesa incumplida de impulsar un periodismo libre y crítico en la agencia de noticias del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha no ha dado voz a ninguna de las víctimas de Isabel Miranda, pese al cúmulo de pruebas judiciales contra Isabel Miranda, largas prisiones preventivas de los inculpados en violación flagrante de la Constitución mexicana, protocolos de Estambul y el reconocimiento de inocencia de la ONU a George Khoury Layón y la opinión de libertad en favor de Brenda Quevedo Cruz.

El 29 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez fue parte de la censura en la mañanera por la denuncia de la periodista Guadalupe Lizárraga ante el presidente López Obrador, y también responsable de la edición cortada del video del canal de Youtube, de Notimex. El corte del video solo fue al fragmento de la denuncia contra Miranda.

Un mes después, Martínez difundió cinco notas favoreciendo a Isabel Miranda en las que exigía audiencia al presidente López Obrador, y una entrevista en la que calumnia a la periodista Guadalupe Lizárraga y de nueva cuenta a las víctimas del caso Wallace. No obstante, Martínez fue una de las promotoras también de la candidatura de Isabel Miranda a la jefatura de gobierno de la CDMX, en 2012.

 

Lista no exhaustiva de la difusión pagada en los medios

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