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Justicia pendiente

“Napoleón Gómez Urrutia tendrá que responder por Pasta de Conchos”: Auerbach

La tragedia de Pasta de Conchos, una herida abierta para las familias de 65 mineros que perdieron la vida por falta de seguridad laboral de Grupo México se mantiene en impunidad

Dianeth Perez Arreola

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El actual senador de MORENA, Napoleón Gómez Urrutia, pretende tomar el caso de la muerte de 65 mineros para legitimarse, dice Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) a su paso por Holanda, gracias al programa de Protección a Defensores de derechos humanos, Peace Brigades International.

Por Dianeth Pérez Arreola

En la madrugada del 19 de febrero de 2006, colapsaron varios túneles en la mina de carbón Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, la compañía minera más grande del país.

En entrevista exclusiva, la defensora de derechos humanos de la zona carbonífera de Coahuila y directora de OFPC, resume así las causas de la tragedia: “La empresa quería ganar dinero, el Estado quería que vinieran las mineras canadienses y, frente a esos dos factores, lo único que tenían los trabajadores era el sindicato. Y el sindicato no hizo nada para evitar la tragedia de Pasta de Conchos”.

Auerbach ha sido amenazada y golpeada por no abandonar esta lucha que lleva ya doce años; años donde han visto pasar a tres presidentes que no sólo no han hecho nada para llevar verdad y justicia a las familias de los mineros, si no que además el Estado ha combatido legalmente todos los recursos interpuestos por las familias ante diferentes instancias.

De los 65 mineros atrapados, solo recuperaron dos cuerpos; hay 63 familias sin una tumba donde llorar a sus muertos. “Fue una decisión política, no económica”, declaró Auerbach sobre la resolución de no seguir adelante con las tareas de recuperación de los restos.

El caso se hizo muy mediático, recordó; era imposible que pudieran solo recuperar los cuerpos sin que alguien recibiera un castigo. Su manera de eludir su responsabilidad fue detener el rescate. “Cuando sucede la tragedia, México se está abriendo a la inversión extranjera para la extracción y es cuando llegan las empresas canadienses al sur del país y no querían asustarlos”.

En el informe “El carbon rojo de Coahuila”, elaborado por OFPC, se explica que Grupo México mandó a hacer dos peritajes, conocidos por los apellidos de los peritos Wooton y McBride. Ambos peritajes coinciden en que la mina estaba inundada y contaminada con diversos patógenos que hacían el rescate muy peligroso.

El Estado no iba a castigar a la empresa porque se le espantaba la inversión y para evitar que se siguiera hablando del caso el Estado y la empresa utilizaron a grupos de trabajadores para demandar al sindicato y acusarlo de malversación de fondos, explicó, lo cual es una acusación falsa porque el sindicato no necesita robarse a sí mismo, las leyes en México son absolutamente discrecionales. Los sindicatos no están obligados a rendir cuentas, a hacer declaraciones de impuestos, pueden pagar todo en efectivo y nadie supervisa. Acusarlos de que se estaban robando a sí mismos no tenía sentido.

En lo que sucede todo eso, las familias se van quedando solas. “No hubo ningún recurso que interpusiéramos a nivel nacional que no nos combatiera el mismo Estado. Es increíble, pero la Secretaría del Trabajo combatía legalmente a las familias para que se les negara justicia”, comentó la defensora de derechos humanos.

Javier Lozano Alarcón

“La Secretaría del Trabajo, ya con Felipe Calderón y Javier Lozano, dice nosotros vamos a hacer nuestro propio dictamen. Nunca en la historia de la minería del carbón, se ha hecho un dictamen para determinar si rescatas o no. En Pasta de Conchos se inauguró el tema de hacer dictámenes, pero todos los que han muerto después de Pasta de Conchos, nunca hay dictámenes” declaró.

La directora de OFPC apuntó que este dictamen de la Secretaría del Trabajo, dice que las condiciones son muy peligrosas y que no se puede hacer el rescate hasta que se reviertan las condiciones de seguridad. Entonces como no se pueden revertir las condiciones de seguridad porque no se puede entrar, no se puede hacer el rescate. “Nos dejan en el limbo; las familias se quedan solas, con mucha claridad sobre la responsabilidad de la empresa, con mucha claridad de la responsabilidad del estado, pero también del Sindicato Minero.

Rompimiento con el Sindicato Minero

Las familias se agruparon en la OFPC tomando distancia del Sindicato Minero. Cuando sucede el derrumbe en Pasta de Conchos en 2006, la gente ya sabía que la mina estaba en malas condiciones; lo sabía el Sindicato Minero y sin embargo ni la empresa, ni el sindicato, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que supuestamente inspeccionaba la mina, hicieron nada para evitar la tragedia, recuerda Auerbach.

Cuando sucede la tragedia en la mina, el Estado era sumamente tolerante con las empresas mineras para que obtuvieran cada vez más ganancias, aseguró Auerbach. Y en la obtención de ganancias fueron quitando medidas de seguridad a costa de la vida de los trabajadores.

El informe “El carbon rojo de Coahuila”, señala que el siniestro en Pasta de Conchos se debió a la no contención de los riesgos que supone la extracción de carbón, entre los que se encuentran los siguientes.

  • Fugas en el circuito de ventilación (documentado desde 2001)
  • Falta de “polveo”: impregnar paredes y techos con una mezcla de carbonato de calico y magnesio para disminuir la combustibilidad del polvo de carbón  (documentado en inspecciones en 2000, 2001 y 2004)
  • Suficientes soportes y separadores dentro de la mina para evitar su derrumbe
  • Uso de equipos de soldadura y corte al interior de la mina

La corrección de estas fallas hubiera significado una pequeña inversión a cambio de la vida de 65 mineros. El propietario de Grupo México, operadora de la mina Pasta de Conchos es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México y el número 72 a nivel mundial.

Napoleón Gómez Urrutia

Ahora el problema es que regresa Napoleón Gómez Urrutia como senador de Morena, con todo el poder y toda la impunidad que le rodea, y él necesitaba el caso de Pasta de Conchos para legitimarse, porque en cuanto hace su primera rueda de prensa le empiezan a preguntar por el dinero, y él dice, no me pregunten por el dinero, pregúntenme por los 65 mineros de Pasta de Conchos, explicó Auerbach.

Añadió: “Anuncia que va a ir a Pasta de Conchos a abrir el caso y a nosotros nos enoja mucho y empieza un golpeteo muy fuerte en redes sociales porque dicen, muy bien tú vas a venir, y cuando vengas nos traes las pruebas de que hiciste algo. ¿Dónde están las denuncias que hiciste? No tiene nada”.

La directora de OFPC manifestó que tienen la firma del acta de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, integrada por personal de la empresa y del sindicato, de los recorridos que hacían cada mes. El 7 de febrero de 2006, ellos firman el acta diciendo que la mina cumple con las condiciones para operar y el 12 de febrero firman un acta, con la Secretaría del Trabajo, la empresa y el sindicato diciendo que la mina cumple.

“Napoleón creía que nosotros no sabíamos todo esto ni que teníamos estos documentos. Ha sido una embestida muy fuerte, pero afortunadamente habíamos publicado este informe (El carbón rojo de Coahuila) y viene todo un capítulo dedicado al Sindicato Minero. De muy mala leche creo yo, Andrés Manuel anuncia que Napoleón va a ser senador plurinominal el día del memorial de Pasta de Conchos. Se nos hizo una ofensa terrible para las familias”, indicó.

Los Moreira y los Zetas

Los Zetas llegaron a Coahuila cuando llegó Humberto Moreira, comentó Cristina Auerbach. El consejo directivo de la Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI) fue presidido por el propio gobernador del Estado. Este organismo y la CFE, quien le compraba carbón a la PRODEMI, no pedían que las empresas comprobaran que efectivamente tenían minas de carbón, lo que da lugar a la presunción de que los contratos de carbón son elaborados para que el mismo Gobierno del Estado adjudique contratos para el coyotaje del carbón, como lo señala el informe “EL carbón rojo de Coahuila”.

Tampoco era indispensable presentar la última inspección de las condiciones de seguridad e higiene, ni de condiciones de trabajo, ni de capacitación, ni de que los trabajadores estuviesen afiliados al Seguro Social. También asienta el informe que muchos empresarios mineros atribuían la propiedad de sus minas –muchas ilegales-, a los Zetas, para poder explotar yacimientos que estaban en poblados, y que por lo mismo nunca hubieran podido operar legalmente.

Los empresarios con este tipo de minas se hicieron de un grupo de seguridad que aterrorizaba a la gente para obligarla a callar ante los atropellos o en el peor de los casos, a abandonar sus casas. “Los empresarios, el sindicato, la empresa y el Gobernador eran del PRI, la gente no tenía a dónde acudir”, dijo Cristina.

 Esperanza de justicia

El 26 de marzo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da admisión al caso. Nosotros lo metimos el 17 de febrero de 2010, recuerda Auerbach; ocho años tardó en darle admisión y actualmente representamos a casi mil 100 familiares directos de los mineros.

“Desde 2009 me fui a vivir en la zona carbonífera de Coahuila, porque me di cuenta que después de Pasta de Conchos seguían muriendo. El 6 de agosto de 2009, mueren dos trabajadores en una mina y yo empiezo a leer que la empresa dice que la mina contaba con todas las medidas de seguridad, y empiezo a ver toda la película de Pasta de Conchos de nuevo y me da rabia” dijo.

La Secretaría del Trabajo dijo que había sido una explosión de aire comprimido. No hay aire comprimido adentro de las minas, explicó. “El 7 de agosto estaba yo ahí y fue la primera vez que entré a una mina sin permiso de las empresas. Me metí con un trabajador y estaba desastrosa. Caí en la cuenta de que no bastaba con atender el caso de Pasta de Conchos, si no que había que empezar a acumular lo que estaba sucediendo en esa región. Para noviembre ya estaba viviendo yo allá. Esa vez me disfracé de policía para poder entrar a la mina. Yo conocía al cura del lugar, y el cura a la policía que tenía la mina bajo su resguardo. Después la estrategia fue ir a las minas los sábados en la tarde que no trabajan y hablar con los veladores para que me dejaran entrar y así empecé a conocer las  minas”.

Desde 2006, a diez días de la tragedia, señaló que metieron un reclamo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones a convenios internacionales, al de salud y al de inspección. En 2009 la OIT respondió que de los 27 alegatos que presentaron tenían razón en 26. “El caso está abierto en la OIT, es un caso del que también habla el sindicato pero no lo firmó el sindicato, lo firmamos nosotros. El sindicato nunca puso ninguna queja”.

La OIT empieza a presional al Estado mexicano para que me reconozca como un interlocutor válido en el tema de la minería del carbón, precisa la defensora de derechos humanos; eso deriva en cuanto se va Lozano, en que la Secretaría del Trabajo me reconozca como experta en la materia y eso hace que las cosas cambien.

“Había pasado que en un pozo murieron 7 trabajadores en una explosión y cuando yo llegué me dice un trabajador es que está muy bien que vengas y documentes todo lo que nos hacen, pero siempre vienes cuando ya estamos muertos. Tienes que venir antes, porque si no, nos matan. Se me hizo fuertísimo” indicó.

“Con cada denuncia yo pido a la Secretaría del Trabajo que se haga una inspección extraordinaria, es decir, no hay que avisarle a la empresa y que me anoten a mi como experta en la materia. Yo voy a las inspecciones y se acabó la corrupción”. Recordó que el primer año corrieron a 14 inspectores, dos delegados y todo el jurídico, porque se dieron cuenta de la corrupción.

“Llegaban a la mina y decían, no tienes salida de emergencia es tanto, no traen equipo de seguridad, es tanto, no tienes medidores de gas, es tanto. Como si fuera un bufet, donde te vas echando comida al plato y al final les decían, tu cuenta es de tanto. Las empresas pagaban la multa a la Secretaría del Trabajo, y ésta les permitía trabajar un año sin volverlas a inspeccionar y por eso moría tanta gente”.

Cuando me reconoce la Secretaría del trabajo le pido que me entregue copia de todas las inspecciones a minas de carbón del año 2006 a 2013, recordó. Nos pusimos a estudiar y aprendimos a inspeccionar. El resultado de eso, es que hemos logrado bajar en 97 por ciento las muertes en las minas de carbón. Parte del reclamo al sindicato es que esto lo hicimos nosotros, no lo hicieron ellos, ellos nunca lo hicieron”, apuntó. El sindicato existe desde 1934 y a los mineros del carbón los registran en el Seguro Social hasta 1972, cuando el Seguro Social existía desde 1943. Para entonces ya habían muerto más de mil 500 mineros del carbón y sin seguridad social las familias no podían reclamar una pensión.

“En ese periodo que trabajó el Sindicato Minero y era el sindicato de las empresas, el que representaba a los trabajadores, murieron casi 800 mineros sin Seguro Social y con la presencia del sindicato muy activa en esa región. Cuando se va Napoleón a Canada acusado de fraude, se hace canadiense y por Skype dirige el sindicato, entramos nosotros a las minas y disminuyen las muertes. ¿Cuántas muertes se pudieron haber evitado si el sindicato hubiera hecho su trabajo?, cuestionó.

Gómez Urrutia dice que es una víctima por defender a los mineros y argumenta que hacía emplazamientos a huelga porque la vida de los mineros corría peligro. “Entonces pedimos al Instituto de Transparencia la información de los emplazamientos en Pasta de Conchos. Él toma posesión como dirigente del sindicato en 2002, en 2003 emplaza en Pasta de Conchos por violaciones al contrato colectivo. Supusimos que era por cuestiones de seguridad, pero era cuando estaba presionando a Grupo México para que le pagara lo de Cananea. Emplazó y hubo huelgas en muchos lugares del país proque era una medida de presión contra Grupo México. Luego se desiste de la huelga. A partir de ahí todas fueron por salario. Por salario nada más, no por las condiciones de seguridad”, manifestó Auerbach.

Cuando viene a México, cree que todos nos creemos el discurso de que él es la víctima, y no. Ha sido una embestida brutal por parte de él. Cristina cuenta que hace unos días empezó a circular en la región carbonífera en Coahuila una foto de un cheque falsificado de Grupo México a su nombre por 350 mil pesos. No trae sellos, no fue cobrado y su nombre está mal escrito. Empiezan a decir que  Grupo México le paga, para no ganarle los casos. “Es un juego sucio, se les acaban los argumentos, no tienen pruebas de nada. Les duelen nuestras acciones; pusimos el antimonumento en febrero de este año frente a la Bolsa de Valores; hemos hecho siete informes sobre la región carbonífera. Ahorita hay una confrontación muy fuerte porque él es senador y necesita el caso de Pasta de Conchos para legitimarse”.

“No se cuántos amparos promovimos, no se cuántas denuncias, nunca se nos otorgó nada. Por eso decidimos llevar el caso a un tribunal imparcial, en este caso la CIDH, porque en México si la Secretaría del Trabajo te está litigando, si el sindicato te está acusando y la empresa dice que el agua tiene enfermedades, no hay manera de que avancemos. Las familias y la región carbonífera están felices por la aceptación del caso porque hay una tradición de recuperar a los muertos. Han muerto más de 3 mil desde que se empezó a sacar carbón y a todos los han recuperado, excepto a un ingeniero inglés en 1973 y a los mineros de Pasta de Conchos. Ambos en proyectos de Grupo México”.

“Nunca se ha castigado a nadie por las tragedias mineras. Queremos un castigo a los culpables y la recuperación de los restos. Yo estoy segura que si las familias no pidieran castigo a los culpables, les entregan los restos, pero se volvió mediático y documentamos que la mina estaba mal que ya no era posible entregar los restos sin que se castigara a los culpables: a la empresa, al Estado, a la Secretaría del Trabajo y al sindicato”, dijo.

La directora de OFPC está satisfecha porque la CIDH admitió el caso porque considera que se violó el derecho a la vida, se violó el derecho a la integridad física, y se violaron los derechos económicos, sociales y culturales. Les pidieron entregar un informe de fondo que incluya a las condiciones de todos los mineros del país. “Ahora resulta que el caso de una mina en Coahuila va a ser un parteaguas porque por primera vez se lleva a juicio a una empresa extractiva mexicana”.

“Nos tienen que entregar los restos y luego nos senatmos a discutir a quienes van a investigar. Tenemos la lista de todos quienes por omisión por negligencia o por comisión generaron ese sufrimiento que como dice la CIDH se mantiene permanente y hasta que se solucione, porque mientras no entreguen los restos de las víctimas, se mantiene la violación a los derechos humanos de las familias. Es urgente que digan que son culpables”.

“Creo que si hay voluntad por parte del presidente electo de atender los casos emblemáticos como el del Ayotzinapa, creo que lo hará con el caso de la guardería ABC y lo hará con el caso de Pasta de Conchos. Yo espero. Es una señal para el país de que hay voluntad y ganas de hacer justicia”, concluyó.

Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

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Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

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Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

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Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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